De toros, religión y derechos

Fernando Flores

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, anunció hace unos días que su partido acudirá a los tribunales para impugnar los acuerdos municipales y decretos de Alcaldía «que prohíben a concejales asistir a procesiones y otros actos religiosos o corridas de toros en calidad de concejales». Para el PP se trata de una «vulneración de derechos fundamentales» porque «no respeta la legislación vigente». Ya adelanto que creo que tienen razón.

Que el patriotismo es el último refugio de los cobardes es una idea de Samuel Johnson que toma fuerza en ciertos momentos históricos como el que vivimos en la actualidad. Personalmente, comparto la convicción de muchos patriotas que entienden que toros y religión son rasgos de identidad (yo creo que de la identidad de algunos) sin los cuales no seríamos los mismos. Que sin ellos no seríamos los mismos es enteramente cierto, con seguridad seríamos mucho mejores.

Sea como fuere, de lo que se trata ahora es de determinar si se puede prohibir formalmente a los representantes públicos acudir como tales a celebraciones religiosas o espectáculos taurinos. ¿Vulnerarían esos vetos la libertad religiosa o la libertad personal de los creyentes y los aficionados a los toros? ¿Tienen los alcaldes, concejales, diputados, consellers, el derecho (fundamental) a asistir a procesiones y corridas investidos de autoridad pública? ¿Puede un ayuntamiento o una comunidad autónoma prohibir dicha asistencia? Sigue leyendo

Charlie es libertad de expresión, no incitación al odio

Ana Valero

Lo sucedido en París el pasado 7 de enero nos debe conducir a plantearnos, una vez manifestado nuestro profundo dolor, indignación y solidaridad con las víctimas de la brutalidad cometida contra la Revista satírica Charlie Hebdo, si deben aplicarse límites a la libertad de expresión cuando ésta vulnera las creencias o los sentimientos religiosos de otras personas o comunidades. Y mi respuesta es un rotundo no, pero vayamos por partes.

El Consejo de Europa aprobó, poco después de la publicación de las viñetas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Poste, en el año 2006, una Resolución en la que afirmaba que la libertad de expresión, tal y como está protegida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no debe ceder ni un ápice ante las exigencias derivadas de las crecientes sensibilidades de ciertos grupos religiosos. Ahora bien, la incitación al odio o el hate speech contra un determinado grupo religioso no es compatible con los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en el Convenio. Lo cual exige, para determinar adecuadamente el ámbito de protección de la libertad religiosa, una graduación de las injerencias que en ella pueden producirse.

Con dicho fin, el Consejo de Europa en el año 2007, a través de su Recomendación 1805, estableció una importante distinción entre “blasfemia”, “insultos religiosos” y “discurso del odio contra las personas por razón de su religión”. Sigue leyendo

La fe no se impone: la «libre» formación de la conciencia de los menores de edad

Ana Valero

                                 “El hombre sólo es digno cuando en todo, también en su religiosidad,                        camina por sí mismo (KANT: ¿Qué es la Ilustración?)

La semana pasada tuvimos conocimiento de que la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla dictó un Auto que obliga a un niño de ocho años de edad a hacer la primera comunión según el rito católico y a que asista a las clases preparatorias de catequesis, pese a la oposición de su madre y del propio menor.

En la fundamentación jurídica del Auto la jueza, apelando al “interés superior del menor”, se alinea con la opinión del Ministerio Fiscal, según el cual, que los progenitores se hubieran casado según el rito católico y que hubiesen bautizado al niño eran motivos suficientes para atribuir la decisión última al padre, titular de la patria potestad, respecto a si su hijo debe o no recibir clases de catequesis para la preparación de la primera comunión.

Con esta resolución la jueza y el Ministerio Público dejan de lado las últimas interpretaciones que, en materia de patria potestad, derechos educativos paternos y libertad de conciencia de los menores de edad, han dictado distintas Cortes Constitucionales, incluida la española, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sigue leyendo

Ashya King ¿quién decide el interés superior del menor?

Ana Valero

La detención ordenada por la Audiencia Nacional–por un tiempo máximo de 72 horas- de unos padres que sacaron a su hijo de 5 años de edad, sin consentimiento médico, de un hospital de Southampton (Reino Unido) en el que estaba ingresado por un tumor cerebral, ha reabierto el debate de cómo y quién decide cuál es el “interés superior del menor”.

Este “interés superior” es un concepto jurídico indeterminado que emplea la legislación nacional e internacional para señalar que, en los casos en los que estén en conflicto los derechos de los menores de edad con los de sus padres o con otros derechos de terceros prevalecerán, siempre y en todo caso, los derechos de los niños.

Pero determinar qué es ese interés superior y en qué consiste en cada caso concreto, resulta especialmente difícil cuando es el propio menor o sus padres los que se oponen, por motivos de conciencia, a la práctica de un determinado tratamiento médico que resulta imprescindible para salvarle la vida o evitar un grave daño a su salud física o mental.

Brett King, Ashya King and Naghmeh King

Parece que en el presente caso, sin embargo, la decisión de los padres de abandonar el hospital inglés y buscar en otro país un tratamiento alternativo a la quimioterapia no se funda, según ellos mismos han declarado, en su pertenencia a los Testigos de Jehová, sino que su intención era buscar una terapia por protones, menos agresiva que la radioterapia convencional que se le venía aplicando.

Sea como fuere, a los padres del pequeño Ashya King se les había retirado su tutela y la fiscalía del Reino Unido había dictado contra ellos una euroorden de detención, en la que se alertaba de un riesgo inminente para la vida del niño y se les acusaba de un delito de crueldad contra un menor de 16 años, tipo penal sin equivalencia exacta en la ley española y que podría equipararse a los malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, tras el desistimiento de la justicia británica, el juez los dejó en libertad.

