Tetek (I): La zona gris

José Miguel Sánchez

Se abre la puerta del Centro de Internamiento de Extranjero (CIE). Un subsahariano, alto y delgado, la franquea. Es la tercera vez que repite este ritual. Siempre la misma canción. Es detenido cerca de la sede de la asociación de los sin papeles. Quizá en el entorno de ese centro cívico okupado. Ahí recibe el consejo jurídico de los compañeros voluntarios o las clases de español para posibilitar su integración. Algo de lo que cualquier estamento público hace mucho que se ha desentendido. En una ocasión, incluso, cuando esperaba en la cola del comedor comunitario de Caritas. Está en situación irregular en España.

No me detengo a contarles su experiencia migratoria. Algún día lo haré. Tiene verdadero pánico a que se conozca la verdad por la que salió del Camerún. Pobre Tetek. Después de lo que le hemos hecho sufrir en este país. Piensa que ni le entenderíamos. No cambiaría ni el peor de los tratos recibidos en España por lo que le esperaría si retorna. Le admiro. Te mira a los ojos. Sabe que conozco su historia. Me repite: “si llegaras sólo a sospechar lo que sufrió ella en nuestro viaje hasta el norte de Marruecos”. Siempre para ahí. Se le inunda la mirada y se le caen unas lágrimas. Sólo lo he visto llorar en las ocasiones en que intenta hablar de “ella”. No sé quien es “ella”. Intuyo que ya no puedo hacer nada. Nunca insisto. Su recuerdo es lo que le ha dado fuerzas para continuar contra toda adversidad.

Centro-Internamiento-Extranjeros-Madrid-Foto_EDIIMA20130513_0663_13

Llegó hace ocho años a España. Era menor de edad. Eso fue otra desgracia para él. Recuérdenme que también se lo cuente. Tetek ha puesto a prueba mis más sesudos conocimientos del derecho. Años de estudios jurídicos, de doctorado, de práctica profesional, de imbuirme de la normativa sobre inmigración en España. De poco sirvieron cuando hubo que enfrentarlos a la reacción del Estado español. ¡Joder que crueldad! Nunca vi tanto ensañamiento. Ingeniería jurídica estatal en toda su pureza. Se le aplicaban interpretaciones normativas imposibles con una naturalidad que sonrojaría a los juristas más ineptos. Todos los estamentos estaban alineados. Su objetivo: no dejar ni un solo resquicio de trato humanitario. Eran tiempos de Gobierno del señor Zapatero. El Ministro del Interior era el señor Rubalcaba y su Secretario de Estado para la Seguridad el señor Camacho. No esperaba que se pusieran a la cabeza de la defensa de los derechos de los migrantes. Sobre lo que hicieron o permitieron hacer a las fuerzas policiales, prefiero no recordarlo ahora. Pecados de acción y/u omisión que nunca les perdonaré. Nada quiero decir. Qué impotencia.

Tetek está saliendo del CIE. Pampa es el único que le espera. Ninguno de sus compañeros se hubiera atrevido a acercarse tanto a la sede de la Brigada Provincial de Documentación y Fronteras de Madrid. Todos están en situación irregular. Pampa es harina de otro costal. Compañero, compañero del alma, compañero. Ya tiene la nacionalidad española. Para él era más fácil. Es argentino. Un superviviente. De esos que en la patera se hubieran tirado al agua sin pestañear a socorrer a un compañero. Se hubiera ahogado. El mar lo escupiría vivo. Es de esos compañeros que necesita toda persona que ya ha perdido la fe en el ser humano. Al menos, a mi me la hizo recuperar. No es mi amigo en el sentido fuerte. No dudaría en poner mi vida en sus manos. Gracias compañero, compañero del alma, compañero.

