Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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La libertad de expresión de los jueces

Fernando Flores

Existe un dicho judicial según el cual ‘los jueces se expresan por medio de sus autos y sentencias’, un deseo que obedece, en principio, al noble objetivo de mantener a salvo la imparcialidad como base de su actuación, requisito imprescindible en el Estado de Derecho.

La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz creyó necesario aclararle públicamente -vía twitter- al diputado Iñaki Oyarzábal la decisión de no impedir la reunión de los expresos de ETA en Durango. Oyarzábal había tuiteado previamente que discrepaba y le resultaba incomprensible dicha decisión. El revuelo causado por la respuesta del juez fue considerable.

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¿Disponen los jueces de la libertad de expresión como el resto de los ciudadanos? ¿Debe la ley limitársela, o debe quedar al buen criterio de cada cual la decisión sobre la oportunidad de ejercerla?

Opinión desde luego tienen. No hay más que asomarse a las cuentas de Facebook y Twitter del juez Elpidio José Silva, donde vierte diariamente opiniones lapidarias sobre todo tipo de temas, incluyendo los que están bajo su jurisdicción. O recordar algunas entrevistas, como las del propio Silva, la reciente de Gómez Bermúdez, las de Grande Marlaska, las numerosas a Garzón o, también hace poco, la de Vázquez Taín, juez de casos tan mediáticos como el del Códice Calixtino o el de Asunta, quien, aprovechando las preguntas que le hacían en su calidad de novelista, dijo que el ministro Gallardón era un desastre. Por lo demás, no es difícil encontrar artículos de opinión de jueces en ejercicio, como el que, contra la guerra de Iraq, le valió al propio Garzón la apertura en 2003 de un expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial (en aquel caso sin mayores consecuencias). Por no hablar del prolífico Requero, numerario ejerciente, magistrado de lo contencioso de la Audiencia Nacional y azote de las políticas de Zapatero cuando fue vocal del CGPJ, cuyas opiniones ultraconservadoras sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la doctrina Parot son públicas y notorias.

¿Qué dice la Constitución y la ley al respecto? La Constitución impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127 CE), pero nada dice de su libertad de expresión. En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente establece como falta grave sujeta a responsabilidad disciplinaria:

“Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición” (art.418.3 LOPJ).

Es cierto que resulta habitual escuchar (y leer) que los jueces tienen prohibido opinar de aquellos asuntos que investigan o que tienen que juzgar. Sin embargo, no existe una prohibición normativa, expresa, que así lo disponga. En realidad es la propia prudencia, sentido común y autocontención de los jueces la que regula sus manifestaciones y sus silencios en relación con los temas sobre los que tienen que decidir. Sin duda, el juez Silva sería un ejemplo de laxitud en este sentido.

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En resumen, salvo lo dispuesto en el artículo transcrito, los jueces están sujetos a su propio criterio a la hora de realizar declaraciones, por lo que puede decirse que su libertad de opinión es prácticamente igual a la de cualquier otro ciudadano. Una opción razonable que, además, resulta coherente con el reconocimiento del derecho de los jueces a la libre asociación (art.401 LOPJ) pues, ¿de qué les serviría asociarse si no pueden expresar la posición de la organización a la que pertenecen?

Un tema sensiblemente distinto aparece con las opiniones expresadas en el propio texto de las resoluciones judiciales. Recuérdese la que se armó cuando Pedraz deslizó un comentario –“la convenida decadencia de la clase política”– en el auto (muy bien fundamentando jurídicamente) que archivaba la causa contra ocho imputados por promover la manifestación del 25-S (“Rodea el Congreso”). Esta veleidad le valió al magistrado obtener la opinión (semicontrastada en carne propia) del portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, quien lo calificó como “pijo ácrata”, aclarando de inmediato (vía twitter) que no se trataba de un insulto personal.

Y hablando de ironías, también puede contemplarse en estos días la del juez Castro (caso Urdangarín) quien, además de achacar a la codicia del Duque de Palma y de la infanta Doña Cristina la vinculación de ciertas facturas a la empresa pantalla Aizoon, reprocha al fiscal la distinta vara de medir cuando exige más argumentos que justifiquen la imputación de la infanta Cristina, y lo hace (por auto) de esta forma:

“Cuando finalice la instrucción de esta Pieza Separada (caso Nóos) y se vuelva a la normalidad procesal quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona (a la infanta) a prestar declaración en calidad de imputada, trámite este que por millares se viene llevando a cabo cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente a nadie se escandalice, se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal.

