Periodismo y salud mental: el deber de explicar

Pepe Reig Cruañes

Cuando un piloto estrella un avión contra la montaña o un niño mata a su profesor con una ballesta, cuando una madre abandona a su bebé en un contenedor, la noticia crea una onda expansiva que succiona el aire a su alrededor. Lo que queda es un vacío desasosegante, que debe ser rellenado de inmediato.

El vacío reclama con urgencia una explicación, aunque sea provisional y poco informada, aunque sea un cómodo cliché que no explica nada, pero tranquiliza porque señala culpables concretos. Un cliché que transmite una cierta vuelta al orden. El piloto tenía una depresión, el niño era esquizofrénico y la madre perdió la razón. Es horrible, pero comprensible. Comprensible como un atentado islamista o un “crimen pasional”.

Una explicación de este orden tiene la ventaja añadida de servir para cortar en seco las preguntas: ¿Por qué puede resultar conveniente para un piloto esconder su depresión a los servicios médicos de la empresa? ¿Cómo es que la escuela no tiene nada que decir sobre el trastorno mental de un menor? ¿De qué tenía tanto miedo la madre del bebé?

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Ciudadanía y salud mental. El internamiento involuntario: entre la psiquiatría y el derecho

Por Pepe Reig

FJGF es un ciudadano de un país democrático, pero fue internado el 2 de mayo de 2007 en un centro hospitalario contra su voluntad y permaneció allí hasta que, diecinueve días después, recibió el alta médica. Esta medida de “internamiento involuntario urgente por trastorno psiquiátrico”, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 763.1), fue ratificada por el juzgado de 1ª Instancia número 16 de Granada y después por la sección quinta de la Audiencia Provincial.

Pero FJGF era, después de todo, ciudadano de un país democrático y el Tribunal Constitucional le amparó en Sentencia dictada el 2 de julio de 2012, decretando que había sido “privado ilegalmente de su libertad”, toda vez que no se habían respetado los requisitos legales del internamiento involuntario, los plazos y los informes psiquiátricos, ni se le informó de sus derechos.

Este de los internamientos involuntarios es, a un tiempo, una pieza clave de la teoría de los derechos humanos y un nudo gordiano para la psiquiatría moderna. En el cruce de estos dos mundos podría encontrarse un índice fiable de la calidad de nuestra democracia. Y el examen no es del todo satisfactorio.

Internamientos Psiquiátricos Involuntarios

Dejando de lado las pesadillas más o menos cinematográficas sobre internamientos instados por familiares para despojar al paciente de sus bienes, o las crueldades soviéticas sobre manicomios para disidentes, no cabe duda de que estamos ante un delicado asunto, no por invisible menos real.

Los trastornos mentales son más frecuentes en Europa que el cáncer o las patologías cardiovasculares. Según el Ministerio de Sanidad, el 9% de la población padece trastornos mentales y el 15% los padecerá. De modo que puede presumirse que la regulación sobre el internamiento psiquiátrico, consentido o no, tendrá efectos sensibles sobre la vida de un número importante de ciudadanos.

En la normativa española, los ingresos por trastorno mental pueden ser urgentes u ordinarios (dependiendo de la manifestación patológica que los provoca) y también voluntarios e involuntarios (dependiendo de si se producen o no con consentimiento del paciente).

Aunque la iniciativa pueda originarse fuera del dispositivo sanitario (por ej.: en la familia o la administración), el ingreso de urgencia debe ser indicado por el médico y requiere una autorización judicial a posteriori, que trata de salvar la relativa suspensión de garantías que conlleva el “no consentimiento” del paciente. Urgencia aquí sólo puede significar necesidad de inmediata intervención médica, ya que en nuestro ordenamiento no cabe la finalidad de “aislamiento preventivo”.

El internamiento urgente es el que ofrece más dudas jurídicas, pero es también el más frecuente. En Italia, por ejemplo, el ordinario, es decir, con informe médico ex ante, ni siquiera está previsto y en Alemania apenas se da.

En un proceso donde se ponen en juego derechos y responsabilidades tan sutiles, se hace imprescindible una claridad procedimental que los profesionales no siempre encuentran, por eso se han desarrollo protocolos de actuación reglados que intentan objetivar la toma de decisiones:

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* Cuadro 1 (pulsar para ampliar)

Lo que el protocolo no ha podido evitar es una vertiginosa caída en la “calidad” del ingreso, una vez que éste se hace inevitable. Los profesionales más conscientes denuncian allá donde pueden prácticas como el aislamiento familiar, la incomunicación, la videovigilancia, etc. del paciente, en claro abuso de ley.

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