expulsiones

Tetek está en la calle por tercera vez. Es la tercera vez que el Estado español se ha visto en la imposibilidad jurídica de expulsarlo a su país de origen. Otra vez. Se ha renunciado a ejecutar una decisión firme de retorno. ¿Cuál es la situación jurídica en que queda Tetek? No se lo van a creer. Bueno, sí, sí lo van a creer. Ya son muchos los años de contacto con la Administración española, de todo signo, para saber que aquí nunca se resuelve nada. Efectivamente. Tetek queda en la calle en la misma situación jurídica en la que entró. La situación de estancia irregular en España le llevó al CIE para ejecutar una expulsión, sustitutiva de una sanción de multa de trecientos euros. Pasó sesenta días dentro del CIE para que el Estado pudiera hacer efectiva esa sanción de expulsión. El retorno no se vio impedido por Tetek. Se limitó a esperar en el CIE. El Estado fue el único responsable de la inejecución. Salió de su internamiento en la misma condición de irregularidad migratoria. Imagínense: nos condenan a unos años de prisión para purgar la comisión de un delito. Tras salir de la cárcel ahí sigue la deuda con la sociedad, esperándonos en la puerta del centro penitenciario. Peor aún. Comete una infracción de tráfico. Después de pagar sus cien euros de sanción, eternamente llega un requerimiento para que siga pagando esos cien euros. Ni Sísifo, con la necesidad eterna de empujar la piedra por la ladera, fue sometido a tal agravio sin fin.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), con sus sucesivas reformas, no ha establecido ninguna previsión al respecto sobre la situación de Tetek y los otros muchos Tetek anónimos. Tampoco el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LOEx lo ha previsto. En su Título quinto (arts. 123 a 146) se regula la residencia por circunstancias excepcionales. Entre esas circunstancias no se hace mención alguna a los supuestos de los inmigrantes extracomunitarios con estancia irregular en España que hayan abonado la sanción de multa o los que, tras la imposición de una sanción de expulsión, haya prescrito o su ejecución haya sido renunciada por la Administración por imposibilidad jurídica o material de hacerla efectiva.

legal

Esta omisión normativa consagra una “zona gris”. Es una situación de silencio. Es la penumbra de la existencia de inmigrantes en situación de estancia irregular que el Estado no puede expulsar. Tampoco les quiere otorgar un permiso de residencia y trabajo. Son personas sometidas a un régimen de alegalidad migratoria. La omisión no ha sido involuntaria. Diversos informes fueron presentados durante la tramitación del Reglamento de la LOEx. Ni caso. Esta “zona gris” viene siendo asumida en España con normalidad como una consecuencia de la imposibilidad de ejecución de la legislación de extranjería.

El Derecho de la Unión Europea es tajante al respecto. No caben estas “zonas grises” en las legislaciones nacionales. A los inmigrantes extracomunitarios a los que se les impone una sanción de expulsión: o se los expulsa o se los regulariza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su Sentencia de 22 de octubre de 2009 (asuntos acumulados C-261 y C-348/08, María Julia Zurita García contra la Delegación del Gobierno en Murcia y Aurelio Choque Cabrera contra Delegación del Gobierno en Murcia) que ni el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen ni el entonces vigente Reglamento (CE) núm. 562/2006, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece el Código de Fronteras Schengen, “debe interpretarse en el sentido de que, cuando un nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular en el territorio de un Estado miembro porque no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos relativos a la duración de la estancia aplicables en él, dicho Estado miembro no está obligado a adoptar contra él una resolución de expulsión”. Las dudas expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia fueron categóricamente respondidas. La normativa europea no exigía a los Estados miembros la sanción de expulsión frente a cualquier situación de irregularidad migratoria en su territorio. Declaraba que la normativa española, que ha optado por sancionar con pena de multa la infracción administrativa de estancia irregular en España, es plenamente compatible con la normativa de la Unión Europea.