Ante éste u otros casos similares procede preguntarse ¿hasta dónde llega la condición de los padres como garantes de la salud o la vida del menor cuando su prevalente protección contradice las convicciones, ideológicas o religiosas, que ellos profesan y que han sido inculcadas a su hijo?; o ¿cuál es el papel que asumen los poderes públicos en tales casos? O más difícil todavía, ¿y si es el propio menor el que se opone, haciendo valer su libertad de conciencia? ¿debe ésta ser respetada?

Con respecto a cuestiones tan controvertidas el Tribunal Constitucional español se pronunció ya hace algunos años en una importante Sentencia –la 154/2002, de 18 de julio-, a través de la cual concedía el amparo, sobre la base del derecho de libertad religiosa, a unos padres Testigos de Jehová que habían sido condenados por un delito de homicidio por omisión por no autorizar la transfusión necesaria para proteger la vida y salud de su hijo menor de edad y por no tratar de convencerlo para que él mismo la aceptara.

Empecemos, sin embargo, por la última de las preguntas formuladas: ¿puede un menor de edad hacer valer ante sus padres, ante los médicos o ante un juez su voluntad de no recibir un tratamiento médico sobre la base de sus convicciones? La respuesta a esta cuestión es tan sencilla en su exposición como compleja en su determinación: la libertad de conciencia es un derecho cuyo ejercicio requiere que la persona posea una suficiente madurez intelectual y psicológica, en la medida en que las decisiones religiosas o ideológicas han de ser adoptadas de manera libre y consciente por su titular.

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En el caso que suscitó la Sentencia 154/2002, el Tribunal Constitucional reconoció que el menor de 13 años, que finalmente falleció, era titular y pleno ejerciente de su libertad de conciencia religiosa y de su derecho de autodeterminación sobre su integridad física. Así afirmó que cuando el niño expresó con claridad su voluntad de rechazar la transfusión sanguínea, coincidente con la de sus padres, ejercitó ambos derechos. Concretamente, el Tribunal dijo “la reacción del menor a los intentos de actuación médica pone de manifiesto que había en aquél unas convicciones y una consciencia en la decisión por él asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus padres, a la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que les fueron hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora de valorar la exigibilidad de la conducta de colaboración que se les pedía a éstos”.

Sin embargo, un elemento fundamental condicionó el fallo del Tribunal Constitucional en este caso: el carácter definitivo e irreparable del resultado al que conducía, con toda probabilidad, el ejercicio autónomo por parte del menor de tales derechos. En este orden de cosas, el Tribunal sostuvo que “no habían datos suficientes de los que pudiera concluirse con certeza que el menor fallecido, hijo de los recurrentes en amparo, de trece años de edad, tuviera la madurez de juicio necesaria para asumir una decisión vital”. La importancia de esta afirmación del Tribunal no es baladí, dado que añade un nuevo criterio a tener en cuenta a la hora de concretar el interés superior del menor. Ya que, si más arriba dijimos que concretar el contenido material de este principio exige atender al grado de madurez que tiene el niño en cada fase de su evolución para ejercer sus propios derechos, ahora añadimos que, cuando dicho ejercicio tiene consecuencias irreversibles para su vida o salud, el interés superior del menor no es otro que la salvaguarda de estos bienes.

Podemos afirmar, en consecuencia, que la decisión de un menor –aun en el caso de que tenga un elevado grado de madurez- adoptada en el ejercicio de su libertad de conciencia no es vinculante para los progenitores ni los exime del deber de velar y cuidar por el interés superior de su hijo cuando dicha decisión posee consecuencias irreversibles para la salud o la vida de este último.

Esto nos conduce, acto seguido, a la primera de las pregunta que nos hacíamos: ¿debe exigirse a los padres que actúen en contra de sus convicciones religiosas, convenciendo a su hijo de que se oponga al tratamiento médico prescrito para salvaguardar su vida o autorizándolo ellos mismos?

El Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión de que no, pues exigir a los padres de un menor que intenten persuadir a su hijo para que acepte la transfusión sanguínea, o que la permitan ellos mismos, supone una restricción excesiva, innecesaria y desproporcionada de su libertad religiosa. Y ello cuando, como en el caso planteado en la Sentencia 154/2002, los padres no se opusieron en ningún momento a las resoluciones judiciales que autorizaron la actuación médica. Además, era imposible estar seguros de que una actitud disuasoria por su parte hubiese producido un resultado distinto al pretendido.

Así pues, nos queda por disipar la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si los poderes públicos están obligados por lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución a la tutela del interés del menor en los casos en que dicha obligación no sea cumplida adecuadamente por los destinatarios originarios de aquélla, los padres o tutores.

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En efecto, dado que la patria potestad es una institución funcional destinada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad de todos sus miembros, incumbe a los poderes públicos la tarea de supervisar y comprobar que el ejercicio de aquélla se realiza siempre en atención al mayor interés de los hijos. De este modo, corresponde a la propia Administración pública encargada de la tutela de menores y a los órganos judiciales enjuiciar -de oficio, a instancia del propio menor o de terceros cualificados- las medidas paternas o tutelares que puedan haber causado lesión a los derechos o libertades del menor y adoptar las medidas necesarias para su reparación. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional español en su Sentencia 141/2000, “la tutela y protección de los derechos fundamentales del menor de edad corresponde, no única y exclusivamente a aquellos que tienen atribuida su patria potestad, sino también a los poderes públicos. Sobre éstos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de la patria potestad por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el superior del niño”.

Como hemos visto al examinar la Sentencia 154/2002, cuando exigir a los padres que traten de convencer al niño para que éste admita la transfusión sanguínea o que ellos mismos la autoricen implica una restricción excesiva de su derecho de libertad religiosa, la tutela del interés superior del menor, -que en el caso concreto se correspondía con el derecho a la vida- queda en manos de los poderes públicos.

