LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROPAGANDA ELECTORAL EXTREMISTA (Al hilo de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional Federal alemán)

Joaquín Urías

Durante la campaña electoral de las recientes elecciones europeas el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha dictado una sentencia (Sentencia del BVfG 43/19, de 15 de mayo de 2019) que ha pasado desapercibida fuera de aquel país pero que resulta altamente instructiva en la discusión acerca de los límites del discurso político. En esencia, el tema surgió cuando la cadena pública televisiva RRD se negó a difundir los espacios del partido neo-fascista NPD (Partido Nacional de Alemania). Se trataba de un spot para las elecciones europeas en el que se decía, entre otras cosas, que los alemanes eran “víctimas, casi a diario” a causa de la “masiva inmigración descontrolada” producto de una “apertura arbitraria de las fronteras” y se llamaba a la creación de zonas seguras para los europeos. Ante el recurso de la formación política, varios tribunales de instancia consideraron que el anuncio constituía discurso de odio y suponía una amenaza para todos, de modo que ratificaron la decisión de no emitirlo.

En su decisión, el Tribunal Constitucional Federal comienza recordando que el principio de igualdad de armas a todos los partidos políticos implica que las cadenas televisivas sólo puedan rechazar sus anuncios electorales cuando supongan una violación evidente de las normas de derecho penal. La idea es que todos los partidos han de tener el mismo derecho a emitir su propaganda política para ofrecerse como opción electoral. Por lo que hace al límite de que el spot constituya un delito, el artículo 130 del código penal alemán castiga el discurso que insulta a parte de la población, difamándola intencionadamente y atacando con ello a la dignidad humana. El factor decisivo es que se niegue la dignidad como persona de parte de la población. Así que si un anuncio televisivo lo hace de manera evidente, puede ser rechazado por los medios que deben emitirlo.

En el caso, sin embargo, el Tribunal entiende que las alusiones a la inmigración masiva como amenaza para los alemanes no suponen una negación de su dignidad. Para ello insiste en que el examen de estos mensajes publicitarios solo puede hacerse a partir del contenido mismo de cada anuncio sin que quepa, como hicieron los tribunales inferiores, utilizar el programa electoral del partido para deducir de él un significado adicional. O sea, que si el spot en sí mismo no ataca a la dignidad de los inmigrantes debe emitirse aunque del programa electoral del partido sí se deduzca ese daño a la dignidad. El sentido de esta interpretación restrictiva parte de la lógica de atribuir la máxima protección a los mensajes electorales, reservando cualquier limitación a los mismos para casos muy evidentes de daño a terceros. Al excluir que se acuda al contexto externo al anuncio electoral se pretende evitar que el análisis sobre la licitud de la propaganda se construya sobre prejuicios ideológicos, juzgando los planteamientos generales de la formación política. Tiene sentido porque, además, un juicio ideológico de esa entidad sólo resulta posible desde la asunción de los valores propios de quien lo hace mediante la adscripción a un sistema concreto. Incluso aunque ese sistema fuera el previsto en la Constitución, las especialidades del momento electoral hacen que no pueda utilizarse para impedir hacer llegar a la ciudadanía las opciones de las fuerzas que concurren pidiendo el voto.

Se trata de una decisión interesante que, en cierto modo,  desmonta muchos de los tópicos que se repiten en artículos de prensa y científicos sobre los límites a la libertad de expresión en un sistema de democracia militante y su comparación con el sistema español que sería -se dice- mucho más abierto.

La decisión alemana contrasta especialmente con la que en el año 1999 adoptó el Tribunal Constitucional español a propósito de la Mesa Nacional de HB. En aquella ocasión una formación política había enviado para su difusión por la televisión pública como espacio electoral gratuito un video en el que tras indicar que cedían la palabra a quienes realmente querían la paz en el País Vasco reproducían mensajes de la organización terrorista ETA. Como consecuencia de ello todos los miembros de la directiva del partido político (la mesa nacional de Herri Batasuna) fue encarcelada y condenada por un delito de colaboración con banda armada. El Tribunal Constitucional entendió en primer lugar que los condenados no se desmarcaron suficientemente del mensaje emitido, subscribiéndolo y asumiéndolo como propio. En cuanto al contenido mismo de éste, consideró que se trataba de un mensaje amenazante. Para el Tribunal, los mensajes electorales deben gozar de un margen especial de libertad y en ellos es frecuente que se amenace a la ciudadanía con calamidades en el futuro. Sin embargo, cuando la amenaza es tan grave que puede afectar a la libertad del voto, los discursos dejan de tener protección constitucional “aun sin hallarse incursos en alguno de los tipos penales de amenazas o coacciones”. En el caso concreto, el Alto Tribunal entendió que los videos y cintas en cuestión transmiten la idea de que de no otorgarse el voto a la entidad política en cuestión la violencia terrorista continuará.

Más recientemente, fue nuestra infausta Junta Electoral Central (uno de esas agencias con competencias administrativas y tendencia ilimitada a ocupar espacios reservados al legislador o los jueces) la que se permitió vetar anuncios electorales por estar en desacuerdo con su contenido. Se trata del caso de unos anuncios televisivos elaborados en 2014 por la formación animalista PACMA en las que se incluía una imágen del Rey. En el acuerdo 127/2014, de 12 de mayo, la Junta Electoral Central considera que la utilización de un fotograma en el que aparecía el monarca se opone a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la LOREG, que impide que las candidaturas puedan presentarse con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España, o con denominaciones o símbolos que hagan referencia a la Corona. Lo cierto es que la prohibición legal de que se usen signos genéricos del Estado para identificar a cualquier formación política responde a un interés público evidente de evitar la patrimonialización de los mismos y sólo afecta al derecho a elegir libremente la denominación y los símbolos de una formación electoral. Su asimilación al uso crítico de la figura del Rey como límite a la libertad de expresión carece de toda cobertura constitucional. De la manera en que la usa el junta Electoral se convierte en una traba impuesta no ya a la manera en que se identifica una formación sino al contenido mismo de sus reivindicaciones. Se limita el derecho de crítica política que constituye la esencia de la libertad de expresión y se prohíbe que ningún anuncio electoral utilice la imagen del Rey para criticar su actuación.

Ahora, la sentencia alemana que comentamos pone de manifiesto que en nuestro país se está implantando un modelo de intervención estatal sobre los mensajes políticos electorales mucho más intenso que el habitual en el resto de la Unión Europea. En los países de nuestro entorno, la importancia de la comunicación pública en período electoral aconseja que la ciudadanía pueda oír todo tipo de mensajes políticos para decidir con cuál se identifica más. Aquí, en cambio, ese modelo amplio de democracia parece no haber calado. Nuestro Tribunal Constitucional permite la prohibición de mensajes que carecen de reproche penal si un juez entiende que pueden implicar una amenaza implícita. El modo en que se aplica es una pura valoración ideológica: el propio tribunal español decidió que implícitamente se decía que, de no votar a un partido, no cesaría la violencia terrorista. Olvidaba que también cabía presentar el mensaje en términos propositivos, si se vota se puede acabar con la violencia, diluyendo todo contenido coactivo. La Junta Electoral va más allá y prohíbe mensajes críticos con la monarquía.