El art. 57.1 LOEx establece que “podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español (…)”. Es preciso analizar, por tanto, en los casos en que se pague la sanción de multa o ésta se sustituya por una decisión de expulsión, cuál es la previsión de la Unión Europea con quienes ya ha pagado la multa o aquellos en que la decisión de expulsión no pudiera ser ejecutada. La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular regula en su artículo 6 la decisión de retorno. Su apartado primero habilita la adopción de estas decisiones de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio. El apartado cuarto también hace especial incidencia en que “los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo (…)”.

Una apresurada lectura hace pensar que ambas regulaciones están desconectadas. Están recogidas en el mismo artículo correspondiente a la decisión de retorno. Ello impone una interpretación sistemática. La conclusión es que el Estado miembro, ante la situación de irregularidad en su territorio de un nacional de un tercer país, debe optar entre proceder a su expulsión o proceder a su regularización. Esta interpretación es la normalmente asumida por la Comisión Europea. El 18 de marzo de 2010, el Eurodiputado don Ramón Tremosa i Balcells dirigió a la Comisión Europea una pregunta escrita prioritaria [P7_QP(2010)1687] sobre la “Inscripción en el padrón municipal de los ciudadanos extracomunitarios y la Directiva 2008/115/CEE”. Interrogó sobre la conformidad a la normativa comunitaria de la actitud de las administraciones locales de no comprobar la situación de legalidad o ilegalidad de la residencia de los nacionales extracomunitarios a los que proceda a inscribir en los padrones municipales. La pregunta fue respondida por la Comisaria europea de Interior, doña Cecilia Malmström, el 7 de abril de 2010.

UN 10 % DE VALENCIANOS ABOGA POR EXPULSAR A TODOS LOS INMIGRANTES IRREGULARES

Su respuesta tuvo un importante eco en los medios de comunicación españoles. Los responsables políticos y los medios de comunicación hicieron especial incidencia en la primera parte de la respuesta. Se señalaba la posibilidad prevista en el art. 6.1 de la Directiva 2008/115/CE de “(…) expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio”. La respuesta de la Comisaria contenía una segunda parte. Expresamente mencionaba que “[i]nmediatamente después, en el artículo 6, apartado 4, de esa Directiva, se aclara que los Estados miembros pueden, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se expedirá ninguna decisión de retorno o, de haberse expedido ya, se retirará”. Esta parte de la respuesta evidenciaba que la posición de la Comisión europea, en apreciación del derecho comunitario todavía vigente, es que sólo quedan dos opciones: se ejecuta la decisión de retorno o se regulariza.

La respuesta de la comisaria Malmström es inequívoca al respecto. Incide en que la imposición de esta alternativa en el derecho comunitario era conscientemente buscada. Concluye que “(…) fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de reducir las «zonas grises», evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas”. Además, la respuesta, lejos de ser una apreciación abstracta, contiene una apelación directa a las autoridades españolas, al señalar su falta de libertad para optar por cualquier otra alternativa que no sea la de ejecutar la expulsión o “(…) poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio”.

La respuesta finalizaba con un recordatorio de la mayor importancia. “Los Estados miembros han de incorporar la Directiva 2008/115/CE a sus legislaciones nacionales antes del 24 de diciembre de 2010. La Comisión no está en situación de tomar medidas formales con respecto al cumplimiento de esa Directiva antes de tal fecha, pero incita a todos los Estados miembros, incluida España, a velar por el cumplimiento de las normas fijadas en la Directiva tan pronto como sea posible”. Muy atrás ha quedado la fecha del 24 de diciembre de 2010. Ninguna regulación ha desarrollado el Estado español sobre el particular. Poca voluntad política tuvo el Gobierno del señor Zapatero. Menos la tiene el del señor Rajoy. Ocupado está en otros menesteres. La Comisión de la Unión Europea esta llamada a informar antes de finales del año dos mil trece sobre el cumplimiento en la transposición y aplicación de esta Directiva.