El “interés superior del menor” es un concepto jurídico indeterminado pero prevalente que vincula, en primer lugar, al propio menor cuando tenga la madurez de juicio suficiente, y no se trate de ejercer derechos con consecuencias irreparables para su integridad física o mental; a los progenitores o tutores del niño, en segundo lugar, siempre y cuando faciliten el libre desarrollo de su personalidad; y a los poderes públicos en última instancia, cuando las dos anteriores fracasen. La inversión de las citadas instancias sólo puede ocasionar, como en el caso del pequeño Ashya King, una vulneración de los derechos de todos los sujetos implicados.

A vueltas con el burka, esta vez desde Europa

Ana Valero

Con fecha 1 de julio de 2014 se ha dado a conocer el pronunciamiento la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso S.A.S. c. Francia, donde se dilucidaba si la Ley francesa número 2010-1192, de once de octubre de 2010, que prohíbe la ocultación del rostro en el espacio público, es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los jueces han rechazado con esta sentencia la demanda interpuesta por una joven musulmana de 24 años de edad que se negó a descubrirse el rostro a petición de la policía, bajo la amenaza de una multa de 150 euros.

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La Asamblea Nacional francesa aprobó en 2010 la Ley que prohíbe el uso del burka con trescientos treinta y seis votos a favor y uno en contra, y el Senado la aprobó definitivamente el 14 de septiembre del mismo año. A partir de su entrada en vigor se aplica a todo el territorio nacional y establece que la violación de la prohibición de cubrir el rostro en espacios públicos implica la imposición de una multa de ciento cincuenta euros y la eventual obligación de seguir cursos de educación cívica. Y quien obligase a otro a llevar el velo integral podrá ser castigado con la pena de privación de libertad de hasta un año y con el pago de una multa de treinta mil euros. Tal sanción se duplica si la mujer es menor de edad. Desde que la norma entró en vigor, la Policía ha actuado por este asunto unas 400 veces al año. Apenas 1.900 mujeres de los cinco millones de habitantes musulmanes del país usan el velo integral.

Las razones esgrimidas por el Gobierno francés ante la Corte de Estrasburgo para defender la conformidad de la citada Ley con el Convenio Europeo de Derechos Humanos son varias, por lo que iré analizando una por una para ver cuál ha sido la argumentación de la Corte y exponer mi opinión al respecto.

1. El primero de los argumentos gubernamentales tiene que ver con el “principio de igualdad y no discriminación”: el velo que cubre el rostro de la mujer es, para el Gobierno francés, un instrumento de opresión sexista que niega la dignidad de la mujer y un símbolo del fundamentalismo islámico que manifiesta lejanía a los valores de la sociedad occidental y que denigra a la mujer musulmana.

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A este respecto, el Tribunal de Estrasburgo, en línea con lo defendido por el propio Consejo de Estado francés –máximo órgano consultivo del gobierno- en su Informe emitido con anterioridad a la aprobación de la Ley, ha considerado que un Estado Parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede basarse en la igualdad de género para prohibir una práctica que las mujeres -como la demandante- reclama como manifestación de su propio derecho de libertad religiosa. Y ello porque, en ocasiones, el porte del velo es una práctica consciente y voluntaria por parte de un número considerable de mujeres que funda sus raíces en la exigencia de afirmar su propia identidad cultural.

A este respecto, me parece acertada la posición del Tribunal de Estrasburgo y coincido con la postura del Consejo de Estado francés cuando sostiene que suponer que el burka implica un ataque a la dignidad de las mujeres es discutible jurídicamente, y en concreto, cuando el uso del burka es el resultado de una decisión voluntaria y adoptada libremente por una persona mayor de edad. Y ello porque, cuando se hace referencia al principio de la dignidad humana, no se pueden dejar de lado dos conceptos que se pueden oponer o limitar mutuamente: aquél que exige salvaguardar la dignidad a expensas incluso del sacrificio de la autonomía y del libre albedrío de la persona; y aquél que considera que debe protegerse el libre albedrío como valor consustancial de la persona humana. Y es precisamente este último concepto el que ha defendido tradicionalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha reiterado en su jurisprudencia que “el respeto de la vida privada y del principio de autonomía personal implica que cada cual puede conducir su vida según sus convicciones y sus elecciones personales, incluso en el caso de que ponga en peligro su vida, siempre y cuando no atente contra terceros”.

El segundo de los argumentos que esgrime el Gobierno galo para defender la legitimidad de la Ley hace referencia a la necesidad de proteger “la seguridad pública”. A este respecto la Corte de Estrasburgo también adopta una posición que me parece acertada al sostener que, teniendo en cuenta el enorme impacto que una prohibición absoluta del uso del velo integral en los espacios públicos tiene para el derecho de libertad religiosa de las mujeres que lo portan libremente, la Ley de 11 de octubre de 2010 resulta desproporcionada. Y ello porque el objetivo del Gobierno galo quedaría satisfecho con una simple obligación de mostrar el rostro para permitir la identificación cuando ésta se hace necesaria y no siempre y en todo caso.

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Sin embargo, lo más llamativo de la Sentencia radica en que es el tercero de los argumentos esgrimidos por el Gobierno francés -“las exigencias mínimas de la convivencia y de la vida en sociedad”- el que ha asumido el Tribunal Europeo para declarar la adecuación de la Ley francesa al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Apelando a la discrecional doctrina del “margen de apreciación” que tiene cada Estado para valorar cuáles son las circunstancias particulares que se dan en su sociedad y en sus tradiciones nacionales, la Corte afirma que la normal interacción de los individuos en el espacio público puede ser un bien jurídico cuya protección justifique la limitación del derecho de las mujeres musulmanas a utilizar libremente el burka. De este modo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos considera “legítima” la prohibición del velo islámico integral en los espacios públicos porque “el rostro juega un rol importante en la interacción social”, por lo que llevarlo tapado puede constituir una “amenaza para la convivencia”.

