Laicidad y pactos políticos

José Manuel Rodríguez Uribes

La laicidad presenta dos proyecciones diferenciadas y, al tiempo, interconectadas, una objetiva y otra subjetiva. La primera afecta a la estructura normativa-institucional, al tipo de Estado, y la segunda a los representantes políticos y a los ciudadanos, a sus relaciones y al modelo más idóneo de convivencia y de participación pública, aunque ambas se necesitan en la práctica.

En relación con la primera, la laicidad como principio objetivo, se concreta en la separación nítida entre Iglesia(s) y EstadoAl Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, entre pecado y delito y entre Religión y Política, limitando el poder eclesiástico, exclusivamente, a su espacio propio, circunscribiéndolo al ámbito particular de la confesión religiosa y de sus fieles y reclamando, por consiguiente, la autonomía de la política democrática. Es el principio de neutralidad institucional. La Iglesia no tiene en este ámbito poder político alguno, en ningún caso formal y su participación en la conformación de la opinión pública y en la voluntad general es en pie de igualdad con el resto de organizaciones y el conjunto de los ciudadanos. Sigue leyendo

Democracia interna, derecho de participación y resultados electorales

Fernando Flores

De Santa Bárbara nos acordamos cuando truena y de la democracia interna de los partidos cuando llegan las elecciones y se elaboran las listas electorales. Casi siempre demasiado tarde, casi siempre categóricamente. Siempre desde el cálculo político, nunca desde lo que de exigencia constitucional (jurídica, exigible) tiene.

Leyendo los documentos que han girado alrededor de la defenestración de Tomás Gómez y su equipo (la Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, el Recurso de Tomás Gómez ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, los Estatutos del PSOE, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva…), uno se pregunta cómo tanta gente tiene tan claras las cosas que han pasado, y tan claro lo que ha estado bien y ha estado mal en la decisión de unos y en el comportamiento de otros. La realidad es que el peso de esos criterios viene dado en buena medida por la simpatía o antipatía hacia el verdugo o el ejecutado, o, si por ninguno, por la evaluación de los pros y contras resultantes de una decisión tan radical. Es comprensible. Pocos ámbitos como el de la vida interna de los partidos para experimentar el verdadero significado de palabras como sectarismo, ambigüedad y escurridizo.

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Aún así, en esa decisión se ha aplicado el Derecho, se han ejercido derechos fundamentales (el derecho de autoorganización como ejercicio del derecho de asociación, por parte de la CEF), y se ha afectado gravemente a derechos fundamentales (al menos el derecho de participación política de los militantes suspendidos de sus cargos). Así que, además de valorar el acierto o desacierto político de la medida, resulta conveniente preguntarse si ésta ha respetado la exigencia constitucional de funcionamiento democrático del partido y de respeto de los derechos de los militantes. Una pregunta que, como va a verse, no tiene una respuesta fácil. Sigue leyendo

La inmigración no debe ser un tema de seguridad

Fernando Flores


Mientras escribo estas líneas Ana Pastor entrevista

a la eurodiputada Marine Le Pen en #ObjetivoUltraderecha.

Oigo a ésta hablar del interés superior de Francia,

de la inmigración útil e inútil, del obligado cierre de fronteras,

y el tono me resulta familiar, pues estas últimas semanas

he escuchado varias veces las declaraciones

del Ministro del Interior y del Director General de la Guardia Civil

 

Cada Telediario de TVE de los últimos diez días comienza con una “avalancha de subsaharianos fuertes y violentos” contra las vallas de Melilla o de Ceuta. Varios policías marroquís heridos. Todos los días. A mediodía y por la noche. “Han conseguido entrar 100, 200…”, proclama la locutora, pero con las veces que lo repite se diría que han entrado miles. Imágenes de muchachos negros, enloquecidos de alegría por haber podido alcanzar territorio español. Centros de acogida desbordados. Entrevista a agentes de la autoridad. Misión de siembra cumplida: avalanchas humanas de africanos, violencia, desesperación, euforia desatada y descontrol, no caben, hay que mandarlos a la Península… Imposible que no crezca la desconfianza y el temor.

Para España, para Europa, digan lo que digan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales vigentes en materia de derechos y los discursos de los políticos, la inmigración se plantea como un tema de seguridad, no como un tema de derechos humanos. Por eso cuando las personas tratan de llegar a nado se les dispara pelotas de goma, en vez de lanzarles flotadores.

