La razón de Estado y los derechos humanos. ¿Un Ministerio de derechos humanos?

Javier de Lucas

Entre las ideas interesantes que se encuentran en los diferentes documentos presentados por los partidos políticos a propósito de las negociaciones para investidura y/o Gobierno en estas semanas, una de las que apenas ha recibido atención es la formulada por Podemos, la propuesta de crear una Secretaría de Estado de derechos humanos.

En la estructura actual de la Administración central del Estado no existe tal cosa (si dejamos aparte el Defensor del Pueblo, porque su naturaleza es muy diferente, comenzando por el hecho de que es Comisionado de las Cortes generales y, por tanto, independiente del Ejecutivo). Sí hay departamentos de menor rango, con competencias específicas y limitadas. Por ejemplo, durante mucho tiempo existió la oficina de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, transformada por un Decreto de 9 de enero de 2015 del Gobierno Rajoy que creó la Dirección general de Naciones Unidas y derechos humanos. Con todo, conviene tener en cuenta el propósito con el que tomó esta iniciativa, en el que parece decisivo el contexto político, esto es, medidas que acompañaran al papel que alcanzaba España al ser elegida miembro del Consejo de Seguridad en ese período. Sigue leyendo

Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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Información vs. silencio o «el presidente no está para estos temas»

Pepe Reig

La dimensión propagandística de la política tiende siempre a crear las condiciones psicológicas adecuadas para los objetivos del gobierno de turno. Así, Zapatero quiso durante años transmitir su famoso “optimismo histórico”, hasta que se volvió en su contra porque la realidad apuntaba a una crisis que nadie iba a dejar de ver. Del mismo modo que el gobierno de Aznar había aprovechado los buenos indicadores macroeconómicos heredados de Solbes para inocular aquel mantra del “España va bien”, del que aún pretende vivir, mientras nos metía en la peor burbuja inmobiliaria y financiera de nuestra historia.

Igualmente, la insistencia del gobierno Rajoy en la “terrible herencia” de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, en los sacrificios y el peligro griego, durante su primer año cumplía una función de adormecimiento, muy conveniente para volver aceptable cualquier recorte y estaba en sintonía con aquella “doctrina del shock, que tan buenos servicios ha rendido en la destrucción del Estado del Bienestar.

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La administración de contenidos propagandísticos pesimistas por los portavoces populares tuvo, sin embargo, un punto de inflexión tras la famosa rueda de prensa de los “tres tenores” (Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos) a finales de abril, en la que se dieron datos tan realistas y previsiones tan a la baja, que lograron trasladar la impresión de que “el gobierno tiraba la toalla”. La alarma general que aquello produjo y la airada reacción dentro de sus propias filas de, entre otros, el propio Aznar, indujo el cambio de estrategia que ahora estamos viendo: salvo el uso, totalmente prohibido, del término “brotes verdes”, se nos bombardea ahora con toda clase se esperanzadores signos de recuperación y hasta se anuncia una pronta creación de empleo. Si el esquema no fuera tan obvio, sería inteligente.

Las estrategias de comunicación sobre la crisis acaban siempre en el dilema de si contar lo malo o anunciar lo bueno, pero con la corrupción es otro cantar. Desde que aflora el caso Gürtel, luego convertido en caso Bárcenas, la comunicación del PP ha consistido en negar la evidencia. Del “no hay nada” se pasó sin transición al “no me consta”. De ahí al “ya no trabaja aquí”, “nadie me chantajea” y “el presidente está en otra cosa”. Últimamente parece que llegamos a que “nos preocupa cero” y a que todos los demás son cómplices del tesorero, menos el partido que lo empleaba. En el fondo es pura superstición, creen que no hablando de ello, acabará desapareciendo.

Todo líder desea aparecer asociado a buenas noticias y no a chapapotes o primas de riesgo. Y, puesto que es el propio líder quien elige el contexto y el tema de su aparición, habrá que concederle ese derecho. Pero ¿seguro que un presidente del Gobierno puede desaparecer cuando sube la prima de riesgo o cuando Bárcenas enseña sus contabilidades y otras zarpas?

Bárcenas no existe y Rajoy tampoco

Cuando el 15 de marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió la causa contra Bárcenas, el ex tesorero del PP, que había sido cerrada por el TSJ de Madrid, con imputaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, Mariano Rajoy atravesaba uno de sus frecuentes barbechos informativos. Hacía 10 días de la última rueda de prensa y aún tardaría otros diez más en comparecer, aunque en forma de “canutazo” (declaración breve) y sin referirse para nada al asunto. Tampoco lo hizo en las fechas siguientes que son las de la huelga general y la amnistía fiscal.

En todo ese año repleto de Gürtel, Bárcenas, amnistía, prima de riesgo, reforma laboral y rescate bancario, el presidente del Gobierno concedió 6 ruedas de prensa en solitario y 12 acompañado por algún ilustre visitante. Los datos, reunidos por 20 Minutos en una útil infografía, muestran el patrón  de conducta del silente Rajoy: evita hablar donde te esperan (podría surgir algún imprevisto) y nunca lo hagas cuando hay problemas, de eso que se ocupe otro. Puro estilo Rajoy.

