Ejemplarizante

Fernando Flores

Me pregunto si, en un Estado de Derecho, la finalidad de un ataque a (de una intromisión en) las libertades públicas de los ciudadanos por parte de los poderes públicos puede ser “la búsqueda de la ejemplaridad”.

En relación con la reacción ofensiva y violenta de algunas personas en las redes sociales tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, desde el Ministerio del Interior se afirma:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis».

Imaginemos ahora que el Ministerio del Interior, a la vista de que el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas ha llegado a tener imputado a un 20% de sus miembros, ordena a la policía a investigar la vida privada de todos –todos– los diputados y diputadas de ese Grupo. Justificándolo así:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que los parlamentos son una isla en la que robar, falsear documentos, traficar influencias, prevaricar, desviar fondos, enriquecerse a costa del erario público, sale gratis».

Ejemplarizante, ¿no?

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Al parecer, para el Gobierno del Partido Popular cualquier cosa es ejemplarizante menos aplicar la Constitución. Sin embargo, lo exigible en sociedades democráticas es que para justificar acciones como las que propone el Ministro del Interior contra los tuiteros se apliquen muy rigurosamente criterios como la previsión legal, el fin legítimo, y la proporcionalidad respecto de las libertades afectadas… Pero lo de la ejemplaridad es nuevo, y de paso inconstitucional.

La ejemplaridad no es un fin legítimo. El fin legítimo puede ser salvaguardar el derecho del injuriado, pero “dar ejemplo”, mostrar que hacer las cosas mal “no sale gratis”, no es un fin legítimo en Derecho. Por lo demás, la ejemplaridad no está prevista por la ley, y es obvio que su aplicación, además de arbitraria (¿es que puedo desear públicamente que muera un etarra, pero no que muera un político, o que pase a mejor vida Justin Bieber?) choca frontalmente con el principio de proporcionalidad que exige la intromisión del Estado en mi privacidad y en mi libertad de expresión.

Resulta obvio que este Gobierno defiende la represión selectiva. Ésta recae sobre las personas que ponen en cuestión sus políticas, y sobre los ámbitos en que ese cuestionamiento circula de forma más libre. Así, para el Gobierno son ejemplarizantes las cargas policiales contra los ciudadanos que se manifiestan, para dar ejemplo y que vean lo que les pasaría si emularan las acciones violentas de unos pocos. Y lo son las monitorizaciones masivas de nuestros correos electrónicos y comunicaciones, para que, encontrado el terrorista, sepamos que si nos aficionamos a enaltecerlo tenemos los días contados.

Cuando era pequeño, en el colegio tuve un profesor que al entrar en clase dejaba sobre la mesa una vara de madera de medio metro. Una vara reluciente con los bordes afilados. Con ella pegaba en los nudillos de las manos a quienes hablaban con los compañeros, aunque fuera para pedir el sacapuntas. Teníamos seis años y la clase era un cementerio. Ejemplarizante. Creo que el Ministro del Interior –el Gobierno del Partido Popular- considera a los ciudadanos, o niños o delincuentes; o niños delincuentes. En suma, enemigos en potencia. Desde esta perspectiva la represión no consiste solo en reaccionar contra una acción presuntamente ilegal o delictiva, sino atemorizar al conjunto de individuos para que la autocensura obre por sí sola. No cabe duda de que resulta mucho más fácil gobernar los cementerios.

Interior

En estos días se han escrito varios artículos que explican muy bien, y desde distintas perspectivas, el porqué la iniciativa ejemplarizante del Ministerio no tiene cobertura legal, vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un despropósito político. Por ejemplo, Jesús Maraña en infoLibre, Isabel Elbal en Contrapoder, o José Antonio Marina en El Mundo, argumentan muy razonablemente sobre la hipocresía del Gobierno, sobre los límites rigurosos que le impone el ordenamiento jurídico, así como sobre la conveniencia de no echar mano de la policía y el Código Penal cuando la respuesta a los excesos debe venir desde la educación y la presión social.