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Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

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Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

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Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

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Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

Sin primarias no hay paraíso

Pepe Reig Cruañes

La crisis del sistema político es también, o sobre todo, la crisis de sus partidos políticos. El alejamiento de los ciudadanos respecto de la política y sus protagonistas no tiene que ver sólo con la debilidad de sus respuestas a la debacle económica y la subordinación al poder de los mercados. Si fuera sólo cosa de eficacia y firmeza democrática, la renovación del discurso socialdemócrata y el reencuentro de la izquierda con la protesta social serían suficientes para reavivar la confianza en estos partidos.

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Pero no, la desafección viene de más atrás, y tiene que ver con las exigencias de una ciudadanía que ya no se conforma con la vieja manera centralista y vertical de gestionar los liderazgos en las organizaciones políticas. Mucho de lo que se echa de menos en términos de vitalidad y compromiso cívico de los partidos se debe a esa desconexión entre militancia y ciudadanía. En un mundo cada vez más panóptico, la opacidad de los partidos resulta un arcaísmo insoportable.

En la derecha española y su partido casi único estas cosas aún se gestionarán autoritariamente por mucho tiempo, aunque ya hay voces aisladas que reclaman primarias.

En la izquierda, en cambio, el proceso parece ya irreversible, aunque las resistencias de aparatos y direcciones podrían acabar diluyendo el potencial regenerador de una apertura a tumba abierta, que reúna las ventajas de la transparencia y la audacia innovadora. Los conservadurismos organizativos acampan en todos los prados. Recientemente el coordinador general de IU mostraba en la Sexta la misma clase de reticencias frente a las primarias que los viejos barones del PSOE.

Los aparatos son alérgicos a las primarias, porque cuando se hacen abiertas a la participación de cualquier ciudadano se convierten en una dinámica cívica con final abierto. Precisamente el tipo de final que los aparatos no pueden controlar.

Las primarias no son ninguna panacea por sí mismas y, en cambio, tienen riesgos evidentes: si las haces y acabas eligiendo mal puedes haber quemado tu último cartucho, pero si no las haces nadie va a creer tus proclamas de renovación y apertura. Así está el tema. El mecanismo de consulta a tu electorado para escoger al candidato o candidata ha dejado de ser opcional, para convertirse en el umbral de credibilidad y transparencia obligado. Al menos en la izquierda. El peligro ahora es doble: llegar tarde o llegar poco.

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Para el PSOE “llegar tarde” significaría seguir aplazando ese golpe de democracia interna hasta desvincularlo del meritorio proceso de renovación política iniciado hace dos años, de tal manera que, a la postre, nadie crea en esa renovación o ésta se vuelva sencillamente invisible. Para IU llegar tarde es perder el único momento de su historia en que parece posible abandonar el estatus de partido testimonial para convertirse en herramienta de cambio.

El otro peligro, el de “llegar poco”, es aún mayor: si en lugar de hacer un proceso ciudadano, ejemplar y movilizador, que apele a las personas de izquierdas, se limitan a cubrir el expediente llamando a votar a sus militantes y unos cuantos familiares, no será sólo una ocasión perdida, sino la confirmación de una incurable obsolescencia.

Y aquí es donde podrían empezar los problemas, porque lo que se anuncia es un reglamento y unos plazos, justo lo que va a decidir el Comité Federal Socialista este mismo sábado, pensados para reducir al mínimo el efecto telúrico de las primarias: se dice que no serán a doble vuelta. Craso error, si se quiere facilitar una pluralidad que, al mismo tiempo, no reduzca la legitimidad resultado. Resulta evidente que cuando hay una sola vuelta, se proclaman ganadores con porcentajes mínimos de apoyo, a no ser que se haya desalentado la presentación de candidaturas. Con doble vuelta, por el contrario, se propicia la pluralidad de ofertas, en la seguridad de que la segunda ronda concentrará los votos en dos finalistas. Quien gane lo hará con más del 50%. Esto es ventajoso a efectos de pluralidad, de agrupamiento de sensibilidades y de legitimidad final. Si se insiste en evitar ese escenario, tal vez sea con vistas a reducir el poder del/la elegido/a frente al aparato.

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Luego está lo de los censos. Esto es clave para dibujar un proceso u otro. Si no se apuesta claramente por convocar a la ciudadanía, con una metodología sencilla y sin censo previo, se estará limitando el alcance revitalizador del proceso, el significado de “reseteado” ciudadano. La inscripción en el censo se ha de hacer en el momento, previo pago de un euro (gesto a la vez simbólico y muy práctico, para sufragar los gastos) y mediante la firma de una declaración genérica de adhesión a principios de izquierda, al socialismo democrático o algo semejante. El proceso de movilización previa se ha de dirigir a los movimientos y líderes de la izquierda social para interesarlos en un proceso que habría de ser básicamente cívico. Y esto, por pura lógica, habría de reproducirse también en el nivel autonómico y local, al menos a partir de un cierto tamaño.

