¿Sin masas y sin “demos”?

Pepe Reig Cruañes

Decía El Roto que España está sirviendo de laboratorio y los españoles de “cobayas” de un “experimento a gran escala”. Hablando con toda propiedad puede decirse que estamos ante una alevosa expropiación de la población a manos de los gobiernos, con el objetivo confeso de devolver a los bancos (españoles y, sobre todo alemanes) el dinero que arriesgaron en operaciones de inversión que no pasarían la prueba de un contable de tercera. Ante este meridiano ejemplo de la vieja y denostada lucha de las clases por la titularidad del producto social, una pregunta recorre Europa … bueno, no la recorre pero debería hacerlo: ¿dónde diablos están las masas indignadas?

Sí, ya sé que no estamos en los años treinta, ni siquiera en los felices sesenta. Ahora las cosas son de otro modo y se pueden presentar una docena de explicaciones a esta ausencia de reacción. Las redes familiares de solidaridad, propias del mundo latino. La reserva de protección social que, aún a punto de agotarse, sirve de muro de contención. La doctrina del Shock, que nos explicó agudamente Naomi Klein, y que ha logrado paralizar a la gente de miedo. Aquello que Hanna Arendt llamaría la “desesperación organizada” que había servido de base a los regímenes totalitarios. El hecho contraintuitivo de que la gente se rebela cuando está mal, pero deja de hacerlo cuando está absolutamente mal. En fin, la generosidad cuasi infinita de las masas que prefieren siempre creer en la promesa de salvación colectiva con que las elites las adormecen día a día, antes que asumir el riesgo de tomar las riendas.

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Una combinación de todo ello, más la falta de arrojo de la izquierda política, puede estar inhibiendo la socialización de la indignación, es decir, la extensión incremental de la protesta e impidiendo que se desborde en acciones de masas que parecen las únicas capaces de inducir un cambio de rumbo en la elite del poder o propiciar aquello de que “el miedo cambie de bando”. La participación en las huelgas y manifestaciones ha ido subiendo y bajando desde la explosión del 15-M y también la sensación de hartazón de la gente, pero ¿dónde está aquella ola de indignación contra el gobierno que nos metía en la guerra de Irak allá por 2003? Aquellas protestas casi no había que convocarlas, millones de personas salían simultáneamente en manifestación en todas las ciudades, o hacían caceroladas y colgaban pancartas de sus balcones. Había un estado de efervescencia que el propio Tony Blair retrató certeramente al decirle a Aznar que el porcentaje de gente que apoyaba la aventura bélica era igual que el que creía que Elvis estaba vivo. ¿Dónde están aquellas mayorías ahora, cuando se ataca no ya la fibra ética del pacifismo popular, sino algo mucho más cercano al “interés” inmediato como es el empleo o el derecho a la salud y la educación?

La conversión de las masas en sujeto histórico es un “tema” del siglo XX, pero ha sufrido varias circunvoluciones desde que la archicitada Rebelión de las masas (Ortega, 1929), expresara el miedo a la extensión de la democracia fuera del ámbito político (liberal) para invadir el todo social. Tres décadas después de Ortega, Elías Canetti (Masa y Poder, 1960) se percataba de que la irrupción de los modernos medios de comunicación masivos había acabado con la capacidad de tumulto o asamblea física de las masas, que ya sólo se reunían virtualmente en torno a símbolos mediáticos, modas y personajes famosos. Estas masas que ya no se reúnen han perdido la “conciencia de su potencia política” (Sloterdijk, 2002). Si esto sucede en la era de la comunicación de masas ¿qué no ocurrirá en la de las redes sociales, cuando los símbolos y modos en torno a los que podrían reunirse las masas se han multiplicado al mismo ritmo que se fraccionaba hasta el infinito su antigua atracción universal?

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Hay un ejemplo en nuestra experiencia reciente como país que puede ilustrar esa relación entre los medios, los individuos y las masas. Durante las marchas convocadas por el Gobierno de Aznar en protesta contra los atentados de aquel nefasto 11 de marzo, que congregaron a millones de ciudadanos de forma simultánea en todas las ciudades, se produjo un fenómeno que puede haber pasado desapercibido para muchos: la llegada de noticias por medios extranjeros y nacionales que confirmaban la autoría islamista del atentado, produjo multitud de cambios cognitivos individuales “durante” el transcurso de esas manifestaciones, lo que unido a la visibilidad que adquirían las protestas aisladas de grupos reducidos contra la manipulación informativa del gobierno, acabó generando una difusa sensación de incomodidad e impaciencia que tendría su traducción en el castigo electoral de 48 horas después. El caso (Vid. Multitudes on line. Sampedro, 2005) ilustra bien la velocidad y la intensidad con que cambios en el nivel “micro” se traducen en tormentas “macro”, pero también es un ejemplo del cruce de las realidades físicas con las virtuales que constituye el nuevo espacio público.