Mi posición a este respecto ya se expuso en el post publicado en este mismo blog bajo el título “El (es) tupido velo del paternalismo”, que analizaba una Sentencia del Tribunal Supremo español emitido con ocasión de un supuesto de hecho similar pero con un fallo opuesto al del Tribunal Europeo, por lo que sólo nos queda reiterar lo allí indicado. ¿Puede un genérico derecho a no ser molestado en el espacio público de acuerdo a los cánones occidentales de vida en comunidad anteponerse a un derecho constitucional como la libertad ideológica y religiosa de las mujeres adultas musulmanas que usan libremente el velo integral para relacionarse con sus vecinos? Mi respuesta es NO.

Cuando la religión ocupa el espacio público

Ana Valero

El pasado lunes se ofició en la catedral de la Almudena de Madrid el último de los actos destinados a despedir al fallecido expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, un funeral de Estado. El acto, cuya polémica venía garantizada por la asistencia del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang, ha resultado doblemente controvertido por el contenido de la homilía del encargado de su oficio, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Ante más de 1.000 asistentes, entre los que se encontraban las principales autoridades del Estado, Rouco afirmó que Suárez trajo la “concordia” y la “reconciliación” a España, una España “que, con sus jóvenes, quería superar para siempre la Guerra Civil, los hechos y las actitudes que la causaron, y que, la pueden causar”.

Con esta extraña alusión a los riesgos actuales de una guerra civil, el cardenal hizo una vez más algo que ya es habitual en sus homilías, desprenderse de la sotana cardenalicia y sustituirla por una indumentaria política cargada de irresponsable provocación. Pero más allá de sus polémicas declaraciones, debemos preguntarnos ¿qué hace el ministro de culto de una confesión religiosa haciendo discursos políticos frentistas en un acto destinado a despedir al primer presidente de la democracia? ¿Por qué dicha despedida tiene lugar en el contexto de un llamado “funeral de Estado? ¿La celebración de este tipo de actos se compadece con el principio de laicidad garantizado por la Constitución?

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Desde mi punto de vista el tema admite poca discusión, no cabe, en nuestro ordenamiento constitucional, dotar de contenido religioso a este tipo de ceremonias que se celebran en nombre del Estado. Es cierto que nada impide la celebración de ceremonias privadas de contenido religioso si quienes en ellas participan así lo desean, pero el principio de laicidad impide de manera taxativa dotar de contenido religioso a ceremonias de Estado, esto es, públicas. Por ello es inadmisible que el ministro de culto de una determinada confesión haga propaganda de ésta en el espacio público institucional. Pero si esto es así ¿por qué siguen oficiándose? La respuesta es clara, los funerales de Estado son uno más de los numerosos residuos que en el plano sociológico traen causa, sin que ningún Gobierno ni legislador haya hecho nada por remediarlo, de la confesionalidad católica que ha caracterizado nuestro modelo durante siglos. Residuos que, se mire como se mire, no encuentran amparo jurídico alguno en nuestra Constitución.

Así, tampoco se justifican, desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado, la presencia de autoridades o instituciones públicas en ceremonias religiosas. Tal es el caso de la presencia de miembros de las corporaciones municipales o de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las procesiones religiosas católicas, en algunos casos incluso en calidad de Hermanos Mayores de determinadas Cofradías. Tratar de justificar dicha vulneración del principio de separación entre Iglesia y Estado sobre la base de motivos de índole puramente cultural, folclórico o festivo implica desconocer que el derecho de libertad de conciencia de los ciudadanos que no profesan dicha confesión puede quedar en entredicho al ver cómo sus representantes se identifican con las manifestaciones de culto de dicha religión.

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El último de los residuos de dudosa constitucionalidad, por vulnerar el principio de laicidad del Estado y, por ende, la libertad de conciencia de los ciudadanos, es la presencia de símbolos y emblemas religiosos en los edificios públicos. Algo con respecto a lo cual se ha pronunciado recientemente la Defensora del Pueblo en su último Informe Anual, desaconsejando la presencia de crucifijos en la sala de plenos de las corporaciones locales. Presencia que también se da en los centros docentes públicos, junto con el belén navideño, y en los juzgados. Pues bien, en todos estos casos queda comprometida la neutralidad del Estado porque dicha presencia implica una suerte de preferencia por parte de las autoridades públicas de una concreta creencia frente a otras y, además, preside la actividad pública de que se trate, confundiendo la función pública y la función religiosa. Confusión que se agrava cuando de la presencia de símbolos religiosos en las aulas de centros docentes públicos se trata. Y ello porque el símbolo de que se trate –principalmente el crucifijo-, además de presidir la actividad docente e identificarla a ella y a los encargados de impartirla con la confesión que representa, ejerce un influjo indudable sobre el alumnado que carece todavía de la madurez suficiente como para que les resulte indiferente.

La “laicidad” del Estado es el único marco posible para que la “libertad” de todos ciudadanos en materia de conciencia sea real y efectiva. Exijamos, por tanto, a nuestros representantes que dejen de ser continuistas con prácticas que se remontan ya al siglo pasado y avancen de una vez por todas por la senda de la neutralidad.

La homofobia del cardenal

Fernando Flores

Creo que la homofobia de la Iglesia hacia los homosexuales es una estupidez, una falta de respeto y daña a la sociedad, pero también pienso que no es, en sí misma, un delito.

Hago esta reflexión al leer la noticia de que “La Fiscalía abre por primera vez diligencias contra un cardenal por homofobia”, tras la petición presentada por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS), después de que el pasado día 23 de enero el cardenal monseñor D. Fernando Sebastián Aguilar declarase a un medio local que la homosexualidad “es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento”.