El trabajo de revisión de la línea política ha avanzado sensiblemente, el realineamiento a la izquierda de los principales ejes del discurso empieza a ser reconocido en todas partes. Las propuestas de reforma constitucional y de corrección de las políticas económicas podrían empezar a sintonizar con el malestar social y ser la base de una nueva esperanza, pero se precisa también remover la lánguida vida de los partidos y sus gastados liderazgos. La primera reforma que el sistema demanda es la reforma de los partidos políticos.

Para la izquierda plural, para el PSOE, IU y las otras formaciones que expresan lo que los italianos llaman “il popolo di sinistra”, el dilema ante un sistema político en crisis es declinar con él o ser parte del cambio. O eso o renunciar al paraíso.

Malditos duelos!

Javier De Lucas

Como muchos de los que conocen de primera mano la realidad de la inmigración irregular y del laberinto del asilo, escribo desde el hartazgo de escuchar palabras huecas en las declaraciones de tantos prominentes hombres y mujeres que nos gobiernan. Esos que ahora buscan a la prensa para exhibir su compasión y que son los mismos que han rechazado una y otra vez, con prudente realismo y en aras de criterios económicos “racionales”, nuestras críticas ante su ciega política de inmigración y asilo. Por eso, por hipócritas o, aún peor, por cínicos, malditos sean la inmensa mayoría de los duelos, lamentos y condenas que hemos podido leer en estos días, después de la enésima tragedia en las costas de Lampedusa, el pasado jueves 3 de octubre

Hay excepciones, sí. La primera, la del papa Francisco, que escogió cuidadosamente  Lampedusa para su primera salida del Vaticano, en julio de este año  y dejó un un duro e impecable  discurso sobre lo que llamó “globalización de la indiferencia”. También la de la alcaldesa Giusi Nicolini, que harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que La UE se decidiera a actuar. Y que contestó al cínico vicepresidente Alfano conminándole a venir a enterrar a los muertos,  cuando éste pretendió erigirse (¡¡habrase visto desvergüenza!!) en portavoz de la necesidad de “otra” consideración de la policía migratoria.

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Por lo que se refiere a la prensa, entre mucha basura y no poca crónica de rutina, me parecen destacables tres testimonios: el artículo en La Stampa de Domenico Quirico “Sul molo de Lampedusa a contemplare la norte”, (se puede encontrar traducción italiana en El País: “De nuevo en el muelle de la muerte”); el de Juan Luis Sánchez, “Asalto o vergüenza: en qué quedamos”; y el de Sami Naïr, “Morir en Lampedusa”. Los tres ponen de manifiesto algo que me parece imprescindible. Hay relación de nexo causal entre esas tragedias y las políticas migratorias de los países de la UE, empeñados en un modelo basado en el control “hidráulico” (tantos entran como puestos de trabajo disponibles y necesarios; ni uno más. Y a los que “se cuelan” hay que echarlos de inmediato), y obsesionado con la lucha contra la inmigración ilegal, pero no tanto con las causas reales de los movimientos migratorios. Y es que resulta insoportable la contradicción de estar empeñados en difundir discursos xenófobos y racistas que predican una Europa asediada por las amenazas de las hordas del tercer mundo, discursos que inspiran la construcción de muros y la vigilancia de los mares con cañoneras (como exigía el ministro Marone, compadre del hoy compungido Alfano) y luego soltar la lágrima por los muertos.

Porque estos muertos no son los primeros. Baste pensar en qué han quedado en las aguas y orillas de Lampedusa más de 8000 cadáveres desde 1990: los cómputos más fiables hablan de más de 17000 en los últimos diez años en toda Europa: basta examinar por ejemplo el dossier “Muertos en las fronteras de Europa: un éxodo letal”, o, de la misma ONG, la lista de refugiados muertos en las fronteras europeas. Para quien esté interesado en las cifras en nuestro país, es decir, para las víctimas en el Estrecho y en el viaje desde las costas de África Occidental a Canarias, son imprescindibles los informes anuales “Los derechos humanos en la Frontera sur”, elaborados por la Asociación por Derechos Humanos/Andalucía, APDHA.

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En el desastre del día 3 en Lampedusa hablamos quizá de más de trescientos muertos, puesto que sólo se ha rescatado con vida a 155 de los aproximadamente 500 pasajeros. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) que, en su mayoría (salvo los procedentes de Siria) han recorrido más de 4.000 km en su huida de la guerra en Somalia y del caos en Eritrea, de la miseria aquí y  allá. Más de 300 muertos. Un listón paradójica y tristemente demasiado alto como para que los próximos naufragios –que llegarán- alcancen atención mediática. Pero no pasa nada. Las lamentaciones se producen como si se tratase de muertes naturales o de crueles designios del destino. No podemos, no debemos aceptarlo. El hartazgo y la rabia que nos llena a muchos de nosotros no es el de la impotencia ante desastres “naturales”, tan lamentables como inevitables. Lo diré: esas muertes son homicidios, si no algo peor. Y hay responsables. Hablemos de ellos. Y no sólo para decir que malditos sean.

