Fútbol y racismo, crimen y castigo

Fernando Flores

Durante un partido de primera división un tipo de 25 años lanza un plátano a un jugador de fútbol. Las cámaras captan el acto racista. Se abre una campaña de carácter internacional (#somostodosmacacos) en la que numerosos deportistas, políticos, actores, presentadoras… se solidarizan con el injuriado comiéndose un plátano y reclamando la igualdad para todos. La campaña tiene un éxito notable en los medios. Se identifica al agresor, que aparentemente muestra arrepentimiento. El club le retira el carnet de socio y le prohíbe ingresar en el campo de por vida. El aficionado se expone también a una fuerte multa de la Comisión Antiviolencia. Se abre instrucción penal por posible delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, relativo a aquellos que “provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas”.

Llevo días dándole vueltas a este tema, porque no me cuadra. No dudo de que los actos de racismo deben ser perseguidos y castigados, pero en este caso hay varias circunstancias que dan que pensar.

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La primera de ellas es que la estrella del fútbol que lanza la campaña antirracista –el brasileño Neymar– está implicado, fruto de su contrato con el F.C. Barcelona, en una operación de fraude fiscal de muchos millones de euros, algo que, a la vista del programa Salvados emitido ayer, es habitual en los grandes clubs. Me resulta difícil respetar y hacer la ola a una persona que reclama igualdad mientras no paga sus impuestos, por más que su mensaje sea correcto. Precisamente por eso, sospecho que o él o su agencia de marketing tratan de lavar con detergente ajeno una mancha muy propia.

Pero lo que más me llama la atención de la campaña es la discriminación sobre aquellos a quienes pretende proteger (las víctimas del racismo). En realidad, creo que estamos ante una reacción antirracista que sólo defiende al fuerte de entre las víctimas. Por más que se diga que el mensaje de esa campaña antirracista es universal y se extiende a todos, no lo creo. Y es que, por ejemplo, más allá de los delitos económicos continuados que cometen, es sabido que algunos clubs de fútbol trafican con personas, muchas de ellas africanos desesperados llegados a Europa con lo puesto que ponen su nombre para blanquear altísimas sumas de dinero, dinero libre que los clubs dirigirán a cometer más fraude fiscal (es decir, a robar a todos los ciudadanos), a pagar “en b” a los “neymar” y a enriquecer a los directivos de (casi siempre) raza blanca. En este sentido, apreciaría mucho como gesto humanitario y comprometido de Neymar una foto acompañado de su hijo en una patera de pega, con el hastag –por ejemplo– #somostodosfutbolistas?

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Por último, me deja sin palabras la desproporción de la pena impuesta por el club, al parecer mucho más preocupado por su imagen que por hacer pedagogía (¿no se trataba de esto?). El pretendido mensaje de “tolerancia cero” (maldita expresión) se traduce en que al agresor se le impide entrar en el estadio de por vida. Sin embargo, al aplicársele el castigo como una pena de muerte o una cadena perpetua futbolística, el mensaje real es la renuncia (el desprecio) desde el inicio a la educación de la persona, a la sensibilización para el civismo y el respeto al otro. El club se desentiende de su socio, y aquí no ha pasado nada.

En fin, por concluir, creo que la defensa de la igualdad y de los derechos de las personas, la lucha contra la discriminación y el racismo (que efectivamente son un problema también en el fútbol), no pueden sostenerse sobre una pila de mentiras de este calibre. Es por eso que la campaña no me cuadra y la considero una tomadura de pelo. En cuanto al futuro como hincha del aficionado racista, no albergo temor. Habiendo apoyado el presidente del Villarreal –Roig– la solicitud de indulto al expresidente del Sevilla hoy encarcelado, Del Nido, doy por sentado que, en cuanto se pase el sofocón del tema del odioso plátano, readmitirán al socio hoy desterrado, y aquí paz y allá gloria.

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Vallas, ruido mediático, legalidad y derechos

Javier de Lucas

Los árboles de tantas imágenes y tanto ruido sobre vallas y “expulsiones en caliente” no deberían ocultarnos el bosque de los problemas reales. Para empezar, los primeros y verdaderos problemas. Los problemas que obligan a los inmigrantes y refugiados, en situación equivalente al estado de necesidad, a apostar todo lo que son (porque apenas tienen nada) en arriesgar su vida en un viaje de años, para volverla a arriesgar ante los obstáculos de la frontera, por ejemplo, las de Ceuta y Melilla.

