Investigar no es ofender

Fernando Flores

Cuando tras una denuncia ante los tribunales existe la sospecha de que han podido existir acciones u omisiones que han provocado la lesión grave de uno o varios derechos, la obligación del Ministerio Fiscal es investigar, a fondo, las circunstancias de lo impugnado; y la obligación de los jueces es admitir y valorar todas las pruebas relevantes que aclaren lo que realmente ha sucedido, para determinar si existe un vínculo causal entre aquellas acciones y el daño a los derechos. Todo esto es así siempre, y debe serlo con mayor razón si las víctimas de esos daños son personas en especial situación de vulnerabilidad.

Hace unos meses, a principios de octubre, la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo delegada para protección de personas con discapacidad y personas mayores afirmó que al principio de la crisis sanitaria en las residencias se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores. No fue una frase al azar, sabía de lo que hablaba.

Más allá de las situaciones inevitables de sufrimiento —y muerte— que muchas personas padecieron a causa de las excepcionales circunstancias que la pandemia provocó en su primera etapa, también han sido numerosos los relatos que han revelado comportamientos no profesionalesirresponsables, imprudentes, mediocres, de mala fe…, de personas y entidades, públicas y privadas, cuyos actos estaban vinculados de una u otra forma a los centros residenciales para mayores. Los medios han dado cuenta de unos cuantos, y son fácilmente consultables los informes de organizaciones serias que los han constatado.

El rigor que exige un tema tan dramático y delicado obliga a considerar como probable que muchos de aquellos comportamientos dudosos, recogidos en medios e informes, o denunciados en los tribunales, no merecen la consideración de ilícitos. Y una vez conocidas las circunstancias precisas de cada caso, aceptar también que otras conductas ni siquiera habrán de ser tachadas de reprochables. La pandemia dibujó un panorama extremo, y se hizo lo que buenamente se pudo. En otras palabras, en muchas residencias se actuó bien.

Es cierto, en muchas residencias se actuó bien, pero en otras no; en otras se actuó muy mal. Y también es cierto que algunas administraciones actuaron mejor que otras; y que algunas lo hicieron de forma deplorable. Por eso si, como dijo acertadamente la Fiscal delegada, en las residencias se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores —el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes, al acceso a la salud, a la intimidad familiar…— llama la atención que casi dos años después no haya habido un solo caso de denuncia de mala praxis de los centros o contra presuntas decisiones ilícitas de la Administración que haya prosperado ante los tribunales. ¿Es que todavía no les ha dado tiempo o, a la vista de los indicios, es que todavía va a ser nunca?

El motivo de esta paradoja podría ser que, como se ha señalado, en realidad, dadas las circunstancias, se hizo lo que se pudo y nada más era exigible. Pero no lo es. Lo cierto es que esta cancelación a cámara lenta de lo ocurrido con las personas mayores (muchas discapacitadas y en situación de dependencia) durante la crisis sanitaria es fruto de la dejadez, la inhibición y la incompetencia de quienes tienen la obligación de cumplir con importantísimas funciones, en la jurisdicción unos, en la política otros.

Después de las cosas que sabemos, ¿de verdad que puede aceptarse en un Estado que dice llamarse de Derecho que decenas de familias permanezcan en la indefensión que supone la absoluta falta de interés real de la fiscalía y los jueces por investigar con seriedad lo sucedido? ¿Y cómo se explica la dolorosa puesta de perfil de las administraciones responsables y los partidos que las sostienen, tan locuaces para otros temas menos graves?

No hablo siquiera de la condena de los culpables, si lo fueren, sino de que al menoscomo ha exigido el Tribunal Supremo en un Auto de diciembre de 2020, se investigue: se esclarezca “si los fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquellas son susceptibles de reproche penal…”; se determine “la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que las personas fueran trasladadas a centros sanitarios…”; y se averigüe “si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos mayores de edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho”.