Malditas, sí, las autoridades nacionales –las italianas en este caso-, que hacen leyes que convierten a inmigrantes irregulares y necesitados de asilo en presuntos delincuentes. Hagamos algunas preguntas: ¿Alguien ha reparado en el hecho de que forman parte del actual Gobierno italiano (ese que, al decir de algunos prudentes opinadores, sería una esperanza para la izquierda por haber vencido a Berlusconi) un vicepresidente –Alfano- y varios ministros del partido que respaldó la ley Fini-Bossi que significó en 2002 el establecimiento de la inmigración irregular como delito y la penalización de la ayuda a los inmigrantes irregulares? ¿Alguien ha tenido en cuenta que esa ley, que el mismo “renovador” Gobierno Letta no ha derogado –ni entraba en sus planes; veremos ahora, ante la conmoción de la opinión pública- es muy probablemente la razón de que los tres pesqueros que no auxiliaron al buque en llamas podían haber sido multados (incluso con penas de prisión) en caso de haberlo hecho? No es esa ley una violación flagrante de las viejas leyes del mar, como muestra Terra ferma, la película de Emmanuele Crealese de 2011? ¿Qué grado de cinismo permite a ese Gobierno declarar que dará la nacionalidad póstuma a los muertos para enterrarlos como ciudadanos italianos –europeos- y así “cumplir al menos de esta manera su sueño”, sin vomitar por ese gesto de asqueroso paternalismo? Hay toneladas de dignidad mayor en las miles de tumbas sin nombre, que no en estos entierros “oficiales” para “buenos muertos europeos”.

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Maldito sea el Senatur Bossi y su Legha Nord, que han atizado el fuego xenófobo y a los que no les parece suficiente la ley antimigratoria que él mismo impulsó junto con su entonces aliado Fini. Y malditos los políticos del Polo de la libertad de Berlusconi que hicieron también campaña con estos lemas y defendieron esa ley aberrante. Maldito Bossi, quien tiene el cinismo de echar la culpa de la tragedia a la ministra de integración del Gobierno Letta, Cecile Kyenge, que por el mero hecho de ser africana constituye de suyo un poderoso “efecto llamada”, origen del viaje irresponsable que emprenden los “inmigrantes africanos”. Un efecto como aquel que tanto preocupó a los Gobiernos de Aznar en España y, de otra manera, también a algunos ministros del PSOE, como los señores Corbacho y Camacho. Por eso, malditos los gobiernos que permiten que continúe la tragedia en torno a Canarias y en el Estrecho, cementerios marinos, territorios de naufragio que ha sabido documentar con mirada propia el extraordinario fotoperiodista Marcos Moreno, a quien dedicó su página especial la revista Periodistas en su número 39.

Malditas las autoridades europeas responsables de las políticas migratorias y de asilo de la UE. Es cierto que la competencia en estos temas corresponde a los estados nacionales, pero ¿podemos olvidar el efecto criminalizador y de negación de derechos, por ejemplo, de la malhadada Directiva europea de retorno, adoptada en 2008? ¿Podemos olvidar la progresiva degradación del derecho de asilo a la que contribuyen no sólo los Estados nacionales que modifican a la baja su marco legal sobre asilo y refugio (como lo han hecho el Gobierno español, el del Reino Unido, el italiano, el danés  o el holandés, por poner algunos ejemplos), sino la propia UE? En efecto, la UE se muestra terne en su empeño de una lista restrictiva de “países seguros” y voraz en exigencias de blindaje de fronteras para impermeabilizarlas contra una presión de refugiados ignorando que éstos se dirigen sobre todo a países limítrofes y apenas pueden llegar a Europa. ¿Qué decir de esos acuerdos bilaterales para permitir expulsiones rápidas (y aun colectivas) de recién llegados de quienes apenas alguna vez se averigua si pudieran ser refugiados a los que hacen cada vez más difícil plantear las demandas de asilo? Por eso, no es aceptable el horror de la comisaria Malström que se espanta de lo sucedido y dice que hay que luchar más eficazmente contra los traficantes de personas. No se han enterado de nada. No quieren enterarse de la verdad. Veremos si la reunión de los Ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, el martes 8 de octubre, da muestras de haber aprendido algo…

