La esclavitud del siglo XXI: la trata de mujeres para su explotación sexual

Ana Valero

El pasado 16 de octubre la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat publicó las cifras relativas a la trata de seres humanos en Europa en los últimos dos años analizados. En su Informe sobre el Trafficking in Human Beings señala que entre 2010 y 2012, último periodo del que se dispone de datos, se contabilizaron 30.146 casos de trata, un 28% más que en el trienio 2008-2010.

Aunque la “esclavitud del siglo XXI” puede recaer sobre cualquier ser humano y sus fines son diversos: la explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos, venta de bebés o robo forzoso, etc., lo cierto es que el 80% del tráfico recae sobre las mujeres y su finalidad es la explotación sexual. De ellas el 67% son adultas y el 17% niñas: el 45% de víctimas registradas son mayores de 25 años, el 36% tienen entre 18 y 24 años, el 17% comprende la franja de edad que va desde los 12 a los 17 años, y el 2% entre 0 y 11.

Si se atiende a las cifras ofrecidas por la Oficina Comunitaria se observa que el 65% de las víctimas poseen la nacionalidad europea. Así, los cinco países que tienen el mayor número de víctimas registradas son Rumanía, Bulgaria, Países Bajos, Hungría y Polonia. Y, de entre los extracomunitarios, se encuentran a la cabeza Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia. Sigue leyendo

CIErrenlos!

Javier De Lucas

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), denominados en otros países Centros de Retención Administrativa (CREA), son una pieza tan esencial como terrible –y poco conocida de las políticas migratorias de la UE y de la mayoría de sus Estados miembros.

Es verdad que hoy las noticias sobre inmigración parecen haber pasado a segundo plano: vivimos tiempos tan difíciles para la mayor parte de los ciudadanos de los países del Sur de la UE -evidentemente para España-, que el argumento de la “preferencia nacional”, el nosotros, primero y los de fuera que se apañen, que ya nos han costado demasiado, se ha impuesto hasta casi pasar a formar parte del sentido común, un tópico que la opinión pública ha asumido y casi nadie cree necesario argumentar. Parecería como si la inmigración hubiera dejado de ser un elemento definitorio de nuestras prioridades: bastantes problemas tenemos y, además, ya no los necesitamos. Frente al paro, los brutales recortes en derechos y servicios sociales, la corrupción o la deficiencia de nuestra clase política, la gestión de los movimientos migratorios y de su presencia entre nosotros ya no es una prioridad, una preocupación. Sobre todo porque, para sorpresa de algunos, acabamos de descubrir que oficialmente somos de nuevo un país de emigrantes. Y aún más, no es sólo que el saldo migratorio sea de nuevo negativo (salen más personas de las que llegan) sino que cada vez parece más claro que una parte de lo mejor que tiene nuestro país, profesionales preparados y en particular jóvenes, contemplan el proyecto migratorio, ir a vivir de forma estable a otro país, casi en términos de necesidad.

Pero si se me apura, incluso esta última consideración debiera conducirnos a otro tipo de valoración. Ante todo porque frente al espejismo del mensaje que se lanza a la opinión pública, esto es, que se acabó la inmigración, que ya no vendrán más inmigrantes y los que están volverán a sus países de origen, lo cierto es que los movimientos migratorios hacia nuestro país -como destino o como tránsito hacia el resto de la UE, a países europeos menos deprimidos o incluso más prósperos- no van a desaparecer.

Repitámoslo: las migraciones son un fenómeno estructural y aún más, incentivado por la profunda desigualdad que impone el modelo neoliberista de capitalismo de casino en el que vivimos. Y lo que es más importante, en la medida en que esos movimientos migratorios sigan regulados casi exclusivamente bajo la perspectiva del beneficio y del orden público, esto es, la lógica del mercado y la lógica securitaria (que, las más de las veces, es un pretexto, una coartada de consumo partidista interno), los instrumentos jurídicos de esas políticas migratorias, seguirán ofreciendo un déficit insoportable en términos de legitimidad e incluso de eficacia. Quienes han tenido algún contacto con la aplicación de instrumentos jurídicos de las políticas migratorias en Europa saben bien del recurso frecuente a los eufemismos con los que se trata de disimular  la creación de una auténtica legislación de excepción (son tesis bien conocidas desde los trabajos de Agambem o Lochak),  incompatible con exigencias básicas del Estado de Derecho, pues no es sólo que la aplicación de esos recursos jurídicos propicie de facto actuaciones administrativas contrarias a esas exigencias, sino que, de iure, no pocas de las disposiciones jurídicas de las legislaciones de inmigración (mal llamadas de extranjería) suponen el cuestionamiento cuando no la derogación de alguno de sus principios fundamentales: la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la propia noción de seguridad jurídica y, por supuesto el principio de publicidad sin el que no es posible el control. Pues bien, ese es el caso de los CIE.

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