Aunque insistamos en atacar el modelo alemán de libertad de expresión por reprimir las ideas contrarias a la Constitución y saquemos pecho por nuestro permisivo sistema de libre expresión insistiendo en que no somos una democracia militante, la realidad judicial cada vez es más clara en el sentido de que nuestros órganos jurisdiccionales se encuentran entre los más restrictivos d ela liberatd de expresión. Incluso en lo que hace a los mensajes electorales.

La democracia interna de los partidos: entre el vicio y la virtud

Fernando Flores

Hace unos años una militante asturiana del Partido Socialista, escandalizada por una discutible decisión de la ejecutiva regional del Partido (la suspensión de un proceso de primarias para elegir el candidato a alcade de Oviedo), escribió una carta al periódico La Nueva España, en la que se despachaba a gusto contra los miembros del órgano directivo. En esa carta pública calificaba la decisión de “arbitraria, torpe y burda”, de “espectáculo bochornoso y lamentable”, y tachaba a los compañeros que la habían adoptado de ser “mangantes, garrapatas”, y de “tener la lengua marrón”. Entre otras cosas.

La carta le costó a la articulista una sanción de 20 meses de suspensión temporal de militancia. Ella recurrió primero a los tribunales ordinarios, y más tarde en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Éste, diez años después de aquella publicación, ha entendido que la sanción del partido no ha vulnerado su libertad de expresión. Sigue leyendo

Democracia interna, derecho de participación y resultados electorales

Fernando Flores

De Santa Bárbara nos acordamos cuando truena y de la democracia interna de los partidos cuando llegan las elecciones y se elaboran las listas electorales. Casi siempre demasiado tarde, casi siempre categóricamente. Siempre desde el cálculo político, nunca desde lo que de exigencia constitucional (jurídica, exigible) tiene.

Leyendo los documentos que han girado alrededor de la defenestración de Tomás Gómez y su equipo (la Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, el Recurso de Tomás Gómez ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, los Estatutos del PSOE, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva…), uno se pregunta cómo tanta gente tiene tan claras las cosas que han pasado, y tan claro lo que ha estado bien y ha estado mal en la decisión de unos y en el comportamiento de otros. La realidad es que el peso de esos criterios viene dado en buena medida por la simpatía o antipatía hacia el verdugo o el ejecutado, o, si por ninguno, por la evaluación de los pros y contras resultantes de una decisión tan radical. Es comprensible. Pocos ámbitos como el de la vida interna de los partidos para experimentar el verdadero significado de palabras como sectarismo, ambigüedad y escurridizo.

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Aún así, en esa decisión se ha aplicado el Derecho, se han ejercido derechos fundamentales (el derecho de autoorganización como ejercicio del derecho de asociación, por parte de la CEF), y se ha afectado gravemente a derechos fundamentales (al menos el derecho de participación política de los militantes suspendidos de sus cargos). Así que, además de valorar el acierto o desacierto político de la medida, resulta conveniente preguntarse si ésta ha respetado la exigencia constitucional de funcionamiento democrático del partido y de respeto de los derechos de los militantes. Una pregunta que, como va a verse, no tiene una respuesta fácil. Sigue leyendo

Sobre la democracia interna de los (partidos) modernos

Fernando Flores

Las sorprendentes declaraciones del eurodiputado de UPyD, Sosa Wagner, quien en un artículo de opinión ha acusado de autoritarismo y personalismo a la dirección de su partido, y la constatación por parte de Podemos de que algunos de sus Círculos están siendo creados u ocupados por personas ajenas a la ideología o los principios de la organización, trae de nuevo el debate sobre el alcance que se puede esperar de la exigencia constitucional de democracia interna en los partidos políticos. Pero esta vez con la novedad de que estamos ante dos formaciones que han coincidido (con siete años de diferencia) en presentarse al electorado como algo “diferente” a los partidos clásicos, y que, en teoría, conocen y practican una forma alternativa de relación entre los dirigentes y el demos (comprenda éste a militantes, afiliados, simpatizantes o votantes) vinculado a su organización.

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En primer lugar creo que merece la pena perder un momento para reivindicar la manifestación del derecho de asociación que es el partido político, como idea y como instrumento fundamental –imprescindible, en absoluto el único pero sí imprescindible– de las maltrechas democracias representativas, que lo son hasta el día de hoy y lo van a ser por algunos años más.

La teoría general sobre partidos nos explica que sus funciones básicas son la de recoger, filtrar y agregar las demandas sociales, la estructuración del voto, el denominado reclutamiento de las elites y del personal político, y la toma de decisiones y la formación de políticas públicas. Los partidos representan a la sociedad en el Estado, o en organizaciones mayores como la UE, y tratan de llegar al gobierno para realizar las demandas sociales que representan. Creo que ninguna de estas funciones es ajena ni a Podemos ni a UPyD, y por eso entiendo que las declaraciones de sus dirigentes tratando de alejar de su organización la imagen de partido “institucional” se deben, sobre todo, a una cuestión de oportunidad política, pero que no se corresponden con la realidad.

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Así, la idea según la cual Podemos solo es un partido porque legalmente le obligan (ver su página web) carece de sentido. Aunque su denominación no fuera la de “partido político”, el grupo de personas que lo ha impulsado habría creado una organización dirigida a recoger y ordenar las demandas sociales, sería una plataforma de selección de representantes y líderes políticos y trataría de llegar al poder para realizar su programa, lo cual lo convertiría en un partido, independientemente del modo en que decidiera nombrarse. Cosa distinta (y desde luego muy importante) es la metodología que Podemos esté utilizando para relacionarse con la sociedad y ser parte de ella, para absorber y estructurar la voluntad popular, para seleccionar sus líderes y dirigentes, y para tomar decisiones políticas. Sin duda es en este campo donde se revelan las carencias más graves de los partidos conocidos, y donde Podemos subraya su singularidad (en principio, y si se atiende a sus propuestas y funcionamiento conocido –salvo alguna que otra excepción- con razón). Sin embargo, este fundamental aspecto tiene que ver con la democracia interna de la organización y su apertura a la sociedad, pero no con su naturaleza como partido.

De igual manera, que UPyD sea una organización política diferente porque no está formado por “políticos profesionales”, además de quedar desmentido por la dilatada biografía de su líder, muestra un aspecto difícil de constatar en un partido con siete años de historia. Aún así, el concepto “político profesional”, además de resultar ambiguo,  suele utilizarse de modo peyorativo, y creo que en realidad se refiere más a una forma de actuar (el primer objetivo del político profesional sería su propio interés y futuro) que a la permanencia en la arena política. Hay políticos con muchos años de intachable trabajo en su partido y en las instituciones, y otros que acaban de llegar y se comportan como auténticos “profesionales”. Por lo demás, en el contexto del que estamos hablando, Gorriarán (diputado de UPyD por Madrid y responsable de Programa y Acción Política del partido) ha descrito a Sosa Wagner como “corrupción política pura”, lo que demuestra que es mejor no caracterizar a las organizaciones políticas por elementos menores (y escurridizos), y si son partidos políticos, llamarlas partidos políticos.