Nada que ver, en todo caso, con el juez Pardo de Andrade, quien decidió sentenciar en verso una demanda en la que una azafata de vuelo pedía ser indemnizada por una academia a la que había asistido para obtener un título. Más o menos de esta manera: “Tinieblas del corazón. La resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la Sra. Cabo Vizo al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá, contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo (…)” etc.

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Sea como fuere, la LOPJ tiene norma para todos estos casos, pues considera falta grave la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico” (art.418.6), y describe entre las faltas leves la “desconsideración hacia los ciudadanos…“ (art.419.2). Obviamente, como la aplicación de estas normas debe ser restrictiva (se trata de normas que limitan la libertad de los jueces), ninguno de los casos referidos ha merecido o merecerá sanción. Así que a la vista de todo ello puede reiterarse que la legislación se entromete muy poco en la limitación de la libertad de expresión de los jueces, lo que de una parte es coherente con un sistema de libertades riguroso y creíble, pero que, de otra, provoca de tanto en tanto las molestias de común aliadas al ejercicio de la opinión, más aún si ésta viene respaldada por la autoridad que se le presume a la judicatura.

Muy probablemente son estas molestias liberales las que una vez más han despertado de su ligero sueño de interventor al ministro de Justicia. En efecto, hace unos meses Gallardón filtraba un texto de reforma de la LOPJ en el que se prohíbe a los jueces y a las asociaciones judiciales que emitan opiniones en los medios de comunicación sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales, e incluso sobre los casos que ya estuvieran definitivamente sentenciados y resueltos. Es decir, según dicho artículo Hernando podría opinar sobre lo pijo que es Pedraz, pero éste no podría aclararle al afrentado Oyarzábal que, amén de otras circunstancias, resultaba formalmente imposible prohibir la reunión de Durango. Visto así, no es extraño que la contestación de las asociaciones judiciales fuera de rechazo frontal. Ese proyecto, además de ser una intromisión en la libertad de expresión de los jueces a todas luces inconstitucional (se entromete en su contenido esencial), revela cierta querencia por el desequilibrio de poderes.

En fin, los derechos fundamentales no deben limitarse más de lo imprescindible. En el caso de los jueces, es sólo la garantía de la imparcialidad (esencial para la efectividad de la tutela judicial reconocida por el art. 24 CE) la que debe oponerse a su libertad de expresión. Hay que partir de que ellos y ellas tienen ideología y opiniones, como cualquier otra persona. Conocerlas puede resultar incluso una garantía para el ciudadano pues, llegado el caso, éste podría fundamentar una recusación por considerar que el juez que ve su caso está contaminado de tal manera que no puede resolverlo de modo ecuánime.

La prudencia y la ecuanimidad son características que dan valor a la judicatura, y creo que puede afirmarse que los jueces españoles las poseen por abrumadora mayoría. Interferir legamente en su libertad por unos pocos (y discutibles en su improcedencia) casos aislados es al mismo tiempo un error monumental y una muestra de autoritarismo incompatible con un Estado democrático que protege los derechos de sus ciudadanos. En último término, y más allá de extravagancias puntuales, habría que preguntarse muy seriamente sobre el ejercicio de la libertad de expresión por los jueces cuando sus expresiones son actos reflejos contra las intromisiones reiteradas (y mafiosas) de otros poderes, públicos y privados, que tratan de excepcionar el principio sagrado de la igualdad ante la ley. El ejercicio de la libertad de expresión de los jueces como síntoma insoportable de que, para algunos, el Estado de Derecho no existe.

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El día en que se va a juzgar a Efraín Ríos Montt

Por Almudena Bernabeu

Hoy, quizá, por fin, sea el día en que se juzga en Guatemala por genocidio al ex general, ex dictador y ex presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt. Hoy, después de algo más de 13 años confluyen en un tribunal colegiado de la capital todos los esfuerzos de investigación y legales que, liderados por las víctimas, se han llevado adelante por abogados en Guatemala, en España, y de nuevo en Guatemala, demandando, esta vez sin fisuras ni medias tintas, la verdad y un juicio justo.