Aunque el diario amigo, ABC, maquilla los datos para dar la impresión de que Rajoy comparece más que Obama, lo cierto es que de las 46 ruedas de prensa que le atribuye al presidente desde la investidura, sólo 5 son nacionales, es decir, en solitario y sin la típica limitación de dos preguntas por país. Por en medio hemos tenido huidas por el sótano, ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias en forma de ectoplasma y respuestas del tipo de “ese asunto ya tal”. Puro estilo, puro Rajoy.

Por no hablar de las comparecencias ante el Congreso y el Senado. O mejor dicho de los vetos del PP a que comparezca el presidente. Ocho debates plenarios y 25 sesiones de control, según el recuento entusiasta del ABC. Pocas, tardías, esquivas y con graves síntomas de afasia en la pronunciación del nombre de Bárcenas.

Lo malo es que el potencial dañino del caso se acaba de multiplicar por mil con el ingreso en prisión del ex tesorero, la aparición de los papeles originales, que ya conocíamos por fotocopias, y las revelaciones sobre la cobertura que el partido y su presidente le han seguido dando al presunto delincuente. Si frente a la crisis había una estrategia, aunque burda, frente a esto no había más que la determinación de Rasell Crow en Una mente maravillosa: “¡No eres real! ¡No eres real!”.

El derecho a la información significa no sólo que se han publicar periódicos y telediarios, sino que las personas al frente de las instituciones han de ser visibles y audibles de modo permanente. Pero aquí, y es cosa que el periodismo y la militancia política tendrían que hacerse mirar, habíamos dejado de ejercer el derecho a preguntar, al tiempo que concedíamos un extraño derecho al silencio. El silencio de las comparecencias sin preguntas, preguntas sin réplica y mentiras sin desmentidos. La explicación, la información, la rendición de cuentas, las preguntas de diputados y periodistas, no son un medio de propaganda de quien está al mando, sino un derecho de quienes le han elegido y tienen el poder de revocarlo.

El rodillo parlamentario acaba de tener su momento de gloria al evitarle a Rajoy una comparecencia sobre el redoblado caso Bárcenas. La siesta veraniega que el Grupo Popular le ha garantizado a su presidente, pasará a la historia como el paradigma de un inexistente “derecho al silencio” que no es otra cosa que la extinción del derecho ciudadano a la información. Todo un síntoma, junto a la televisión de plasma, del deterioro de nuestra democracia. Pero es que había que recordar que la información no era una opción, sino un derecho y, por ende, una obligación.

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Empatía o escrache

Por Fernando Flores

“Mi casa es el terreno de mi vida personal y mi familia”, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.

Gran verdad. El hogar, la vivienda habitual, es el espacio donde nos encontramos a solas, o a solas con la familia y los amigos, donde nos reunimos con nuestros incondicionales, donde nos refugiamos de la dureza exterior, donde podemos cerrar por dentro. En nuestra casa se desarrolla eso que llamamos intimidad familiar, que por cierto es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos.

Miles de procedimientos de ejecución hipotecaria y sus correspondientes desahucios han golpeado durante años la intimidad familiar de muchos ciudadanos, españoles y extranjeros. Miles de personas han sido desalojadas de sus casas por bancos amparados en una legislación abusiva y despiadada, pero el concepto de intimidad familiar no aparecía por ninguna parte. Ha tenido que ser un movimiento social fuerte y decidido, algunos abogados y jueces comprometidos con los derechos, y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los que han obligado al Gobierno y muchos parlamentarios a plantearse de nuevo las cosas. Pero algunos parecen no entender todavía.

Las casas de los desahuciados eran también el terreno de su vida personal y su familia. Y en ocasiones fueron el domicilio que les permitía tener un permiso de residencia, el entorno donde los hijos desarrollaban sus relaciones sociales y educativas, el enclave desde el que llegar con facilidad a un trabajo… Cada desahucio rompió definitivamente algo de eso, y muchos de ellos condenaron a familias enteras a la exclusión social. Con la indiferencia de la política y el silencio mediático de los informadores más relevantes.

Decía Ihering en La lucha por el derecho que si la fuerza limitada del individuo va a estrellarse contra las instituciones que dispensan a la arbitrariedad una protección que niegan al derecho, entonces el individuo, aguijoneado por la injusticia contra la que es impotente, pierde el sentimiento de la vida moral y la creencia en el derecho. ¿A quién se dirige la vicepresidenta cuándo avisa que los escraches entran en el terreno intocable de su vida personal y familiar? ¿A los miles de desahuciados? ¿A los activistas que les han protegido mientras la fuerza pública ejecutaba de forma implacable decisiones judiciales que aplicaban una legislación brutal?

Es importante saber la trascendencia real de los derechos que vulneramos, y es triste que para ello tengamos que sufrir en nuestras carnes su erosión. La vicepresidenta recibe el daño que produce el golpe agrio a su intimidad que es el escrache. Y nos habla de su privacidad y de su familia. Pero se niega a cambiar la ley que multiplica por cien el golpe irreversible que reciben cientos de personas con menos recursos, que sencillamente pierden definitivamente ese “terreno de su vida personal y su familia”. Así las cosas, no debería extrañarle la alternativa planteada: o empatía o escrache.