Periodismo y salud mental: el deber de explicar

Pepe Reig Cruañes

Cuando un piloto estrella un avión contra la montaña o un niño mata a su profesor con una ballesta, cuando una madre abandona a su bebé en un contenedor, la noticia crea una onda expansiva que succiona el aire a su alrededor. Lo que queda es un vacío desasosegante, que debe ser rellenado de inmediato.

El vacío reclama con urgencia una explicación, aunque sea provisional y poco informada, aunque sea un cómodo cliché que no explica nada, pero tranquiliza porque señala culpables concretos. Un cliché que transmite una cierta vuelta al orden. El piloto tenía una depresión, el niño era esquizofrénico y la madre perdió la razón. Es horrible, pero comprensible. Comprensible como un atentado islamista o un “crimen pasional”.

Una explicación de este orden tiene la ventaja añadida de servir para cortar en seco las preguntas: ¿Por qué puede resultar conveniente para un piloto esconder su depresión a los servicios médicos de la empresa? ¿Cómo es que la escuela no tiene nada que decir sobre el trastorno mental de un menor? ¿De qué tenía tanto miedo la madre del bebé?

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Gallardón, la revolución ‘abortada’

Pepe Reig Cruañes

Este hombre fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo, máxima distinción en materia de justicia, por el mismo Gobierno que le dejó caer y justo antes de anular otra de sus reformas estrella, la del “tasazo”. Lo de este hombre es proverbial … y meteórico: desde las más altas cumbres de aprecio público (era el ministro mejor valorado al empezar, con un 3,54) hasta el profundo abismo de la impopularidad (1,87 en septiembre de 2014).

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El trato deferente del grupo Prisa le había granjeado un sello de transversalidad que le hacía tan tratable para la izquierda, como sospechoso para la derecha. Esa transversalidad “construida”, sin embargo, se evaporó como perfume barato en cuanto tocó poder ministerial. A partir de ese momento le pudo su vieja hiperactividad de alcalde y su mística conservadora, tanto tiempo escondida. Le pudo eso o quizá la oportunidad de encumbrarse entre los suyos por una vez. La batería de reformas que anunció en su estreno merece el nombre de revolución, otra cosa es que muchas de sus grandes ideas hayan acabado en la papelera de reciclaje.

Si nos atenemos a su encendido discurso de toma de posesión se trataba nada menos que de esto:

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Si hubiera que definir las líneas de fondo de semejante programa habría que empezar por el aroma clasista y privatizador de muchas de sus iniciativas. No se trata sólo de las tasas y su disolvente efecto sobre la igualdad en el acceso a la justicia, sino también de la tendencia a poner en manos privadas responsabilidades crecientes del sistema público. Notarios, Registradores y procuradores han visto incrementar su participación en el pastel de la economía judicial y lo agradecieron convirtiéndose en (casi) los únicos apoyos públicos con que han contado las iniciativas de Gallardón. La reforma que cede a los registradores y notarios el negocio de bodas, nacimientos y defunciones mereció un varapalo del Consejo de Estado que tildó de “inconstitucional” y “oscura” la intentona, aunque no hay noticias de que se haya detenido. Otra de sus inclinaciones es estirar el concepto de profesionalización de la justicia hasta condenar –así lo hizo en la presentación de su programa ministerial- como inconstitucional el nombramiento parlamentario del órgano de Gobierno de los jueces. Finalmente, el sesgo religioso de su conservadurismo social se tenía que reflejar en iniciativas que socavan libertades individuales, como las referidas al aborto y la prisión permanente. El “plumero místico” se le ha visto a Gallardón en expresiones osadas que no parecen provenir de ningún acervo jurídico o político, sino de algún recoveco de su bachiller jesuítico o de su paso por el CEU. Un hombre que asegura que “gobernar es repartir dolor”, seguro que bebe más en el pietismo barroco que en la mesura clásica.