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En cuanto a la democracia interna de los partidos, ésta se nutre fundamentalmente del ejercicio efectivo de los derechos de sus afiliados. El acceso a la información, la libertad de expresión, la participación en las propuestas y las deliberaciones internas, la posibilidad de ser candidato a los puestos de dirección del partido o a formar parte de las listas que éste confecciona para las elecciones a instituciones del Estado… estos son algunos de los derechos más importantes para garantizar un funcionamiento interno que habitualmente recogen los estatutos de los partidos. Otra cosa es su efectividad.

Esa efectividad viene reducida muy considerablemente por dos hechos complementarios: el primero es el contexto extremadamente competitivo en que actúan los partidos, que aconseja ofrecer al ciudadano elector una imagen de solidez y claridad de ideas (más aún en un sistema como en el español en el que hay elecciones prácticamente todos los años). El segundo es la tendencia de las organizaciones –a saber sus dirigentes– a sobrevivir a (lo que, con razón o sin ella, consideran) ataques o prácticas que pueden poner en peligro su fortaleza o hegemonía. Es por ello que el Tribunal Constitucional español ha considerado que junto a la exigencia de democracia interna en los partidos (art.6 de la Constitución), también debe reconocerse a estos un margen razonable de autoorganización y funcionamiento (derivado éste del derecho de asociación que reconoce el art. 22 CE). Como es sabido, la tensión constante que este equilibrio provoca suele ser favorable a quienes ostentan la dirección del partido y perjudica a las (normalmente minorías, aunque tengan razón) que reclaman un funcionamiento más democrático.

En cualquier caso, lo interesante ahora es comprobar cómo los partidos ‘modernos’ encaran la puesta en práctica de esa democracia interna, después de haber criticado duramente (y con razón) las prácticas autoritarias, elitistas y auto-conservadoras de las oligarquías de los partidos ‘tradicionales’.

Es cierto que la crisis de la representación, la creciente decepción democrática y las reivindicaciones de muchos colectivos sociales han propiciado que los partidos hayan interiorizado la “necesidad de abrirse”. De ahí que palabras como ‘primarias’ o ‘auditorías externas’ (la información sobre los ingresos y gastos de los partidos se ha revelado esencial para su funcionamiento democrático) empiecen a resultar habituales en sus discursos, con distinta convicción según de quién procedan. Lo que sucede es que los partidos tradicionales sienten que conocer la solución (por lo menos parte de ella) a su mala imagen no les arregla el problema, pues temen que esa apertura, si es real, los acabe convirtiendo en irrelevantes o minoritarios. No hay que olvidar que a la conflictividad interna que supone una apertura democrática, debe añadirse el aprovechamiento de la misma por los enemigos políticos (a través de los medios de comunicación afines que, no debe dejar de decirse, son mayoritariamente conservadores), y debe sumarse la dependencia de los bancos, que no suelen ser amigos de las operaciones de alto riesgo (cuando se juegan con dinero propio). En realidad estos partidos están sometidos al círculo diabólico que crea el poder en una sociedad capitalista y no participativa.

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En principio los partidos ‘modernos’ lo tienen más fácil. Primero porque la mayoría de sus militantes y simpatizantes “se lo creen”, creen en la posibilidad y necesidad de la apertura a la participación ciudadana, la transparencia y la democracia interna de sus partidos. Después, porque su recorrido temporal es menor, y no se han visto sometidos a las inclemencias de la política real (inclemencias entre las que destaca la distribución de candidaturas y, en su caso, los cargos institucionales). En su contra actúa la aparente exigencia social de un híper liderazgo (Díez, Iglesias) que se compadece mal con la pretendida horizontalidad de sus propuestas.

Sea como fuere, creo que así como UPyD ha silenciado en los últimos años sus denuncias sobre la profesionalización de la política y los partidos, el tiempo moderará el asamblearismo de Podemos y encajará las propuestas radicales de apertura y transparencia en su (enormemente difícil a la vista de los ataques que recibe) quehacer político diario. De hecho, en mi opinión es Podemos, precisamente por la radicalidad de algunos de sus planteamientos y a pesar de sus contradicciones, quien más tiene que aportar a la imprescindible evolución democratizadora de las partidos. Sin embargo, creo que sería un error (lo está siendo por parte de muchos) esperar la realización de su “programa máximo” en lo organizativo, pues la decepción puede provocar un castigo más inmerecido que la prematura subida a los altares.

En fin, Robert Michels decía en 1911 respecto del SPD alemán que si este partido no podía ser democrático internamente, ningún otro podría serlo, y en 1922 Michels acabó trabajando para Mussolini. La inteligencia, la comprensión y la empatía también deberían aplicarse al análisis de la política.

¡La democracia estadounidense a subasta!

Ana Valero

El pasado miércoles 2 de abril la Corte Suprema norteamericana ha vuelto a dar alas a la influencia del gran capital sobre la democracia estadounidense. En el controvertido caso McCutcheon et al. vs. Federal Election Commission, ha declarado que los ciudadanos no pueden ver limitado el número de candidatos al que quieren apoyar a través de sus donaciones económicas. Sin ningún eco en los medios de comunicación españoles, la decisión tiene sin embargo una gran trascendencia pues, como señaló en la propia audiencia del caso ante la Corte el abogado de la administración Obama, Donald Verrilli, con esta sentencia en Estados Unidos será difícil conjurar los riesgos de corrupción y clientelismo y el peligro de un gobierno de ricos donantes “por ellos y para ellos”.

Tras declarar inconstitucional cualquier límite que se imponga a la facultad de las empresas de destinar dinero corporativo a la financiación de las campañas electorales en el año 2010, en la histórica decisión Citizens United vs. Federal Election Commission, con McCutcheon la Corte Suprema vuelve a estirar y desvirtuar el derecho de libertad de expresión reconocido en la Primera Enmienda de la Constitución para abrir la puerta definitivamente a las grandes fortunas en la contienda electoral. Pero veamos sus pormenores y tratemos de entender el sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos.

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El binomio “dinero-política” no sólo es antiguo sino que es, quizá, tan necesario como conflictivo. Desde la aprobación en Gran Bretaña, en el año 1883, de la primera normativa de la época moderna en materia de financiación de la política, los intentos de disciplinar tal binomio han sido una constante en los distintos ordenamientos jurídicos de los sistemas democráticos. Podría decirse que la financiación de la política es instrumental para la consolidación de una democracia sostenible.

La actividad de los partidos políticos en el seno de los regímenes democráticos requiere de ingentes recursos económicos. Si a ello sumamos la necesidad de financiar las campañas electorales y las actividades conexas a las mismas, la dependencia entre política y dinero se hace más que evidente. En este contexto, resulta imprescindible la adopción de normas que regulen la financiación de unos y otras que, por un lado, mantengan intactos los valores fundamentales de la democracia -tales como el principio de igualdad, la libertad de los electores, la autonomía de los electos o la libertad de expresión de los primeros y la libertad de expresión e información de los segundos-; y que, por otro, eviten exponer el sistema democrático a fenómenos degenerativos que puedan socavar sus propios pilares -tales como el clientelismo, la corrupción o la financiación interesada de candidatos y campañas por parte de grupos de poder que traten de en incidir en el proceso de formación de la voluntad política.