En opinión de COLEGAS, la expresión del cardenal “atenta contra la legislación española que protege como derecho fundamental la dignidad y la no discriminación en el artículo 18 y 14 de nuestra Constitución, y constituye una clara incitación al odio y a la discriminación, comportamientos penados en el vigente Código Penal en su artículo 510”. Por eso han celebrado la apertura de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y han reiterado que “no se debe menospreciar y menos dejar impunes los numerosos hechos de homofobia y transfobia que sufre nuestro colectivo y animamos a denunciar cualquier tipo de ataque, o situación discriminatoria”.

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Pienso que COLEGAS tiene razón de sobra para estar molesto con Sebastián, y hace bien en recriminarle por sus palabras, pero creo que las declaraciones de éste no son delito.

Me detengo a comentar este caso, en que mi simpatía y mi razonamiento están con los que por esta vez no estoy de acuerdo, para tratar de explicar con honestidad la inquietud que me asalta al comprobar el creciente recurso a los tribunales para perseguir opiniones que, a mi entender, por muy rechazables que sean, forman parte de la libertad de expresión a la que da cobertura nuestra Constitución.

No me voy a detener en el acierto (o no) que supone demandar en vía judicial las declaraciones del cardenal. Sólo apunto que, aunque es verdad que esa vía da más opciones a la mediática (y se trata de dar a conocer la indignación legítima contra sus palabras), no estoy seguro de que el mensaje que traslada (el reproche penal como reacción ante opiniones lamentables) sea el acertado.

Porque creo que, en el caso del cardenal, resulta muy claro que no estamos ante una opinión que “incite” a la discriminación, y menos aún al odio. Si aceptara esto, entonces tendría que aceptar que algunas críticas u opiniones respecto de la Iglesia u otras religiones –críticas y opiniones con las que estoy muy de acuerdo– incitan también a la discriminación o al odio a los creyentes. (Un argumento, por cierto -el de que se la persigue porque se la critica-, que la Iglesia suele utilizar de forma victimista en cuanto se le recriminan opiniones reaccionarias como las del cardenal). Estas opiniones son lamentables, pero a mi modo de ver, no vulneran (jurídicamente) los derechos de los homosexuales.

El ejercicio de la libertad de expresión molesta, a veces mucho. Pero no es solo el grado de molestia en quien es criticado o sobre quien se opina (el aspecto subjetivo) lo que determina si ese ejercicio es ilegal. Si fuera así, mi admirado Leo Bassi no saldría de la cárcel. La injuria, el menosprecio, y la voluntad de discriminación o incitación al odio de quien se expresa debe estar clara.

Por otra parte, si por más ateo que yo sea, acepto la existencia de las confesiones como un derecho que se deduce de la libertad religiosa, entonces tengo que aceptar a la Iglesia con sus curas (y a los imanes y a los rabinos) y sus consecuencias. Con la Iglesia católica irremediablemente aparece su idea de que la sexualidad tiene un solo fin, que es el reproductivo, y en consecuencia la idea de que la sexualidad no dirigida a tal fin es una sexualidad deficiente. Que es justo lo que ha dicho el cardenal Sebastián. A mi me parece una idea aberrante, que merece un duro reproche social, pero no puedo aceptar la libertad religiosa y obligar jurídicamente a los creyentes a pensar como yo, u obligarlos a callar si no coinciden conmigo. Puedo tratar de convencerlos para que cambien de opinión, pero entretanto… La libertad de expresión es esto también.

Obviamente, todos los derechos tienen límites, y también la libertad de expresión, por muy amparada que esté en las creencias profundas de cada uno. Pero ese límite es, necesariamente, restrictivo. En una sociedad democrática deben conocerse públicamente las opiniones de los demás que nos disgustan. Para contradecirlas, para recriminarlas, para tratar de cambiarlas con el ejercicio de la dialéctica, para mostrar la bajeza moral de quienes las profieren, para mofarse de ellas… utilizando esa misma libertad de expresión.

El pleno de la Eurocámara ha reclamado este martes a la Unión Europea una ‘hoja de ruta’ para proteger los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En ella se abordan áreas como el empleo, la educación, la sanidad, el acceso a bienes y servicios, la familia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la incitación al odio, el asilo y la política exterior. Creo que ese es el camino, reclamar una política integral para luchar contra la homofobia en todos los frentes, utilizando la ley y la justicia de forma sensata y proporcionada.

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El burkini, una prenda «proporcionada» desde la perspectiva de los derechos humanos

Ana Valero

El Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo alemán acaba de dictar una sentencia con la que niega el derecho de las alumnas de religión musulmana a verse eximidas del deber de asistir a las clases mixtas de natación por motivos religiosos. La satisfacción de sus exigencias de conciencia habrá de limitarse, según el juez alemán, a poder asistir a las mismas ataviadas con el llamado “burkini”. El fallo se produce en respuesta a la pretendida exoneración de una alumna de 11 años de edad cuyos padres apelaron a una interpretación del Corán que impide que las mujeres mayores de 7 años muestren su cuerpo en presencia del sexo masculino.

Desde mi punto de vista, la instancia judicial alemana da una respuesta acertada, por proporcionada, a un conflicto de derechos fundamentales que tiene como telón de fondo la necesidad de conjugar el respeto a la identidad cultural y religiosa de los colectivos minoritarios en las sociedades europeas, con la protección del derecho a la educación integral y a la libre formación de la conciencia de los menores pertenecientes a dichos colectivos. Trataré de explicarme.

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Son múltiples las pretensiones de exención al cumplimiento de los deberes que impone la legislación del país de acogida que han llegado a las instancias administrativas o judiciales europeas en las últimas décadas, pero me centraré en las planteadas en el ámbito educativo. Ya en los años setenta, el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvieron que pronunciarse sobre la objeción de conciencia a la educación sexual planteada por determinados colectivos cristianos. Y más recientemente, múltiples son los supuestos de objeción que padres de religión musulmana presentan frente a la obligatoriedad de materias como la educación física, la asignatura de ciencias naturales o, incluso, la de música. A éstos cabe sumar el rechazo de ciertos padres con convicciones de raíz cristiana estadounidenses a que sus hijos adquieran conocimientos sobre la teoría evolucionista o el Darwinismo.

