¿Inviolabilidad absoluta del Rey?

Joan Carles Carbonell Mateu

Asistimos estos días, con cierto estupor, a la revelación de hechos atribuidos al anterior Jefe del Estado que, de ser ciertos supondrían la comisión de delitos graves. Y a la opinión casi unánime de que su autor no podrá ser juzgado porque en el momento de su comisión gozaba del privilegio –constitucional, se añade- de la inviolabilidad, entendida ésta como la incapacidad absoluta de ser juzgado y, por tanto, condenado. Es decir, el Rey (“la persona del Rey” dice textualmente el artículo 56.3) puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático. El Rey –o la Reina si llegare a haberla bajo el imperio de la vigente Constitución española- no es inviolable frente a cualquier hecho ni la situación puede durar más allá del tiempo que dure la ocupación de la Jefatura del Estado.

De acuerdo con el artículo 56.3 de la Constitución:

“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

A su vez, dispone el 64 que:

”Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99 (si no se obtuviere la confianza de ningún candidato a la Presidencia transcurridos dos meses a partir de la primera votación de investidura) serán refrendadas por el Presidente del Congreso”; y,

“De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

El único acto que el Rey puede efectuar sin refrendo es, de acuerdo con el 65.2: “nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

Pues bien, éstos son los actos del Rey a los que se refiere la declaración de inviolabilidad del 56.3 de la Constitución. No es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan. Dichos actos carecen de validez si no se producen tales refrendos y asunción de responsabilidad por la sencilla razón de que no son decisiones –ni, por tanto, acciones- del Rey. Y eso justamente por la superación del principio monárquico y el sometimiento de todos a la legalidad; esto es, a la voluntad general.

Acostumbra a entenderse esta inviolabilidad como un residuo del principio monárquico en virtud del cual el Jefe del Estado está por encima de los poderes del mismo. El poder judicial no podría entrar a enjuiciar los actos del Rey, puesto que éste está por encima de todos los poderes del Estado.

A mi juicio, resulta necesaria una reinterpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, ajustándola a los parámetros constitucionales. Y que el artículo 56.3 se refiera a los refrendos de los actos del Rey deja claro que éstos son los que derivan de su función como jefe del Estado. De ahí que, en mi opinión, sea necesario entender que la inviolabilidad de la persona del Rey tan sólo se extiende a aquellos actos cuya naturaleza requiera el refrendo del Presidente del Gobierno o de los Ministros, en su caso. Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad.

Así, en los supuestos de que el Jefe del Estado realizara cualquier tipo de delito grave de naturaleza común, no quedaría exento de responsabilidad penal. Porque no hay a quien trasladar dicha responsabilidad, salvo que las acciones, que en estos casos sí son propias, vinieran refrendadas. Y es inimaginable que, por ejemplo, el Presidente del Gobierno o la ministra de Hacienda refrenden la apertura de una cuenta ilegal –y anónima- en un banco suizo o una agresión sexual violenta.

Las inviolabilidades, por otra parte, son exenciones penales cuyo fundamento procede de actos y no de personas. Éstas quedan por fuera de la órbita penal justamente porque se pretende con ello salvaguardar la función. Por ello su ámbito ha de quedar estrictamente restringido a lo necesario. Los parlamentarios gozan de inviolabilidad pero sólo por las manifestaciones realizadas en sesión reglamentariamente convocada. Y, también por eso, es menester entender que la inviolabilidad de la persona del Rey sólo se extiende a los actos a los que se refiere el artículo 56.3 de nuestra Norma fundamental.

Precisamente porque son éstos los actos sobre los que se proyecta la inviolabilidad, ésta se mantendrá por siempre, más allá de la duración del mandato de la persona inviolable: la función se vería completamente afectada si quien tiene que realizarla sabe que cuando cese puede ser juzgado por los hechos inherentes a la misma. Y justamente por eso, el resto de los llamados privilegios procesales (inmunidades y aforamientos) sólo se disfrutan durante el mandato. Porque transcurrido éste no hay afección alguna a la función si se juzga por hechos que nada tuvieron que ver con ella.

Si se comparte lo hasta aquí sostenido se habrá de convenir que se debe proceder contra el anterior Jefe del Estado por hechos que nada tuvieron que ver con el desempeño de su alta función y que, por tanto, no estaban comprendidos en el ámbito de su inviolabilidad. Y no sólo porque hoy ya no sea inviolable sino únicamente aforado, como ha recordado la Ministra de Justicia, sino porque la interpretación que casi unánimemente se sostiene sobre la inviolabilidad constitucional del Rey es insostenible.