Como punto de partida debe tenerse en cuenta que el estado de la legislación norteamericana en materia de campañas electorales, hasta los pronunciamientos del Tribunal Supremo en el caso Citizens y en el caso McCutcheon (en especial lo referente a su financiación, al control de los gastos y al uso de los medios de comunicación), se explica a partir de ciertos hechos especialmente clamorosos acaecidos en la historia de la política norteamericana, como el caso Watergate. Y que los sucesivos intentos de regular esta materia han encontrado como principales escollos la propia naturaleza geográfica del país y el diseño mismo de las campañas electorales estadounidenses. Baste señalar a este último respecto que, por ejemplo, la campaña electoral presidencial se desarrolla sobre un territorio y frente a una población de dimensiones continentales, lo que inevitablemente exalta los costes y hace que el contacto directo entre candidato y elector sea más bien atípico. A ello debe sumarse el hecho de que nos encontramos ante una campaña electoral que dura como mínimo un año, lo que genera, nuevamente, que los costes se incrementen exponencialmente.

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El modelo de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos tiene dos características que lo particularizan. La primera, que las normas que lo regulan se aplican principalmente a los candidatos y no a los partidos políticos a los que éstos pertenecen, y la segunda, que a pesar de que existen fuentes de financiación pública y privada, ésta última integra la primordial fuente de ingresos de los candidatos.

Los Estados Unidos fueron uno de los primeros países en adoptar una normativa reguladora de las campañas electorales en el ámbito federal. La primerísima norma en la materia se remonta a los tiempos de Theodore Roosevelt, que indujo al Congreso a adoptarla en 1907. Se trata de la llamada Tillman Act, que se han mantenido en vigor, con varias modificaciones, hasta 1966. Esta ley tenía la finalidad de limitar la influencia desproporcionada de las acumulaciones de riqueza y de los intereses particulares sobre el proceso electoral, además de tratar de desincentivar los abusos estableciendo obligaciones de transparencia. Asimismo, la experiencia norteamericana es primigenia en la adopción de normas destinadas a la limitar los gastos de los candidatos y de los partidos en las elecciones y a conseguir la limitación o la prohibición de determinadas contribuciones destinadas a las organizaciones partidistas. Así, desde 1939 han estado vigentes tales límites, considerados compatibles con la Constitución por el Tribunal Supremo en 1976.

En este marco, es preciso conocer que hasta el pasado miércoles 2 de abril, la legislación electoral norteamericana mantenía algunos límites a las aportaciones que podrían hacer los ciudadanos. Concretamente, el límite se cifraba en 2.600 dólares por campaña y 48.600 dólares cada dos años por todas las campañas federales que un ciudadano apoyase. Pues bien, el caso que ha originado esta sentencia de la Corte Suprema tiene su origen en la demanda interpuesta por Shaun McCutcheon, un ingeniero eléctrico de Alabama, que consideró que la existencia de un límite al acumulado de campañas apoyadas, 48.600 dólares, vulneraba sus derechos de libertad de expresión política por no poder apoyar a tantos candidatos federales como le viniese en gana.

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Ahora, con la nueva sentencia de la Corte Suprema, se elimina el límite existente al acumulado de donaciones que una misma persona puede realizar. Con lo cual, puede suceder que, aún respetándose el límite de los 2.600 dólares que cada candidato puede recibir por un solo donante, si éste quiere apoyar a cientos de candidatos de un mismo partido, la cifra que dicho partido puede recibir sería millonaria.

En una Sentencia de 5 contra 4 –la mayoría conservadora frente a los cuatro jueces progresistas de la Corte-, el fallo redactado por el Presidente de la Corte, el Juez John Roberts, dispone que limitar el número máximo de candidatos que un ciudadano puede apoyar vulnera las libertades de asociación y expresión de los ciudadanos. Así, afirma que dar dinero a uno o varios candidatos supone un ejercicio del derecho individual a participar en el proceso electoral mediante la expresión política, es decir, que se está ejerciendo el derecho recogido en la Primera Enmienda a expresar el respaldo por unos candidatos concretos y la ideología que éstos representan, así como a asociarse con ellos políticamente. Expresamente sostiene que “el gobierno no puede restringir a cuántos candidatos o causas puede respaldar un donante en la misma medida que no puede decirle a un periódico a cuántos candidatos puede respaldar”.

Los jueces progresistas de la minoría, en cambio, advierten de los riesgos que implica que a partir de ahora un solo individuo pueda donar millones de dólares a un mismo partido político, sobre la base de estar apoyando muchas campañas individuales. No es difícil augurar los turbios negocios que esto puede conllevar entre candidatos y donantes millonarios, contrariando el principio de igualdad en la participación política de los ciudadanos a favor de los más ricos.

La Casablanca se ha manifestado “decepcionada de la decisión” y congresistas de diversos signos reconocieron que quitar el límite al acumulado de campañas apoyadas permitirá a los grandes donantes encontrar la forma para burlar los límites individuales que prevalecen sobre las campañas.

En conclusión, con la sentencia del caso Citizens la Corte Suprema americana permitió a las empresas gastar sumas ilimitadas de dinero de manera independiente para apoyar u oponerse a candidatos para el cargo, y autorizó las contribuciones opacas de las empresas, sin límite de ningún tipo. Con McCutcheon se da un paso más, dando carta blanca de manera definitiva a la desregularización de la financiación de las campañas electorales y supeditando con ello la renovación del poder público al poder económico.

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¿Pueden votar los militares en las primarias?

Fernando Flores

Dice Europa Press que dice el Ministerio de Defensa que no, que los militares no pueden votar en las primarias.

El derecho de participación de los militares no está limitado por la Constitución, pero sí por la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ésta, en el marco de la obligación de “neutralidad política”, les prohíbe los “actos de colaboración” con los partidos políticos. Además, los militares no pueden afiliarse ni a éstos ni sindicatos, ni recurrir a los medios propios de la actividad sindical (negociación colectiva, huelga, etc). Tampoco pueden organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, ni asistir a manifestaciones públicas vestidos de uniforme, o haciendo uso de su condición militar. Pueden votar, pero no tienen derecho al sufragio pasivo, es decir, no pueden ser candidatos electorales, no pueden ser votados. En concordancia con esta limitaciones, la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas prevé sanciones para su incumplimiento.

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Al respecto son varias son las cuestiones que se plantean: ¿Rompe la participación en primarias el principio de “neutralidad política” de los militares? ¿Votar en las primarias (sin participar en la organización de las mismas) supone un acto de colaboración con un partido político? En último término, y lo que creo es más importante: ¿Cuál es la finalidad de la Ley al limitar la participación política de los militares? ¿Es proporcionada la limitación prevista en relación con el bien público que se protege? ¿Estamos hoy, en 2014, en el mismo contexto político que en 1977 ?

Los argumentos que deben responder a estas preguntas necesitan de un espacio mucho mayor que el del post de un blog, pero en éste me gustaría al menos dejar planteada una cuestión que, como casi todas las que afectan al mundo de la defensa y la seguridad, no suele ser motivo de atención por la sociedad y los medios progresistas.