Se ha hablado mucho de cómo Facebook o Twitter cambian las relaciones personales al facilitar contactos evitando los inconvenientes del roce físico o facilitando una gestión diferente de las identidades sociales. Lo que no se ha tratado tanto es la forma en que esas redes sociales modifican la relación del individuo con el colectivo social y, en primer lugar, cómo esto altera la composición y la conducta de los individuos en situaciones de masa y de las propias masas congregadas. Las informaciones y opiniones críticas con la gestión de la crisis se difunden rápidamente y proliferan en el sistema viral de las redes sociales, pero con la misma frecuencia empiezan a surgir voces denunciando un posible fenómeno de sustitución, en virtud del cual la gente acaba desgañitándose en las redes, dando así por cumplido su deber de intervención en el espacio público, en vez de acudir a las convocatorias y acciones “reales” que son las únicas que tienen posibilidad de influir en el orden político.

¿Es entonces el sino de nuestras sociedades posmodernas la desaparición del tumulto y la reunión de masas? Las masas siempre se han considerado reactivas, salvo por una parte del marxismo que entendió que mediante adecuadas organizaciones de masas, éstas podían ser programadas para la acción. Una acción, por supuesto, pensada y dirigida por una minoría consciente.

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Algo muy diferente de esto es el “demos” de la democracia, o eso que damos en llamar “ciudadanía”, que solo puede ser creado mediante un complejo sistema de derechos y libertades: opinión, expresión, reunión, manifestación, participación, delegación, elección, etc. Un sistema de libertades que le permite conquistar algunas mínimas “igualdades”, vamos a llamarlo así, o derechos sociales de los que incluimos en el estado del bienestar. Es decir, esa otra clase de derechos que tienden a paliar algunas de las inseguridades intrínsecas de la vida humana, como una cierta protección ante la enfermedad, una cierta igualdad de oportunidades ante el ascenso social, alguna estabilidad laboral, el acceso a la cultura, seguridad jurídica, etc.. En tal escenario de libertades y de  potenciales “igualdades”, los procesos de formación de la voluntad popular se superponen y hasta sustituyen a la reactividad de las masas. Esos procesos deberían parecerse cada vez más al ideal “dialógico” habermasiano de la democracia deliberativa, con sus condiciones de comunicación, participación y negociación de intereses en busca del bien común.

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Pero ¿qué ocurre cuando a ese “demos” se le retiran, por decreto, derechos de los que es titular? ¿Qué ocurre cuando en lugar de ayudar a los ciudadanos particulares a saldar su deuda con los bancos, se opta por ayudar con dinero público a éstos manteniendo la deuda de los particulares y expulsándolos de sus viviendas cuando llega el caso? ¿qué ocurre cuando se hace una reforma laboral pensada para desequilibrar la capacidad negociadora a favor del capital? ¿o cuando se invierten deliberadamente los efectos igualadores del sistema de enseñanza, favoreciendo una nueva elitización? ¿Qué ocurre cuando se expulsa a casi un millón de ciudadanos del sistema de salud y se deteriora deliberadamente la atención sanitaria para favorecer la privatización y el negocio? ¿Qué pasa con el “demos” cuando se propone dificultar la protesta cívica volviendo a un esquema de orden público más propio del franquismo, que multa, prohíbe y castiga? ¿Qué ocurre cuando se empuja a las mujeres a abandonar los espacios conquistados trabajosamente durante décadas y se le vuelve a pedir sumisión y silencio? ¿O cuando se reorganiza el negocio de la cultura para que deje de ser un empeño común y se convierta en el adorno particular de unos cuantos? ¿Qué ocurre, en definitiva, cuando se expropian derechos mientras se empobrece al famoso “demos” de la democracia? ¿No debería entonces “pasar algo”?

¿Cuál es el umbral de derechos que una ciudadanía viva puede perder sin estallar en una insurrección cívica? Esa es la verdadera naturaleza del experimento de ingeniería social a que aludía sabiamente El Roto, y la respuesta, hoy por hoy, parece ser que podemos llegar muy, pero muy abajo sin que tiemble la tierra.

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Derechos de la militancia y la ciudadanía en los partidos

Por Pepe Reig Cruañes

El derecho de los militantes de un partido a la democracia interna tiene un correlato externo que es el derecho de los ciudadanos a que los partidos sean transparentes. El déficit de ambos derechos en todos los partidos es una de las causas de su actual declive y constituye una de las principales paradojas de nuestra democracia: siendo el principal vehículo de participación de la ciudadanía, resultan en su interior escasamente democráticos y participativos.

