Testigos del otro. El Método Villoro.

Javier de Lucas

Para Javier Baeza y todos los Javier Baeza

Como a muchos otros ciudadanos de este país, me avergüenza que haya transcurrido un mes desde la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 personas, sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad política por un suceso luctuoso que, si hubiera ocurrido en un accidente de tráfico o por una explosión fortuita de gas, por poner dos ejemplos conocidos, ya habría concitado el esfuerzo de los políticos profesionales por hacer saber en prime time su decidida voluntad de establecer responsabilidades y llegar a las últimas consecuencias. Aún más, como a muchos otros, me indigna la inmundicia que se arroja sobre quienes han/hemos pedido que se investiguen los hechos, porque con ello –aseguran- ponemos bajo sospecha nada menos que a la Benemérita. Precisamente por todo eso, me parece más necesario que nunca acudir al pensamiento intempestivo, tal y como lo ejerció Luis Villoro, el filósofo mexicano de origen español que nos acaba de dejar.

Sigue leyendo

TVE y servicio público: ¿De qué estamos hablando?

Ana Valero

El pasado martes 25 de febrero TVE emitió, como todas las tardes desde el pasado mes de agosto, el más polémico de los programas de su parrilla, Entre Todos. Un programa que la propia web de RTVE define, propagandísticamente, como de “servicio público”, entrevista a personas que se encuentran en situaciones extremas de necesidad, cuando no de exclusión social, para que cuenten en directo su drama personal. Una presentadora con un discutible sentido de la ética y la estética periodística, hurga en su desgracia mientras canaliza las llamadas de ayuda de los tele-espectadores. En un país donde el “Estado del bienestar” está siendo desmantelado a marchas forzadas, y donde se hacen retroceder los derechos sociales y las libertades civiles, no puede negarse cierta coherencia a eso de sustituir servicio público por caridad. Si quitas algo, lo mejor es que pongas otra cosa, aunque sean migajas. Esta es la ideología que nos traen los que abominan de la ideología, y nos la traen desde la radio y la televisión públicas.

En el último programa de Entre todos, la presentadora Toñi Moreno traspasó la línea roja al alentar a una presunta víctima de la violencia de género a que volviese con el que definió como el “hombre de su vida” y la reprendió afirmando que “quien no denuncia los malos tratos, debe callar para siempre”. Pero es que esa misma semana, en otro magazine llamado La Mañana de la 1, su conductora, Mariló Montero, organizó una mesa de debate sobre un curso que se iba a celebrar en Barcelona el 22 de febrero bajo el título “Ser puta no es fácil”. En dicho debate la directora del curso defendió el interés que en tiempos de crisis puede tener para las mujeres aprender las “claves del oficio” y la presentadora se negó a que, lo que muchos podríamos entender como “apología de la prostitución”, pudiera ser discutido y contrarrestado por el punto de vista de otra de las invitadas, la abogada y feminista Lidia Falcón, al suspender de manera inesperada el debate.

Sigue leyendo

La inmigración no debe ser un tema de seguridad

Fernando Flores


Mientras escribo estas líneas Ana Pastor entrevista

a la eurodiputada Marine Le Pen en #ObjetivoUltraderecha.

Oigo a ésta hablar del interés superior de Francia,

de la inmigración útil e inútil, del obligado cierre de fronteras,

y el tono me resulta familiar, pues estas últimas semanas

he escuchado varias veces las declaraciones

del Ministro del Interior y del Director General de la Guardia Civil

 

Cada Telediario de TVE de los últimos diez días comienza con una “avalancha de subsaharianos fuertes y violentos” contra las vallas de Melilla o de Ceuta. Varios policías marroquís heridos. Todos los días. A mediodía y por la noche. “Han conseguido entrar 100, 200…”, proclama la locutora, pero con las veces que lo repite se diría que han entrado miles. Imágenes de muchachos negros, enloquecidos de alegría por haber podido alcanzar territorio español. Centros de acogida desbordados. Entrevista a agentes de la autoridad. Misión de siembra cumplida: avalanchas humanas de africanos, violencia, desesperación, euforia desatada y descontrol, no caben, hay que mandarlos a la Península… Imposible que no crezca la desconfianza y el temor.

Para España, para Europa, digan lo que digan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales vigentes en materia de derechos y los discursos de los políticos, la inmigración se plantea como un tema de seguridad, no como un tema de derechos humanos. Por eso cuando las personas tratan de llegar a nado se les dispara pelotas de goma, en vez de lanzarles flotadores.

Sigue leyendo

Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

Sigue leyendo

Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

Marca-Espana_embajadores_0524_1

Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

fontdevila

Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

peridis

Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

Malditos duelos!