Como reflexión previa, debe decirse que los militares son tan ciudadanos como el resto de las personas de la sociedad en que viven y trabajan, y que como tales son titulares de todos los derechos fundamentales que la Constitución recoge. Partiendo de aquí, y reconociendo que los derechos no son absolutos, debe tenerse en cuenta que a los militares también debe aplicarse el principio de máxima restricción a la hora de limitárselos.

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Yendo a las cuestiones. En primer lugar, no creo que votar en unas primarias rompa el principio de neutralidad política de los militares. La aplicación de este principio ni les impide tener ideología, ni votar en las elecciones, así que podría decirse que quien puede lo más, puede lo menos. Además, cuando el ciudadano se registra para votar en unas primarias no lo hace en su condición de militar, de médico o maestro (no se pide expresar la profesión), sino en la de ciudadano. En el registro para poder votar, como mucho, se le pedirá que declare que está de acuerdo –por ejemplo- con los principios progresistas del partido, pero parece que dicha declaración, además de estar sujeta a la legislación sobre la protección de datos, y por lo tanto no ser pública sin el consentimiento del titular, no rompe la neutralidad política tal y como debe entenderse en este caso. En último término, nada le impide participar en las primarias de distintos partidos.

En segundo lugar, tampoco creo que pueda afirmarse que el solo hecho de votar en las primarias (con el par de euros que se paga por participar) sea un estricto “acto de colaboración” con el partido político, de los que prohíbe la Ley. De ser así el militar no podría comprar lotería, tomarse una cerveza o adquirir un libro cuando la venta fuera promocionada por un partido (por un militante, en una caseta popular de feria o en una tienda propia). Los límites a los derechos tienen que interpretarse con arreglo al objetivo que persiguen, y deben ser proporcionados. Es aquí donde llegamos al centro de la cuestión.

¿Cuál es la razón de que se restrinja el derecho a los militares a la participación política? Si leemos el discurso que el General Gutiérrez Mellado pronunció en la Capitanía General de Sevilla, en febrero de 1977, entenderemos que tras esa limitación estaba (y está) el principio de la unión real y efectiva del ejército, así como su neutralidad. Una unión, en palabras del general, basada:

“en el compañerismo dentro de la jerarquía, para que nuestros Ejércitos constituyan un bloque compacto. 
Bloque que ha de ser invulnerable a cualquier intento de desunión, sea cual fuere el señuelo que se nos agite, bien de tipo religioso, social o político…”.

            Una unión que, además, exige

“la obligada neutralidad de los Ejércitos ante las opciones políticas temporales de gobierno, [Ejércitos] que respeten la legalidad y admitan los principios fundamentales de soberanía, unidad, integridad, seguridad de la Patria y libertad de sus ciudadanos”.

En consecuencia, concluía Gutiérrez Mellado, quien particularmente desee dedicarse a la política, debe apartarse del servicio militar.

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El planteamiento es más que comprensible. Los estudiosos han contado en España 105 asonadas militares entre 1814 y 1981. Es decir, en nuestra historia está más que constatada la utilización del ejército como instrumento para llegar a poder. Ese argumento, junto al golpe de 1936, a la dictadura franquista y al hecho cierto de que no pocos militares en activo en 1977 tenían la tentación de afiliarse a partidos políticos no caracterizados por sus principios democráticos, llevaron a Gutiérrez Mellado (al Gobierno de Suárez del que formaba parte) a exigir mediante Decreto Ley que para hacerlo, primero abandonasen el servicio activo.

Han pasado treinta y cinco años desde que se aprobó la Constitución y es obligatorio preguntarnos si la finalidad de algunas de estas restricciones (cuando se trata de participación política no proselitista, como votar en unas primarias, o afiliarse a un partido político) sigue teniendo una justificación tan potente como para considerarla proporcionada a la intromisión que supone en los derechos fundamentales de los militares, y si esas limitaciones favorecen su relación natural con una sociedad democrática.

En último término, se podrá decir que la cuestión del posible voto de los militares en las primarias es un “no problema”, en la medida en que muy pocos se habrán planteado siquiera la posibilidad de participar en ellas, y que lo que realmente crea el problema es plantearla. Ambos argumentos ­–poco interés de la mayoría de militares y tema delicado– pueden ser ciertos y, añadiría yo, con seguridad esta discusión merece muchos más matices de los aportados en este comentario. Aún así, creo que el debate riguroso y no sectario sobre estos temas (nuestro ejército, los militares, su realidad, su encaje constitucional, sus derechos) trasciende su repercusión inmediata, afecta al sistema democrático y al tipo de sociedad que queremos, y es por eso que deben ser tratados públicamente.

Sin primarias no hay paraíso

Pepe Reig Cruañes

La crisis del sistema político es también, o sobre todo, la crisis de sus partidos políticos. El alejamiento de los ciudadanos respecto de la política y sus protagonistas no tiene que ver sólo con la debilidad de sus respuestas a la debacle económica y la subordinación al poder de los mercados. Si fuera sólo cosa de eficacia y firmeza democrática, la renovación del discurso socialdemócrata y el reencuentro de la izquierda con la protesta social serían suficientes para reavivar la confianza en estos partidos.

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Pero no, la desafección viene de más atrás, y tiene que ver con las exigencias de una ciudadanía que ya no se conforma con la vieja manera centralista y vertical de gestionar los liderazgos en las organizaciones políticas. Mucho de lo que se echa de menos en términos de vitalidad y compromiso cívico de los partidos se debe a esa desconexión entre militancia y ciudadanía. En un mundo cada vez más panóptico, la opacidad de los partidos resulta un arcaísmo insoportable.

En la derecha española y su partido casi único estas cosas aún se gestionarán autoritariamente por mucho tiempo, aunque ya hay voces aisladas que reclaman primarias.

En la izquierda, en cambio, el proceso parece ya irreversible, aunque las resistencias de aparatos y direcciones podrían acabar diluyendo el potencial regenerador de una apertura a tumba abierta, que reúna las ventajas de la transparencia y la audacia innovadora. Los conservadurismos organizativos acampan en todos los prados. Recientemente el coordinador general de IU mostraba en la Sexta la misma clase de reticencias frente a las primarias que los viejos barones del PSOE.

Los aparatos son alérgicos a las primarias, porque cuando se hacen abiertas a la participación de cualquier ciudadano se convierten en una dinámica cívica con final abierto. Precisamente el tipo de final que los aparatos no pueden controlar.

Las primarias no son ninguna panacea por sí mismas y, en cambio, tienen riesgos evidentes: si las haces y acabas eligiendo mal puedes haber quemado tu último cartucho, pero si no las haces nadie va a creer tus proclamas de renovación y apertura. Así está el tema. El mecanismo de consulta a tu electorado para escoger al candidato o candidata ha dejado de ser opcional, para convertirse en el umbral de credibilidad y transparencia obligado. Al menos en la izquierda. El peligro ahora es doble: llegar tarde o llegar poco.

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Para el PSOE “llegar tarde” significaría seguir aplazando ese golpe de democracia interna hasta desvincularlo del meritorio proceso de renovación política iniciado hace dos años, de tal manera que, a la postre, nadie crea en esa renovación o ésta se vuelva sencillamente invisible. Para IU llegar tarde es perder el único momento de su historia en que parece posible abandonar el estatus de partido testimonial para convertirse en herramienta de cambio.