No espero mucho. Tetek espera menos. Creo que este año ha conseguido nuevamente hacer la campaña de la fruta en Girona. No tiene permiso de trabajo. No tiene permiso de residencia. A su patrono poco le importa. Bueno. Sí le importa. Prefiere esta mano de obra. Son buena gente. Buenos trabajadores. Con ellos no hay problemas. El Estado lo sabe. Calla. Consiente.

inmigrantes - sirvo luego existo

A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución

Por Ana Valero

El viernes pasado, el Gobierno del PP aprobaba el Proyecto de Ley de lo que será la séptima reforma educativa de nuestra democracia con toda la comunidad educativa y el resto de los partidos políticos de la Cámara en contra. Entre otras novedades, el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales, en Primaria y Valores Éticos, en Secundaria- serán evaluables y su nota contará para la media del curso “a todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las asignaturas”.

profesor religión

El documento “Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe”, hecho público ayer por la Conferencia Episcopal Española contiene la siguiente frase

“Los profesores deben ser conscientes de que la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes”.

Y hace un mes la misma Conferencia Episcopal presentaba bajo el título “Una asignatura apasionante” el vídeo promocional de la asignatura de Religión en la escuela. En el citado vídeo aparece un profesor que le dice a los estudiantes que con la asignatura de religión van a aprender y a comprender las obras de autores como Leonardo da Vinci  o Newton, o que la misma “les puede dar las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo”.

¿Está la Iglesia Católica Española intentando obtener carta de naturaleza científica para la religión como trataran de hacerlo las doctrinas del “Creacionismo” y del “Diseño Inteligente” en Estados Unidos?

Mientras los herederos del “Creacionismo” han articulado toda una doctrina considerada pseudociencia por la comunidad científica para tratar de sortear los límites constitucionales que exigen una absoluta separación entre Iglesia y Estado en USA, y así colarse en el currículo educativo de algunos Estados, en España la estrategia parece la inversa: primero obtener la carta de naturaleza académica, para después justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de la materia de pretendidos tintes científicos.

En Estados Unidos la polémica se remonta a los años sesenta, cuando su Corte Suprema tuvo que pronunciarse por primera vez sobre una ley que promovía la enseñanza del “Creacionismo” en las escuelas como una teoría que debía ser incluida en el currículo educativo con el mismo estatus que el “Darwinismo” o Teoría de la Evolución de las Especies. Como es sabido, la primera defiende una explicación del origen del mundo basada en uno o más actos de creación por un dios personal, por lo que fue considerada por la Corte Suprema como un intento de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por el principio de separación Iglesia-Estado previsto por la Constitución Americana.

Los defensores del origen creacionista del Universo han perfeccionado con el tiempo su teoría, derivando en lo que hoy se conoce con el nombre de “Diseño Inteligente”, teoría según la cual el origen o evolución del Universo, la vida y el hombre, es el resultado de acciones racionales emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes.

Sus partidarios defienden que se trata de una propuesta científica legítima y capaz de sustentar un programa de investigación metodológicamente riguroso. Sin embargo, esto no es aceptado por la comunidad científica y su inclusión en el currículo educativo de la escuela pública ha sido declarada inconstitucional por un Tribunal federal en el año 2004 por vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución, sosteniendo que enseñar el Diseño Inteligente es enseñar religión y no ciencia.

Volviendo de nuevo a España, y a la nueva reforma educativa, cabe señalar que con la obtención de un carácter evaluable y computable de la asignatura de religión y su alternativa, el Gobierno claudica a una de las históricas pretensiones de la Iglesia Católica española. Esta previsión tendrá como consecuencia lógica, o así lo pretende esta última, paliar el descalabro de cifras de matriculación de alumnos en la asignatura producido en los últimos años en España, pues, según cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Educación, en los últimos diez años se han reducido diez puntos.