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Para ver en detalle la cronología de la «legislatura Gallardón» (el lector puede verla y hacer zoom sobre cada detalle para expandirlo) pulsar AQUÍ.

Tasas sin tasa

Aprobada en solitario por el PP y rechazada por todos los grupos parlamentarios, sectores profesionales, sindicatos, consumidores, abogados, fiscales y jueces, la Ley de Tasas (Ley 10/2012), es la historia de un fracaso. Cinco recursos al TC y varias cuestiones de inconstitucionalidad, o sea que la había recurrido “hasta el Tato”, que diría Rajoy. No así la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que no podía hacerle eso a su amigo, pero le dijo que hiciera alguna rebaja y mantuviera la gratuidad para los menores. Tuvo que rebajarla a los dos meses y ahora su sustituto, Rafael Catalá, la acaba de anular de facto (y solo en parte), al excluir a las personas físicas del pago de tasas judiciales. (Para seguir todo lo relativo a este tema puede verse el blog de Verónica del Carpio).

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Gallardón había intentado justificar su “tasazo” (800€ por recurrir en apelación y 1200 en casación) con una de sus acostumbradas fintas jesuíticas: la tasas se destinarían a financiar la justicia gratuita. Nadie ha sido capaz, sin embargo, de aclarar el destino de los 500 millones recaudados (ni siquiera la cantidad es segura). La otra razón que adujo tampoco sale bien parada. Si se trataba de reducir la litigiosidad, incluso haciendo como que no vemos el sesgo social de esa disuasión económica, es preciso reconocer que algo se redujo en 2013, como venía ocurriendo desde el principio de la crisis, pero también que volvió a subir en 2014, especialmente en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, donde más había bajado al primer impacto del “tasazo”. Y eso tanto si contemplamos el número de nuevos asuntos ingresados a los juzgados, como si miramos la tasa por mil habitantes o el número de asuntos por juez. Como disuasorio del presunto “abuso en el acceso” no pudo ser más decepcionante.

Poder judicial de ida y vuelta

La otra gran apuesta del ministro de justicia era una tarea pendiente casi desde tiempos del rey Wamba, la reforma del poder judicial. La estrategia fue ir por partes, primero aspectos laborales de los jueces, luego competencias y elección de su gobierno, limitación de la justicia universal y, finalmente, la Ley Orgánica. Es una forma de eludir el verdadero control legislativo.

El cambio en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial era una promesa electoral, y la calificación como inconstitucional de la elección parlamentaria fue uno de los titulares que se desprendía de aquella primera intervención del ministro en que anunció su (contra)revolución. No pudo ser. Ni siquiera la ya limitada propuesta de que 12 de los 20 miembros de CGPJ fueran elegidos por y entre los propios jueces. Tampoco la división entre aquellos con dedicación exclusiva o sin ella, introducida por Gallardón en su Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo. El proyecto final de Ley Orgánica del Poder Judicial, ya con Gallardón en barbecho, reducirá el número de los “exclusivos” y anulará de facto la diferencia entre unos y otros. También la eliminación de los “jueces estrella” y su sustitución por un tribunal de tres ha quedado descafeinada, y el proyecto sólo reorganiza las normas de reparto y permite la especialización de los jueces. Pero el cambio más llamativo, por ser el asunto que más protestas había desatado, es el intento de prohibir que jueces y asociaciones judiciales puedan valorar públicamente casos abiertos, (ver post aquí) y que el CGPJ pueda impedir a un medio de comunicación informar sobre el trabajo de un juez que pudiera ver “perturbada” su independencia judicial. De ese empeño del ministro Gallardón no queda nada en el proyecto final. Como tampoco de la anunciada Ley de Demarcación y Planta, que había de reestructurar las sedes judiciales: desapareció sin dejar rastro a fines del 2013. En poco menos de tres años hemos llegado… al principio.