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Se estima que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas a manos de las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1960 y 1996. Lanzo este número consciente de no haber incluido, por ejemplo, a las víctimas de tortura. Con ellas el numero es interminable. A pesar de eso,  el conflicto concluyó a ojos de la comunidad internacional, como debía concluir, con la firma de los Acuerdos de Paz en Oslo en 1996 que a su vez dieron lugar, sentido y mandato a una comisión de investigación, conocida como la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) encargada de investigar los numeroso abusos.

La CEH nació tuerta económica y políticamente –como  como admitiría más tarde ante el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, su presidente, el jurista alemán Christian Tomuschat–,  sin dinero, mermada en facultades, y sin apoyo de gobiernos, en aquel momento tan importantes, como Inglaterra y España. El informe final fue honesto, claro, pero a todas luces insuficiente para todos y sobre todo, para las víctimas, quienes apenas veinte días después de su publicación se reunían con sus representantes en las diferentes organizaciones en Guatemala para decidir los siguientes pasos. La CEH nunca señaló responsables, era parte de su mandato, y la mayoría de los responsables de aquellos terribles crímenes, siguen viviendo en las mismas comunidades que contribuyeron a destruir y sometieron, lo que no ha hecho más que perpetuar el miedo y la impaciencia.

Aunque  varios procesos menores contra mandos bajos y medios de la policía y el ejercito han salido adelante, en Guatemala no se ha establecido hasta hoy la responsabilidad penal individual de ninguno de los altos mandos. Hasta hace poco, todos los intentos de justicia en Guatemala eran frustrados a golpe de corrupción, actividades ilegales, indiferencia y miedo. En ese sentido, no hay duda que la impunidad por los crímenes del pasado y la impunidad presente están íntimamente relacionadas. La impunidad en Guatemala ha llegado a ser de tal envergadura que en 2007 Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El actual caso del genocidio guatemalteco lleva más de una década en proceso. En 1999, la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional española contra el ex-presidente Efraín Ríos Montt y otros altos oficiales guatemaltecos acusándoles de terrorismo, genocidio y torturas. A pesar del recelo de los más expertos, el caso fue presentado siguiendo el modelo de las causas abiertas contra la Junta Argentina y contra Augusto Pinochet, y fue presentado en España gracias a nuestro principio, hoy mermado, de justicia universal. La querella se interpuso con la esperanza de que las victimas obtuvieran algo de la justicia que en opinión de muchos, el informe de la CEH emprendía pero no aseguraba. Sin embargo, no todas las víctimas ni todos sus representantes apoyaron la iniciativa de la señora Menchu. De hecho hubo quien en Guatemala, como ha venido ocurriendo en muchos países en la región, creía que era necesario probar primero la validez, la legitimidad de los tribunales, de los jueces y fiscales en Guatemala. Sacar el caso de Guatemala era, equivocado o no, rendirse (y eso si lo sé con precisión y por experiencia, los guatemaltecos, no se rinden). En 2000, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) emulaba el paso de Rigoberta, pero esta vez en Guatemala, interponiendo ante la fiscalía la primera denuncia por genocidio en el país en nombre de un grupo de supervivientes del genocidio agrupado en la ya legendaria Asociación de Justicia y Reconciliación o AJR.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum me invitó como abogada internacional a sumarme a la causa en 2004. Ese primer paso se lo debo a Gustavo Meoño, en aquel momento director de la Fundación y quien con visión y conocedor del entorno, había seguido cuidadosamente mi trabajo en investigaciones y casos en tribunales estadounidense por crímenes cometidos en El Salvador. Inicialmente, mi trabajo en el caso se limitó casi exclusivamente a investigar el paradero de uno de los querellados, ex ministro del interior, Donaldo Álvarez Ruiz. Junto con la Fundación, dimos con Álvarez Ruiz en Miami y de nuevo en México aunque lamentablemente las autoridades mexicanas, a pesar de la orden de arresto y todos nuestros esfuerzos, le dejó escapar.

Entre enero de 2000 y septiembre de 2005, los abogados de Rigoberta Menchu, con el inestimable y generoso apoyo de entrañables compañeros como Manuel Olle Sese, Carlos Slepoy y otros, enfrentaron una batalla liderada por la fiscalía, brutal en mi opinión, que solo en cuestiones de competencia agotaría la vía jurisdiccional precipitando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por denegación de justicia. En este devenir se cuenta la desconcertante decisión del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003, reconociendo la competencia de los tribunales españoles al amparo del articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por genocidio y otros crímenes internacionales, cuando los crímenes y sus consecuencias tuvieran vínculos cercanos con España, o por ejemplo, víctimas españolas. Como consecuencia, y aunque la querella prosperaba parcialmente por los hechos cometidos contra españoles, el delito de genocidio y con ello los anhelos de justicia de la población maya guatemalteca, principales víctimas del conflicto, se desvanecían.