Javier De Lucas

Como muchos de los que conocen de primera mano la realidad de la inmigración irregular y del laberinto del asilo, escribo desde el hartazgo de escuchar palabras huecas en las declaraciones de tantos prominentes hombres y mujeres que nos gobiernan. Esos que ahora buscan a la prensa para exhibir su compasión y que son los mismos que han rechazado una y otra vez, con prudente realismo y en aras de criterios económicos “racionales”, nuestras críticas ante su ciega política de inmigración y asilo. Por eso, por hipócritas o, aún peor, por cínicos, malditos sean la inmensa mayoría de los duelos, lamentos y condenas que hemos podido leer en estos días, después de la enésima tragedia en las costas de Lampedusa, el pasado jueves 3 de octubre

Hay excepciones, sí. La primera, la del papa Francisco, que escogió cuidadosamente  Lampedusa para su primera salida del Vaticano, en julio de este año  y dejó un un duro e impecable  discurso sobre lo que llamó “globalización de la indiferencia”. También la de la alcaldesa Giusi Nicolini, que harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que La UE se decidiera a actuar. Y que contestó al cínico vicepresidente Alfano conminándole a venir a enterrar a los muertos,  cuando éste pretendió erigirse (¡¡habrase visto desvergüenza!!) en portavoz de la necesidad de “otra” consideración de la policía migratoria.

ataúdes - Tragedia-Lampedusa_MDSIMA20131005_0082_7

Por lo que se refiere a la prensa, entre mucha basura y no poca crónica de rutina, me parecen destacables tres testimonios: el artículo en La Stampa de Domenico Quirico “Sul molo de Lampedusa a contemplare la norte”, (se puede encontrar traducción italiana en El País: “De nuevo en el muelle de la muerte”); el de Juan Luis Sánchez, “Asalto o vergüenza: en qué quedamos”; y el de Sami Naïr, “Morir en Lampedusa”. Los tres ponen de manifiesto algo que me parece imprescindible. Hay relación de nexo causal entre esas tragedias y las políticas migratorias de los países de la UE, empeñados en un modelo basado en el control “hidráulico” (tantos entran como puestos de trabajo disponibles y necesarios; ni uno más. Y a los que “se cuelan” hay que echarlos de inmediato), y obsesionado con la lucha contra la inmigración ilegal, pero no tanto con las causas reales de los movimientos migratorios. Y es que resulta insoportable la contradicción de estar empeñados en difundir discursos xenófobos y racistas que predican una Europa asediada por las amenazas de las hordas del tercer mundo, discursos que inspiran la construcción de muros y la vigilancia de los mares con cañoneras (como exigía el ministro Marone, compadre del hoy compungido Alfano) y luego soltar la lágrima por los muertos.

Porque estos muertos no son los primeros. Baste pensar en qué han quedado en las aguas y orillas de Lampedusa más de 8000 cadáveres desde 1990: los cómputos más fiables hablan de más de 17000 en los últimos diez años en toda Europa: basta examinar por ejemplo el dossier “Muertos en las fronteras de Europa: un éxodo letal”, o, de la misma ONG, la lista de refugiados muertos en las fronteras europeas. Para quien esté interesado en las cifras en nuestro país, es decir, para las víctimas en el Estrecho y en el viaje desde las costas de África Occidental a Canarias, son imprescindibles los informes anuales “Los derechos humanos en la Frontera sur”, elaborados por la Asociación por Derechos Humanos/Andalucía, APDHA.

frontex-mtm_map

En el desastre del día 3 en Lampedusa hablamos quizá de más de trescientos muertos, puesto que sólo se ha rescatado con vida a 155 de los aproximadamente 500 pasajeros. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) que, en su mayoría (salvo los procedentes de Siria) han recorrido más de 4.000 km en su huida de la guerra en Somalia y del caos en Eritrea, de la miseria aquí y  allá. Más de 300 muertos. Un listón paradójica y tristemente demasiado alto como para que los próximos naufragios –que llegarán- alcancen atención mediática. Pero no pasa nada. Las lamentaciones se producen como si se tratase de muertes naturales o de crueles designios del destino. No podemos, no debemos aceptarlo. El hartazgo y la rabia que nos llena a muchos de nosotros no es el de la impotencia ante desastres “naturales”, tan lamentables como inevitables. Lo diré: esas muertes son homicidios, si no algo peor. Y hay responsables. Hablemos de ellos. Y no sólo para decir que malditos sean.

Malditas, sí, las autoridades nacionales –las italianas en este caso-, que hacen leyes que convierten a inmigrantes irregulares y necesitados de asilo en presuntos delincuentes. Hagamos algunas preguntas: ¿Alguien ha reparado en el hecho de que forman parte del actual Gobierno italiano (ese que, al decir de algunos prudentes opinadores, sería una esperanza para la izquierda por haber vencido a Berlusconi) un vicepresidente –Alfano- y varios ministros del partido que respaldó la ley Fini-Bossi que significó en 2002 el establecimiento de la inmigración irregular como delito y la penalización de la ayuda a los inmigrantes irregulares? ¿Alguien ha tenido en cuenta que esa ley, que el mismo “renovador” Gobierno Letta no ha derogado –ni entraba en sus planes; veremos ahora, ante la conmoción de la opinión pública- es muy probablemente la razón de que los tres pesqueros que no auxiliaron al buque en llamas podían haber sido multados (incluso con penas de prisión) en caso de haberlo hecho? No es esa ley una violación flagrante de las viejas leyes del mar, como muestra Terra ferma, la película de Emmanuele Crealese de 2011? ¿Qué grado de cinismo permite a ese Gobierno declarar que dará la nacionalidad póstuma a los muertos para enterrarlos como ciudadanos italianos –europeos- y así “cumplir al menos de esta manera su sueño”, sin vomitar por ese gesto de asqueroso paternalismo? Hay toneladas de dignidad mayor en las miles de tumbas sin nombre, que no en estos entierros “oficiales” para “buenos muertos europeos”.