Código Penal, con pena y sin gloria

Algo más de éxito, a lo que se ve, parece haber tenido el ministro Gallardón en lo penal. La ambición aquí era también crecida y los resultados menguados, pero concretos. El intento de Código Procesal Penal , donde ya planteaba la “instrucción fiscal” y suprimía la acusación popular, desapareció sin llegar al Congreso, aunque sus ideas se subrogaron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La intervención de las telecomunicaciones fue considerada inconstitucional por el CGPJ. La instrucción por los fiscales es otro caso claro de reforma de ida y vuelta, ya que Gallardón rectificó la oposición cerrada del PP a esta medida y la asumió como propia, pero el ministro que le sucede en el cargo rectifica la rectificación y deja caer la propuesta del Proyecto presentado finalmente en febrero 2015.

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Del cambio de modelo punitivo de la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal, (agravamiento de penas y desaparición de faltas) se ha dicho que parece blando con los delitos económicos y duro con la protesta social. Por ejemplo prevé un delito de coacción a la huelga que pone los pelos de punta. También incorpora la llamada “prisión permanente revisable”, lo que ya le ha valido un recurso al Constitucional, una llamada de atención del CGPJ y multitud de protestas de colectivos judiciales y ciudadanos. La indudable vocación de perpetuidad del ministro Gallardón, habrá sufrido aquí una decepción al retirarse del texto definitivo toda referencia a las medidas de seguridad de carácter indefinido, que el Anteproyecto preveía para personas con trastornos mentales que hubieran cometido algún delito. Una suerte de cadena perpetua con base en suposiciones sobre la “peligrosidad” del enfermo, que había levantado protestas en el mundo sanitario.

Justicia universal, pero mucho menos

Este debe ser uno de los pocos logros netos del Ministro Gallardón, ya que su Ley Orgánica 1/2014 que modifica la L.O. 6/1985 del Poder Judicial sobre Justicia Universal, sigue vigente, para alegría de las autoridades chinas (ver post de Javier de Lucas aquí) que instaron, según cree saberse, el cambio legislativo. Esta reforma nos saca de la locomotora del derecho internacional para dejarnos en el vagón de cola. Se hizo sin consenso parlamentario, ni apoyo de la opinión pública, y se tramitó como una Proposición de Ley del Grupo Popular (no como Proyecto, que es la vía gubernativa) para eludir los informes del Consejo Fiscal, CGPJ y Consejo de Estado. Está recurrida al Constitucional y aún podría deparar sorpresas.

Aborto y final

Con la reforma del aborto el ministro Gallardón se empleó a fondo, sin reservas. Ahí brilló todo su entusiasmo redentor y su mística conservadora. Con esta reforma, destinada a privar a las mujeres del derecho a decidir sobre su cuerpo, en nombre de principios y creencias de una estricta minoría religiosa, el ministro destapó el tarro de las esencias. “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres” ya que, en su criterio, existe una “violencia estructural” que obliga a abortar. Conclusión: vuelta al sistema de supuestos.

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La iniciativa empezó a naufragar frente a la enorme ola de protestas que suscitó, pero la puntilla se la dio el propio presidente del Gobierno cuando calculó el desgaste electoral que le iba a suponer en un año tan cargado como el 2015. La reforma se abandonó y el ministro, coherentemente, dimitió. De aquella cruzada sólo quedó la exigencia de consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años, que se llevará por vía de Proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular, como en la Justicia Universal y por los mismos motivos, para eludir los informes preceptivos. Será un único articulo en la Ley de Autonomía del Paciente.

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Fuese y no hubo nada, que diría aquel. El plan Gallardón hacía agua mucho antes de lo del aborto, porque con tanta mayoría absoluta y tanta inspiración, se entendía mal con las realidades del mundo.

Ya se sabe que las revoluciones, aunque sean conservadoras, no pueden pararse, porque ahí se pierden. Ésta de Gallardón empezó con ímpetu de caballo, pero se detuvo con firmeza de asno en cuanto tropezó con la pluralidad de la vida. Aún nos colarán lo que puedan de ella pero, de momento, esa revolución acabó en aborto.