En todos estos supuestos de pretendida objeción por motivos religiosos las asignaturas cuestionadas formaban parte del currículo educativo obligatorio del sistema público de enseñanza, y en todos ellos, los demandantes consideraban que la integración de dicha materia en el currículo educativo de las escuelas públicas violaba su derecho de libertad religiosa y el derecho a que sus hijos recibiesen una formación que no contradiga las convicciones paternas. Y en todos ellos la respuesta judicial ha sido la misma: los derechos formativos de los padres deben ceder ante el derecho que corresponde a sus hijos de recibir una formación integral que contribuya al libre desarrollo de su personalidad. Pero vayamos paso a paso.

En relación con la educación sexual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Sentencias promulgadas en los Casos Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976 y Folgero c. Noruega, de 29 de junio de 2007- estableció una importante doctrina cuyos puntos esenciales pueden resultar enormemente útiles para el enjuiciamiento de los diferentes supuestos de objeción parcial al sistema homologado de enseñanza que todavía hoy se siguen planteando. Dicha doctrina puede resumirse así: el Estado, cuando en el ejercicio de sus competencias en materia educativa, diseña el currículo educativo oficial no está obligado a adecuarlo a las distintas opciones ideológicas o religiosas paternas “accomodation”, lo que haría de la enseñanza algo impracticable. Lo único que no puede hacer la Administración Pública es introducir en el Currículo Educativo materias claramente “adoctrinadoras” de los menores.

Pero ¿cuándo una materia o el tratamiento docente de la misma puede ser “adoctrinador”? A este respecto el Tribunal Europeo también es claro. Puede haber materias como la educación sexual cuyos contenidos sean sensibles para determinadas opciones ideológicas y/o religiosas de la sociedad, pero, si las mismas son tratadas en la escuela con la objetividad y la neutralidad suficiente como para que su aprendizaje incentive el espíritu crítico de los alumnos, el Estado puede introducirlas en el currículo educativo como obligatorias para satisfacer la “educación integral de los menores”.

“Educación integral” que debe ser entendida como la posibilidad que tiene el menor de acceder en el ámbito educativo al pluralismo de ideas, creencias y convicciones presentes en la sociedad, aunque sean distintas o contrarias a las de sus padres.

Si la escuela pública es el lugar idóneo para que convivan las ideas, creencias o convicciones en plena libertad y para que las mismas puedan ser contrastadas e incluso cuestionadas por los menores, es imprescindible que la misma sea neutral. Dicha neutralidad de la Administración educativa, entre otras, es la que pretende garantizar el principio de laicidad vigente en la mayor parte de las Constituciones occidentales de nuestro tiempo. En dicha línea, la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana establece el “principio de separación Iglesia y Estado” que se concreta en la prohibición de que en las escuelas públicas se enseñe religión.

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Pues bien, la Corte Suprema norteamericana debió pronunciarse sobre la demanda de diversos grupos cristianos que, durante años, y basándose en una interpretación literal de la Biblia, han tratado de expulsar del currículo educativo de la escuela pública la enseñanza de la teoría evolutiva o Darwinismo o han pretendido que la misma fuese expuesta a los alumnos como una teoría más e impartida en igualdad de condiciones a la teoría del creacionismo. En sus sentencias de los Casos Epperson v. Arkansas (1968) y Edwards v. Aguillard (1987), la Corte señaló que dichas pretensiones están basadas en una particular interpretación del Libro del Génesis por parte de un determinado grupo religioso y que, en consecuencia, tienen como finalidad última introducir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por la Primera Enmienda a la Constitución.

Dos décadas más tarde, en el Caso Edwards v. Aguillard (1987), la Corte Suprema tuvo que determinar si era acorde con la Primera Enmienda Constitucional una ley educativa del Estado de Lousiana que exigía a aquellas escuelas que enseñasen el Darwinismo en sus aulas, enseñar también la teoría creacionista. Y la respuesta fue contundente: la voluntad del legislador de Lousiana no era ampliar los conocimientos que sobre el origen del hombre podían adquirir los estudiantes en las escuelas del Estado, sino sujetar la enseñaza de todo lo relativo a este asunto a la visión de una confesión religiosa concreta, algo claramente inconstitucional.

A la Educación Sexual y al Darwinismo, debemos sumar desde el miércoles pasado una nueva materia: la natación. Siguiendo la misma línea de razonamiento que los Tribunales hasta ahora examinados, el Tribunal Administrativo Federal alemán ha entendido que la existencia de una prenda como el burkini permite “acomodar” las exigencias de vestimenta musulmana con el deber de las menores de dicha religión de asistir a las clases de una materia obligatoria. Y ello porque, según señala el propio Tribunal, es importante que las niñas musulmanas se vean confrontadas, siempre y cuando se sientan lo suficientemente cómodas, con alumnos que piensan de manera distinta en un clima de respeto y tolerancia.

Vemos cómo el Tribunal alemán prioriza el derecho de las menores a recibir una formación plural y, por ende, integral, que les permita tomar decisiones futuras, incluso de vestimenta, en plena libertad frente a las convicciones religiosas de sus propios padres, no sin buscar una solución equilibrada y “proporcionada” que respete todos los derechos fundamentales en conflicto: la utilización del burkini. Solución, por tanto, mucho más respetuosa con los derechos humanos que las prohibiciones absolutas que en materia de vestimenta musulmana –prohibición del uso del burka en los espacios públicos- han adoptado otros países europeos como Francia o Bélgica.

En el equilibrio y la proporción está el acierto y parece que el burkini, a pesar de dejar sólo al descubierto la cara, pies y manos de quien lo viste, es proporcionado.

