Laicidad y pactos políticos

José Manuel Rodríguez Uribes

La laicidad presenta dos proyecciones diferenciadas y, al tiempo, interconectadas, una objetiva y otra subjetiva. La primera afecta a la estructura normativa-institucional, al tipo de Estado, y la segunda a los representantes políticos y a los ciudadanos, a sus relaciones y al modelo más idóneo de convivencia y de participación pública, aunque ambas se necesitan en la práctica.

En relación con la primera, la laicidad como principio objetivo, se concreta en la separación nítida entre Iglesia(s) y EstadoAl Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, entre pecado y delito y entre Religión y Política, limitando el poder eclesiástico, exclusivamente, a su espacio propio, circunscribiéndolo al ámbito particular de la confesión religiosa y de sus fieles y reclamando, por consiguiente, la autonomía de la política democrática. Es el principio de neutralidad institucional. La Iglesia no tiene en este ámbito poder político alguno, en ningún caso formal y su participación en la conformación de la opinión pública y en la voluntad general es en pie de igualdad con el resto de organizaciones y el conjunto de los ciudadanos. Sigue leyendo

La razón de Estado y los derechos humanos. ¿Un Ministerio de derechos humanos?

Javier de Lucas

Entre las ideas interesantes que se encuentran en los diferentes documentos presentados por los partidos políticos a propósito de las negociaciones para investidura y/o Gobierno en estas semanas, una de las que apenas ha recibido atención es la formulada por Podemos, la propuesta de crear una Secretaría de Estado de derechos humanos.

En la estructura actual de la Administración central del Estado no existe tal cosa (si dejamos aparte el Defensor del Pueblo, porque su naturaleza es muy diferente, comenzando por el hecho de que es Comisionado de las Cortes generales y, por tanto, independiente del Ejecutivo). Sí hay departamentos de menor rango, con competencias específicas y limitadas. Por ejemplo, durante mucho tiempo existió la oficina de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, transformada por un Decreto de 9 de enero de 2015 del Gobierno Rajoy que creó la Dirección general de Naciones Unidas y derechos humanos. Con todo, conviene tener en cuenta el propósito con el que tomó esta iniciativa, en el que parece decisivo el contexto político, esto es, medidas que acompañaran al papel que alcanzaba España al ser elegida miembro del Consejo de Seguridad en ese período. Sigue leyendo

Sobre la democracia interna de los (partidos) modernos

Fernando Flores

Las sorprendentes declaraciones del eurodiputado de UPyD, Sosa Wagner, quien en un artículo de opinión ha acusado de autoritarismo y personalismo a la dirección de su partido, y la constatación por parte de Podemos de que algunos de sus Círculos están siendo creados u ocupados por personas ajenas a la ideología o los principios de la organización, trae de nuevo el debate sobre el alcance que se puede esperar de la exigencia constitucional de democracia interna en los partidos políticos. Pero esta vez con la novedad de que estamos ante dos formaciones que han coincidido (con siete años de diferencia) en presentarse al electorado como algo “diferente” a los partidos clásicos, y que, en teoría, conocen y practican una forma alternativa de relación entre los dirigentes y el demos (comprenda éste a militantes, afiliados, simpatizantes o votantes) vinculado a su organización.

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En primer lugar creo que merece la pena perder un momento para reivindicar la manifestación del derecho de asociación que es el partido político, como idea y como instrumento fundamental –imprescindible, en absoluto el único pero sí imprescindible– de las maltrechas democracias representativas, que lo son hasta el día de hoy y lo van a ser por algunos años más.

La teoría general sobre partidos nos explica que sus funciones básicas son la de recoger, filtrar y agregar las demandas sociales, la estructuración del voto, el denominado reclutamiento de las elites y del personal político, y la toma de decisiones y la formación de políticas públicas. Los partidos representan a la sociedad en el Estado, o en organizaciones mayores como la UE, y tratan de llegar al gobierno para realizar las demandas sociales que representan. Creo que ninguna de estas funciones es ajena ni a Podemos ni a UPyD, y por eso entiendo que las declaraciones de sus dirigentes tratando de alejar de su organización la imagen de partido “institucional” se deben, sobre todo, a una cuestión de oportunidad política, pero que no se corresponden con la realidad.

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Así, la idea según la cual Podemos solo es un partido porque legalmente le obligan (ver su página web) carece de sentido. Aunque su denominación no fuera la de “partido político”, el grupo de personas que lo ha impulsado habría creado una organización dirigida a recoger y ordenar las demandas sociales, sería una plataforma de selección de representantes y líderes políticos y trataría de llegar al poder para realizar su programa, lo cual lo convertiría en un partido, independientemente del modo en que decidiera nombrarse. Cosa distinta (y desde luego muy importante) es la metodología que Podemos esté utilizando para relacionarse con la sociedad y ser parte de ella, para absorber y estructurar la voluntad popular, para seleccionar sus líderes y dirigentes, y para tomar decisiones políticas. Sin duda es en este campo donde se revelan las carencias más graves de los partidos conocidos, y donde Podemos subraya su singularidad (en principio, y si se atiende a sus propuestas y funcionamiento conocido –salvo alguna que otra excepción- con razón). Sin embargo, este fundamental aspecto tiene que ver con la democracia interna de la organización y su apertura a la sociedad, pero no con su naturaleza como partido.

