Prostitución y derechos humanos

Pepe Reig

Si un día cualquiera, caminando por las calles de Valencia, se le ocurre aceptar los servicios de una prostituta, sepa que incurre en una infracción muy grave por la que le pueden caer hasta 2000€ de multa. La oferente podrá ser conminada a abandonar su actividad y, caso de reincidir, conducida a comisaría por desobediencia y denunciada.

Esto es lo que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Valencia con los votos de PP y PSOE y la oposición de IU, Compromís, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las organizaciones feministas, el Colectivo Lambda, etc.

La Ordenanza Municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, aún pendiente de alegaciones, no se acoge en su exposición de motivos ni a uno sólo de los textos legales, convenios y protocolos internacionales dedicados a combatir la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, que vienen orientando la actividad normativa en este campo. Ni el Convenio sobre prostitución de la ONU de 1949, que negaba a esta actividad el carácter laboral; ni el Protocolo de Palermo (2000) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; ni el Convenio Europeo de 2005, ni el Informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado que en 2007 concluyó, en línea con el modelo sueco, que la prostitución era una forma de explotación sexual; ni siquiera el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación Sexual, aprobado en Consejo de Ministros en 2008, que se inclina por una respuesta abolicionista.

Una Ordenanza de policía

El texto de la Ordenanza de Valencia viene con membrete del departamento de la policía local. Y eso es exactamente lo que es, una Ordenanza de policía, que no se plantea de ningún modo abordar la prostitución como un asunto de derechos humanos, ni como una cuestión de igualdad de género, ni siquiera como un problema de exclusión social o de salud pública. Un asunto de policía, es decir, de seguridad y una cuestión de “uso del espacio público”, es decir, de imagen urbana. En esto sigue la senda de una iniciativa similar registrada en Barcelona durante el gobierno tripartito y, como aquella, parece abocada al fracaso.

El fundamento declarado no es otro que “preservar a los menores de la exhibición de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales” y “establecer una regulación sobre la ocupación del espacio público” (Art. 1). Cuando la preocupación principal es de imagen, lo que se obtiene es “invisibilidad”, es decir, ocultación hipócrita del problema, lo que hace más difícil su tratamiento. La Plataforma de Organizaciones Feministas, por ejemplo, apunta a un previsible efecto perverso de la Ordenanza: al dificultar la negociación del servicio en plena calle, se está empujando a las mujeres a los locales donde los peligros de violencia, exclusión y explotación permanecerían ocultos y a merced de los dueños de locales de alterne y proxenetas. Eso o, lo que sería peor, se empuja a las mujeres a las carreteras y los polígonos para que no estén a la vista. La conducta que la norma prohíbe es “ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público” (Art.2.1). La operativa allí descrita sugiere que los agentes “requerirán a los presuntos infractores para que cesen en su conducta” y, de persistir ésta, procederán a denunciar y levantar acta de la “desobediencia a Agentes de la Autoridad” (Art. 5.1).  Aunque el artículo 3.2 excluye de las infracciones a “las personas que ejercen la prostitución”, es evidente que tras el segundo aviso, podrán ser acusadas de desobediencia y denunciadas sin mayor protección.

Del lado de las políticas sociales a lo más que llega la Ordenanza es a declarar que los servicios sociales “informarán y ayudarán a toda persona que ejerza el trabajo sexual en el término municipal y quiera abandonar su ejercicio” (Art. 5.3). Eso es todo. Ni acompañamiento a los servicios sociales, ni detección de situaciones de daño o peligro, ni protección a los derechos de las personas en “situación de prostitución”. Nada.

Algo a todas luces muy distante de lo que se intentó en Sevilla, bajo un gobierno socialista en enero de 2011. Distinto y distante, aunque los defensores de la de Valencia digan haberse inspirado en aquella. En primer lugar porque allí no se trató de un asunto de policía, sino de un Plan Integral que contempla dispositivos de asistencia y acompañamiento para reponer los derechos de la víctima y ayudas a entidades y ONGs que “desarrollen programas de apoyo y atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual”. Un planteamiento ambicioso que se reivindica continuador de las políticas de igualdad y derechos y se acoge a todos aquellos instrumentos jurídicos y científico sociales que la Ordenanza de Valencia ignora tan olímpicamente.

Naturalmente, aquí no se trata sólo de la clamorosa falta de sofisticación de la alcaldesa de Valencia o la vocación “centrófila” del líder de la oposición, sino de algo más serio, la mentalidad conservadora que reduce los problemas sociales a problemas de orden público. De orden y, eventualmente, de moral. Es decir, justo el tipo de enfoque menos adecuado para una realidad tan compleja y sutil.

El problema de la prostitución no soporta tratamientos oportunistas o demagógicos centrados en el discurso de la seguridad, por más legítima que sea la preocupación por el ambiente y el paisaje humano de nuestras ciudades.