Son problemas que tienen mucho que ver con la garantía de derechos elementales. Primero allí: allí de donde salen. Porque para muchos de ellos y, desde luego, para todos los refugiados, no hay libertad de circulación, sino el destino inexorable de huir para no morir, para no sobrevivir miserablemente. Incluso para tratar de vivir mejor, sí. Es decir, para ellos, el hecho de emigrar, de exilarse, no es fruto de una decisión libre, sino de una obligación de sobrevivir. Donde hay necesidad no puede existir libertad, ni podemos hablar de derechos y deberes que no sean el de intentar sobrevivir. El asunto es que el origen de esa situación, la desigualdad, la miseria, la ausencia de libertades, no es ajena. En buena medida es heredada de nuestras políticas coloniales e impuestas por nosotros: por ejemplo por las reglas del FMI y la banca mundial, las multinacionales y las potencias (incluida China) que ven en África un granero de donde extraer recursos. Por eso las políticas de inmigración que no empiecen por ir a esas causas no servirán nunca.

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Pero esos derechos, y el derecho a la vida y a la integridad física, y el derecho a la libertad de circulación, no son prioridades en nuestras políticas de inmigración, tan ocupadas en blindar fronteras y pactar con terceros para que las blinden por nosotros. No, cuando estamos tan ocupados en modificar leyes para hacer legal lo que es ilegal. Eso es lo que pretende ahora el Gobierno Rajoy para cohonestar su vergonzante acuerdo con Marruecos para permitir devoluciones ilegales, modificando la Ley de Extranjería. Y eso es otro problema.

A ese empeño, que nos crea un problema, no son ajenos los medios de comunicación que nos bombardean día sí y otro también, con el mensaje de emergencia, con las fotos de avalanchas, de fronteras, policía y guardia civil desbordadas. policía marroquí en la valla y de las denominadas “devoluciones en caliente”. Indigna la frivolidad (en el mejor de los casos) con la que se trata el asunto, en particular en medios de comunicación. Pondré dos ejemplos que, además, algunos han entendido precisamente como favorables a una visión crítica sobre la inmigración. Que santa Lucía les conserve la vista.

El primero, el programa Salvados -que dirige el periodista Jordi Evole- el domingo 6 de abril de 2014. Un programa que (salvo pequeñas excepciones como las entrevistas al padre Esteban en Nador, a Estrella Galán (CEAR) y a Sergio Riera, abundó en la vía del “testimonio”, con “entrevistas” tan efectistas como descontextualizadas a inmigrantes en el Gurugú, sin hablar de causas e intereses, sin un análisis legal de lo que pasa en la valla, de la violación masiva e institucionalizada del derecho de asilo ni, claro, del papel de los medios de comunicación. En definitiva, un tono paternalista, simplificador, en el que los inmigrantes no son sujetos de derecho, sino “pobres víctimas”. Me parece un pretexto para utilizar  un “tema sensible”, de los que da audiencia, y confeccionar un programa efectista que garantiza audiencia y “buena conciencia”.

Segundo ejemplo. El diario El País publicó el jueves 3 de abril una página entera, con el título “Interior consuma nuevas expulsiones sin identificación previa en Melilla” y firmada por Toñi Ramos, hablando de las denominadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes detenidos tras saltar la valla de Melilla. Resulta inadmisible que en ningún momento la periodista recoja las evidentes razones jurídicas que prueban que esas devoluciones violan la ley de extranjería vigente. Tampoco se mencionaba (y esto me parece muy grave) la infracción de la legislación internacional (Convenios de Ginebra, protocolos adicionales) sobre refugiados, pues cuando la Guardia Civil devuelve subrepticiamente a quienes han entrado, no pregunta a nadie si tiene las condiciones para pedir asilo, ni siquiera si lo quiere pedir. Ni se cuestionaban las “devoluciones en caliente” que el Gobierno Rajoy pretende ahora legalizar modificando la ley de extranjería.

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Respecto a esa pretensión, como han argumentado clara y contundentemente no pocos expertos en Derecho migratorio y de asilo, si el Gobierno sostiene que estas actuaciones son una forma de rechazo en frontera, estaría admitiendo que la valla es un puesto fronterizo de los previstos en el artículo 25 de la Ley, lo que evidentemente no es. Pero es que, si lo fuera, los agentes violarían el artículo 26.2 de la misma ley, que exige denegación de la entrada mediante resolución motivada y tras asistencia letrada (nada, pues, de “en caliente”). En realidad, como también subrayan esos expertos, lo que se aplica a esos extranjeros extracomunitarios que son interceptados cuando intentan entrar irregularmente es el artículo 58.3 b de la citada Ley de Extranjería, una “devolución” que también exige procedimiento con asistencia letrada.

Digámoslo claro: la urgencia irrefrenable de esa reforma para legalizar “devoluciones en caliente” es afán de legalizar procedimientos ilegales que violan derechos elementales y deberes jurídicos consagrados en el Derecho internacional. Eso que el Gobierno Rajoy sostiene y que obliga a ejecutar a los agentes de la Guardia Civil no son devoluciones en caliente, son “calenturas” o delirios jurídicos injustificables. Inaceptables. Indignos.

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