Por una inyección letal a la pena capital

Ana Valero

El pasado 24 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución de la pena de muerte. Los reclusos demandantes, que se hallan en el corredor de la muerte, argumentan que la sustancia anestésica encargada de sedar al reo antes de que se le suministren las otras dos que acaban con su vida, no siempre produce los efectos deseados, lo cual le provoca un largo y enorme sufrimiento físico antes de morir, algo contrario a la Octava Enmienda de la Constitución.

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En aras a cumplir lo dispuesto por dicha Enmienda, según la cual quedan prohibidos los castigos “crueles o inhumanos”, Estados Unidos ha tenido que ir modificando sus legislaciones con el paso del tiempo con el fin de “humanizar” algo tan inhumano como el método con el que el Estado cumple la ley del talión. De las ejecuciones públicas en la horca, propias del siglo XIX, se pasó al empleo de la silla eléctrica durante el siglo XX, acompañado del gas letal como alternativa en algunos Estados. A partir de su incorporación a la legislación penal de Oklahoma en 1977, aunque no empleada hasta 1982 en Texas, se generalizó el uso de la inyección letal por considerarse, inicialmente, un método rápido e indoloro. Sigue leyendo

¡Abolición, ya!

Ana Valero

Han pasado setenta años desde que George Junios Stinney, un menor negro de 14 años de edad, fue ejecutado en la silla eléctrica en Carolina del Sur. Hoy, la incansable lucha de su familia y de activistas contrarios a la pena de muerte, puede derivar en la reapertura de un caso que se cerró tras un juicio que duró dos horas y en el que se vulneraron todos los derechos de defensa del menor. Con este caso se escribe una de las páginas más negras de la historia jurídica de los Estados Unidos, una historia que convierte a este país en la única democracia occidental que mantiene la pena capital.

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Es cierto que en la actualidad diecisiete estados norteamericanos han abolido la pena de muerte de sus legislaciones. Así, Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois y Connecticut lo han hecho desde el año 2007 a esta parte, Maryland en el año 2013, y las condenas a muerte y las ejecuciones han disminuido significativamente en los estados que todavía la mantienen, reduciéndose igualmente el apoyo de la sociedad a este castigo. Sin embargo, treinta y cuatro estados todavía prevén en sus legislaciones la pena de muerte y, como se ha evidenciado recientemente en Texas, Florida o Georgia, los estados del Deep South no tienen ningún reparo en llevar a cabo ejecuciones. Además, la población que se encuentra en el corredor de la muerte ha aumentado sensiblemente en las últimas cuatro décadas.

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Homofobia, teoría y práctica

Pepe Reig Cruañes

Las crisis no le sientan bien a nadie, pero parece que esta de ahora está teniendo en Europa efectos desmoralizadores. La “des-moralización” adopta la forma de populismos rampantes, desafección ciudadana y hasta inquietantes retrocesos en la larga marcha de los derechos. No se trata ya de la pérdida de ésta o aquella conquista laboral o de alguna seguridad jurídica en el campo de la comunicación o la privacidad, que también, sino de esa inesperada oleada homofóbica que se ha desatado, con distintos matices, en diversos lugares de Europa. Quizá no pueda, aún, compararse con lo que está sucediendo en Rusia con las leyes contra la “propaganda gay” –luego extendida a Lituania y Moldavia-, y los ataques de la ultraderecha homofóbica, pero la oleada afecta como mínimo a Polonia, Italia, Gran Bretaña y … Francia. Sí, también la Francia republicana y laica, cuna de los derechos humanos, alumbra un movimiento de masas contra el matrimonio igualitario, de dimensiones y radicalidad inesperadas. ¡Quién te ha visto y quién te ve!

Homofobia práctica

En una Europa en plena crisis de identidad, no es extraño que emerja de nuevo el fenómeno del “chivo expiatorio”, como antaño el antisemitismo. Para unos el nuevo culpable universal será la inmigración y para otros, a lo que parece, la mera diferencia sexual. Lo novedoso es que ese proceso de estigmatización colectivo resulte simultáneo con otro de signo contrario: los avances legislativos en varios países en relación con el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio y adoptar hijos.

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Cómplices del mal

Por Javier De Lucas

“Matar a un hombre es algo muy duro: le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener”. Los cinéfilos recordarán la cita de Ned Logan, el personaje encarnado por Morgan Freeman en Sin Perdón, el western dirigido por Clint Eastwood en 1992.  No hace falta militar en Amnistía Internacional o en cualquier otra ONG de las que luchan por el respeto de los derechos humanos, para entender por qué es tan importante la campaña para la abolición de la pena de muerte. Es un mal absoluto.

Pero, por más que creamos adquirido el avance abolicionista, lo cierto es que quedan importantes huecos, países que no sólo no han abolido esa pena, sino que continúan ejecutándola, como China, los EEUU o Arabia Saudí. Y lo que es peor, no pocos Gobiernos que se proclaman abolicionistas y se erigen en campeones de los derechos humanos, aceptan que otros países sostengan la pena capital, alegando “diferencias culturales” o, aún más cínicamente, una perspectiva “realista” frente al “moralismo”.