Nada de esto se ha hecho. Al contrario, en casos especialmente espinosos el interés y el rigor del ámbito judicial han brillado por su ausencia. Así, la Fiscalía de Madrid ha justificado la legalidad de los protocolos de la CAM con datos incorrectos, y en el caso de la residencia Elder de Tomelloso, con 75 muertes y un ostentoso comportamiento irresponsable de su gerente, ni Ministerio Público ni juez instructor han encontrado tiempo y motivos para tomarlo en serio. En otros casos, la lectura de los decretos de la Fiscalía que acuerdan el archivo de muchas de las denuncias muestra que, en su mayoría, dichos archivos no han sido el resultado de una verdadera investigación, sino que se han basado en los informes (naturalmente exculpatorios) de las propias residencias y las administraciones implicadas. ¿Hay que recordar que el Ministerio Público debe defender la legalidad y, especialmente, los derechos de las personas más vulnerables?

El pasado 24 de noviembre la Comisión de Derechos Sociales del Senado aprobó por unanimidad un informe de la ponencia de estudio sobre el envejecimiento en España, en el que se recomienda aprobar un Pacto de Estado para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores y combatir el edadismo, es decir, la discriminación por razón de edad. Tiene mérito, a la vista de esta encomiable iniciativa, que los mismos actores políticos, en sus respectivos parlamentos autonómicos, hayan conseguido malograr la puesta en marcha de comisiones de investigación para saber lo ocurrido en las residencias.

Después de la discriminación masiva a la que fueron sometidos miles de personas mayores durante la pandemia, no se me ocurre mayor acto de edadismo que la cancelaciónel olvido y la negación de reparación de aquellos casos en los que se produjeron acciones y omisiones que vulneraron flagrantemente sus derechos. No se pide una condena colectiva de quienes tuvieron la desgracia de verse envueltos de forma especialmente grave en la toma de decisiones a que obligó la crisis sanitaria. Lo que se exige es una investigación seria caso a caso, a la altura de lo sucedido, y se rechaza, frontalmente, una ocultación mutua de vergüenzas que, al cabo, nos acabará avergonzando a todos.

* Artículo aparecido en infoLibre el 9 de enero de 2021

Icono de silueta con bastón

Fernando Flores

El icono de una silueta con bastón y algo encorvada para ilustrar al grupo de personas mayores de 55 años, que apareció ayer en un informativo, provocó cierta reacción de estupor en las redes sociales y una rectificación en clave de humor por parte del presentador del noticiero. — «Algo exagerado, ¿verdad?» — comentó divertido. La anécdota tuvo su gracia, y reconforta que los pequeños errores se rectifiquen con naturalidad y sin mayores aspavientos.

Sin embargo, sería un error no tan irrelevante pensar que esta anécdota es un suceso aislado, sin conexión con una realidad social que, a menudo, por medio de estereotipos como el del bastoncito, discrimina de forma silenciosa a las personas mayores.

Los estereotipos negativos son prejuicios sociales que minusvaloran a ciertas personas o grupos, y están en la base del trato peyorativo y discriminatorio (por comportamientos sociales, pero también por decisiones normativas y judiciales) que no pocas veces reciben.

Las personas mayores son percibidas en muchas ocasiones —más de las que nos atrevemos a reconocer— como sujetos débiles, inútiles, lentos, improductivos y egoístas, que ya han vivido su vida y que, como dice la hermosísima película de Leo McCarey, deberían ‘dejar paso al mañana’. Esta percepción, que en absoluto se corresponde con la realidad, no es necesariamente obvia, más bien suele ser sutil, muchas veces inconsciente y en absoluto malintencionada. Pero sus efectos pueden ser devastadores.

Esta semana, por poner un ejemplo, la Fiscalía de Sala para la protección de las personas con discapacidad y mayores ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma categórica las resoluciones judiciales que están autorizando la administración forzosa o no consentida de la vacuna a personas residentes en centros de mayores. Las rechaza, con razón, por discriminatorias, pues el trato diferente al resto de ciudadanos se basa, exclusivamente, en tener una edad avanzada y vivir en una residencia.