Si San Bernardo levantase la cabeza (sobre funerales de Estado)

Fernando Flores

Si San Bernardo levantase la cabeza estaría la mar de contento con España, pues comprobaría cómo la doctrina de las dos espadas que inventó allá por el siglo XI sigue vigente y en buena forma.

Ayer, una vez más, y en el contexto de una tragedia tan impactante y demoledora para la sociedad como la del accidente de tren que ha costado la vida a setenta y nueve personas, el Estado español mostró su incompetencia para cumplir adecuadamente el artículo 16 de la Constitución. Como en otras ocasiones (11M, incendio de Guadalajara, víctimas del metro en Valencia…) ni se respetó la aconfesionalidad del Estado, ni se respetó, lo que es especialmente grave, la libertad de conciencia y religiosa de los fallecidos (y familiares) que no profesaban la religión católica.

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A las siete de la tarde los representantes civiles del Estado (los Príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, junto a su esposa Elvira Fernández, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la duquesa de Lugo, Infanta Doña Elena, que presidieron la misa “oficial”; cuatro ministros, el Fiscal General del Estado, el secretario general del PSOE …) ocupaban sus asientos en la catedral de Santiago. Unos centímetros más arriba de ellos, en el altar, celebraba el Arzobispo Julián Barrio. Esa es la imagen de nuestro país, unas instituciones incapaces de estar a la altura que se requiere, incapaces de consolar a los ciudadanos en sus peores momentos sin un cura de por medio. Suena fuerte pero así es.

Dice el Tribunal Constitucional español, cuyo presidente ocupaba la primera fila de autoridades en el mencionado funeral, que la libertad religiosa “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual…” (STC 177/1996).

Es lo que se ha dado en llamar vertiente interna o negativa de la libertad religiosa. Junto a ella, y completándola, existiría la dimensión externa de la libertad religiosa, que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros, es decir, para mostrar públicamente las mismas.

Pero no nos alejemos de la vertiente interna. El Tribunal Constitucional dice que la libertad religiosa es esgrimible ante “actos de los poderes públicos que, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado, obliguen a una persona a participar en un acto de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales”. Me pregunto si los familiares posiblemente agnósticos o ateos (o judíos, musulmanes, protestantes, budistas…) de las víctimas del accidente tenían opción de abstenerse de asistir al funeral, o estaban “obligados” a presentarse en el mismo. ¿Acaso va a haber otro homenaje de Estado diferente? Además, la sola “opción” de asistir ¿no se entromete ya en la libertad de conciencia del familiar? ¿Dónde queda su “claustro íntimo de creencias vinculado a la propia personalidad y dignidad”, si el hecho de no asistir a la catedral viene a revelar su “posición intelectual ante el fenómeno religioso”?

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El funeral oficiado por un obispo en una catedral católica obliga a los familiares no católicos a renunciar al homenaje del Estado al que tienen derecho, o a asistir a él en el marco de una celebración religiosa que no comparten. Eso vulnera su libertad de conciencia y religiosa. Sucedería lo mismo para los no musulmanes si ese funeral oficial se celebrase por un imam en una mezquita, o para los no judíos si se oficiase por un rabino en una sinagoga.

Se dirá por algunos que no es el momento de hablar de este tema. Nunca lo es. Cuando se argumenta “en caliente”, como es el caso, porque se trata de ruido innecesario que falta el respeto al dolor de los familiares de las víctimas (siempre, claro, que nos refiramos a los familiares católicos y nos olvidemos del dolor del resto, que suman a éste la afrenta de un homenaje a través de un rito ajeno). Cuando se argumenta “en frío”, porque no es un problema que preocupe a la sociedad, porque busca el enfrentamiento y la crispación, porque trata de arrinconar a la Iglesia en lo privado y perseguir a los creyentes.

Sí es el momento, cualquier momento lo es. Al menos habrá de serlo mientras, anclados en el siglo XI, se continúe incumpliendo la exigencia constitucional de neutralidad del Estado (que “veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales”, STC 177/1996), y con ella la libertad de conciencia y religiosa de personas que ya tienen suficiente con la tragedia de perder a sus seres más queridos.

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Another brick in the wall o el derecho a evitar el control del pensamiento

Por Ana Valero

La “proyección” o “transferencia” es un mecanismo psicológico de defensa primario que opera en situaciones de conflicto o amenaza emocional y que consiste en atribuir a otras personas los sentimientos, impulsos o pensamientos propios que resultan inaceptables para el sujeto. Se “proyectan” los sentimientos, deseos o impulsos que no terminan de aceptarse como propios porque generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia algo o alguien y atribuyéndolos totalmente a este objeto externo. El término fue empleado por Sigmund Freud a partir de 1895 para referirse a un mecanismo que observaba en las personalidades paranoides o neuróticas.

La campaña contra el “adoctrinamiento” en las aulas impulsada por las Nuevas Generaciones del Partido Popular que pide a los alumnos que denuncien anónimamente a sus profesores cuando consideren que se extralimitan en el ejercicio de su libertad de cátedra es un claro ejemplo de “proyección” como estrategia política.

La campaña “Que no te líen” se encabeza con el siguiente párrafo: «Desde Nuevas Generaciones de la Provincia de Castellón nos preocupa que haya adoctrinamiento en las aulas, puesto que creemos que el alumno debe ser educado para que pueda sacar sus propias conclusiones. Nos oponemos a la imposición de ideas e ideologías, y creemos en una educación neutra e imparcial».

Algo fácilmente asumible si no fuera porque, basta con ser mínimamente conocedor del modelo educativo que defiende y potencia el PP, para sentirse intelectualmente insultado tras su lectura.