Transparencias las menos

Pepe Reig Cruañes

La entrada en funcionamiento del Portal de la Transparencia a finales de 2014 es la primera, o quizá segunda, concreción práctica de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Un hito de modernidad en un país empedernidamente opaco desde mucho antes de aquel “vuelva usted mañana” con que Larra nos tenía retratados.

Esa opacidad, medio ambiente natural del autoritarismo, tenía su reverso en una administración ineficaz, redundante y sórdida, que tenía por costumbre no sólo negarte información que te concierne, sino pedirte por duplicado documentos que producía ella misma.

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La ley, aprobada en su día con votos del ala derecha (PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro), viene a democratizar las relaciones del ciudadano con la Administración. Democratizar significa, según creemos saber, ajustar las procedimientos a los derechos de quienes los ejecutan y, sobre todo, de quienes los sufren. Y aquí es, justamente, donde emerge la primera objeción de fondo a la Ley que nos ocupa. Como recuerda Juan Luis Manfredi, investigador principal de un proyecto interuniversitario sobre transparencia local, que la ley no se tramite como orgánica ya es un indicio de que no se considera el acceso a la información como un derecho fundamental, pese a que así lo considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2009 y el Comité de Derechos Humanos de la ONU desde 2011. Sigue leyendo

La pesadilla de Wert

El ministro Wert tiene un sueño: cambiar una universidad mediocre pero de amplio acceso, por otra que él llama de “excelencia” aunque reservada a minorías. Casi todo lo que hace tiene que ver con ese sueño. La última de sus disposiciones modifica la estructura de los grados que se adaptó al Espacio Europeo de Educación Superior durante el último gobierno socialista.

Con el exquisito respeto a la autonomía universitaria que le caracteriza, propone dejar en manos de los rectores la decisión de reducir los grados universitarios de cuatro (4+1) a tres años (3+2) y cobrar por los otros dos lo que les plazca en forma de master. Unos lo harán y otros no.

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El señuelo con que se espera que piquen las universidades se ha venido preparando desde los laboratorios de la austeridad: los presupuestos se han recortado tanto que hacer pagar a los alumnos casi la mitad de la carrera es una tentación irresistible. Todo ello tras haber recortado abruptamente las becas y subido, igual de abruptamente, las tasas de matrícula, un asunto del que ya hemos hablado en AL REVÉS Y AL DERECHO. Si no se está queriendo reservar la universidad para una minoría pudiente, la verdad es que lo parece. Sigue leyendo

Perpetuo Gallardón

Pepe Reig Cruañes

Al ministro Gallardón le va la perpetuidad. En su Reforma del Código Penal introduce la cadena perpetua revisable para algunos delitos muy graves y también el internamiento preventivo perpetuo para enfermos mentales. Que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal le hace mucha ilusión al ministro, es algo que se ve. A este hombre siempre le ilusionan las cosas más reaccionarias.

Hasta ahora, cuando una persona no podía ser imputada en virtud de su enfermedad mental, se le aplicaban “medidas de seguridad” consistentes en su internamiento psiquiátrico y tratamiento, por un período nunca superior al que hubiera cumplido de haber sido imputada y condenada. Ese internamiento no podía tener más función que la de tratamiento y curación, y eso determina la duración de la medida, ya que en nuestro ordenamiento constitucional no cabe el simple propósito punitivo. No se adivina qué pueda haber cambiado en la sociedad española para que se nos proponga ahora abandonar reinserción por exclusión, pero eso es, precisamente, lo que el ministro Gallardón nos anuncia: que esa misma persona puede ser internada “sine die”, porque el juez puede mantenerle allí por períodos de cinco años, prorrogables sin limitación, aunque los médicos le hayan dado el alta. No importa, pues, el delito que le condujo al internamiento, sino la consideración de los que podría perpetrar. Este es el núcleo de la Reforma del Código Penal en lo relativo a delitos cometidos por personas inimputables. Un cambio de innegable carga ideológica.

