Fútbol y religión, el acoso

Fernando Flores

Hay gente que se permite afirmar que la cría de un chimpancé sano vale más que un pequeño discapacitado hijo de un hombre.

La asignatura de religión te enseñará por qué se pintaron los cuadros más importantes de la historia, por qué se construyeron los edificios más bellos de Europa, y cómo tener las claves de la crisis que estamos viviendo.

La primera idea o frase, la del chimpancé, es un lamento del arzobispo Rouco en su intervención de anteayer en el Foro Europa. La segunda pertenece al video promocional de la asignatura de religión que circula por las redes desde hace unas semanas.

Mi sincero propósito liberal es el de respetar no solo la libertad religiosa de mis conciudadanos, sino también el de no entrar en su diálogo religioso interno, verlo desde fuera, atender a cómo se desarrolla, y aprender en lo que pueda. En cierto modo es lo mismo que me sucede con el fútbol. Al no ser aficionado, pero sí liberal, admito con deportividad que los informativos le dediquen la tercera parte de su tiempo, y que las celebraciones de las innumerables victorias colapsen con frecuencia el centro de la ciudad. Y es mi propósito no opinar sobre los entrenadores, los fichajes y las alineaciones, sino aprender de lo que de bueno tiene el fútbol como deporte.

En realidad me gustaría que mi relación con éste fuera la de Camús, y poder decir, con él, que lo que más sé acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol.

Y, más allá de mi ateísmo, entendería que las creencias de la gente y su vinculación a la Iglesia fueran la sencilla explicación del miedo del ser humano a la muerte; la esperanza en otra vida, esta vez mejor; el anhelado reencuentro con los seres queridos en el más allá…

Pero nada de esto es así. A pesar de que tanto la Iglesia Católica como la Real Federación Española de Fútbol son entidades asociativas privadas (en principio sin ánimo de lucro), y de que deberían dedicarse a sus asuntos privados, la verdad es que no lo hacen. La verdad es que nos acosan. Y además la segunda lo hace cargada de victimismo, lo que resulta, si cabe, más insultante.

Los grandes clubes de fútbol se muestran como modelos de valores que la sociedad, especialmente los niños, deben emular. Y su ejemplo son el lujo, las malas artes nunca castigadas y el servilismo vergonzante a los patrocinadores (un entrenador agrede a otro en un ojo para provocar una bronca, y le mantienen en su puesto; una estatua emblemática de la ciudad se viste de los colores de un equipo por razones publicitarias).

La Iglesia consigue que se suprima de los colegios públicos la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, e impone la asignatura de religión. Negocia la actividad legislativa del Parlamento. Se financia con dinero público, pero monta negocios particulares, entre ellos medios de comunicación reaccionarios. Está exenta de numerosos impuestos.

Así que me siento como el caminante tranquilo y respetuoso con todos a quien unos energúmenos corpulentos y vocingleros no dejan de dar órdenes, cruzarse en su camino y propinarle codazos. Mientras me exigen que les dé las gracias. Y así me siento cuando leo la barbaridad sin amonestación que dice Rouco para atacar a quienes están en contra de la penalización del aborto (“que hay quienes prefieren a un chimpancé que a un niño discapacitado”), o veo un video tan tramposo y vergonzante como el de la obligada asignatura de religión (que probablemente olvidará explicar a los alumnos la intervención castradora de la Iglesia en la vida y obras de Copérnico, Giordano Bruno, Galileo, El Greco… y tantos otros). Entonces, aunque es poca cosa, hago uso de mi libertad de conciencia, mermada por todo esto, y escribo, bastante indignado, un post.

Nociones de Derecho constitucional para Rouco y Gallardón

Por Ana Valero

«Fuera de la Iglesia no hay ni salvación ni remisión de pecados», Unam Sanctam. Con esta bula promulgada el 18 de noviembre de 1302, el papa Bonifacio VIII afirmó la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal. El pasado 15 de abril, el presidente de la Conferencia Episcopal española reclamó al Gobierno que cambie la legislación sobre el aborto y sobre el matrimonio homosexual. Horas después, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón dijo que la reforma de la primera llegará muy pronto.

sandro boticelli san agustin

La Iglesia católica en España se niega a aceptar un principio fundacional de todo sistema democrático, esto es, que el pueblo es el único soberano y que el Parlamento es su representante político. En consecuencia, sus leyes son la expresión de la voluntad popular, de la voluntad de la ciudadanía –aunque quizá esto sería discutible en los tiempos que corren, dado que el Partido Popular viene utilizando de manera torticera la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento para desoir el clamor ciudadano. Pero esta cuestión, quizá, sea objeto de un nuevo post.