Sin embargo, ningún argumento, por ejemplar que sea, va a torcer la posición reaccionaria de un partido y un Gobierno que, en materia de derechos, tiene las cosas claras. Cada vez es más fuerte en mí la convicción de que la que debería ser ejemplarizante, nuestra Constitución (y “esta Constitución” no es sólo una norma, es un pacto político de la Comunidad que se cumple o no se cumple), ya no nos protege, ni siquiera mínimamente, contra los actos autoritarios y violadores de derechos de quienes nos gobiernan. Lo demás, viene por añadidura.

Testigos del otro. El Método Villoro.

Javier de Lucas

Para Javier Baeza y todos los Javier Baeza

Como a muchos otros ciudadanos de este país, me avergüenza que haya transcurrido un mes desde la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 personas, sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad política por un suceso luctuoso que, si hubiera ocurrido en un accidente de tráfico o por una explosión fortuita de gas, por poner dos ejemplos conocidos, ya habría concitado el esfuerzo de los políticos profesionales por hacer saber en prime time su decidida voluntad de establecer responsabilidades y llegar a las últimas consecuencias. Aún más, como a muchos otros, me indigna la inmundicia que se arroja sobre quienes han/hemos pedido que se investiguen los hechos, porque con ello –aseguran- ponemos bajo sospecha nada menos que a la Benemérita. Precisamente por todo eso, me parece más necesario que nunca acudir al pensamiento intempestivo, tal y como lo ejerció Luis Villoro, el filósofo mexicano de origen español que nos acaba de dejar.

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Gamonal y la seguridad ciudadana

Fernando Flores

La Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno popular define la seguridad ciudadana como la “actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”. Y afirma que dicha seguridad se garantiza por tres medios: con un ordenamiento jurídico adecuado que de respuesta a los ilícitos que la favorezcan, a través de una Justicia rigurosa en su aplicación, y con la actuación de unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de infracciones.

bulevar NO 13

Los sucesos del barrio burgalés de Gamonal están sirviendo de coartada al Ministerio del Interior para publicitar su represor anteproyecto de Ley y justificar el creciente estado de excepción en que están convirtiendo España. Comparece el Secretario de Estado de Seguridad y nos dice algo así como: “¿veis como esa Ley es necesaria? Sólo con ella podremos acabar con los «infiltrados», con esos “grupos violentos itinerantes» cuyo único interés no es la reivindicación de los vecinos, sino «el ejercicio de la violencia». En definitiva, con los que quiebran la tranquilidad de los burgaleses y además les impiden manifestarse pacíficamente.

Pero los ciudadanos no están intranquilos por la protesta y los altercados. Los ciudadanos protestan porque están intranquilos. Están intranquilos porque ni sus personas ni sus derechos ni sus bienes están protegidos. Porque ya no confían en sus instituciones. Porque no se les respeta. Están intranquilos porque no hallan consuelo en un ordenamiento jurídico adecuado que no responde a los ilícitos de los políticos corruptos, ni en una judicatura tímida y lenta con los delitos de pillaje público, ni en una policía que solo parece ensañarse con las infracciones callejeras de ciudadanos intranquilos… y cabreados.

El problema del Gamonal no es un problema de seguridad, es un problema de sordera. Es un problema, una vez más, de patrimonialización de lo público, de arrogancia y de desprecio hacia la participación política. El Ministerio envía cien antidisturbios a Burgos en vez de conminar al alcalde a dar audiencia a los vecinos, a aquellos que según el propio Secretario de Estado de Seguridad son también víctimas de los violentos infiltrados, y que no han sido recibidos ni antes, ni lo van a ser ahora. ¿Qué les cuesta?

Les cuesta porque una audiencia significa dar explicaciones, ofrecer transparencia, proporcionar información. Es decir, les cuesta que se sepa en toda España “Qué está pasando en Burgos” (curiosamente Ignacio Escolar para eldiario.es y Silvia Hernando para infoLibre titulan igual sus artículos): corrupción urbanística, medios de comunicación y poder político en un mismo plato.

Así que, pese a los contenedores ardiendo, los escaparates reventados, los once menores de cuarenta detenidos… la cuestión de Gamonal no es la intranquilidad de los vecinos, no es de seguridad ciudadana. El de Gamonal es un problema de intranquilidad de los políticos y del estado de excepción a su servicio.

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