Ante todo, conviene recordar que una cosa es que entendamos las razones por las que se sigue practicando el asesinato legal aquí o allá, y otra es que las aceptemos y aún peor, que las justifiquemos. No hay diferencias culturales que puedan justificar ese mal. Semejante argumento es la expresión de un atávico paternalismo, el propio de la perspectiva colonial que sigue trazando la línea divisoria entre civilizados y salvajes.  Por cierto, tesis que es un contrasentido cuando se sostiene desde el imperio –no importa cuál- que la practica en su seno. Pero igualmente repugnante es la posición de tantos olímpicos opinadores que desprecian la ingenuidad abolicionista y nos imparten lecciones de sutil realpolitik  a cuento de consideraciones geoestratégicas sólo accesibles a quienes gozan de un conocimiento superior, ajeno a los sentimentalismos primarios del vulgo.

Todo eso viene a cuento de lo sucedido en Arabia Saudí, donde el  pasado miércoles 13 de marzo fueron fusilados siete hombres de la provincia de Asir que  habían sido condenados a muerte en 2009 por un asalto a mano armada contra una joyería en 2006. Según los datos de Amnistía Internacional, al menos dos de los condenados  eran menores de edad en el momento de cometer el presunto delito. El líder de la banda iba a ser crucificado pero finalmente –como si se tratara de los versos de La hoguera– se prefirió el fusilamiento. Los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que entendían que las condenas habían sido dictadas en “juicios injustos” y que los cargos habían sido “inventados », habían pedido clemencia a las autoridades saudíes. Por su parte, el relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, había hecho pública su preocupación por las supuestas torturas infligidas a los procesados para obligarlos a “firmar las confesiones”.

Claro está que los fusilamientos se ejecutaron mientras en el Vaticano elegían a un nuevo Papa y el resto del mundo mundial se deshacía en la única tarea necesaria, la de jugar a vaticanólogos o vaticanistas para ver quién acertaba la quiniela, con una sensación de que el tiempo estaba detenido a la espera de esa decisión. Un mensaje mediático al servicio –la lógica del quod erat demonstrandum– de quienes sostienen que el alfa y omega de cuanto nos sucede estaría, a fin de cuentas, en lo que sucede en el recinto de esa monarquía absoluta que pretende ostentar el monopolio del legado del mensaje de Cristo, sin avergonzarse jamás de tan flagrante contradicción.

Esperar del recién electo papa Francisco una condena de esos asesinatos legales posiblemente es ingenuidad: se enfrenta a tan pesada carga que bastante hace con no haber dimitido, como Benedicto XVI y como el papa protagonista de la premonitoria Habemus papam, el film de 2011 de Nanni Moretti. No dudo de las dificultades que abruman al jesuita argentino promovido a tan alta dignidad. Pero sigo pensando que, para quien pretende ser representante en la tierra de quien hizo del amor, la caridad y la misericordia sus mensajes primordiales, esa condena es una obligación ineludible. Salvo que no se quiera molestar a un régimen asentado en un fundamentalismo que no está lejos del que profesan algunos en la iglesia católica y en otras confesiones cristianas.

Ahora bien, el hecho de que hasta hoy sólo hayamos escuchado la denuncia de Amnistía Internacional y de alguna otra ONG ante los fusilamientos en cuestión es un ejemplo de otro estrepitoso silencio que resulta insoportablemente más grave, la ausencia de condena alguna por parte de las cancillerías occidentales. Es posible que, por ejemplo,  si preguntáramos al Sr García Margallo por esta omisión, invocara su condena a título personal, pero se parapetara en esas razones prudenciales, el realismo político de marras. Lo que nos conduce a una conclusión tan evidente como inaceptable: la complicidad culpable de unos Gobiernos que presumen de campeones de los derechos al mismo tiempo que callan cuando estas violaciones de derechos son realizadas por un aliado. Aunque se comporte como un hijo de puta (sin perdón): o, peor, precisamente porque de trata de nuestro hijo de puta. Un régimen que sostiene y exporta uno de los fundamentalismos más extremos, la ideología del wahabismo. Que ignora y desprecia los derechos de la mujer. Que da alas a la esclavitud. Que practica torturas y penas incompatibles con la dignidad. Pero está sentado en una balsa de petróleo y paga las expediciones de los representantes de Occidente contra los sucesivos “ejes del mal”, las listas de enemigos públicos de la civilización que nos proponen Washington y sus palmeros.

Y con todo, no son los únicos cómplices del mal. Porque hay otro silencio más estruendoso aún: el de todos nosotros, el de los ciudadanos que consideramos todo esto como algo ajeno, cosa de los políticos. Si nosotros no actuamos, al menos tomando la palabra, si no los denunciamos, nos convertimos, por omisión, en los últimos cómplices de ese mal.