Malditos, insisto, quienes propician que se lesione sin remedio ese derecho elemental, el derecho de asilo, última esperanza para centenares de miles de refugiados. Porque se comete un gravísimo un error, a mi juicio, cuando se habla de tragedia de inmigrantes irregulares o indocumentados o clandestinos. Sería muy grave si se tratase de eso. Pero es aún peor. Quienes llegaban ahora a esa isla eran, en gran medida, como sucedió en 2011, refugiados que huyen en busca de asilo. Huyen de Estados fallidos como Somalia o Eritrea. Huían de la guerra, del hambre y de la persecución de bandas paramilitares y parapoliciales, cuando no de la propia policía y de los ejércitos que devastan a la población civil. Y nuestros Estados (Italia, España, Francia…la UE también) no tienen frente a ellos un deber de caridad, de solidaridad o humanitario, sino una obligación jurídica de primer orden. La que nace de ser partes, de haber incorporado en nuestro Derecho las Convenciones  e instrumentos jurídicos del Derecho internacional de refugiados.

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Por eso, maldito será también el Alto Comisario de los Refugiados de la ONU (ACNUR), el portugués Gutierres si, además de lamentar la tragedia y enfatizar su gravedad de modo ritual, como en ocasiones anteriores, no recuerda con toda exigencia y vigor que se están violando obligaciones jurídicas internacionales, y que hay responsabilidades exigibles. Y hace todo lo posible para que se establezcan esas responsabilidades, en lugar de mirar para otro lado tras el comunicado con crespón.

Malditas las autoridades nacionales y europeas cuando, en casos contrastados aunque afortunadamente excepcionales respecto a lo que es su línea de actuación habitual (por la que merecen reconocimiento), han hecho la vista gorda sobre naufragios en los que hay fuertes indicios de responsabilidad por parte de quienes tienen el primer deber de proteger. Pongo como ejemplo el caso detallada y empecinadamente denunciado por el periodista Nicolás Castellano y sobre el que ocho meses después (no como en el accidente del Alvia en Santiago) seguimos sin haber esclarecido los hechos.

Ya sé que siempre habrá una voz realista que recuerde que la responsabilidad frente a las desgracias que ocurren en el mundo no es de Europa, ni de Occidente, sino en primer lugar de los propios regímenes y aún de los países en que la población vive en la miseria, con hambre, sin derechos, sin expectativas de vida. Pero no puedo aceptar que nuestra respuesta a los eritreos, somalíes y sirios, a ese nuevo pueblo que vive una Anábasis inédita como escribía Quirico, el pueblo de la inmigración, el de los refugiados, sea: “busquen en otra ventanilla. Nosotros ya cumplimos y más que nadie con los programas de cooperación y desarrollo”. Vergüenza para todos nosotros, quienes presumimos de los valores de la UE, de la defensa y garantía de los derechos humanos y de la democracia y los olvidamos en cuanto son de otros y llegan hasta nosotros. ¿Cómo podrán entender esta barbarie nuestros nietos, si no exigimos que se haga justicia, que se adopten medidas que primen esa garantía de los derechos humanos universales como condición sine qua non, en lugar de hacer cada vez más difícil la esperanza de asilo para los desamparados y negar el derecho elemental a la salud a los pobres inmigrantes irregulares como hemos aprobado aquí con el Decreto 16/2012 del Gobierno Rajoy?

A todos aquellos a quienes maldigo, les deseo como redención que sean capaces de emprender, al menos metafóricamente, al menos mediante la lectura,  el viaje al revés, el de Salvatore Piraci, el protagonista de la novela de Laurent Gaudé, Eldorado. Piraci, comandante del guardacostas Zeffiro, con base en Catania, vigila la llegada de inmigrantes a Lampedusa. Este “centinela del la ciudadela Europa” conoce a una mujer inmigrante que ha perdido a su bebé en la travesía hacia Lampedusa y sólo vive para vengarse de los traficantes que la explotaron en ese viaje. Piraci acabará por emprender el viaje a la inversa y comprender así la Anábasis de los desplazados, la travesía vital de miles de seres humanos que llegan hasta Libia, hasta Ceuta o Melilla, en pos de un sueño que los europeos sólo queremos para nosotros.

Tetek (II): Tocando los huevos

José Miguel Sánchez

Suena un teléfono en la lejanía. Al tercer timbrazo caigo en que es el sonido de mi móvil smartphone de última tecnología 4G. La madre que lo parió. Lo sigo pagando en cómodas cuotas mensuales. Me tiene una permanencia “queyoyaheperdidolacuenta”. He tardado otros tres timbrazos más en encontrarlo. Estaba debajo de las fotocopias de las recomendaciones del Defensor del Pueblo del último año. Es lógico que el peso de tanto incumplimiento de los derechos fundamentales por parte del Estado español haga silenciar hasta este potente smartphone “quenuncacabarédepagar”. ¡Que va! Es que le tenía puesto el volumen bajísimo desde la última reunión. Ya me extrañaba. El Estado español lo aguanta todo. Hasta los incumplimientos sistemáticos denunciados por el Defensor del Pueblo. ¡Coño! ¡Qué es la Soledad Becerril! Pedazo de incumplimientos deben de ser para que la marquesa de salvatierra los denuncie.