La ideología de la peligrosidad

La única razón para que un juez interne “preventivamente” y, añadimos nosotros, “predelictualmente” es la suposición de un peligro potencial. Careciendo de ninguna concreción fáctica y objetiva, dicha suposición no puede basarse más que en un prejuicio o un estigma o, peor aún, en la preconstitucional “peligrosidad social”. En vez de juzgar el delito, juzgaremos al delincuente. Los hechos y sus circunstancias no cuentan; sólo las características personales del individuo, es decir, el estigma con que la sociedad le marca. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en 2008, se va a la papelera sin mayor miramiento. Parecida suerte le cabe al artículo 25.2 de la CE, que obliga a que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

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El conservadurismo juega en este asunto con cartas marcadas: al ligar enfermedad mental y peligrosidad, se induce a confundir dos cosas muy distintas, la psicopatía (una especie de maldad consciente) y los brotes psicóticos (delirios o alucinaciones propias de la enfermedad). Aunque la idea de peligrosidad sea bastante popular, es bien conocido que no tiene el menor fundamento científico. La probabilidad de conductas delictivas entre enfermos mentales tiene más que ver con las circunstancias de su medio social y familiar, que con los síntomas de su trastorno. Es de esperar que los jueces soliciten dictámenes médicos para prorrogar el internamiento preventivo, pero es dudoso que los profesionales de la salud mental se presten a esa labor. Y no sólo por motivos éticos: “Aunque dispusiéramos de un instrumento para evaluar la peligrosidad futura -asegura Pepe Leal, miembro del Grupo de Ética y Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que ha criticado duramente el proyecto- yo no lo pondría al servicio de este propósito, pero es que ni siquiera disponemos de tal instrumento”. La peligrosidad no es un concepto psicopatológico ni clínico, sino otro ejemplo del deslizamiento desde lo sanitario a lo penal.

Es llamativo que todo un Proyecto de Reforma pivote sobre un concepto sin apoyatura científica y que tiene toda la pinta de venir directamente desde el oscuro fondo de la ideología franquista, si no de más atrás todavía. El propio término casa mal con el Estado de Derecho y, como señala la AEN, nos lleva desde “el derecho penal del hecho” (que exige contextualizar las conductas) al “derecho penal del autor” (que permite descontextualizarlas para vincularlas a las características personales del sujeto).

Peligrosidad y sanidad

Es más sencillo apelar a clichés ambientales y populistas, como el de la peligrosidad, invocando un consenso espontáneo no deliberativo, que examinar a fondo las culpas del sistema. Como señala Fernando Santos Urbaneja, fiscal en Córdoba y miembro del Grupo de “Ética y Legislación” de la AEN, “el 83% de los delitos cometidos por personas con enfermedad mental son, en realidad, simples altercados en el ámbito familiar o en la calle, que en la reforma del Código Penal de 2003 se convirtieron en “delitos de violencia doméstica” (art.153 CP). Estos altercados ocurren por falta de tratamiento, porque el sistema sanitario no está funcionando en ese nivel preventivo, esas personas no están atendidas ni medicadas”.

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Este es un fallo de un sistema de salud que todavía es bastante bueno, aunque los recortes lo están pervirtiendo. El asunto es ya mucho peor en aquellas comunidades (Valencia, Madrid) donde hace tiempo que la derecha gobernante abandonó el énfasis en la atención sociosanitaria y preventiva para ponerlo en la hospitalización. Receta segura para que los problemas mentales no diagnosticados o no atendidos se conviertan en problemas penales. La estigmatización hace el resto, “estas personas que han provocado un altercado menor”, recuerda Santos Urbaneja, “saltan rápidamente al sistema judicial, donde entrarán en los supuestos de la Reforma y pueden acabar en un internamiento indefinido, sin haber llegado a cometer ningún delito”. Con una mera falta, más un estigma de peligrosidad social, se pueden convertir en internados perpetuos. Estamos ante un fracaso del sistema del salud, que no previene, seguido de otro fracaso del sistema penal, que renuncia a reinsertar y se limita a incapacitar y encerrar.