El otro peligro, el de “llegar poco”, es aún mayor: si en lugar de hacer un proceso ciudadano, ejemplar y movilizador, que apele a las personas de izquierdas, se limitan a cubrir el expediente llamando a votar a sus militantes y unos cuantos familiares, no será sólo una ocasión perdida, sino la confirmación de una incurable obsolescencia.

Y aquí es donde podrían empezar los problemas, porque lo que se anuncia es un reglamento y unos plazos, justo lo que va a decidir el Comité Federal Socialista este mismo sábado, pensados para reducir al mínimo el efecto telúrico de las primarias: se dice que no serán a doble vuelta. Craso error, si se quiere facilitar una pluralidad que, al mismo tiempo, no reduzca la legitimidad resultado. Resulta evidente que cuando hay una sola vuelta, se proclaman ganadores con porcentajes mínimos de apoyo, a no ser que se haya desalentado la presentación de candidaturas. Con doble vuelta, por el contrario, se propicia la pluralidad de ofertas, en la seguridad de que la segunda ronda concentrará los votos en dos finalistas. Quien gane lo hará con más del 50%. Esto es ventajoso a efectos de pluralidad, de agrupamiento de sensibilidades y de legitimidad final. Si se insiste en evitar ese escenario, tal vez sea con vistas a reducir el poder del/la elegido/a frente al aparato.

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Luego está lo de los censos. Esto es clave para dibujar un proceso u otro. Si no se apuesta claramente por convocar a la ciudadanía, con una metodología sencilla y sin censo previo, se estará limitando el alcance revitalizador del proceso, el significado de “reseteado” ciudadano. La inscripción en el censo se ha de hacer en el momento, previo pago de un euro (gesto a la vez simbólico y muy práctico, para sufragar los gastos) y mediante la firma de una declaración genérica de adhesión a principios de izquierda, al socialismo democrático o algo semejante. El proceso de movilización previa se ha de dirigir a los movimientos y líderes de la izquierda social para interesarlos en un proceso que habría de ser básicamente cívico. Y esto, por pura lógica, habría de reproducirse también en el nivel autonómico y local, al menos a partir de un cierto tamaño.

El trabajo de revisión de la línea política ha avanzado sensiblemente, el realineamiento a la izquierda de los principales ejes del discurso empieza a ser reconocido en todas partes. Las propuestas de reforma constitucional y de corrección de las políticas económicas podrían empezar a sintonizar con el malestar social y ser la base de una nueva esperanza, pero se precisa también remover la lánguida vida de los partidos y sus gastados liderazgos. La primera reforma que el sistema demanda es la reforma de los partidos políticos.

Para la izquierda plural, para el PSOE, IU y las otras formaciones que expresan lo que los italianos llaman “il popolo di sinistra”, el dilema ante un sistema político en crisis es declinar con él o ser parte del cambio. O eso o renunciar al paraíso.

La legitimidad en la lucha por los derechos (a propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH)

Javier de Lucas

Para Alicia Desahucio, con respeto y afecto y desde la distancia respecto a la PAH

Tengo el máximo respeto por quienes han padecido o padecen una situación que me parece tan injusta, inhumana e incluso cruel como es la legislación española aún vigente sobre desahucios. Respeto al que añado el agradecimiento por el valor, el coraje cívico que han demostrado a los ciudadanos que decidieron asociarse en PAH y mantener una firme voluntad de enfrentarse a esa estafa social.

Precisamente por eso, me parece obligado sumarme a algunas voces como la del blog teniente Kaffee, en su crítica a lo que provocativamente denuncia como una estrategia de  «postureo constitucional» por parte de la PAH y la Señora Colau.

Mi crítica se acrecienta ante la campaña lanzada por la propia PAH esta semana, el lunes 12 de agosto, con el propósito de que el Defensor del Pueblo presente el recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PlataformaQuizá deberíamos recordar que todo comienza cuando, con tanta contundencia como (a mi juicio) considerable imprecisión, los portavoces de la PAH (el para mí muy fiable letrado Sr Mayoral y la valiosa activista social Sra. Colau) anunciaron que la Plataforma había elaborado un “recurso de constitucionalidad” contra la ley que el PP impuso como reforma del  injusto marco legal de los desahucios, reforma que consideraban manifiestamente anticonstitucional. Pero cuando el PSOE anunció que se sumaba a esa iniciativa y que presentaría un recurso con la firma de 50 de sus parlamentarios, la PAH estalló ante lo que parecía considerar una usurpación de la legitimidad de la Plataforma. La respuesta del PSOE que en cierto modo plegó velas para no enfrentarse a la PAH puede verse  aquí.

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La PAH continuó su campaña manteniendo una, también a mi juicio, calculada ambigüedad sobre el hecho evidente de que no tiene capacidad jurídica para plantear un recurso de constitucionalidad y que, por tanto, debía recurrir a los partidos políticos o al Defensor del Pueblo para que así lo hiciera. Eso sí, aparentemente, con la condición de que no de debía modificar una coma de “su” recurso. El último paso, ante la evidencia de que el plazo para que el Defensor del Pueblo interpusiera recurso concluía esta semana, y que no cuentan con los 50 parlamentarios para hacerlo (pese al apoyo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo, apoyo recibido y aceptado a diferencia de lo que ocurrió con el PSOE), ha consistido en proponer la mencionada campaña de seudoescrache al Defensor, con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y a través de la plataforma oiga.me.

A mi juicio, el verdadero punctum dolens de la estrategia de la PAH consiste en que estos últimos pasos en su  también a mi juicio legítima y justa causa de acabar con el fraude del mal parche frente al drama de los desahucios que fue la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP, parecen poner de relieve algo que excede incluso a ese su problema, su tragedia. Porque esta línea de acción toca el núcleo mismo del debate sobre la necesidad de renovación de la legitimidad democrática. Y, a mi entender, la toma de posición de la PAH, que es legítima, claro, pero sólo respetable si sus argumentos lo fueran, podría implicar el riesgo de una considerable confusión acerca de la legitimidad social y política para luchar por los derechos, una cierta visión “patrimonial” de esa lucha (calificativo que sugirió en un debate en Facebook mi colega Pepe Calvo) en la que el copyright de quién fue primero y más ferviente defensor fuera más importante que los derechos mismos. Y, sobre todo, en la que con el agua sucia del desprestigio ganado a pulso por cierta clase política que ha hecho de la corrupción su sello, tirásemos el fundamento mismo de la legitimidad en cuestión que, para mí, es el respeto a lo acordado libre y razonadamente como marco legal: el respeto al Estado de Derecho, el respeto a lo que acordamos que debe valer como ley y a la tarea de los tribunales en ese Estado de Derecho. Quiero decir que, a mi entender, toda ley se puede modificar y aún tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Pero sin arrogarse exclusividades o privilegios en esa tarea, en aras de supuestas superioridades morales o autenticidades políticas. Nadie puede pretender estar por encima de los demás en esa tarea, pública, de todos, que es la lucha por los derechos y por el Derecho, que es la tarea política básica de todos los ciudadanos y que da sentido al Derecho y al Estado de Derecho.