Foto: “La loca historia del mundo”. Mel Brooks (1981).

El Rey y la libertad de expresión hecha ceniza

Ana Valero

Con fecha de 31 de julio de 2015, el Tribunal Constitucional ha confirmado la condena penal impuesta por la Audiencia Nacional por un delito de injurias a la Corona del artículo 490.3 del Código Penal, a dos personas por quemar una foto del entonces Rey de España Don Juan Carlos I de Borbón y su esposa.

La mayoría del TC ha utilizado un argumento jurídicamente insostenible para corroborar la aplicación de un tipo penal, que por otorgar una “prebenda” a quien lo ostenta, -una figura no elegida democráticamente ni sometida a la confrontación con un adversario-, debería ser eliminado del Código Penal propio de un sistema democrático.

Y ¿por qué afirmo con tanta rotundidad que se trata de un argumento jurídicamente insostenible? Porque el Tribunal Constitucional ha recurrido a la doctrina del “discurso del odio” para afirmar que es constitucionalmente admisible la imposición de una pena de 15 meses de prisión, por quemar una foto de los Monarcas en el contexto del fin de una manifestación de protesta contra la institución monárquica. Dejando con ello de lado, no sólo su propia doctrina, sino la del Tribunal de Estrasburgo, por la que está irremediablemente vinculado, y la del Tribunal cuya jurisprudencia acuñó el término del que ahora se sirve, el Tribunal Supremo estadounidense. Sigue leyendo

La Infanta real y la Igualdad simulada

Fernando Flores

El 8 de febrero la infanta Cristina bajará la conocida rampa de la Vía Alemania que da acceso a la Audiencia Provincial de Palma, donde debe declarar como imputada en el Caso Noos. No lo hará por el garaje, a salvo de flases, periodistas y ciudadanos cabreados. Lo hará andando (como ya ha hecho dos veces su marido), o en coche hasta la misma puerta dela sede judicial. Así lo ha decidido el juez decano de Palma, tras una reunión con la Policía.

Dice la Constitución que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón… de cualquier condición o circunstancia personal o social”. Por eso, si se pretende tratar de forma diferente a personas que se enfrentan a una misma situación (aquí hablamos de acudir a declarar como imputadas a un juzgado), debe ofrecerse argumentos sólidos que justifiquen dicha diferenciación.

En el caso de la Infanta tres han sido los argumentos que han aportado quienes aconsejan y justifican una discriminación a su favor, es decir, que entre por el garaje o que, al menos, pueda llegar en coche hasta la entrada del juzgado.

La rampa

En primer lugar, razones de seguridad. Alguien podría aprovechar los metros de exposición pública para atentar de alguna manera contra Cristina de Borbón. En segundo lugar, lo que el Ministro de Justicia ha descrito eufemísticamente como la necesidad de evitar “situaciones de carácter previo”. Dicho en castellano viejo: evitar que la Infanta se vea en la desagradable situación de oír los abucheos e insultos de los allí presentes, es decir, la llamada “pena de paseíllo”. Por último, huir del daño mediático que lo anterior proyectará sobre la imagen de la institución monárquica, bastante menoscabada a estas alturas. A mi modo de ver son tres argumentos rebatibles.

En cuanto a la seguridad, es razonable -más aún, obligado-, adoptar las medidas policiales necesarias para defender a las personas de posibles agresiones. Dependerá de las circunstancias de cada caso. En cuanto a la Infanta, ésta es sin duda merecedora de esas medidas, por su relevancia pública y por el revuelo social que ha provocado el Caso Noos. Ahora bien, parece obvio que la policía tiene capacidad de sobra para asegurar la integridad física de la Infanta en el improbable caso de que alguien tratase de dañarla en el breve trayecto de la rampa, sin necesidad de favorecerla con una privilegiada entrada a escondidas por el garaje, o de permitirle que acceda en vehículo hasta las mismas puertas del juzgado (como así se ha decidido).