El informe de la AEN no puede ser más categórico y sumario: “El proyecto forma parte de un conjunto de medidas legislativas destinadas a la sustitución apresurada de nuestro precario Estado de bienestar por un estado caritativo que culminará con un Estado penal, proceso en el que las políticas sociales están siendo progresivamente sustituidas por políticas de vigilancia y control, que incluye la contención punitiva de las categorías sociales más desfavorecidas”.

Peligrosidad y Derechos

Desde un punto de vista jurídico penal, la barbaridad es tal que el propio Consejo General del Poder Judicial duda de su constitucionalidad. En su Informe oficial denuncia que los internamientos de inimputables o semi-inimputables en centros psiquiátricos podrán producirse “por cualquier delito, también por aquellos que no estén sancionados en abstracto con pena de privación de libertad, basándose simplemente en el peligro que supone para la sociedad”. Simplemente se destruye el principio de proporcionalidad.

El primer Anteproyecto fue severamente corregido antes de convertirse en Proyecto de Ley. Desapareció la llamada “custodia de seguridad”, que se aplicaba una vez suspendido el internamiento, pero en cambio hace casi automática la “libertad vigilada”. Suaviza con nuevas garantías el mecanismo de prórroga del internamiento, al transformarlo en un incidente contradictorio con obligación de oír a la parte, pero sigue siendo una medida contraria a la seguridad jurídica (persiste la posibilidad de devenir perpetua) y discriminatoria (sólo aplicable a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual). Nada menos.

Dónde está el peligro

Si el ministro esperaba recibir apoyo, al menos, de los familiares de personas con enfermedad mental, primera instancia de afectación del problema, debe haber sufrido otra decepción. La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con enfermedad Mental (FEAFES) dirige una carta abierta a Gallardón en la que desde la primera línea manifiesta su “extrema preocupación y oposición”. También los familiares centran sus ataques al proyecto de Ley en el concepto de peligrosidad y también ellos, como los sanitarios, oponen a ese concepto el de “situación de riesgo por carecer de una atención sociosanitaria integral y adecuada”. Consecuentemente, denuncian que el Proyecto de Ley olvide que la atención temprana es la que puede reducir el riesgo y no la derivación a instituciones penitenciarias, que ni reinsertan ni curan.

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La perspectiva a la que casi nunca se da cabida es, precisamente, la que tendría que figurar en primer lugar, la del sujeto paciente cuyo internamiento discutimos. Las asociaciones de pacientes vienen reivindicando una voz propia: aún reconociendo la aportación crítica y rigurosa de la AEN, el trabajo inclusivo de las asociaciones como FEAFES, para romper tabúes y clichés, es preciso también dar cabida a la voz directa de los afectados. Como señala Guadalupe Morales, directora de la Fundación Mundo Bipolar, “de lo que se trata es de la dignidad del paciente”. El proyecto de Ley, en un giro fuertemente ideológico, tiende a considerar a todo enfermo mental como irresponsable y carente de albedrío. Se olvida aquí que la persona con esquizofrenia o trastorno bipolar no es irresponsable todo el tiempo, sino sólo durante los brotes de la enfermedad. De ahí que la privación de libertad, potencialmente “perpetua”, y las medidas que la acompañan vulneren la dignidad y la libertad constitucionalmente protegidas.

Cuando se ignora todo propósito terapéutico o de reinserción, en pro del designio punitivo y de apartamiento de la sociedad, se atenta contra la libertad. Cuando se actúa bajo el prejuicio de la peligrosidad, independientemente de la gravedad del delito efectivamente cometido, se vulnera también el principio de igualdad ante la ley, ya que se aplican penas distintas para delitos iguales.

