¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

Por una nueva política migratoria (I)

Paco Solans

Hablar sobre asuntos que, de forma recurrente, aparecen con frecuencia en los medios de comunicación y se encuentran en el debate público, te expone a acusaciones – es tan fácil y barato desviar un debate necesario pero incómodo mediante acusaciones sin demasiado fundamento – de oportunismo o de hablar de algo sólo porque está “de moda”. Comienzo con una defensa no pedida no porque sea manifiesta la culpabilidad, sino porque parto de la extrema seguridad de que habrá quien haga esa acusación. La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía lleva reuniéndose de una forma u otra desde hace más de 25 años, y la postura que voy a intentar explicar quizás ha tenido variantes en su formulación concreta, pero ha sido una constante de nuestra posición, profundamente crítica con los distintos modelos de política migratoria que han movido y mueven los gobernantes europeos y españoles. Y rechazamos toda vinculación que se hace gratuitamente entre la necesidad de una actitud más dura con la inmigración debido a los riesgos de la amenaza terrorista de esos desalmados que – con pasaporte francés o británico – atentaron contra sus propios países.

Hablar de “política migratoria” es ya una concesión cuando hablamos de lo que ha regido durante estos cuarenta y cinco últimos años. Puesto que por una determinada “política” entendemos un conjunto de actuaciones planificado, con ponderación de costes, ventajas, valores, objetivos, cumplimiento de éstos, previsión de efectos adversos y paliativos, con un seguimiento, estudios sociológicos, necesidades nuevas, gestión proporcionada mediante órdenes, instrucciones y normativas públicas, etc. Esta “política” en el sentido de planificación de actuaciones a distintos niveles, puede ser proactiva o reactiva, pero ello no cambia su naturaleza de ser una respuesta colectiva e inteligente a un fenómeno o a un problema cuya complejidad requiere amplitud de miras. Sigue leyendo

Mos Maiorum: de nuevo el discurso del miedo y la xenofobia institucional

Javier de Lucas

Mos maiorum: ¿Un operativo policial más?

Este lunes 13 de octubre comienza una operación de política migratoria que está previsto que se mantenga hasta el 26. Se trata de la denominada Mos maiorum, una iniciativa del Consejo Europeo, adoptada en el mes de julio de 2014. El conjunto de actuaciones que se desplegarán en esos días será coordinado por la secretaría general del Consejo Europeo y el Directorio Central de Inmigración y Política de Fronteras italiano, (recordemos que nos hallamos bajo presidencia italiana de la UE). En ella  se ha invitado especialmente a participar a todos los países de la zona Schengen, que sufragarían el coste, junto con la agencia de fronteras Frontex.

Ese operativo policial conjunto (J.O Mos maiorum) habría pasado desaparcibido, de no ser por la ONG State Watch, que publicó el documento. Tras esa publicación, se despertó un considerable interés en la prensa (cfr. por ejemplo Diagonal y eldiario.es). Sigue leyendo

Fútbol y racismo, crimen y castigo

Fernando Flores

Durante un partido de primera división un tipo de 25 años lanza un plátano a un jugador de fútbol. Las cámaras captan el acto racista. Se abre una campaña de carácter internacional (#somostodosmacacos) en la que numerosos deportistas, políticos, actores, presentadoras… se solidarizan con el injuriado comiéndose un plátano y reclamando la igualdad para todos. La campaña tiene un éxito notable en los medios. Se identifica al agresor, que aparentemente muestra arrepentimiento. El club le retira el carnet de socio y le prohíbe ingresar en el campo de por vida. El aficionado se expone también a una fuerte multa de la Comisión Antiviolencia. Se abre instrucción penal por posible delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, relativo a aquellos que “provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas”.

Llevo días dándole vueltas a este tema, porque no me cuadra. No dudo de que los actos de racismo deben ser perseguidos y castigados, pero en este caso hay varias circunstancias que dan que pensar.

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La primera de ellas es que la estrella del fútbol que lanza la campaña antirracista –el brasileño Neymar– está implicado, fruto de su contrato con el F.C. Barcelona, en una operación de fraude fiscal de muchos millones de euros, algo que, a la vista del programa Salvados emitido ayer, es habitual en los grandes clubs. Me resulta difícil respetar y hacer la ola a una persona que reclama igualdad mientras no paga sus impuestos, por más que su mensaje sea correcto. Precisamente por eso, sospecho que o él o su agencia de marketing tratan de lavar con detergente ajeno una mancha muy propia.

Pero lo que más me llama la atención de la campaña es la discriminación sobre aquellos a quienes pretende proteger (las víctimas del racismo). En realidad, creo que estamos ante una reacción antirracista que sólo defiende al fuerte de entre las víctimas. Por más que se diga que el mensaje de esa campaña antirracista es universal y se extiende a todos, no lo creo. Y es que, por ejemplo, más allá de los delitos económicos continuados que cometen, es sabido que algunos clubs de fútbol trafican con personas, muchas de ellas africanos desesperados llegados a Europa con lo puesto que ponen su nombre para blanquear altísimas sumas de dinero, dinero libre que los clubs dirigirán a cometer más fraude fiscal (es decir, a robar a todos los ciudadanos), a pagar “en b” a los “neymar” y a enriquecer a los directivos de (casi siempre) raza blanca. En este sentido, apreciaría mucho como gesto humanitario y comprometido de Neymar una foto acompañado de su hijo en una patera de pega, con el hastag –por ejemplo– #somostodosfutbolistas?