Es evidente que la Iglesia rechaza dicho principio fundacional de la democracia al relegar al Parlamento al rol de “institución política” y otorgarse a sí misma el carácter de “autoridad moral”. La Iglesia española sigue a pies juntillas, en pleno siglo XXI, los dictados de la Unam Sanctam cuando sostiene que nadie más que el Parlamento puede legislar y que sus leyes deben cumplirse, pero sólo “si son justas” –palabras de Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal. Y yo me pregunto, ¿hay una apelación más directa que ésta a la “desobediencia civil”?

La Iglesia tampoco reconoce el papel que en nuestro sistema se asigna al Tribunal Constitucional, el de intérprete supremo de la Constitución, siendo quien tiene la última palabra para expulsar o no del ordenamiento jurídico aquellas leyes que vulneren el Texto fundacional, garantizando así su primacía y valor normativo. Pues bien, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una sentencia declarando que no hay contradición alguna entre la ley que permite el matrimonio homosexual y la Constitución, Rouco Varela afirmaba lo siguiente el pasado 15 de abril: “El legislador también después de la sentencia del Tribunal Constitucional es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños”.

Pues no, señor Rouco, no, el legislador no es libre para contradecir lo dicho por el Tribunal Constitucional, salvo que, como en el caso del aborto, hayan transcurrido 28 años desde que se pronunció sobre el asunto y proceda adaptar su doctrina a la nueva realidad social. Pero esto último parece que no sólo lo desconoce el presidente de la Conferencia Episcopal si no que, lo que es más grave, parece no querer entenderlo el propio Ministro de Justicia cuando se aferra a la Sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de la ley despenalizadora del aborto en determinados supuestos, del año 85, para sostener que ésta impide que en España rija una ley de plazos y proponer, incluso, la desaparición de los supuestos que despenalizan el aborto cuando exista riesgo para la madre o riesgo de malformación del feto.

El Ministro de Justicia parece desconocer que el Tribunal Constitucional desde hace años viene aplicando en la mayor parte de sus decisiones la “teoría evolutiva” para interpretar la Constitución, que consiste en interpretarla en relación con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Y parece indiscutible que, transcurridos 28 años, el Tribunal Constitucional puede y, desde mi punto de vista, debe, cambiar su doctrina sobre el derecho a la vida y reconocer la constitucionalidad de una ley de plazos que, dicho sea de paso, es la que tienen la mayor parte de los países europeos. O, ¿es que nuestra realidad social dista tanto de las de los países de nuestro entorno? Me atrevería a decir que precisamente en este asunto, no.

Cuando el señor Gallardón afirma que una ley de plazos como la vigente es inconstitucional para justificar su reforma, además de engañar a los ciudadanos, está haciendo caso omiso a un principio básico del Derecho Constitucional contemporáneo, el que vincula la vigencia y perdurabilidad de la Constitución a su interpretación conforme con la realidad social vigente en cada momento histórico.

En España, es el propio Gobierno, y la mayoría que lo sustenta en el Parlamento, quien, plegándose a la voluntad de la Iglesia católica en sus iniciativas legislativas, desconoce las exigencias del principio fundacional de la democracia, el de la soberanía popular, así como las del principio constitucional de laicidad, aquél que impide precisamente la confusión entre el poder político y el poder espiritual.

¿Sería mucho pedir que en alguno de sus encuentros los señores Rouco y Gallardón intercambiasen libros? Yo tengo un par de propuesta para ambos: “La Ciudad de Dios”, de San Agustín y la “Constitución española de 1978”, del pueblo soberano.

* Ilustración: San Agustín en su gabinete, Sandro Botticelli,1480, 
Iglesia de Ognissanti (Florencia)