Lampedusa migration

Maldito sea el Senatur Bossi y su Legha Nord, que han atizado el fuego xenófobo y a los que no les parece suficiente la ley antimigratoria que él mismo impulsó junto con su entonces aliado Fini. Y malditos los políticos del Polo de la libertad de Berlusconi que hicieron también campaña con estos lemas y defendieron esa ley aberrante. Maldito Bossi, quien tiene el cinismo de echar la culpa de la tragedia a la ministra de integración del Gobierno Letta, Cecile Kyenge, que por el mero hecho de ser africana constituye de suyo un poderoso “efecto llamada”, origen del viaje irresponsable que emprenden los “inmigrantes africanos”. Un efecto como aquel que tanto preocupó a los Gobiernos de Aznar en España y, de otra manera, también a algunos ministros del PSOE, como los señores Corbacho y Camacho. Por eso, malditos los gobiernos que permiten que continúe la tragedia en torno a Canarias y en el Estrecho, cementerios marinos, territorios de naufragio que ha sabido documentar con mirada propia el extraordinario fotoperiodista Marcos Moreno, a quien dedicó su página especial la revista Periodistas en su número 39.

Malditas las autoridades europeas responsables de las políticas migratorias y de asilo de la UE. Es cierto que la competencia en estos temas corresponde a los estados nacionales, pero ¿podemos olvidar el efecto criminalizador y de negación de derechos, por ejemplo, de la malhadada Directiva europea de retorno, adoptada en 2008? ¿Podemos olvidar la progresiva degradación del derecho de asilo a la que contribuyen no sólo los Estados nacionales que modifican a la baja su marco legal sobre asilo y refugio (como lo han hecho el Gobierno español, el del Reino Unido, el italiano, el danés  o el holandés, por poner algunos ejemplos), sino la propia UE? En efecto, la UE se muestra terne en su empeño de una lista restrictiva de “países seguros” y voraz en exigencias de blindaje de fronteras para impermeabilizarlas contra una presión de refugiados ignorando que éstos se dirigen sobre todo a países limítrofes y apenas pueden llegar a Europa. ¿Qué decir de esos acuerdos bilaterales para permitir expulsiones rápidas (y aun colectivas) de recién llegados de quienes apenas alguna vez se averigua si pudieran ser refugiados a los que hacen cada vez más difícil plantear las demandas de asilo? Por eso, no es aceptable el horror de la comisaria Malström que se espanta de lo sucedido y dice que hay que luchar más eficazmente contra los traficantes de personas. No se han enterado de nada. No quieren enterarse de la verdad. Veremos si la reunión de los Ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, el martes 8 de octubre, da muestras de haber aprendido algo…

Malditos, insisto, quienes propician que se lesione sin remedio ese derecho elemental, el derecho de asilo, última esperanza para centenares de miles de refugiados. Porque se comete un gravísimo un error, a mi juicio, cuando se habla de tragedia de inmigrantes irregulares o indocumentados o clandestinos. Sería muy grave si se tratase de eso. Pero es aún peor. Quienes llegaban ahora a esa isla eran, en gran medida, como sucedió en 2011, refugiados que huyen en busca de asilo. Huyen de Estados fallidos como Somalia o Eritrea. Huían de la guerra, del hambre y de la persecución de bandas paramilitares y parapoliciales, cuando no de la propia policía y de los ejércitos que devastan a la población civil. Y nuestros Estados (Italia, España, Francia…la UE también) no tienen frente a ellos un deber de caridad, de solidaridad o humanitario, sino una obligación jurídica de primer orden. La que nace de ser partes, de haber incorporado en nuestro Derecho las Convenciones  e instrumentos jurídicos del Derecho internacional de refugiados.

cementerio - Lampedusa

Por eso, maldito será también el Alto Comisario de los Refugiados de la ONU (ACNUR), el portugués Gutierres si, además de lamentar la tragedia y enfatizar su gravedad de modo ritual, como en ocasiones anteriores, no recuerda con toda exigencia y vigor que se están violando obligaciones jurídicas internacionales, y que hay responsabilidades exigibles. Y hace todo lo posible para que se establezcan esas responsabilidades, en lugar de mirar para otro lado tras el comunicado con crespón.

Malditas las autoridades nacionales y europeas cuando, en casos contrastados aunque afortunadamente excepcionales respecto a lo que es su línea de actuación habitual (por la que merecen reconocimiento), han hecho la vista gorda sobre naufragios en los que hay fuertes indicios de responsabilidad por parte de quienes tienen el primer deber de proteger. Pongo como ejemplo el caso detallada y empecinadamente denunciado por el periodista Nicolás Castellano y sobre el que ocho meses después (no como en el accidente del Alvia en Santiago) seguimos sin haber esclarecido los hechos.