Y es que pareciera como si la tarea de garantizar la legitimidad democrática ahora hubiera cambiado de titular. No me refiero al soberano que es y no puede dejar de ser otro que el pueblo, todos los ciudadanos. Los representantes políticos son servidores de ese soberano. Hasta ahí podíamos llegar. No hablo de eso. Me refiero a una especie de pendant político, por otra parte explicable ante los excesos y  bloqueos impuestos por un perverso juego de mayoría alentado por leyes electorales y de financiación de partidos a todas luces necesitadas de profunda renovación, un juego perverso cuyo resultado más sucio es la corrupción. Proclamada por no pocos ese Delenda est la democracia representativa y sus instituciones, el garante y el instrumento de la democracia auténtica (ya estamos con los calificativos) serían los movimientos sociales, los únicos no sospechosos de manipulación de nobles causas en aras de intereses espúreos. El test de la legitimidad democrática consistiría, pues, en el papel de esos movimientos. Porque la otra cara de la moneda sería ésta: los clásicos agentes institucionales, en primer lugar los partidos políticos, pero incluso el propio Parlamento y otras instituciones constitucionales (el Defensor del Pueblo, los tribunales de justicia) estarían bajo sospecha. De forma que sólo admitiríamos que luchan por los derechos si lo hacen en apoyo o de consuno con tal o cual movimiento social. De paso, esa sospecha recae sobre la legalidad constitucional y sobre la actuación, insisto, de los tribunales de justicia que, debido a su rigidez e inadecuación a la realidad social, deberían ser orillados como procedimientos inservibles y que, más allá incluso de viejas apelaciones a un uso alternativo del Derecho, pasarían a un cuarto plano, mientras se nos propone (o se nos predica) que nos dispongamos al inminente advenimiento de una verdadera ruptura constituyente, quizá bajo la guía del sendero luminoso que nos señala el movimiento social de turno…

Lo reitero: no soy yo quien va a discutir el merecido reconocimiento con el que cuenta la PAH como movimiento social y político. Ni su aportación a la pedagogía democrática, tan abandonada por los clásicos agentes institucionales, por ejemplo, por partidos y sindicatos, pero también por buena parte de las instituciones, comenzando por la jefatura del Estado, el monarca y la casa real que le rodea. Y es que, por otra parte, ¿cómo vamos a creer o aprender de quienes con sus hechos contradicen lo que pretenden defender? Sí. La valía de la PAH, su contribución a una sociedad más decente, mejor, su reconocido trabajo ciudadano anclado genuinamente en la solidaridad y que ha denunciado eficaz y valerosamente una forma de hacer política que parece otra cara de los negocios y, sobre todo, que no deja de producir víctimas, es indiscutible. Son un activo social y político, en el sentido de la reivindicación de lo público y por eso me pareció muy merecido el premio con el que les distinguió el Parlamento europeo. Precisamente por ello, considero muy desafortunado que la PAH haya entrado aparentemente –es obvio que puedo equivocarme; ojalá sea así- en una dinámica que acaba creando otras víctimas y contribuye al descrédito de todo lo que no se pliegue a su estrategia. Con todos los respeto y matices necesarios, algo como lo que ha pasado con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Así me lo parece ese juego según el cual ilusionan a la opinión pública con la confusión de que van a plantear un recurso, recurso que saben que no pueden llevar a término por sí solos. El hecho de convocar la rueda de prensa de presentación del “recurso”, el 7 de agosto, a las puertas del Constitucional,  contribuye a la confusión. Porque, evidentemente, el tal “recurso” no se presentó. Necesitaban que otros lo presenten (el Defensor o 50 parlamentarios): claro que quizá es que en su estrategia no les conviene mancharse las manos con el apoyo del PSOE, aunque eso sea incoherente con el hecho de que la PAH haya estado pidiendo que la sociedad civil y sus agentes -y los partidos lo son- compartan su problema. Tampoco me parece muy coherente descalificar obsoletas formalidades legales, para a continuación acudir sin empacho a triquiñuelas jurídicas propias de leguleyos, con la coartada de fondo de que su fin es bueno y legítimo. Y en tercer lugar, me parece indigno bloquear la comunicación de cualquier ciudadano con el Defensor del pueblo, que es el resultado –¿daño colateral, quizá?- de su última medida de presión, que no puede dejar de perjudicar a los demás ciudadanos que quieren, que necesitan contactar con el Defensor…y que acaban siendo victimas de la PAH, lo que me parece el colmo de la paradoja cruel…

Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

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La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

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La ley y la democracia interna de los partidos

Fernando Flores

En las últimas semanas ha tomado fuerza en ciertos ámbitos la idea de que debe elaborarse una nueva ley sobre partidos políticos. Dos iniciativas, el Foro + Democracia y el Manifiesto por una ley de partidos, plantean la necesidad de una nueva norma que obligue a los partidos a cambiar su organización y funcionamiento, pues entienden que de ellos depende la calidad de nuestra convivencia democrática.

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La propuesta de reforma de la Ley de Partidos Políticos tiene interés para este blog porque con ella son varios los derechos fundamentales que están en juego. Al menos lo están los derechos de participación política -art.23 CE-, la libertad de asociación -art.22 CE-, y las libertades de expresión e información -art.20 CE. Así que desde esa perspectiva se exponen a continuación, muy brevemente, algunas reflexiones.

Por qué la reforma

El “toque” a la organización y funcionamiento de los partidos políticos era necesario (necesario para el sistema democrático) desde hace tiempo, pero la realidad es que el tema no interesaba mucho. Esto es importante no olvidarlo, porque los intereses para que el tema languidezca en un futuro menos convulso política y socialmente, van a mantenerse.

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La reacción legisladora actual viene determinada por el éxito de la idea “no nos representan”, del 15M. Una idea acertada en parte y muy disolvente en conjunto cuyo éxito ha hecho temer, con razón, el posible retorno de exitosos populismos antidemocráticos, tal y como sucede ya en Italia y Grecia. Frente a este peligro parece imprescindible reflotar la confianza en los partidos políticos, y eso solo puede hacerse con un cambio profundo y democrático en ellos. Como los “grandes partidos” son incapaces por sí mismos de impulsar esa transformación, se plantea que sea una ley (atención, que ellos mismos deberán aprobar) la que les obligue a hacerlo. Es decir, la nueva ley tendría por objeto reivindicar los partidos como necesarios para el sistema, pero transformándolos en la herramienta democrática que deben ser y que no son.

Desde esta perspectiva el propósito es encomiable, y debe ser apoyado. Obviamente habrá que estar al contenido de esa ley y sobre eso se abre precisamente el debate. Enseguida iremos sobre ello.

Un par de consideraciones previas

Sin embargo, antes de proponer algunas ideas sobre ese contenido creo necesario tener en cuenta un par de cosas.

La primera es que hay que tener cuidado con “la ilusión del jurista”. Las leyes no cambian por sí solas los comportamientos de las personas y los grupos, y menos los de aquellos vinculados al poder, como son los partidos políticos y sus dirigentes. Las actitudes democráticas, la “voluntad constitucional” (los actos concretos para que el poder sea efectivamente controlado por los ciudadanos), no se crean por ley, o al menos no fundamentalmente por ella. Dicho esto, aunque una ley de partidos no sea la panacea, su discusión pública y aprobación puede ayudar a mejorar el sistema político (aunque aquí cabría plantearse si el sistema necesita simplemente mejorar o en realidad exige sufrir un cambio drástico).