El debate que no se puede obviar

El enfoque más integral y que han adoptado los organismos internacionales es el de los Derechos Humanos. Las personas que se prostituyen son a menudo, o han sido, víctimas de trata, por lo que debe considerarse dentro de una problemática más amplia. Tanto la Declaración de Beijing de 1995, como el Convenio de Europa de 2005 llaman a centrar la atención y los esfuerzos en la protección de las personas traficadas. Este enfoque ha logrado insertarse en las normativas más avanzadas introduciendo la atención a la vulnerabilidad de las víctimas de la trata, de toda clase de trata, ya sea para explotación sexual o laboral. La vulnerabilidad se relaciona con el trasfondo de desigualdad, que es preciso tener presente tanto en la prevención como en la reintegración del derecho de esas personas. Este planteamiento enfatiza el hecho de que el eventual consentimiento de la víctima “no invalida la violación de sus Derechos”.

Junto a éste enfoque es preciso incorporar la perspectiva de género, ya que la trata con fines de explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres, hasta el punto de considerarse una forma de violencia de género. Lo mismo puede decirse de la que se produce con fines laborales, que aparece “fuertemente marcada por la división sexual del trabajo”, como señala García Cuesta en un estudio financiado por el Instituto de la Mujer. Bajo esta perspectiva la persona que se prostituye es víctima de una relación de poder desigual.

La perspectiva de género ha sido en ocasiones puesta al servicio de una respuesta reguladora, es decir, de una consideración de la prostitución como actividad laboral legítima de la que habría que erradicar, mediante leyes, la violencia y la coacción. Para este enfoque particular, es preciso distinguir claramente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la prostitución en sí, ya que ésta puede ejercerse también voluntariamente. Legalización y regulación es la apuesta de los colectivos Hetaira o Genera, cuya labor de apoyo y asistencia a las personas que ejercen prostitución les lleva a reivindicar su libre ejercicio. Y, si bien no puede negarse que existe, al menos en Europa, una prostitución autónoma de mujeres en ejercicio de su libertad sexual, multitud de estudios independientes muestran que el consentimiento voluntario apenas llega a un 5% de los casos, por lo que puede considerarse como un mercado “casi completamente coactivo” (Médicos del Mundo). De todas formas, si hemos de creer al Centro holandés de Investigación y Documentación encargado de hacer el balance tras la legalización de la prostitución en el 2000, En ese país ni ha mejorado la situación “laboral y sanitaria” de las prostitutas, ni ha “aflorado” la mayor parte del negocio oculto. Al contrario, la parte legalizada ha servido para “encubrir la gran masa de mujeres traficadas”. Balance similar presenta la legalización en Alemania.

Tres respuestas

Pero la perspectiva de género ha militado principalmente en una posición muy diferente de ésta: la apuesta abolicionista. Desde el feminismo se ha cargado contra la regularización, señalando que la reducción de la persona, especialmente las mujeres, a mero objeto de consumo atenta contra su dignidad y sus Derechos Humanos, por lo que se considera la prostitución como una forma de violencia. El hombre que compra sexo, compra poder sobre una mujer desprotegida y esto es radicalmente antidemocrático.

Bajo esas premisas se llega en Suecia, tras casi veinte años de debate,  a una legislación abolicionista radical, en la que el culpable es el demandante del servicio sexual y la oferente es la víctima de su poder. Incluso en una sociedad tan igualitaria y sexualmente abierta como la sueca, se entiende que tal relación humilla y cosifica a la mujer. La ley sueca de 1999 castiga al usuario al considerar que el contrato no tiene lugar entre iguales. El resultado de tal política es sorprendente: redujo en un 70% la prostitución callejera y en 50% la de los clubs en el primer año.

El debate sigue abierto y nada anuncia que vaya a cerrarse pronto, porque la prostitución crece en nuestro entorno y se cruza con fenómenos de inmigración y exclusión social acentuados por la crisis. Quizá sea por esa creciente complejidad por lo que se antoja tan ridículo el intento de atajar el problema desde una Ordenanza de policía.

Para saber más:

* ONU (1949): Convenio para la represión de la trata de personas 
y de la explotación de la prostitución ajena.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/01136

* ONU (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños. Palermo.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Protocolo_Palermo_-_ESP.pdf

* Consejo de Europa (2005). Convenio del Consejo de Europa sobre 
la lucha contra la trata de seres humanos. Varsovia.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf

* Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la Prostitución
(2007). Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país.
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/INFORME_PONENCIA_PROSTITUCION.pdf

* Red Española contra la Trata (2006)
http://www.redcontralatrata.org

*Alianza Global contra el Tráfico de mujeres (GAATW)
http://www.gaatw.org