Ya sé que siempre habrá una voz realista que recuerde que la responsabilidad frente a las desgracias que ocurren en el mundo no es de Europa, ni de Occidente, sino en primer lugar de los propios regímenes y aún de los países en que la población vive en la miseria, con hambre, sin derechos, sin expectativas de vida. Pero no puedo aceptar que nuestra respuesta a los eritreos, somalíes y sirios, a ese nuevo pueblo que vive una Anábasis inédita como escribía Quirico, el pueblo de la inmigración, el de los refugiados, sea: “busquen en otra ventanilla. Nosotros ya cumplimos y más que nadie con los programas de cooperación y desarrollo”. Vergüenza para todos nosotros, quienes presumimos de los valores de la UE, de la defensa y garantía de los derechos humanos y de la democracia y los olvidamos en cuanto son de otros y llegan hasta nosotros. ¿Cómo podrán entender esta barbarie nuestros nietos, si no exigimos que se haga justicia, que se adopten medidas que primen esa garantía de los derechos humanos universales como condición sine qua non, en lugar de hacer cada vez más difícil la esperanza de asilo para los desamparados y negar el derecho elemental a la salud a los pobres inmigrantes irregulares como hemos aprobado aquí con el Decreto 16/2012 del Gobierno Rajoy?

A todos aquellos a quienes maldigo, les deseo como redención que sean capaces de emprender, al menos metafóricamente, al menos mediante la lectura,  el viaje al revés, el de Salvatore Piraci, el protagonista de la novela de Laurent Gaudé, Eldorado. Piraci, comandante del guardacostas Zeffiro, con base en Catania, vigila la llegada de inmigrantes a Lampedusa. Este “centinela del la ciudadela Europa” conoce a una mujer inmigrante que ha perdido a su bebé en la travesía hacia Lampedusa y sólo vive para vengarse de los traficantes que la explotaron en ese viaje. Piraci acabará por emprender el viaje a la inversa y comprender así la Anábasis de los desplazados, la travesía vital de miles de seres humanos que llegan hasta Libia, hasta Ceuta o Melilla, en pos de un sueño que los europeos sólo queremos para nosotros.

Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

rubalcaba chacón zapatero 1

La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

manos

Prostitución y derechos humanos

Pepe Reig

Si un día cualquiera, caminando por las calles de Valencia, se le ocurre aceptar los servicios de una prostituta, sepa que incurre en una infracción muy grave por la que le pueden caer hasta 2000€ de multa. La oferente podrá ser conminada a abandonar su actividad y, caso de reincidir, conducida a comisaría por desobediencia y denunciada.

Esto es lo que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Valencia con los votos de PP y PSOE y la oposición de IU, Compromís, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las organizaciones feministas, el Colectivo Lambda, etc.

La Ordenanza Municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, aún pendiente de alegaciones, no se acoge en su exposición de motivos ni a uno sólo de los textos legales, convenios y protocolos internacionales dedicados a combatir la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, que vienen orientando la actividad normativa en este campo. Ni el Convenio sobre prostitución de la ONU de 1949, que negaba a esta actividad el carácter laboral; ni el Protocolo de Palermo (2000) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; ni el Convenio Europeo de 2005, ni el Informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado que en 2007 concluyó, en línea con el modelo sueco, que la prostitución era una forma de explotación sexual; ni siquiera el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación Sexual, aprobado en Consejo de Ministros en 2008, que se inclina por una respuesta abolicionista.

Una Ordenanza de policía

El texto de la Ordenanza de Valencia viene con membrete del departamento de la policía local. Y eso es exactamente lo que es, una Ordenanza de policía, que no se plantea de ningún modo abordar la prostitución como un asunto de derechos humanos, ni como una cuestión de igualdad de género, ni siquiera como un problema de exclusión social o de salud pública. Un asunto de policía, es decir, de seguridad y una cuestión de “uso del espacio público”, es decir, de imagen urbana. En esto sigue la senda de una iniciativa similar registrada en Barcelona durante el gobierno tripartito y, como aquella, parece abocada al fracaso.

El fundamento declarado no es otro que “preservar a los menores de la exhibición de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales” y “establecer una regulación sobre la ocupación del espacio público” (Art. 1). Cuando la preocupación principal es de imagen, lo que se obtiene es “invisibilidad”, es decir, ocultación hipócrita del problema, lo que hace más difícil su tratamiento. La Plataforma de Organizaciones Feministas, por ejemplo, apunta a un previsible efecto perverso de la Ordenanza: al dificultar la negociación del servicio en plena calle, se está empujando a las mujeres a los locales donde los peligros de violencia, exclusión y explotación permanecerían ocultos y a merced de los dueños de locales de alterne y proxenetas. Eso o, lo que sería peor, se empuja a las mujeres a las carreteras y los polígonos para que no estén a la vista. La conducta que la norma prohíbe es “ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público” (Art.2.1). La operativa allí descrita sugiere que los agentes “requerirán a los presuntos infractores para que cesen en su conducta” y, de persistir ésta, procederán a denunciar y levantar acta de la “desobediencia a Agentes de la Autoridad” (Art. 5.1).  Aunque el artículo 3.2 excluye de las infracciones a “las personas que ejercen la prostitución”, es evidente que tras el segundo aviso, podrán ser acusadas de desobediencia y denunciadas sin mayor protección.

Del lado de las políticas sociales a lo más que llega la Ordenanza es a declarar que los servicios sociales “informarán y ayudarán a toda persona que ejerza el trabajo sexual en el término municipal y quiera abandonar su ejercicio” (Art. 5.3). Eso es todo. Ni acompañamiento a los servicios sociales, ni detección de situaciones de daño o peligro, ni protección a los derechos de las personas en “situación de prostitución”. Nada.