Mi smartphone “quenomepuedopermitir”, pero que si no lo tuviera estaría más desactualizado que un chaval de trece años, me ha chivado en la pantalla que es Lourdes. La he conocido hace poco. Al principio me pareció un poco pirrurris. Me extrañó. La amiga que nos presentó no parece codearse con tan alta alcurnia. Es más de mi clase social: media-en-decadencia. En compensación, su marido hace unas tortillas de patata de muerte. Lo de ella es más el salmorejo. Supongo que colgar con un apellido de rancio abolengo no ayuda mucho a tener buena imagen entre el populacho. Tras solo cinco minutos, tuve que tragarme todos mis pensamientos. Menos mal que no tengo la fea costumbre de pensar en voz alta. Tampoco la de escribir mis pensamientos en un blog para que se conozcan urbi et orbi. ¡Qué vergüenza si llegara a enterarse! No podría volver a mirarla a la cara. Pasaron cinco minutos más. Lourdes ya me había adelantado por la izquierda. Pero muy, muy, muy por la izquierda ¡A mí! A lo que hemos llegado.

MENA's

Señor Guerra, estaba usted equivocado. A su izquierda y la del PSOE no está el abismo. Hay un montón de organizaciones, asociaciones, fundaciones, colectivos, redes -personas al fin y al cabo. Son las que han dado, vienen dando y darán contenido a eso que ustedes llaman el Estado social. No es su patrimonio exclusivo. Ni siquiera es su patrimonio. Muchas -sin cobrar un duro en subvenciones- hacen lo que debería ser la función de un Estado decente. Todo ese mundo asociativo está y permanecerá a la izquierda de cualquier partido político. De usted. De mí. Del Estado mismo.

En esa izquierda está Lourdes. Por derecho propio. En el barro todos los días. Partiéndose la cara por la dignidad de los excluidos. El Estado los tira en las cunetas. Ella se para a devolverlos su dignidad. ¡Que indecencia de Estado! ¿¡Por dios santo!? Tanto opusino en el poder y solo se acuerdan de dios con lo del aborto y los maricones. No son cualesquiera excluidos. Son niños. Esos que el Estado llama MENAS. Como para esconderlos detrás de un acrónimo. Pues no. No son menores no acompañados. Nunca lo serán. No les acompañan ni su familia ni, mucho menos, las Comunidades autónomas que asumen a regañadientes su tutela. Esos chavales no están solos. Estaba Papa África. ¡Ole tus huevos Nacho! En tu tumba faltarán flores frescas. Nunca el recuerdo de aquellos niños a los que junto con Lourdes mirasteis a los ojos con respeto y humanidad y metisteis en vuestra propia casa y en vuestros corazones.

Fundac Raíces 2

Está Lourdes. Es la cabeza de la Fundación Raíces. Con un montón de gente comprometida. Hola Marta. Bienvenido Rafa. El conocimiento del derecho no exime de la sensibilidad social. Vosotros sois el mejor ejemplo. Está Javi Baeza. La columna vertebral de la Coordinadora de Barrios. Con todas sus anarcocatólicas en la vanguardia de la lucha. Cada una de ellas vale por un ejército. Pero de los que jamás dejan atrás a un herido ni dan por perdida una batalla. Aprende Rouco Varela. Comulgarán con magdalenas, rosquillas o con lo que le tengan a mano. Conocen mil veces mejor a dios de lo que jamás usted llegará a hacerlo. Viven instalados en el infierno de la exclusión. Presencian a diario el apocalipsis del olvido a los más necesitados. Y lo hacen sin su ayuda. Peor todavía, teniendo que superar los obstáculos que, descuidadamente, pone en su camino. Recuérdelo cada noche que se acueste en su cama de sábanas de hilo. Le rodea el frio de las ánimas del purgatorio que contemplan el dolor ajeno con indiferente displicencia. Javi -como Enrique Castro y Pepe Díaz– dormirán cubiertos con sacos de arpillera. Pero lo hacen rodeados del calor de las almas que han ayudado a evitar el precipicio. No cambio su suerte por la de ellos.

