¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

La homofobia del cardenal

Fernando Flores

Creo que la homofobia de la Iglesia hacia los homosexuales es una estupidez, una falta de respeto y daña a la sociedad, pero también pienso que no es, en sí misma, un delito.

Hago esta reflexión al leer la noticia de que “La Fiscalía abre por primera vez diligencias contra un cardenal por homofobia”, tras la petición presentada por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS), después de que el pasado día 23 de enero el cardenal monseñor D. Fernando Sebastián Aguilar declarase a un medio local que la homosexualidad “es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento”.

En opinión de COLEGAS, la expresión del cardenal “atenta contra la legislación española que protege como derecho fundamental la dignidad y la no discriminación en el artículo 18 y 14 de nuestra Constitución, y constituye una clara incitación al odio y a la discriminación, comportamientos penados en el vigente Código Penal en su artículo 510”. Por eso han celebrado la apertura de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y han reiterado que “no se debe menospreciar y menos dejar impunes los numerosos hechos de homofobia y transfobia que sufre nuestro colectivo y animamos a denunciar cualquier tipo de ataque, o situación discriminatoria”.

cardenal sebastián

Pienso que COLEGAS tiene razón de sobra para estar molesto con Sebastián, y hace bien en recriminarle por sus palabras, pero creo que las declaraciones de éste no son delito.

Me detengo a comentar este caso, en que mi simpatía y mi razonamiento están con los que por esta vez no estoy de acuerdo, para tratar de explicar con honestidad la inquietud que me asalta al comprobar el creciente recurso a los tribunales para perseguir opiniones que, a mi entender, por muy rechazables que sean, forman parte de la libertad de expresión a la que da cobertura nuestra Constitución.

No me voy a detener en el acierto (o no) que supone demandar en vía judicial las declaraciones del cardenal. Sólo apunto que, aunque es verdad que esa vía da más opciones a la mediática (y se trata de dar a conocer la indignación legítima contra sus palabras), no estoy seguro de que el mensaje que traslada (el reproche penal como reacción ante opiniones lamentables) sea el acertado.

Porque creo que, en el caso del cardenal, resulta muy claro que no estamos ante una opinión que “incite” a la discriminación, y menos aún al odio. Si aceptara esto, entonces tendría que aceptar que algunas críticas u opiniones respecto de la Iglesia u otras religiones –críticas y opiniones con las que estoy muy de acuerdo– incitan también a la discriminación o al odio a los creyentes. (Un argumento, por cierto -el de que se la persigue porque se la critica-, que la Iglesia suele utilizar de forma victimista en cuanto se le recriminan opiniones reaccionarias como las del cardenal). Estas opiniones son lamentables, pero a mi modo de ver, no vulneran (jurídicamente) los derechos de los homosexuales.

El ejercicio de la libertad de expresión molesta, a veces mucho. Pero no es solo el grado de molestia en quien es criticado o sobre quien se opina (el aspecto subjetivo) lo que determina si ese ejercicio es ilegal. Si fuera así, mi admirado Leo Bassi no saldría de la cárcel. La injuria, el menosprecio, y la voluntad de discriminación o incitación al odio de quien se expresa debe estar clara.

Por otra parte, si por más ateo que yo sea, acepto la existencia de las confesiones como un derecho que se deduce de la libertad religiosa, entonces tengo que aceptar a la Iglesia con sus curas (y a los imanes y a los rabinos) y sus consecuencias. Con la Iglesia católica irremediablemente aparece su idea de que la sexualidad tiene un solo fin, que es el reproductivo, y en consecuencia la idea de que la sexualidad no dirigida a tal fin es una sexualidad deficiente. Que es justo lo que ha dicho el cardenal Sebastián. A mi me parece una idea aberrante, que merece un duro reproche social, pero no puedo aceptar la libertad religiosa y obligar jurídicamente a los creyentes a pensar como yo, u obligarlos a callar si no coinciden conmigo. Puedo tratar de convencerlos para que cambien de opinión, pero entretanto… La libertad de expresión es esto también.

Obviamente, todos los derechos tienen límites, y también la libertad de expresión, por muy amparada que esté en las creencias profundas de cada uno. Pero ese límite es, necesariamente, restrictivo. En una sociedad democrática deben conocerse públicamente las opiniones de los demás que nos disgustan. Para contradecirlas, para recriminarlas, para tratar de cambiarlas con el ejercicio de la dialéctica, para mostrar la bajeza moral de quienes las profieren, para mofarse de ellas… utilizando esa misma libertad de expresión.

El pleno de la Eurocámara ha reclamado este martes a la Unión Europea una ‘hoja de ruta’ para proteger los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En ella se abordan áreas como el empleo, la educación, la sanidad, el acceso a bienes y servicios, la familia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la incitación al odio, el asilo y la política exterior. Creo que ese es el camino, reclamar una política integral para luchar contra la homofobia en todos los frentes, utilizando la ley y la justicia de forma sensata y proporcionada.

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