El artículo 27.2 de la Constitución española es claro y contundente cuando señala el objeto del derecho a la educación: “el pleno desarrollo de la personalidad humana”. El mismo artículo especifica cuáles son los instrumentos necesarios para conseguir tal objetivo: sólo a través de un sistema educativo basado en los principios democráticos de convivencia y el respeto a los derechos fundamentales quedará satisfecho el derecho del individuo a recibir una formación integral que garantice el libre desarrollo de su personalidad. Vemos que la Constitución española tiene un ideario, no apuesta por una enseñanza “ideológicamente neutral”, sino que hace pivotar el sistema educativo sobre el deber de inculcar, de manera transversal o a través de materias concretas, el conocimiento, el respeto y la puesta en práctica de los principios democráticos de convivencia.

Aquí encontramos el primer error de la campaña del PP, la educación en España, se desarrolle en centros públicos o privados, no debe ser neutral e imparcial en lo que al “ideario educativo constitucional” se refiere, los actores educativos tienen el deber de promocionarlo. ¿Cuál es, por tanto, el adoctrinamiento constitucionalmente inadmisible? ¿Cuál es aquél que, por manipulador, debe ser excluido del sistema público de enseñanza? Para disipar tal pregunta basta con acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y observar que lo inaceptable es aquello que la Corte de Estrasburgo ha calificado como “proselitismo abusivo o de mala calidad”, esto es, la orientación ideológica o de conciencia “excluyente, dogmática, coactiva, intimidatoria o manipuladora” que ofrezca a su receptor una visión unidimensional del mundo.

Será adoctrinadora, por tanto, aquella educación que por sesgada deje de ofrecer al estudiante una educación plural, esto es, una visión general de las distintas opciones ideológicas, políticas, sociales o religiosas presentes en la sociedad.

Aquí detectamos el segundo error, que además evidencia la doctrina de la “traslación” que inspira la campaña del PP, pues cabe plantearse cómo casa con el pluralismo y la libre formación de la conciencia y personalidad de los alumnos un modelo, el defendido por el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, que consagra legalmente la educación diferenciada por sexos, pudiendo los colegios privados que la apliquen suscribir conciertos con la Administración educativa, en clara contradicción de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo; elimina una asignatura que trata de formar a los alumnos en valores constitucionales y en derechos humanos, “Educación para la Ciudadanía”, acusándola de adoctrinadora; y afianza la presencia de la enseñanza dogmática de la religión católica en la escuela pública mediante el establecimiento de una alternativa obligatoria llamada “Sociedad y Valores” que además computará para pasar de curso.

El Tribunal Constitucional español ha reiterado en su jurisprudencia que la educación a la que todos tienen derecho, y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia, no se contrae a un proceso de mera transmisión de conocimientos sino que comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros. Si uno observa el Proyecto de la nueva ley de educación es fácil detectar que sus impulsores desconocen que la educación no sólo persigue la capacitación lingüística, matemática, histórica, filosófica, etc de los estudiantes, sino la formación de auténticos “ciudadanos” capaces de interactuar en la escena pública, de participar en ella y de evaluar las deficiencias del sistema y proponer alternativas.

Pero, ¿cómo se potencia la conciencia ciudadana del alumnado? ¿Tiene la libertad de cátedra del profesorado algo que ver con ello? A este respecto encontramos el tercer error y quizá el más grave de la campaña del Partido Popular, veamos. En otro de los párrafos de la misma encontramos lo siguiente: Sabemos que la mayoría de los profesores son ejemplares, pero muy a nuestro pesar, somos conscientes  de la existencia de casos en los que se hace un uso indebido de la libertad de cátedra”.

Es el artículo 20 de la Constitución española, dedicado a las libertades de manifestación y difusión del pensamiento, el que reconoce “la libertad de cátedra” como derecho fundamental de los docentes, que consiste, de acuerdo con su sentido tradicional, en la libertad de expresión docente, esto es, en la libertad en el ejercicio de la docencia. La libertad de cátedra no es, por tanto, libertad “de enseñar”, sino libertad de expresión “en el ejercicio de la enseñanza”. El Tribunal Constitucional ha dicho que la libertad de cátedra debe graduarse en función del nivel educativo en el que se ejerza, alcanzando su máxima expresión en el ámbito universitario en virtud de la madurez intelectual y de conciencia de los alumnos; y del carácter público o privado del centro en que se ponga en práctica, pues debe armonizarse con el ideario propio de los centros privados.

La libertad de cátedra habilita al profesor para orientar su enseñanza de la manera que juzgue más adecuada a sus convicciones y es precisamente este derecho de los docentes, junto con el principio de neutralidad estatal, lo que garantiza el pluralismo imprescindible para la existencia de una educación en libertad. Pero es que, además, como hemos visto, el artículo 27.2 de la Constitución exige que el alumno sea formado en el conocimiento y en el respeto de los principios y derechos constitucionales, objetivo cuya realización exige, en los niveles inferiores de enseñanza, la difusión activa de tales valores, éticos, ideológicos y políticos, que son el pilar de la convivencia democrática.

Parece claro, por tanto, que si un profesor en el aula enseña a sus alumnos los derechos fundamentales de los que son titulares y los cauces democráticos con los que cuentan para manifestar sus opiniones y críticas frente a las decisiones del poder político no sólo no se está “extralimitando en el ejercicio de su libertad de cátedra” para incurrir en un adoctrinamiento ideológico inadmisible, como señala la campaña del PP, si no que está, precisamente, cumpliendo con el mandato que le impone el “ideario educativo” de la Constitución.

Parece, por tanto, que quien promueve esta campaña no sólo no sabe diferenciar entre ejercicio legítimo y constitucionalmente exigido de la libertad de cátedra y el adoctrinamiento, sino que, además, siendo históricamente un experto en esto último lo “proyecta” sobre todo el profesorado de la escuela pública española, y de paso, trata de ganar terreno en su voluntad de privatizar los servicios públicos esenciales.

“Formar ciudadanos” capacitados para y capaces de detectar las extralimitaciones en el ejercicio del poder político es “adoctrinar”, sí, pero en el ideario educativo constitucional.