No se trata de enumerar aquí y ahora una ‘lista de agravios’ (aquí y aquí un par de casos llamativos que ya comenté), pero sí de llamar la atención sobre el hecho de que los prejuicios de los que estamos hablando podrán ser invisibles y aparentemente anecdóticos, pero sumados y decantados en acciones concretas, en absoluto son indoloros para sus víctimas. Están detrás de la soledad y aislamiento involuntario de muchas personas; están detrás del modelo de cuidados —segregado, institucionalizado, a veces inhumano— de muchas residencias; están detrás del triaje mortal que ha tenido lugar al principio de la pandemia, y que ha sido denunciado por el periodista Manuel Rico.

Lo del icono del bastoncito es una anécdota, y hace gracia, pero sería triste que su simpática resolución encubriese o relativizase un problema al que va siendo hora de que nos enfrentemos como sociedad: la desconsideración hacia las personas mayores en una sociedad cada vez más envejecida.

 

 

La edad ¿factor de discriminación en el trabajo?

María Belén Cardona Rubert

La edad ha sido tradicionalmente considerada como un factor decisivo en la ordenación de las relaciones laborales y de Seguridad Social. De hecho, ha sido tenida en cuenta en referencia a la pensión de jubilación o a la extinción del contrato de trabajo a través de diferentes causas, despido colectivo, jubilación forzosa o extinción por mutuo acuerdo en el contexto de los mecanismos de prejubilación, entre otras.

En cuanto a los trabajadores jóvenes, ha existido una normativa especial sobre salario mínimo interprofesional, limitaciones al trabajo y a la jornada de los menores, de prevención de riesgos laborales o sobre contratos formativos y de aprendizaje, entre otros asuntos.

La normativa laboral en absoluto ha sido ciega a la edad, sino que la ha ponderado a muchos efectos. Sin embargo, no se ha planteado más que excepcionalmente la cuestión relativa a la posible discriminación que sufren las personas por razón de la edad en el empleo, en el contrato de trabajo, en las relaciones de Seguridad Social, en el acceso a bienes y servicios, etc. En realidad, el único escenario en el que se ha planteado abiertamente esta materia en España ha sido en cuanto a la jubilación forzosa, en las sucesivas versiones que al respecto ha contenido el Estatuto de los Trabajadores hasta la Ley 3/2012, de 6 julio. Sigue leyendo

Una Convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores

Fernando Flores

Hace ya un año que comenzamos a escribir sobre derechos humanos en Alrevésyalderecho, pero todavía no hemos hablado de los derechos de las personas mayores (las de más de 60 años). Además de que esta ausencia merece una autocrítica, si añadimos que nadie nos lo ha reprochado, quizás podamos convenir que también revela un síntoma: su invisibilidad.

Como en su momento las personas con discapacidad, los dependientes o las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas mayores y sus derechos no han encontrado todavía el hueco en la atención social que sería deseable. Sin embargo, existen razones suficientes para que así sea.

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La organización HelpAge International, que trabaja como red global para la defensa de los derechos de las personas mayores, ha elaborado un Informe que revela la magnitud de las violaciones de derechos humanos que experimentan todos los días muchos hombres y mujeres mayores alrededor del mundo. El Informe revela realidades que nos hablan de tratos indignos y violencia, de maltrato (se entiende que éste existe cuando procede de un ámbito de relación de confianza), de barreras para acceder a cuidados de la salud, de dificultades para acceder a bienes básicos esenciales (el alimento, el agua, el refugio, la ropa y la calefacción), de la imposibilidad de obtener empleo, de sentimientos de inseguridad, de abusos de tipo económico, de falta de asesoramiento legal acerca de sus propios derechos, de alejamiento de la participación ciudadana… Obviamente, estas situaciones de discriminación aumentan de grado en los países pobres, o en los contextos de guerras y de crisis humanitarias, en los que las personas mayores son las golpeadas con mayor dureza, pues son las más vulnerables.

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