A lo que voy. Que me disperso. He descolgado el teléfono. Lourdes me invita a celebrar el cumple del Tetek el próximo 3 de octubre en la Gabinoteca. No sé si podré ir. Creo que ese día tengo Master de justicia criminal en la Carlos III. Hoy estoy espeso. Mi noción del tiempo y del espacio va en caída libre. ¿Cumple de Tetek? ¿Me estás vacilando? –le he espetado- ¿No lo celebramos antes del verano? ¿Cuántos cumples tiene? Porque papeles no tendrá, pero cumples más que yo. Y es que no se me escapa nada. Menudo fiera estoy hecho.

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La legitimidad en la lucha por los derechos (a propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH)

Javier de Lucas

Para Alicia Desahucio, con respeto y afecto y desde la distancia respecto a la PAH

Tengo el máximo respeto por quienes han padecido o padecen una situación que me parece tan injusta, inhumana e incluso cruel como es la legislación española aún vigente sobre desahucios. Respeto al que añado el agradecimiento por el valor, el coraje cívico que han demostrado a los ciudadanos que decidieron asociarse en PAH y mantener una firme voluntad de enfrentarse a esa estafa social.

Precisamente por eso, me parece obligado sumarme a algunas voces como la del blog teniente Kaffee, en su crítica a lo que provocativamente denuncia como una estrategia de  “postureo constitucional” por parte de la PAH y la Señora Colau.

Mi crítica se acrecienta ante la campaña lanzada por la propia PAH esta semana, el lunes 12 de agosto, con el propósito de que el Defensor del Pueblo presente el recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PlataformaQuizá deberíamos recordar que todo comienza cuando, con tanta contundencia como (a mi juicio) considerable imprecisión, los portavoces de la PAH (el para mí muy fiable letrado Sr Mayoral y la valiosa activista social Sra. Colau) anunciaron que la Plataforma había elaborado un “recurso de constitucionalidad” contra la ley que el PP impuso como reforma del  injusto marco legal de los desahucios, reforma que consideraban manifiestamente anticonstitucional. Pero cuando el PSOE anunció que se sumaba a esa iniciativa y que presentaría un recurso con la firma de 50 de sus parlamentarios, la PAH estalló ante lo que parecía considerar una usurpación de la legitimidad de la Plataforma. La respuesta del PSOE que en cierto modo plegó velas para no enfrentarse a la PAH puede verse  aquí.

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La PAH continuó su campaña manteniendo una, también a mi juicio, calculada ambigüedad sobre el hecho evidente de que no tiene capacidad jurídica para plantear un recurso de constitucionalidad y que, por tanto, debía recurrir a los partidos políticos o al Defensor del Pueblo para que así lo hiciera. Eso sí, aparentemente, con la condición de que no de debía modificar una coma de “su” recurso. El último paso, ante la evidencia de que el plazo para que el Defensor del Pueblo interpusiera recurso concluía esta semana, y que no cuentan con los 50 parlamentarios para hacerlo (pese al apoyo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo, apoyo recibido y aceptado a diferencia de lo que ocurrió con el PSOE), ha consistido en proponer la mencionada campaña de seudoescrache al Defensor, con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y a través de la plataforma oiga.me.

A mi juicio, el verdadero punctum dolens de la estrategia de la PAH consiste en que estos últimos pasos en su  también a mi juicio legítima y justa causa de acabar con el fraude del mal parche frente al drama de los desahucios que fue la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP, parecen poner de relieve algo que excede incluso a ese su problema, su tragedia. Porque esta línea de acción toca el núcleo mismo del debate sobre la necesidad de renovación de la legitimidad democrática. Y, a mi entender, la toma de posición de la PAH, que es legítima, claro, pero sólo respetable si sus argumentos lo fueran, podría implicar el riesgo de una considerable confusión acerca de la legitimidad social y política para luchar por los derechos, una cierta visión “patrimonial” de esa lucha (calificativo que sugirió en un debate en Facebook mi colega Pepe Calvo) en la que el copyright de quién fue primero y más ferviente defensor fuera más importante que los derechos mismos. Y, sobre todo, en la que con el agua sucia del desprestigio ganado a pulso por cierta clase política que ha hecho de la corrupción su sello, tirásemos el fundamento mismo de la legitimidad en cuestión que, para mí, es el respeto a lo acordado libre y razonadamente como marco legal: el respeto al Estado de Derecho, el respeto a lo que acordamos que debe valer como ley y a la tarea de los tribunales en ese Estado de Derecho. Quiero decir que, a mi entender, toda ley se puede modificar y aún tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Pero sin arrogarse exclusividades o privilegios en esa tarea, en aras de supuestas superioridades morales o autenticidades políticas. Nadie puede pretender estar por encima de los demás en esa tarea, pública, de todos, que es la lucha por los derechos y por el Derecho, que es la tarea política básica de todos los ciudadanos y que da sentido al Derecho y al Estado de Derecho.