Algo a todas luces muy distante de lo que se intentó en Sevilla, bajo un gobierno socialista en enero de 2011. Distinto y distante, aunque los defensores de la de Valencia digan haberse inspirado en aquella. En primer lugar porque allí no se trató de un asunto de policía, sino de un Plan Integral que contempla dispositivos de asistencia y acompañamiento para reponer los derechos de la víctima y ayudas a entidades y ONGs que “desarrollen programas de apoyo y atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual”. Un planteamiento ambicioso que se reivindica continuador de las políticas de igualdad y derechos y se acoge a todos aquellos instrumentos jurídicos y científico sociales que la Ordenanza de Valencia ignora tan olímpicamente.

Naturalmente, aquí no se trata sólo de la clamorosa falta de sofisticación de la alcaldesa de Valencia o la vocación “centrófila” del líder de la oposición, sino de algo más serio, la mentalidad conservadora que reduce los problemas sociales a problemas de orden público. De orden y, eventualmente, de moral. Es decir, justo el tipo de enfoque menos adecuado para una realidad tan compleja y sutil.

El problema de la prostitución no soporta tratamientos oportunistas o demagógicos centrados en el discurso de la seguridad, por más legítima que sea la preocupación por el ambiente y el paisaje humano de nuestras ciudades.

El debate que no se puede obviar

El enfoque más integral y que han adoptado los organismos internacionales es el de los Derechos Humanos. Las personas que se prostituyen son a menudo, o han sido, víctimas de trata, por lo que debe considerarse dentro de una problemática más amplia. Tanto la Declaración de Beijing de 1995, como el Convenio de Europa de 2005 llaman a centrar la atención y los esfuerzos en la protección de las personas traficadas. Este enfoque ha logrado insertarse en las normativas más avanzadas introduciendo la atención a la vulnerabilidad de las víctimas de la trata, de toda clase de trata, ya sea para explotación sexual o laboral. La vulnerabilidad se relaciona con el trasfondo de desigualdad, que es preciso tener presente tanto en la prevención como en la reintegración del derecho de esas personas. Este planteamiento enfatiza el hecho de que el eventual consentimiento de la víctima “no invalida la violación de sus Derechos”.

Junto a éste enfoque es preciso incorporar la perspectiva de género, ya que la trata con fines de explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres, hasta el punto de considerarse una forma de violencia de género. Lo mismo puede decirse de la que se produce con fines laborales, que aparece “fuertemente marcada por la división sexual del trabajo”, como señala García Cuesta en un estudio financiado por el Instituto de la Mujer. Bajo esta perspectiva la persona que se prostituye es víctima de una relación de poder desigual.

La perspectiva de género ha sido en ocasiones puesta al servicio de una respuesta reguladora, es decir, de una consideración de la prostitución como actividad laboral legítima de la que habría que erradicar, mediante leyes, la violencia y la coacción. Para este enfoque particular, es preciso distinguir claramente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la prostitución en sí, ya que ésta puede ejercerse también voluntariamente. Legalización y regulación es la apuesta de los colectivos Hetaira o Genera, cuya labor de apoyo y asistencia a las personas que ejercen prostitución les lleva a reivindicar su libre ejercicio. Y, si bien no puede negarse que existe, al menos en Europa, una prostitución autónoma de mujeres en ejercicio de su libertad sexual, multitud de estudios independientes muestran que el consentimiento voluntario apenas llega a un 5% de los casos, por lo que puede considerarse como un mercado “casi completamente coactivo” (Médicos del Mundo). De todas formas, si hemos de creer al Centro holandés de Investigación y Documentación encargado de hacer el balance tras la legalización de la prostitución en el 2000, En ese país ni ha mejorado la situación “laboral y sanitaria” de las prostitutas, ni ha “aflorado” la mayor parte del negocio oculto. Al contrario, la parte legalizada ha servido para “encubrir la gran masa de mujeres traficadas”. Balance similar presenta la legalización en Alemania.

Tres respuestas

Pero la perspectiva de género ha militado principalmente en una posición muy diferente de ésta: la apuesta abolicionista. Desde el feminismo se ha cargado contra la regularización, señalando que la reducción de la persona, especialmente las mujeres, a mero objeto de consumo atenta contra su dignidad y sus Derechos Humanos, por lo que se considera la prostitución como una forma de violencia. El hombre que compra sexo, compra poder sobre una mujer desprotegida y esto es radicalmente antidemocrático.

Bajo esas premisas se llega en Suecia, tras casi veinte años de debate,  a una legislación abolicionista radical, en la que el culpable es el demandante del servicio sexual y la oferente es la víctima de su poder. Incluso en una sociedad tan igualitaria y sexualmente abierta como la sueca, se entiende que tal relación humilla y cosifica a la mujer. La ley sueca de 1999 castiga al usuario al considerar que el contrato no tiene lugar entre iguales. El resultado de tal política es sorprendente: redujo en un 70% la prostitución callejera y en 50% la de los clubs en el primer año.

El debate sigue abierto y nada anuncia que vaya a cerrarse pronto, porque la prostitución crece en nuestro entorno y se cruza con fenómenos de inmigración y exclusión social acentuados por la crisis. Quizá sea por esa creciente complejidad por lo que se antoja tan ridículo el intento de atajar el problema desde una Ordenanza de policía.