Aunque el mandato constitucional (art. 6 C.E.) de que los partidos se rijan democráticamente sea universal, su incumplimiento resulta mucho más dañino para la izquierda, porque esa carencia es, precisamente, el mecanismo por el que se produce la desconexión respecto de la ciudadanía. Esa desconexión no es más que la contraparte interna de la tan traída “desafección ciudadana” y no consiste sólo en la sangría de votos, sino en una especie de pérdida de inspiración o acierto político, que resulta mucho más grave. Aquí hay algo más que la Ley de Hierro de Michels. Algo más y algo peor.

Viene siendo un lugar común en nuestro país referirse a la crisis del sistema de partidos y el agotamiento del marco institucional de los últimos 35 años. Quizá no sea tan aceptada, sin embargo, la necesidad de una refundación o, al menos, profunda revisión de sus fundamentos. Uno de los elementos a revisar es esa “desafección”: la reflejan las encuestas y la declinante  curva de apoyos electorales de las dos grandes formaciones de nuestro sistema político. En un plano simbólico, el éxito del “no nos representan” muestra también la pérdida del papel intermediador y de articulación de intereses. Un proceso que debilita la función constitucional de los partidos y nos acerca a un escenario propicio a toda suerte de populismos y “liderazgos sin intermediación”, de difícil encaje en la democracia participativa.

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Es cierto que la naturaleza clasista y expropiadora de las políticas conservadoras frente a la crisis ha podido exacerbar aquella crisis institucional, pero la que se refiere a los partidos y su representatividad venía fraguándose mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Tras los grandes pactos sociales del Estado del Bienestar, había partidos de masas que traducían intereses de clase ampliados. Cuando Thatcher y Reagan comienzan a socavar aquellos pactos, entró en crisis la capacidad de esos partidos para colmar, como diría Gambino, “las complejas, y muy frecuentemente conflictivas, expectativas del cuerpo social”. Esta incapacidad se vuelve dramática cuando la globalización de los noventa desnacionaliza los centros de poder económico, es decir, los aleja aún más de las sedes de la soberanía y la representación políticas. Para cuando estalla la actual crisis queda ya muy poco de aquella privilegiada relación del partido y sus electores.

Estamos, por tanto, ante una crisis de representación y de intermediación que afecta a partidos, que ya no monopolizan el diálogo con ninguna clase social en particular y que se ven obligados a gesticular ante una compleja, plural y a menudo inaprehensible “ciudadanía de baja intensidad”.

Los partidos, pues, y no sólo el bipartidismo, están en crisis. Si han de seguir cumpliendo las importantes funciones que la Carta Magna les asigna (expresión del pluralismo, formación de la voluntad popular e instrumentos de participación) no podrán hacerlo sin cumplir también el otro mandato del artículo 6 de la Constitución: la democracia interna. Entidades con tales funciones públicas no pueden regirse bajo el derecho privado, sino que han de admitir alguna forma de vigilancia pública sobre lo que ocurre en su interior. El debate sobre la tutela judicial de los derechos del militante ya era estrecho cuando la Ley 21/1976, de Asociaciones Políticas, seguía siéndolo cuando la también preconstitucional Ley 54/1978 de Partidos Políticos y también con la 6/2002. Es preciso ampliarlo en una perspectiva nueva que conecte políticamente los derechos del militante y los del votante, es decir, los derechos del ciudadano respecto a los partidos.

Derechos de la militancia

Como en cualquier cuerpo social, la democratización en el interior de los partidos pasa por el “empoderamiento” de las bases militantes frente a las direcciones y, sobre todo, los aparatos. La evolución desde el partido-clase, pasando por el partido-masas hasta el partido-ciudadanía, se ha verificado en medio de un universal secuestro de la organización por los aparatos. Éstos tienden a conformar una militancia a su medida, promocionando al apparatchik en detrimento del militante con orientación social, lo que acaba por acentuar la desconexión respecto a la base social. Si ello asegurara la elección de los más capaces, hablaríamos de oligarquización eficiente, pero es un hecho que el proceso se acompaña de una fuga de cerebros y un mecanismo de “selección adversa”, por el que los más capaces no están disponibles y sólo lo están los que aún no se han ido. La democracia interna, pues, no es una cuestión de método, sino de identidad política.

Pero ¿qué significa hoy, más allá de la tutela judicial del militante, la democracia interna?

– En primer lugar, si de acuerdo con el mandato constitucional los partidos han de expresar el pluralismo, no hay más remedio que regular ese pluralismo en el plano interno, y eso exige el reconocimiento de corrientes de opinión y de unas reglas de juego presididas por la equidad y la libertad de expresión, para asegurar un debate maduro entre opciones plurales dentro del marco del ideario propio.