Y es que pareciera como si la tarea de garantizar la legitimidad democrática ahora hubiera cambiado de titular. No me refiero al soberano que es y no puede dejar de ser otro que el pueblo, todos los ciudadanos. Los representantes políticos son servidores de ese soberano. Hasta ahí podíamos llegar. No hablo de eso. Me refiero a una especie de pendant político, por otra parte explicable ante los excesos y  bloqueos impuestos por un perverso juego de mayoría alentado por leyes electorales y de financiación de partidos a todas luces necesitadas de profunda renovación, un juego perverso cuyo resultado más sucio es la corrupción. Proclamada por no pocos ese Delenda est la democracia representativa y sus instituciones, el garante y el instrumento de la democracia auténtica (ya estamos con los calificativos) serían los movimientos sociales, los únicos no sospechosos de manipulación de nobles causas en aras de intereses espúreos. El test de la legitimidad democrática consistiría, pues, en el papel de esos movimientos. Porque la otra cara de la moneda sería ésta: los clásicos agentes institucionales, en primer lugar los partidos políticos, pero incluso el propio Parlamento y otras instituciones constitucionales (el Defensor del Pueblo, los tribunales de justicia) estarían bajo sospecha. De forma que sólo admitiríamos que luchan por los derechos si lo hacen en apoyo o de consuno con tal o cual movimiento social. De paso, esa sospecha recae sobre la legalidad constitucional y sobre la actuación, insisto, de los tribunales de justicia que, debido a su rigidez e inadecuación a la realidad social, deberían ser orillados como procedimientos inservibles y que, más allá incluso de viejas apelaciones a un uso alternativo del Derecho, pasarían a un cuarto plano, mientras se nos propone (o se nos predica) que nos dispongamos al inminente advenimiento de una verdadera ruptura constituyente, quizá bajo la guía del sendero luminoso que nos señala el movimiento social de turno…

Lo reitero: no soy yo quien va a discutir el merecido reconocimiento con el que cuenta la PAH como movimiento social y político. Ni su aportación a la pedagogía democrática, tan abandonada por los clásicos agentes institucionales, por ejemplo, por partidos y sindicatos, pero también por buena parte de las instituciones, comenzando por la jefatura del Estado, el monarca y la casa real que le rodea. Y es que, por otra parte, ¿cómo vamos a creer o aprender de quienes con sus hechos contradicen lo que pretenden defender? Sí. La valía de la PAH, su contribución a una sociedad más decente, mejor, su reconocido trabajo ciudadano anclado genuinamente en la solidaridad y que ha denunciado eficaz y valerosamente una forma de hacer política que parece otra cara de los negocios y, sobre todo, que no deja de producir víctimas, es indiscutible. Son un activo social y político, en el sentido de la reivindicación de lo público y por eso me pareció muy merecido el premio con el que les distinguió el Parlamento europeo. Precisamente por ello, considero muy desafortunado que la PAH haya entrado aparentemente –es obvio que puedo equivocarme; ojalá sea así- en una dinámica que acaba creando otras víctimas y contribuye al descrédito de todo lo que no se pliegue a su estrategia. Con todos los respeto y matices necesarios, algo como lo que ha pasado con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Así me lo parece ese juego según el cual ilusionan a la opinión pública con la confusión de que van a plantear un recurso, recurso que saben que no pueden llevar a término por sí solos. El hecho de convocar la rueda de prensa de presentación del “recurso”, el 7 de agosto, a las puertas del Constitucional,  contribuye a la confusión. Porque, evidentemente, el tal “recurso” no se presentó. Necesitaban que otros lo presenten (el Defensor o 50 parlamentarios): claro que quizá es que en su estrategia no les conviene mancharse las manos con el apoyo del PSOE, aunque eso sea incoherente con el hecho de que la PAH haya estado pidiendo que la sociedad civil y sus agentes -y los partidos lo son- compartan su problema. Tampoco me parece muy coherente descalificar obsoletas formalidades legales, para a continuación acudir sin empacho a triquiñuelas jurídicas propias de leguleyos, con la coartada de fondo de que su fin es bueno y legítimo. Y en tercer lugar, me parece indigno bloquear la comunicación de cualquier ciudadano con el Defensor del pueblo, que es el resultado –¿daño colateral, quizá?- de su última medida de presión, que no puede dejar de perjudicar a los demás ciudadanos que quieren, que necesitan contactar con el Defensor…y que acaban siendo victimas de la PAH, lo que me parece el colmo de la paradoja cruel…

Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

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La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

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