Los defensores de la enseñanza de la religión en la escuela pública tradicionalmente han sostenido que garantizar por parte de los poderes públicos la libertad de optar por dicha materia significa dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 27.3 de la Constitución, según el cual,

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Algo que es completamente incorrecto, pero veámoslo con detenimiento.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones es un derecho de “libertad” frente al Estado y nunca de “prestación”. Esto supone que la escuela pública nunca podrá impartir en su sede contenidos curriculares de carácter adoctrinador que contradigan las creencias o ideas paternas, pero esto no significa, en ningún caso, que esté obligada a satisfacer dichas convicciones mediante la inclusión en el currículo educativo de materias dogmáticas que den prolongación en el ámbito escolar a las creencias transmitidas en el ámbito familiar. Es más, este argumento llevado al extremo podría conducir al absurdo de que el Estado estuviese obligado a crear tantos modelos educativos como distintas convicciones pudieran encontrarse entre los padres, algo totalmente inviable.

Así pues, el primer equívoco (intencionado) que procede aclarar, es que no existe una obligación constitucional de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, obligación que deriva, eso sí, del “Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales” suscrito entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979. Este Acuerdo prevé que “Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.

Es preciso destacar que el Acuerdo con la Santa Sede tiene naturaleza concordataria y, en consecuencia, es considerado un tratado internacional. Esto último implica que el legislador español, al regular las cuestiones relativas a la enseñanza, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 96.1 CE. A este respecto, conviene señalar el carácter “demagógico” de las palabras del Secretario General del PSOE cuando afirma que si el Gobierno sigue adelante con su ley, denunciarán los Acuerdos con la Santa Sede. De sobra sabe Rubalcaba que esa posibilidad, que dicho sea de paso, sí que es una verdadera obligación constitucional en la medida en que los Acuerdos firmados con la Santa Sede contradicen claramente los principios de laicidad y de igualdad, sólo está en manos de quien gobierna, que además, en estos momentos, tiene mayoría absoluta en sede parlamentaria. Así pues, de nada sirven las intenciones oportunistas de quien ha tenido en sus manos la posibilidad de denunciar y/o renegociar tales acuerdos en cualquiera de los momentos en los que ha ocupado el gobierno estatal.

Debe quedar claro, por tanto, que sacar la asignatura de religión de la escuela pública requiere la renegociación de los Acuerdos en la materia con la Santa Sede. Ahora bien, esto no significa que la materia necesariamente deba ser evaluable y computable para la nota media. Esta sí es una opción del legislador, la que ha elegido el PP para satisfacer las exigencias de la Conferencia Episcopal. Opción claramente contraria al principio de laicidad constitucional, así como a los derechos de libertad de conciencia, igualdad y no discriminación. Y ello porque, con esta solución, se atribuye efectos académicos a una evaluación, la de la asignatura de religión, hecha con criterios confesionales y no académicos.

viñeta

Además, la existencia de una asignatura alternativa a la religión, como prevé el Proyecto de Ley llamado Wert, no es obligada ni por la Constitución ni por el “Acuerdo sobre Educación y Asuntos culturales con la Santa Sede”. No se vulneraría ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico si no existiera. Ni siquiera el Tribunal Supremo español ha sugerido, en sus numerosas sentencias sobre el asunto, que sea una derivación de la fórmula “equiparables” que establece el Acuerdo.

Procede advertir, por último, que la inclusión de la enseñanza confesional de la religión en el currículo formativo de la escuela pública no es la más acertada de las opciones desde una perspectiva que en muchas ocasiones parece no tenerse en cuenta, la de los derechos de los estudiantes, y más concretamente, de su “derecho a la libre formación de la conciencia”. Y ello porque, incluir en los programas escolares una materia que contenga contenidos dogmáticos -que son los que contiene la asignatura de religión por mucho que se empeñen los obispos en convencer de lo contrario- debería desempeñar, para respetar tal derecho, una función estrictamente educativa. Nunca, por tanto, una función aleccionadora o con vocación dogmática a la que parece acercarse, más bien, la presencia en los planes de estudio de una asignatura que tiene por objeto la exposición apologética de una determinada religión y cuyos contenidos, profesores y libros de texto son determinados y seleccionados por una Iglesia concreta.

Foto: Ángel Cantero.

Viñeta: Ferrán Martín