En realidad, esto último (permitirle que llegue en coche hasta el umbral) tiene que ver con el segundo de los argumentos: evitar la vergüenza de los previsibles abucheos. Dice Esperanza Aguirre (emparejada a Gallardón en su clasismo), que le parece “estupendamente” que la Infanta entre por el garaje de la Audiencia, “porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo”. Y justifica ese trato diferente a Cristina porque “todos somos iguales ante la ley, pero no ante los medios de comunicación”. No cabe duda de que sabe de lo que habla quien ha tenido durante años bajo su autoritario servicio un canal público de televisión, Telemadrid. Sin embargo, a lo que engañosamente se refiere Aguirre (lo que le resulta intolerable) no es a la tendenciosidad antimonárquica de algunos (muy pocos y minoritarios medios), sino a la posibilidad de que éstos, simplemente, graven y difundan una realidad bochornosa y discutible: los insultos directos a la Infanta.

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Pero entonces, quizás, la pregunta es: ¿tiene derecho la gente congregada en las inmediaciones de un juzgado a insultar gravemente y en público a una persona por el solo hecho de haber sido imputada en un juicio? Personalmente, creo que no. Soy consciente de la respuesta clásica, y acertada en parte, según la cual una cosa es la presunción de inocencia judicial y otra bien distinta es la percepción social (en ocasiones influida por los medios) de esa inocencia o culpabilidad. Hasta ahí no hay problema. Pero lo discutible no es esa diferenciación (obvia en lo jurídico y lo sociológico), sino si el hecho de que yo tenga la convicción de que alguien es culpable de algo me da derecho a injuriarlo y calumniarlo públicamente. Mi opinión, insisto, es negativa. Pero negativa e igualitaria. Es decir, que pienso que no existe ese derecho ni contra la Infanta ni contra otros imputados (o sus familiares) desconocidos (y por lo general de clases bajas) cuando entran al juzgado por casos como el de Marta del Castillo o la niña Mari Luz… Sin embargo en estos casos nadie reclama por ellos, porque son ciudadanos de segunda. Y es que parece que el Ministro de Justicia, Esperanza Aguirre o el portavoz de Zarzuela solo caen en la cuenta de que la Justicia es un martirio y dramáticamente lenta (lo es para todos), o que la LECrim no impone la pena de paseíllo (a nadie, ni al más desgraciado de los ciudadanos), cuando extrañamente toca a los de su clase. Solo entonces, cuando las imperfectas leyes generales y las imperfectas políticas públicas afectan a “los suyos”, estos “servidores públicos”, reclaman y teorizan, tratando de superar con privilegiados tratos de favor la igualdad ante las normas… No puede ser. Así las cosas, mientras estos problemas no se resuelvan para todos, no cabe resolverlos ad hoc, para una sola persona, por Infanta que sea.

En tercer lugar tenemos el argumento de la imagen de la monarquía, que en el fondo es un argumento de razón de Estado: no debe dañarse a la Corona, si ésta cae, España como nación, como Estado, está en peligro. O la Corona o el precipicio. Pero toda defensa de la razón de Estado es un canto al trato desigual en casos iguales y, habitualmente, protege más los intereses establecidos (cierto orden establecido que beneficia a algunos) que el interés general (el orden público que es la ley igual para todos). En mi opinión, toda monarquía lleva en su ADN el credo de la desigualdad y el escepticismo hacia la democracia, y por eso es, desde la teoría, rechazable como forma de gobierno. Llegados a la práctica, una monarquía que no puede soportar la imputación de un miembro de la familia real sin retorcer el Estado constitucional merece ser desterrada inmediatamente del contrato social. Eso es lo que está sucediendo con el Caso Noos. De hecho, los comportamientos de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial, de la Agencia Tributaria, los inspectores de Hacienda, hasta de RTVE…  todos parecen estar dirigidos a contradecir las palabras del discurso de Navidad de Juan Carlos I: “la ley es igual para todos”. A la vista está que no es así.

En último término, el tema de la rampa y el paseíllo de la Infanta no es más que una anécdota, muy reveladora, de la idea de igualdad (y hablamos de la igualdad formal, la liberal, ni siquiera de la igualdad material, la socialista) que han defendido en el pasado y defiende en la actualidad, no solo la Casa Real, sino otros organismos, estamentos, poderes y castas, bien conocidos. Una igualdad simulada. Vivimos un momento histórico en el que está teniendo lugar el pulso (desigual) entre quienes tratan de desterrar no solo la igualdad como igualdad de oportunidades sino también la mera igualdad ante la ley, y entre quienes defienden que no habrá Estado democrático ni ciudadanos libres si no se recuperan ambas.

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