Tras muchas discusiones en Madrid y en Guatemala, se tomó la decisión de presentar un recurso de amparo por violación de la tutela judicial efectiva en la persona de Rigoberta Menchu, y el 26 de septiembre de 2005, en una decisión sin precedentes (con ciertos visos de extralimitación pero excelente,) el Tribunal Constitucional aceptó el amparo y con ello revocó la decisión del Tribunal Supremo. La sentencia dejó clara la vocación universal del art. 23.4 LOPJ y los fundamentos de éste, en el sentido de que lo universal no puede ser constreñido a una nacionalidad, a una decisión legislativa, a un vinculo histórico y mucho menos, a una oportunidad política.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Constitucional supuso la apertura formal de la instrucción y, con ello, la formalización de una estrategia legal para investigar el delito de genocidio cometido contra cientos de miles de indígenas mayas guatemaltecos.

El Juez de Instrucción Santiago Pedraz, titular y recién llegado al Juzgado Central de Instrucción No. 1 de la Audiencia Nacional, decidió formalizar una comisión rogatoria a Guatemala, señalada para junio de 2006, con el fin de tomar declaración a los querellados. Aparentemente,  una comisión similar desde Bélgica había transcurrido sin altercados.

Al llegar el Juez Pedraz a Guatemala se encontró con un recurso de amparo interpuesto por los imputados, que le impedía tomarles declaración. El viaje no fue en vano, porque el juez logró reunirse informalmente con el grupo de sobrevivientes que habían tratado de entablar una investigación local, y oír algunas de sus historias. A su regreso a España, el 7 de julio de 2006, emitió órdenes de arresto internacionales contra los siete imputados por genocidio, terrorismo, tortura y otros delitos. A los pocos meses emitió además solicitudes formales de extradición basadas en el Tratado de Extradición de 1895 entre ambos países.

Las órdenes de arresto sólo se harían efectivas, estando los imputados en Guatemala, si un tribunal guatemalteco las ejecutaba. Dada la debilidad de los tribunales guatemaltecos, esto se presentaba como algo poco probable. Sin embargo, a principios de noviembre de 2006, el Tribunal Quinto Penal, de Narcotráfico y Delitos contra el Medio Ambiente de Guatemala (tribunal de primera instancia) emitió órdenes de arresto para cuatro de los siete imputados.

El proceso en ese momento tomó dos rumbos deseados en cierto modo, interrelacionados pero distintos. Por un lado, había que diseñar una estrategia legal para probar la existencia de un genocidio, lo que se haría a través del testimonio de las víctimas, documentos, y peritajes. Por otro lado, había que intentar lograr poner presión y lograr la extradición de los imputados de Guatemala a España. A pesar de la aparente dificultad respecto de Guatemala, aun cuando no se consiguiese la extradición, debía intentarse con el objeto de impulsar la obligación internacional de juzgar a los acusados en los tribunales guatemaltecos. Ahí empezó, la que ya es sin duda, la otra parte de la historia.

grupo de valientes

Así formalizamos la creación de un equipo legal internacional especializado y capaz de asumir los retos para la nueva fase. Además de la que suscribe el equipo estuvo integrado por Manuel Ollé, abogado español experto en casos de jurisdicción universal, la profesora y abogada Naomi Roht-Arriaza, abogados en La Haya con experiencia en Guatemala y en derecho penal internacional, abogados e investigadores de CALDH y hasta de la Fundación Menchú en Guatemala. Este equipo se propuso dos tareas inmediatas: por un lado diseñar una estrategia para presentar y probar el caso de genocidio ante la Audiencia Nacional y por otro hacer todo lo posible para asistir y luchar legalmente en los tribunales guatemaltecos por la extradición de los acusados a España y con ello, construir una posible vía de justicia en Guatemala.