La segunda es que una nueva ley de partidos puede ser importante, pero quizás no sea “lo más importante” que haya que aprobar para enderezar el rumbo democrático del sistema. Dejando a un lado que hay otros temas cruciales en la agenda política del país (pero esto va a suceder siempre que se decide abordar un tema, y es que se deja de abordar otros), si nos ceñimos a los estrictos elementos de “lo democrático”, si lo que nos preocupa es la participación ciudadana y la regeneración democrática, si nos apoyamos en “lo que reclama la calle” para tomar la iniciativa… Si todo esto es así, quizás debería prestarse atención a la cuestión participativa y al sistema de partidos en su conjunto (atención a nivel legal y a nivel constitucional).

Por una parte, en relación con lo participativo:

¿No sería una buena señal para los ciudadanos que a la propuesta de ley de partidos se acompañase un paquete de propuestas normativas dirigidas a crear y mejorar procedimientos de participación ciudadana en el ámbito de lo público?

Por otra, en cuanto al sistema de partidos:

¿Será útil a nuestros propósitos de democratización del sistema una ley de partidos que no vaya acompañada de una reforma del sistema electoral? ¿Tendrá el éxito esperado si no se regula una financiación más transparente, más limitada y con control más eficaz? ¿Están los reglamentos parlamentarios preparados para recibir el reflejo de unos partidos más democráticos?

Por último, y aunque parezca ajeno a lo que tratamos (no lo es), al menos una pregunta:

¿Puede sostenerse este equilibrio (porque lo que se propone es un juego de equilibrios) en un contexto de medios de comunicación de masas como el actual, en el que los grandes, los que crean la opinión pública mayoritaria, se mueven fundamentalmente por determinados intereses privados, y en el que no queda ni el reducto de un medio como RTVE que pueda responder al nombre de servicio público?

Sobre el contenido de la nueva ley

La Ley de Partidos Políticos vigente (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio) no trata de regular o promover la democracia interna de los partidos. Esta Ley se adoptó con un único fin, establecer las causas y el procedimiento para declarar la ilegalidad de determinados partidos (artículos 9 y siguientes). Al menos por eso debe ser superada.

Lo natural es empezar preguntándose qué debe contener la nueva Ley, aunque quizás debamos preguntarnos al mismo tiempo qué puede contener la Ley (y con qué alcance) en el marco constitucional.

Esta cuestión tiene sentido porque la intromisión legal en los partidos políticos ha de dirigirse, de una parte, a asegurar que cumplan con sus funciones constitucionales (algo que solo pueden hacer si se organizan y actúan bajo el principio democrático), pero debe hacerlo, de otra, respetando también su libertad de autoorganización, una libertad que forma parte de la de asociación establecida por el artículo 22 de la Constitución (y que ha sido subrayada por STC 56/1995, de 6 de marzo). Es decir, debe saberse que una intromisión legal muy intensa en esa autonomía organizativa y de funcionamiento podría ser impugnada y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por no respetar el contenido esencial de la libertad de asociación.

Teniendo esto en cuenta como punto de partida, el contenido de la ley deberá ser coherente con los objetivos que se pretende realizar con ella. Estos objetivos deberían ser, por ejemplo y entre otros:

– Transformar la relación entre ciudadanos, partidos y representantes, recuperando el sentido de la política en democracia (participación horizontal, en red, y control efectivo sobre el Estado y las élites).

– Hacer de los partidos instituciones transparentes (en la formación de su voluntad y adopción de decisiones, en su financiación …).

– Acabar con la endogamia política.

– Proteger de forma efectiva los derechos fundamentales de los electores, simpatizantes, afiliados y militantes en relación con el partido.

– Transformar los partidos en organizaciones del siglo XXI, modernas, digitales, abiertas e innovadoras.

– Dar relevancia y espacio a la participación ciudadana no partidista.

– (…)

Una vez identificados estos objetivos habrá que determinar las obligaciones para los partidos que lleven a su cumplimiento. En este punto habrá que detenerse en la regulación básica del aspecto “estático” y el aspecto “dinámico” de los mismos.

El primero comprende las normas estatutarias (estatutos y reglamentos internos de desarrollo: qué materias deben comprender, el control de su aplicación, su publicidad e interpretación…) y la organización o estructura de los partidos (principios básicos de organización y órganos fundamentales de funcionamiento: los Congresos, los órganos de gobierno, los de control y garantías, su perfil y régimen de funcionamiento…).

El aspecto dinámico comprende los derechos de los ciudadanos en relación con los partidos, una relación que se gradúa en función de la implicación de los unos con los otros y que suele modularse desde la condición de mero elector hasta la de militante, pasando por el simpatizante y el afiliado. Se trata, obviamente, del núcleo que determina de forma esencial el grado de democracia interna de una organización partidista.

Ciertamente, un modelo de partido democrático y moderno debería transformar profundamente su estructura y organización para poder relacionarse de manera diferente (mucho más abierta, digital, fluida, dinámica y horizontal) con el “mero elector” y los grupos en que se integra, con la sociedad y con sus propios militantes. Ahora bien, en este punto surgen algunas preguntas: si bien los partidos son analógicos y parte de la sociedad es digital, ¿qué porcentaje de ésta es todavía analógica y por tanto refractaria a un cambio de relación con los partidos? ¿Puede una ley, en el marco constitucional vigente, obligar a una transformación drástica de aquellas estructuras y de ese modo de relación entre partidos y ciudadanos? ¿Hasta qué punto puede hacerlo respetando el derecho de autoorganización de los partidos políticos? Éste es probablemente uno de los temas que haya de debatirse con detenimiento.

Por supuesto que, además de éste, y en buena medida relacionados con él, habrán de debatirse otros temas esenciales. El régimen interno de los Congresos y otros órganos relevantes (periodicidad, funciones y funcionamiento, elección de sus miembros…). Los procedimientos para la elección de candidatos a esos órganos y de representantes para cargos públicos (tipo de voto, tipo de listas, primarias…). Las rendiciones de cuentas, económicas (transparencia y financiación), políticas (evaluación del programa electoral) y de gestión. El derecho a crear corrientes de opinión que garanticen la pluralidad interna. La consulta sobre los grandes temas. El procedimiento sancionador interno y sus garantías… Y de nuevo habremos de preguntarnos hasta qué punto una nueva ley de partidos puede obligarles a organizarse y funcionar de determinada forma, y desde qué punto habrá que conformarse con determinar que una decisión es sencillamente una “buena práctica” pero que no es obligatoria, es decir no exigible ante los tribunales.

En fin, se trataba solo de dar unas ideas para contextualizar la propuesta de impulsar una nueva ley de partidos políticos. Como se ve la materia es compleja, afecta a varios elementos esenciales del sistema y por sí sola da para mucho. Aún así no debería abordarse en solitario, sin alejar un poco más el foco sobre un escenario político y económico que exige con urgencia reformas y cambios de calado constitucional.