– En segundo lugar la búsqueda de mecanismos representativos de selección del personal político, debe evitar el “secuestro de los aparatos”. Es sabido que cuanto más orgánica, es decir, delegada, sea una elección, más fácilmente será controlada por el aparato funcionarial del partido, y más probablemente se verá cortocircuitada la conexión primordial entre el partido y sus bases sociales. La elección directa por las bases de los principales dirigentes sería un mecanismo adecuado para reducir el control de los aparatos sobre la selección de dirigentes y posibilitar la renovación de las elites.

-La ampliación del círculo de quienes participan en decisiones clave. Cuanto más importante y estratégica es una opción política, más se reduce el círculo de quienes participan de su toma en consideración. ¿Cuántos militantes toman parte efectiva en las decisiones o siquiera en las deliberaciones previas en un partido cuya militancia ha sido convenientemente “desactivada”? Mecanismos de consulta a las bases y consulta vinculante son obligados para dar peso a la militancia.

– Lo que los anglosajones llaman accountability es otro de los puntos débiles en la democracia intrapartidaria. Ninguna asociación de derecho privado que se precie consentiría los bajos niveles de rendición de cuentas que direcciones y aparatos tienen en los partidos. La rendición periódica de cuentas, y no sólo al salir de un mandato, debería ser una práctica establecida y una de las funciones principales de las agrupaciones de base.

Derechos de los votantes y ciudadanos

El tipo de ciudadanía de esta nueva sociedad líquida, plagada de identidades complejas y cruzada por redes de información, incluso aunque siga siendo, o lo sea aún más, una “ciudadanía de baja intensidad”, no tolera bien la oscuridad y el secretismo receloso con que se han conducido siempre las organizaciones. Pasaron los tiempos del centralismo democrático, la jerarquía y el paternalismo organizativo. Si los militantes tienen derecho a la democracia interna, los simpatizantes, los votantes, los ciudadanos tienen derecho a la transparencia, es decir, a ver desde fuera lo que ocurre dentro de los partidos.

Lo que ocurre a la hora de seleccionar el personal político, lo que ocurre a la hora de decidir una política, lo que ocurre al negociar la aplicación de un programa que se había hecho público y, por tanto, comprometía a la organización.

-En el primer sentido, el de la transparencia en la determinación de los liderazgos, debería irse hacia alguna forma de listas abiertas, pero sin duda, el mecanismo por antonomasia son las elecciones primarias. En España se han intentado poco y no siempre con fortuna, pero sobre todo nunca se intentó el procedimiento abierto, es decir, con participación de militantes, simpatizantes y todo aquel/la ciudadano que lo desee, previa adhesión a una genérica declaración de principios. Este sistema es el único que produce efectos en la dinámica intra/extra y permite involucrar a segmentos extensos de la ciudadanía, lo que sigue siendo un objetivo deseable.

-El segundo sentido de transparencia se refiere a las decisiones políticas en torno a los grandes asuntos de la agenda nacional. Transparencia aquí sólo puede significar que en esos grandes temas las posiciones de las distintas tendencias dentro del partido deben poder ser explicitadas en un proceso de debate público. Ello puede requerir la existencia de adecuadas plataformas de comunicación que dialoguen entre sí para formar la voluntad común de la organización. Aquí hay un cambio de cultura política más allá del propio partido, ya que ha de enfrentarse a la inclinación de los medios a presentar cualquier debate como un desgarro interno que los votantes sabrán castigar.

-El tercer aspecto nos lleva a una delicada cuestión, la de la lealtad de los partidos respecto a su propio ideario fundacional y respecto del programa con que se presentan Por ante la ciudadanía, como una forma de transparencia para los ciudadanos que observan.

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La teoría del programa como contrato, o incluso la firma de algún compromiso ante notario, no ha servido para evitar los incumplimientos clamorosos y el casi cínico “los programas están para saltárselos”, y ello ha exacerbado la desafección pública hacia el sistema.

Cuando en mayo 2010 el presidente Zapatero fue inducido a imprimir un drástico giro a su política frente a la crisis, hubo voces que reclamaron dimisión y elecciones, antes que traicionar el programa con que había sido elegido. En el caso de Rajoy se apuntaba al mismo incumplimiento, aunque desde otro ángulo, ya que en este caso no se trataba de una crisis sobrevenida, sino de la existencia de un programa oculto. El asunto requiere, en cualquier caso, una revisión y no estaría de más solemnizar los compromisos mediante algún tipo de protocolo que el público pudiera chequear.

La apuesta por un proceso abierto y ciudadano de elecciones primarias en los partidos de la izquierda española y, especialmente, en el que aún es el mayor de ellos, el PSOE, podría constituir la opción estratégica capaz de hacer converger aquellos dos difíciles desiderata, la democracia interna y la transparencia externa, que hoy parecen condición sine qua non de un renacimiento del poder cívico de los partidos políticos.