Para saber más:

* ONU (1949): Convenio para la represión de la trata de personas 
y de la explotación de la prostitución ajena.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/01136

* ONU (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños. Palermo.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Protocolo_Palermo_-_ESP.pdf

* Consejo de Europa (2005). Convenio del Consejo de Europa sobre 
la lucha contra la trata de seres humanos. Varsovia.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf

* Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la Prostitución
(2007). Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país.
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/INFORME_PONENCIA_PROSTITUCION.pdf

* Red Española contra la Trata (2006)
http://www.redcontralatrata.org

*Alianza Global contra el Tráfico de mujeres (GAATW)
http://www.gaatw.org

 

 

 

La quiebra programada de la negociación colectiva

Por Pepe Reig

La fecha del próximo 8 de julio tiene pinta de convertirse en algo así como el fin del mundo de los Mayas. Llegará, como aquel, en medio de una general indiferencia, pero esta vez algo del mundo sí que se va a acabar. Ese día se cumple el año de ultraactividad de los convenios colectivos vencidos o denunciados, si no se ha pactado uno nuevo.

No hay acuerdo en cuanto al número de afectados: podrían ser 2 millones de trabajadores (CCOO), 3’5 (UGT) o sólo 112.000 (CEOE), pero es el primer efecto masivo de la Reforma Laboral, aprobada como Real Decreto-Ley y en seguida convalidada como Ley 3/2012, por el Gobierno conservador. Si esto se va a traducir en un empeoramiento generalizado y súbito de las condiciones laborales o no, es cosa sobre la que tampoco hay acuerdo. Los sindicatos lo temen, porque esa expectativa está en la lógica del bloqueo o retraso deliberado de las negociaciones por los empresarios. La patronal lo descarta, porque ve judicialmente inviable la retirada de derechos adquiridos. Pero lo cierto es que la expresión “poner el contador a cero” se le escapa a Javier López, el secretario general de la patronal CIERVAL, aunque sea para añadir que nadie está pensando en ello.

Fin de la ultractividad

El asunto de fondo es la limitación de la ultraactividad de los convenios. La extraña palabra significa que lo que se pacta en un Convenio mantiene su validez hasta que se firma otro. Es una conquista del movimiento obrero, que permitía afrontar cómodamente las negociaciones, en la convicción de que aunque no hubiera acuerdo, no  se ponían en peligro las conquistas anteriores. “Era como si no se pudiera ir para atrás”, explica Pepa Ramis, una sindicalista de la enseñanza con decenios de experiencia. Teóricamente sí era posible, pero eso nunca ocurría. Si el empresario pretendía devaluar el salario, la jornada o los permisos, los sindicatos podían retrasar la negociación indefinidamente, sin empeorar las condiciones de trabajo.

Tras la reforma de Rajoy, el tiempo juega en contra. Cuando un Convenio vence o es denunciado por una de las partes, mantiene su vigencia tan sólo un año más, mientras se negocia otro, pero, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, una vez transcurrido ese plazo, decae irremisiblemente y pasan aplicarse las condiciones reguladas en el Convenio sectorial superior, si lo hay, o en la legislación laboral. Para hacerse una idea, esto último significa que el empresario podrá pasar a pagar el salario mínimo de 640 euros/mes. Muchos empresarios no se arriesgarán a ello, pero la opción está disponible y en algunos casos se aplicará, quizá no a los trabajadores antiguos, pero sí a las nuevas contrataciones, con lo que se introduce una desigualdad en el colectivo, que los sindicatos siempre han querido evitar.

Los convenios de empresa

Pero este de la ultraactividad no es el único asunto en que la Reforma ha asestado un duro golpe a los equilibrios anteriores. La propia estructura de la negociación se ha alterado profundamente y, también en este caso, para inclinar la balanza a favor del más fuerte. Sucede que la mayor parte de los convenios, y según un informe de Izquierdo, Moral y Urtasun para el Servicio de Estudios del Banco de España, los que mayores incrementos salariales y otras mejoras solían incluir eran los de ámbito provincial. Luego estaban los convenios de sector, que eran estatales. En ese plano de negociación las organizaciones sindicales son fuertes, disponen de personal cualificado y recursos para afrontarla. Los convenios de ámbito inferior difícilmente podían rebajar las condiciones pactadas en el sectorial y allí donde se carecía de la capacidad de presionar y negociar, siempre se podían acoger a la cobertura del sectorial.

Foto sindicatos patronal

Lo que la Reforma ha hecho es desplazar el centro de gravedad de la negociación hacia el nivel de la empresa, donde ahora se podrá negociar a la baja. Esto ya lo apuntaba la reforma de 2011 del Gobierno Zapatero, pero lo que entonces era “disponible” (prevalencia del Convenio de Empresa) ahora se hace “obligatorio”. En un país de pequeñas y medianas empresas, con una débil tradición de afiliación (no es preciso ser afiliado para beneficiarse de lo que pacta el sindicato) y en medio de una brutal campaña antisindical de los medios conservadores, ese cambio tendrá consecuencias dramáticas. Al nivel de la empresa, los sindicatos no disponen de la afiliación suficiente ni de la cualificación adecuada para afrontar difíciles negociaciones con el empresario, que siempre cuenta con asesoramiento laboral y económico. Además, la dispersión de esfuerzos, la casuística infinita de cada empresa y la propia falta de cultura empresarial, que lleva a reducir costos siempre en el factor trabajo, conducirá a un caos imparable. Introducirá desigualdades de condiciones de trabajo que harán más difícil la gestión de costes. Tal como señala Pilar Fernández Artiach, profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universitat de València, “al introducir una competencia a la baja en derechos entre empresas de un mismo sector, el desorden está garantizado”.