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Por último, me deja sin palabras la desproporción de la pena impuesta por el club, al parecer mucho más preocupado por su imagen que por hacer pedagogía (¿no se trataba de esto?). El pretendido mensaje de “tolerancia cero” (maldita expresión) se traduce en que al agresor se le impide entrar en el estadio de por vida. Sin embargo, al aplicársele el castigo como una pena de muerte o una cadena perpetua futbolística, el mensaje real es la renuncia (el desprecio) desde el inicio a la educación de la persona, a la sensibilización para el civismo y el respeto al otro. El club se desentiende de su socio, y aquí no ha pasado nada.

En fin, por concluir, creo que la defensa de la igualdad y de los derechos de las personas, la lucha contra la discriminación y el racismo (que efectivamente son un problema también en el fútbol), no pueden sostenerse sobre una pila de mentiras de este calibre. Es por eso que la campaña no me cuadra y la considero una tomadura de pelo. En cuanto al futuro como hincha del aficionado racista, no albergo temor. Habiendo apoyado el presidente del Villarreal –Roig– la solicitud de indulto al expresidente del Sevilla hoy encarcelado, Del Nido, doy por sentado que, en cuanto se pase el sofocón del tema del odioso plátano, readmitirán al socio hoy desterrado, y aquí paz y allá gloria.

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Una oportunidad perdida

Manuel  Atienza

La lectura, hace unos días, de un artículo de Mario Vargas Llosa, “Los parias del Caribe”, me ha llevado a interesarme por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que está causando -y con razón- un considerable revuelo. La decisión del alto tribunal del pasado 23 de septiembre (168/13) niega la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes irregulares y ha merecido, por parte del gran escritor peruano, juicios de una extremada dureza. Así, califica la sentencia de “aberración jurídica”, “inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta”, de “paralogismo jurídico”, etc. Y de quienes la dictaron afirma que “a la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la hipocresía”; aunque señala también que “los dos jueces disidentes” del tribunal “salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria”.

Tribunal

¿Tiene razón Vargas Llosa al descalificar de esa manera al tribunal y a la sentencia? Mi respuesta, después de haber leído con detalle la justificación de la decisión (de unas 150 páginas), es que sí; lo que prueba, por cierto, una vez más, que el sentido común, el sentido de la justicia y la técnica jurídica no pueden ir por caminos muy separados. O sea, que no hace falta ser un experto en Derecho para darse cuenta de que ciertas decisiones de los tribunales, simplemente, no pueden tener cabida en nuestros ordenamientos jurídicos porque, si la tuvieran, el Derecho de los Estados constitucionales no podría ser considerado como una institución, una práctica, racional encaminada a la obtención de decisiones razonablemente justas. Hay, ciertamente, algunas cuestiones de detalle, de precisión jurídica, que podrían aducirse en relación con ese artículo, pero ninguna de ellas reviste verdadera importancia. Yo diría que la principal corrección a introducir es que los miembros disidentes del tribunal no fueron “dos jueces”, como afirma Vargas Llosa, sino “dos juezas”, lo cual podría tener algún significado cuando se advierte que, de los trece magistrados firmantes de la sentencia, sólo tres eran mujeres. Por lo demás, el voto disidente de una de ellas, Katia Miguelina Jiménez Martínez, es un notable ejemplo de argumentación jurídica: un modelo de buena técnica jurídica al servicio de una causa justa. Lo que no puede decirse del voto mayoritario, por más que deba reconocerse en el mismo un buen oficio jurídico pero, ay, encaminado a justificar lo injustificable. Y pasemos ya de las (des)calificaciones al análisis.

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La libertad de expresión del fascista

Ana Valero

El pasado 10 de octubre el Congreso de los Diputados rechazó la Moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió que pretendía que se incorporase al Proyecto de reforma del Código Penal que se halla en tramitación un nuevo tipo penal, entre los llamados “delitos de odio”, que castigase, entre otras conductas, la utilización de las expresiones “nazi”, “nazista” o “nazismo” en lo referente a la adjetivación de ciudadanos, representantes democráticos, organizaciones políticas democráticas, entidades e instituciones. Dicha Moción incorporaba, además, las enmiendas de los Grupos Parlamentarios de PSOE, IU, UPyD y UPN e instaba al Gobierno a la tipificación de conductas que impliquen apología del franquismo, el fascismo, el totalitarismo o el nazismo. Concretamente, que se tipificase como delito “cualquier acción, propuesta, discurso, propaganda, gesto o símbolo propio o apologético del nazismo y del delito de negación o banalización del Holocausto o de cualquier genocidio”.

banderas fascistas

Esta Moción parlamentaria, destinada a poner nuevos frenos a las recientes actuaciones de grupos neofascistas que hacen ostentación de sus convicciones antidemocráticas, nos sitúa de lleno ante el hate speech o “discurso del odio”, una de las figuras más controvertidas en las legislaciones y en la jurisprudencia de los Altos Tribunales de Justicia occidentales. Acuñado por primera vez por el Tribunal Supremo Norteamericano, el término hate speech hace referencia a aquellas expresiones verbales dirigidas contra grupos humanos que han sido históricamente discriminados por motivos de género u opción sexual, raza, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que, además, constituyen minorías tradicionalmente excluidas socialmente. Por lo que la cuestión que subyace a su tratamiento jurídico tiene que ver con: por un lado, el valor que los sistemas democráticos otorgan a la libertad de expresión como baluarte de una opinión pública libre, fundamento del sistema democrático; y, por otro, con el alcance que en los Estados democráticos ha de tener el ius puniendi del Estado y si éste debe sancionar penalmente la difusión de ideas explícitamente contrarias a los valores de dignidad, libertad e igualdad humanas.

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