De igual manera, que UPyD sea una organización política diferente porque no está formado por “políticos profesionales”, además de quedar desmentido por la dilatada biografía de su líder, muestra un aspecto difícil de constatar en un partido con siete años de historia. Aún así, el concepto “político profesional”, además de resultar ambiguo,  suele utilizarse de modo peyorativo, y creo que en realidad se refiere más a una forma de actuar (el primer objetivo del político profesional sería su propio interés y futuro) que a la permanencia en la arena política. Hay políticos con muchos años de intachable trabajo en su partido y en las instituciones, y otros que acaban de llegar y se comportan como auténticos “profesionales”. Por lo demás, en el contexto del que estamos hablando, Gorriarán (diputado de UPyD por Madrid y responsable de Programa y Acción Política del partido) ha descrito a Sosa Wagner como “corrupción política pura”, lo que demuestra que es mejor no caracterizar a las organizaciones políticas por elementos menores (y escurridizos), y si son partidos políticos, llamarlas partidos políticos.

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En cuanto a la democracia interna de los partidos, ésta se nutre fundamentalmente del ejercicio efectivo de los derechos de sus afiliados. El acceso a la información, la libertad de expresión, la participación en las propuestas y las deliberaciones internas, la posibilidad de ser candidato a los puestos de dirección del partido o a formar parte de las listas que éste confecciona para las elecciones a instituciones del Estado… estos son algunos de los derechos más importantes para garantizar un funcionamiento interno que habitualmente recogen los estatutos de los partidos. Otra cosa es su efectividad.

Esa efectividad viene reducida muy considerablemente por dos hechos complementarios: el primero es el contexto extremadamente competitivo en que actúan los partidos, que aconseja ofrecer al ciudadano elector una imagen de solidez y claridad de ideas (más aún en un sistema como en el español en el que hay elecciones prácticamente todos los años). El segundo es la tendencia de las organizaciones –a saber sus dirigentes– a sobrevivir a (lo que, con razón o sin ella, consideran) ataques o prácticas que pueden poner en peligro su fortaleza o hegemonía. Es por ello que el Tribunal Constitucional español ha considerado que junto a la exigencia de democracia interna en los partidos (art.6 de la Constitución), también debe reconocerse a estos un margen razonable de autoorganización y funcionamiento (derivado éste del derecho de asociación que reconoce el art. 22 CE). Como es sabido, la tensión constante que este equilibrio provoca suele ser favorable a quienes ostentan la dirección del partido y perjudica a las (normalmente minorías, aunque tengan razón) que reclaman un funcionamiento más democrático.

En cualquier caso, lo interesante ahora es comprobar cómo los partidos ‘modernos’ encaran la puesta en práctica de esa democracia interna, después de haber criticado duramente (y con razón) las prácticas autoritarias, elitistas y auto-conservadoras de las oligarquías de los partidos ‘tradicionales’.

Es cierto que la crisis de la representación, la creciente decepción democrática y las reivindicaciones de muchos colectivos sociales han propiciado que los partidos hayan interiorizado la “necesidad de abrirse”. De ahí que palabras como ‘primarias’ o ‘auditorías externas’ (la información sobre los ingresos y gastos de los partidos se ha revelado esencial para su funcionamiento democrático) empiecen a resultar habituales en sus discursos, con distinta convicción según de quién procedan. Lo que sucede es que los partidos tradicionales sienten que conocer la solución (por lo menos parte de ella) a su mala imagen no les arregla el problema, pues temen que esa apertura, si es real, los acabe convirtiendo en irrelevantes o minoritarios. No hay que olvidar que a la conflictividad interna que supone una apertura democrática, debe añadirse el aprovechamiento de la misma por los enemigos políticos (a través de los medios de comunicación afines que, no debe dejar de decirse, son mayoritariamente conservadores), y debe sumarse la dependencia de los bancos, que no suelen ser amigos de las operaciones de alto riesgo (cuando se juegan con dinero propio). En realidad estos partidos están sometidos al círculo diabólico que crea el poder en una sociedad capitalista y no participativa.

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En principio los partidos ‘modernos’ lo tienen más fácil. Primero porque la mayoría de sus militantes y simpatizantes “se lo creen”, creen en la posibilidad y necesidad de la apertura a la participación ciudadana, la transparencia y la democracia interna de sus partidos. Después, porque su recorrido temporal es menor, y no se han visto sometidos a las inclemencias de la política real (inclemencias entre las que destaca la distribución de candidaturas y, en su caso, los cargos institucionales). En su contra actúa la aparente exigencia social de un híper liderazgo (Díez, Iglesias) que se compadece mal con la pretendida horizontalidad de sus propuestas.

Sea como fuere, creo que así como UPyD ha silenciado en los últimos años sus denuncias sobre la profesionalización de la política y los partidos, el tiempo moderará el asamblearismo de Podemos y encajará las propuestas radicales de apertura y transparencia en su (enormemente difícil a la vista de los ataques que recibe) quehacer político diario. De hecho, en mi opinión es Podemos, precisamente por la radicalidad de algunos de sus planteamientos y a pesar de sus contradicciones, quien más tiene que aportar a la imprescindible evolución democratizadora de las partidos. Sin embargo, creo que sería un error (lo está siendo por parte de muchos) esperar la realización de su “programa máximo” en lo organizativo, pues la decepción puede provocar un castigo más inmerecido que la prematura subida a los altares.

En fin, Robert Michels decía en 1911 respecto del SPD alemán que si este partido no podía ser democrático internamente, ningún otro podría serlo, y en 1922 Michels acabó trabajando para Mussolini. La inteligencia, la comprensión y la empatía también deberían aplicarse al análisis de la política.