Inaplicación del Convenio

“Si esto, el recurso al convenio de empresa, no ha ocurrido más en este primer año de reforma laboral”, sostiene Jaume Mayor, secretario de acción sindical de CCOO del País Valencià, “es porque las empresas disponen de varios resortes más cómodos para devaluar las condiciones de trabajo”. Por ejemplo, se estima más probable que las empresas recurran a la “inaplicación”, ahora muy facilitada por la Reforma, de aquellas condiciones salariales o laborales que les convenga. Antes existía el “descuelgue salarial”, que permitía al empresario, bajo ciertas condiciones extremas, eludir los acuerdos salariales de un Convenio. Ahora es posible “inaplicar” cualquier parte del Convenio desde el día siguiente de su firma y apenas debe justificarse. De todas formas hay algunos ejemplos de cómo podrían empezar las empresas a aprovechar la ocasión: el Colegio San Roque de Valencia, como otros muchos, retrasaba sine die la negociación del Acuerdo de Empresa (no confundir con un Convenio) para la jubilación parcial. Ahora accede a firmar si los trabajadores renuncian a las vacaciones de julio, cuyo derecho había sido ratificado en sentencia judicial hace años.  Lo mismo ocurre con el Convenio de Educación Concertada, donde la patronal quiere rebajar drásticamente las condiciones del segmento de Infantil, para competir con las guarderías, en temas como horarios y vacaciones. La amenaza de quedar sin cobertura debería ser suficiente para obligar a los trabajadores a aceptar.

Tabla

De la Reforma laboral se ha dicho que, lejos de facilitar la creación de empleo, venía a destruirlo, ya que abarata y facilita el despido al reducir drásticamente las indemnizaciones y eliminar en muchos casos el salario de tramitación, que beneficiaba al trabajador despedido en busca de tutela judicial. Esta facilidad es el sueño del empresariado español, que es en este punto “muy primitivo, muy poco dado a pensar en términos de flexibilidad interna y mucho en flexibilidad externa, es decir, contratación y despido fácil”, dice Gonzalo Pino, secretario de Acción Sindical de UGT-PV. Aunque se vendiera en su momento como el bálsamo de fierabrás para atajar el paro, lo cierto es que patronal y Gobierno reconocen ahora que ninguna reforma laboral crea empleo y que su eficacia no debe medirse por ese parámetro.

¿Muerte (constitucional) de la Negociación Colectiva?

El debate sobre el despido ha oscurecido el verdadero efecto de fondo de una reforma que bien podría calificarse de revolucionaria, si esta palabra no estuviera reservada para procesos de muy diferente signo histórico. En efecto, el cambio de escenario en el mercado laboral tras el ciclo de contrarreformas 2011-2012 tiene un nombre que apenas da idea de la dimensión de la cosa: la quiebra de la Negociación Colectiva, tal como la hemos conocido hasta aquí. Así es como lo ve la profesora Fernández Artiach, quien entiende “que se desarticula el sistema de relaciones laborales al permitir la <<inaplicación>> prácticamente unilateral por el empresario, al introducirse el arbitraje no voluntario y la intromisión de la administración”. La Negociación Colectiva es un derecho fundamental, ligado a la libertad sindical y trabajosamente conseguido por el movimiento obrero e incorporado por las sociedades democráticas, a caballo entre los siglos XIX y XX. Una conquista histórica cuya función era introducir algún equilibrio en una relación que, de por sí, es de las más desiguales que existen: la relación entre empleador y empleado en la fijación de las condiciones de trabajo. En nuestro caso, la Constitución de 1978 consagra en su artículo 37 el derecho a la Negociación Colectiva y la “fuerza vinculante de los Convenios”, es decir, el carácter normativo que adquiere el fruto de aquella negociación. Junto al artículo 28, que establece la libertad de sindicación y el derecho a la huelga, conforma el marco de las relaciones laborales de una democracia que tenía vocación de social y que la derecha quiere ahora subvertir.

ElRoto-Negoc-Colect

Pues bien, en la perspectiva de los sindicatos, lo que hace la Ley 3/2012 de 6 de julio, que sustituye al Real Decreto-ley 3/2012, es modificar no sólo la estructura de la Negociación Colectiva, primando los Convenios de Empresa, sino desequilibrar la capacidad negociadora de las partes, protegiendo la facultad decisoria del empresario para eludir las obligaciones contractuales del Convenio. El efecto combinado de todas esas modificaciones, aseguran, es la drástica reducción de la capacidad negociadora del trabajador, para volver a un estado casi decimonónico de indefensión. Se rompe así, a juicio de Gonzalo Pino (UGT), “un régimen de equilibrio y diálogo de 35 años” y se sustituye por algo desconocido. Para los sindicatos y también para la izquierda parlamentaria la reforma es claramente inconstitucional, ya que anula o devalúa el concepto de Negociación Colectiva, compromete la normatividad de los convenios (art. 37) y obstaculiza la libertad sindical (art. 28). Vulnera también convenios internacionales, como el 98 de la OIT, que obligan a España de acuerdo con el art 10 de la Constitución.