La preparación y presentación del caso de genocidio y las diferentes diligencias de prueba propuestas por el equipo legal generaron para nuestra sorpresa efectos inmediatos dentro de Guatemala. Parte de la estrategia fue la presentación de testigos provenientes de las múltiples zonas más afectadas por las campañas militares, sobre todo las señaladas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esto requirió de la estrecha colaboración entre varias organizaciones de víctimas del país. Estas organizaciones jugaron un papel importante en escoger a los testigos, trabajar con ellos y acompañarlos a prestar su testimonio en España.

testigos en Madrid

Simultáneamente se prepararon mas de nueve peritajes por parte de expertos en todo el mundo diseñados para probar todos los elementos del delito de genocidio. Pasaron por Madrid testigos como el presidente de la CEH Christian Tomuschat, Fredy Peccerelli, antropólogo forense y el presidente de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quien testificaba por primera vez en su vida como perito acerca de la exhumación de más de 400 fosas comunes realizadas por su equipo durante los últimos 15 años. Se presentaron, además, importantes documentos militares como el Plan Sofía, plan militar elaborado en 1982 que implica ampliamente al ejército y al Alto Mando guatemalteco en los asesinatos masivos de civiles.

El trabajo en la Audiencia Nacional (y que éste se diera a conocer en Guatemala) provocó que, en febrero de 2008, el Presidente guatemalteco Álvaro Colom anunciara que ordenaría al ejército abrir sus archivos relativos al período de guerra civil, y que los enviaría al Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (Defensor del Pueblo). Además, en un gesto sorprendente, un juez guatemalteco del caso, decidió que atendería las continuas peticiones del juez Pedraz relativas a una segunda la Comisión Rogatoria, para tomar declaración a testigos.

En mayo de 2010, de la mano de Women’s Link Worldwide, se amplió la querella para incluir por primera vez en un caso de justicia universal en curso la violencia de género en el marco del Derecho Penal Internacional y garantizar el derecho a la verdad en lo relativo al papel que la violencia de género jugó en el genocidio guatemalteco.

Así mismo, la directora de cine Pamela Yates viajó a Madrid en 2009 para testificar y aportar como prueba una entrevista al General Ríos Montt filmada en 1981, en pleno conflicto en Guatemala. En la entrevista Ríos Montt admite haber dirigido y controlado a las tropas que cometieron abusos contra la población civil. Esta experiencia se convirtió en la base del documental que inauguró el Festival de Sundance en 2011, la película Granito, que relata las circunstancias del genocidio y el trabajo del equipo internacional en toda la preparación de su denuncia.

En 2010 Claudia Paz y Paz fue elegida Fiscal General de Guatemala. Desde ese momento fue preciso centrar nuestra atención y esfuerzos de nuevo a Guatemala. Paz y Paz tenía entre sus prioridades procesar a los responsables del genocidio, y para ello, sin duda, todo lo actuado en España, desde y con Guatemala, iba a ser crucial. El 26 de enero de 2012, Paz y Paz acusó al ex dictador y General Efraín Ríos Montt por genocidio y su papel en la campaña de “tierra arrasada” durante la guerra civil.

Tras las pertinentes audiencias probatorias y agotados todos los recursos por parte de la defensa, hoy, 19 de marzo, día del Santo del Silencio, San José a quien solo se conoce por sus obras, no por sus palabras, se sienta en el banquillo para ser juzgado por genocidio el dictador Efraín Ríos Montt. A partir de hoy y durante semanas estará obligado a escuchar el testimonio de cientos de personas supervinientes de los crímenes más horrendos. No hacen falta palabras, ninguna en mi opinión, para entender lo extraordinario de esta acción que hoy, con toda dignidad, llevan adelante los guatemaltecos.

A los abogados del equipo legal internacional, aun cuando éramos conscientes de las dificultades, siempre nos movió la necesidad de incidir en la situación nacional en Guatemala y el hecho de que, para muchos en la sociedad civil guatemalteca, este proceso y otros como éste, eran la única esperanza de cambio y de justicia para las víctimas. Es un honor haber podido contribuir a todo ello.

Fotos

1. Ríos Montt en el mes de febrero en las primeras audiencias de prueba (Foto Marlon García).

2. Equipo legal ante la Audiencia Nacional. (De izda a dcha) Naomi Roht Arriaza, Kate Doyle, Pamela Yates, Almudena Bernabeu y Susan Kemp. (Cortesía de Granito, How to Nail a Dictator).

3. Primeros testigos de Ixil y Rabinal que testificaron en Madrid España en nuestro esfuerzo de iniciar justicia en octubre de 2008 (Foto Almudena Bernabeu).