Las objeciones de la representante de la Fundación Mundo Bipolar, como las de la AEN y las familias, apuntan directamente contra el déficit de humanidad de las perspectivas conservadoras sobre este asunto: ni atienden al sujeto, ni actúan sobre el entorno que enferma al sujeto. Sólo castigan y estigmatizan. Esto es como bracear ante el público apelando a la demagogia de los temores más irracionales. Las penas a perpetuidad, que tango gustan a Gallardón, son como ese braceo, consoladoras y populistas, pero inútiles y también injustas.

Cláusula de conciencia del periodista, se necesitan héroes

Pepe Reig Cruañes

Cuando tres periódicos se deshacen de sus directores sin que las plantillas digan ni mu, quizá sea el momento de poner las lealtades informativas a remojar. No es que el cambio de director no pueda ser una simple opción empresarial sin consecuencias en la línea informativa de esos diarios, es sencillamente que en este caso sería milagroso que fuera sólo eso. Deudas bancarias, pérdida de lectores y presiones políticas son demasiadas realidades para tanto milagro. Así que tenemos, no uno, sino tres diarios (¿sólo tres?) sometidos a cambios que podrían considerarse sustanciales en “la línea editorial”.

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Becas y tasas. Las clases a clase

 Pepe Reig

El inmoderado ministro Wert celebra que las movilizaciones cívicas y estudiantiles contra su ofensiva privatizadora no tengan la contundencia que se acostumbra en otras latitudes. El estilo bronco del ministro de educación sólo puede considerarse inadecuado, si se busca un Pacto Educativo; pero no lo es en absoluto si se pretende arrasar un modelo defectuoso, pero solidario, solidario para implantar uno clasista. Y parece que ese es el plan.

La propuesta de apadrinamiento de estudiantes que defendió Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ante la brutal subida de tasas, representa el grado cero de la idea de un derecho universal a la educación. La indignación con que fue acogida por sindicatos y partidos de izquierda, asociaciones de estudiantes y por algunos rectores, da cuenta del deterioro de los consensos educativos básicos en el país. Pero los argumentos contra esta alternativa bienintencionada, aunque absolutamente dentro de la lógica neoliberal del gobierno y tan en línea con la conversión de la Universidad en un territorio de negocio, no han tenido la profundidad suficiente para afectar a su línea de flotación. Así que no descarto que nos encontremos de pronto ante el mecenazgo dieciochesco de talentos, a manos de nobles empresarios o sponsors de hoy en día.

El debate en España está siendo alicorto y conformista, porque se niega a llegar al fondo de la cuestión: el modelo de universidad que se pretende para una sociedad democrática europea del siglo XXI.

El efecto combinado de los recortes y reformas de Wert, junto a la subida de las tasas y el endurecimiento del acceso a las becas es la inversión de una tendencia que compartíamos hasta hace poco con la mayor parte del mundo. La tendencia a la democratización del acceso a los estudios superiores que se había ido registrando sin interrupción desde mediados de los noventa.

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En efecto, entre 1995 y 2009  se produjo, al decir de los expertos, una apertura generalizada del acceso a los estudios superiores de 22 puntos porcentuales de media en los países de la OCDE. Esto significa que “casi el 60% de las cohortes de edad relevantes acceden a la universidad” (Jorge Calero). Esto no ocurre solo, ni siquiera principalmente, porque se mejoren los indicadores de equidad en nuestras sociedades –todo indica que ha ocurrido justo lo contrario desde que el neoliberalismo es la religión oficial-, sino porque lo requiere el sistema productivo. La universidad como espacio de elite y privilegio había ido quedando atrás por razones de justicia y eficacia social. España había llegado a estar levemente por encima del objetivo marcado por la Unión Europea para 2020, pero los expertos creen que se acaba de invertir la tendencia.

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