“Nada de eso” asegura Javier López, el Secretario General de la CIERVAL, patronal valenciana. “La negociación colectiva no desaparece, se flexibiliza y se le da más recorrido. Se moderniza”. Claro, que este dirigente empresarial venía pidiendo desde hace años una severa limitación de la “intervención administrativa en materia laboral, así como la excesiva judicialización de los conflictos”. Es decir, lo que en el mundo sindical se conoce como pérdida de garantías en los despidos colectivos o EREs y desaparición de la tutela judicial. Que la reforma satisface a los empresarios es más que evidente, aunque tengan el prurito de señalar que aún podría haber ido más lejos en flexibilidad y modernización. La patronal sabía seguramente por dónde iba a ir el Gobierno cuando accedió a firmar con las Confederaciones Sindicales un 2º Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en febrero de 2012. Debía saber que no necesitaría cumplir semejante acuerdo, porque la Reforma vendría a convertirlo en inservible, como así fue. El incumplimiento proclama además que, para las patronales, la autonomía de la negociación social se vuelve innecesaria cuando gobiernan los suyos.

Hubo un tiempo en que los comités de empresa podían pedir un plan de igualdad de género y la dirección no tenía más remedio que sentarse a negociarlo, porque la Ley, el Convenio y hasta el clima social lo permitían. Es sólo un ejemplo del tipo de escenario que hemos perdido. La muerte inducida de la negociación colectiva procura su sustitución por un negro futuro de pactos individuales, donde la empresa seguirá teniendo la sartén por el mango, pero el trabajador se encontrará sólo ante el peligro.

movilizacion 1

Se quiera ver o  no, lo cierto es que hay un antes y un después en las relaciones laborales. Hemos pasado de un escenario de diálogo permanente que confería una gran estabilidad y racionalidad a los conflictos laborales, a otro que no sabemos cómo va a funcionar, pero sí que tendrá mucho menos de diálogo y más de arbitrariedad y, por tanto, más posibilidades de descarrilar. “Nos están convirtiendo en el mercado laboral de saldos de la Comunidad Europea, el lugar que antes ocupaban los países recién llegados del telón de acero”, es el diagnóstico de un sindicalista con más de 25 años de experiencia en la Ford. “¿Por qué, si no, están volviendo los inversores del sector de la automoción que se habían ido en los noventa? Pues porque la perspectiva de una negociación colectiva en extinción promete un mercado barato”. Así de simple.

¿Y ahora?

En el frente judicial se ha producido ya el primer revés de la Reforma ante el Supremo, que acaba de fallar contra la unilateralidad empresarial en el planteamiento de un ERE bajo el paraguas de la nueva Ley. El Supremo cree que el obligado período de consultas fue una pantomima. Esto da esperanzas a IU y PSOE que tienen recurrida la Ley ante el Constitucional. En el frente sindical lo que toca es resistir y adaptarse. Los sindicatos, conscientes de que sus estructuras deberán cambiar para adaptarse al centro de gravedad de la empresa, tendrán que afiliar y formar trabajadores en ese nivel para afrontar negociaciones locales. Pero también recuperar la capacidad de movilización para no perder capacidad de negociación. Un reto nada fácil cuando aún la crisis no ha desatado todas sus amenazas. Los sindicatos saben que esta reforma se enmarca dentro de una ofensiva más general contra el actual Estado del Bienestar. Por eso se aplican a coordinarse con los otros movimientos sociales de los perdedores de la crisis, 15-M, desahucios, etc. La crisis se ha gestado en la desregulación, pero se pretende resolver con más desregulación para no tocar los intereses del capital financiero, causante del desastre. Ello requiere de eso que llaman una “devaluación interna”, es decir, empobrecer a la gente para que la economía sea competitiva. Si has de devaluar tu país, nada mejor que cargarte el derecho a la negociación colectiva y, de paso, debilitar hasta el infinito a los sindicatos. Los derechos, ya se sabe, acaban justo donde empiezan los del que manda y aquí, por supuesto, el que paga manda.

Quizá sea cierto que la izquierda tiene por costumbre moderarse mucho cuando alcanza el poder, pero no es seguro que a la derecha le pase lo mismo. Poner un derecho fundamental como es la Negociación Colectiva en la UVI no es precisamente una opción discreta, es más bien un cambio de régimen.

movilizacion2

Para saber más:

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral: http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf

Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949): http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098

Observatorio de la Negociación Colectiva. CCOO  (2013) : http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/observatorioNegociacionColectiva/menu.do?Inicio

Boletín de Negociación Colectiva. UGT (2013) : http://www.ugt.es/actualidad/2010/julio/boletin2negociacioncolectiva.pdf

Mª de Empleo y Seguridad Social (2012). Guía de la Negociación Colectiva 2012: http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/descargas/GuiaNegociacionColectiva_2012_CCNCC.pdf