Desinformación y seguridad nacional

Carlos Penedo

Moncloa y Defensa sitúan las ‘fake news’ en el campo del espionaje y los ciberdelitos


En esta primavera de 2020 marcada por la crisis sanitaria provocada por la enfermedad bautizada como covid-19, una especialista sanitaria -lamento no recordar su nombre- comentaba que acumulamos a una velocidad muy acelerada información sobre este coronavirus y su comportamiento, cosa nada habitual en el pasado, la globalización y la velocidad con la que viaja la información reman a favor hoy de la investigación sanitaria; por tanto, tenemos cada vez más datos, casos e información; pero nos falta conocimiento -añadía-, aún no hemos integrado estos primeros datos en un sistema de comprensión que nos permita sacar conclusiones y reducir a partir de ahí el riesgo en la toma de decisiones. Algo similar cabría decir sobre la desinformación / fake news: tenemos el diagnóstico, que no es poco, tenemos algún dato parcial y descontextualizado, tenemos los síntomas de la enfermedad…, nos falta conocimiento, análisis y tratamiento preventivo.

Es un hecho que la información tergiversada con un objetivo determinado -normalmente económico y/o político- es un fenómeno extendido y negativo de nuestro tiempo, y por tanto es habitual comprobar cómo aparece en cada circunstancia que vivimos, sean procesos electorales, emergencia de tendencias políticas, crisis de diversa naturaleza que siempre tienen efectos políticos y sociales, sea su origen económico o en este caso sanitario.

Saludamos por tanto ahora la desinformación ligada al coronavirus, cuyo efecto menos interesante es la relación de disparates surgidos, sea el poder desinfectante de la lejía en la dieta, la luz ultravioleta o las intrigas conspiranoicas Gates-Bosé.

Mayor interés reviste el tratamiento que desde lo público se dedica a la desinformación, ya sea desde el ámbito de la seguridad, las relaciones internacionales, desde el punto de vista tecnológico, de la Unión Europea o desde el imprescindible análisis que requiere por parte de la profesión periodística y de quienes nos dedicamos a alguna faceta de la comunicación.

Desde el punto de vista de la seguridad, se ha firmado a comienzos de junio la Directiva de Defensa Nacional 2020 -DDN-, documento que establece las líneas de actuación y objetivos que persigue el Gobierno-Ministerio de Defensa para la legislatura. Se trata de una comunicación política, generalista siempre, novedosa esta vez y mucho porque el documento que marca las líneas generales sobre política de defensa no se elaboraba desde 2012 (María Dolores de Cospedal pasó por el Ministerio de Defensa sin fijar en un papel sus prioridades políticas).

Dice la DDN 2020 de modo algo alarmista que «la última década ha presenciado cambios sustanciales en la arquitectura internacional de seguridad, que se ha traducido en una erosión notable del orden internacional y en un protagonismo inusitado del recurso a la fuerza. También ha cambiado profundamente la relación de los gobiernos con los gobernados. Los medios de comunicación y las comunicaciones digitales han contribuido a que esos cambios tengan lugar».

Hasta aquí un texto algo derrotista y decriptivo, que en seguida avanza hacia compañías nada tranquilizadoras: «Los retos de seguridad proceden ahora tanto de actores estatales, entre los que existe una intensa competición estratégica, como no estatales (terrorismo y crimen organizado), con una gran capilaridad entre todos ellos, especialmente evidente en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio».

No hay documento sobre seguridad que no aluda hoy a la desinformación, que aparece siempre mezclado con ciberdelitos en una amenaza ya múltiple y poderosa, sin determinar el peso de cada una de las partes.

«Ya no existen problemas exclusivos de la Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de Seguridad» (mayúsculas en el original), afirma rotunda la DDN en un juego de palabras bastante conseguido, y añade que «en el escenario que incluye el territorio nacional y los espacios de soberanía e interés -marítimos, aéreos, y los del ciberespacio con una dimensión de defensa- se actuará habitualmente con capacidades propias».

La Defensa entonces debe de estar en la respuesta a la desinformación como amenaza a nuestra seguridad, con instrumentos compartidos en el marco de la UE y la OTAN pero sobre todo con medios nacionales.

Entendemos por tanto que el Ministerio de Defensa se está preparando contra la desinformación, suponemos que contratando cientos de periodistas, aunque si la respuesta no es incluir en nómina a especialista de comunicación sospechamos que el interés de Defensa se centra en las redes, por donde circula información, desinformación, datos y el mando y control de sistemas militares: «el acceso seguro a las redes y la protección de los datos privados, y en general el ciberespacio, es un elemento clave de la seguridad del siglo XXI», añade la DDN.

«Los escenarios de actuación para las Fuerzas Armadas han aumentado en complejidad desde la publicación de la última Directiva de Defensa Nacional 2012 (…). En el ciberespacio y en el ámbito de la información es habitual que algunos adversarios enmascaren su acción y mantengan la aplicación de sus estrategias dentro de una zona gris, situado por debajo de lo que han identificado como nuestro umbral de respuesta».

Lo anterior significa que los conflictos híbridos y la desinformación son escenarios ambiguos, elegidos para evitar un conflicto directo, algo contradictorio con la visión alarmista que rezuma la DDN.

La desinformación es un fenómeno que afecta principalmente a la comunicación, por lo que acierta la Directiva cuando sitúa ahí los objetivos: «Para hacer frente a las estrategias híbridas se perseguirá alcanzar una adecuada integración de los recursos disponibles en todos los ámbitos, sean civiles o militares, nacionales o multinacionales con la finalidad de preservar la seguridad, mejorar la comunicación estratégica, incrementar la confianza en las instituciones y fomentar la resiliencia de la sociedad».

Criterio de actuación que además debe ser compartido entre departamentos: «El Gobierno prestará un apoyo decidido a la labor del Ministerio de Defensa para la promoción de la Cultura y Conciencia de Defensa, en el marco de la cultura de Seguridad Nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, y favoreciendo el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de sus Fuerzas Armadas y su repercusión en la protección y promoción del avance social y del bienestar ciudadano».

Por aquí figura lo más interesante de la Directiva: el compromiso del Gobierno en ofrecer información veraz y atractiva, el único camino para ganar en credibilidad y convertirse en referencia a la que acudir cuando nos ataque una campaña de desinformación.

Informe de Seguridad Nacional

Un segundo indicador tras la DDN de cómo se contempla la desinformación desde el ámbito de lo público es el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, aprobado en marzo, dado a conocer en mayo y previsto presentar en el Parlamento este junio de 2020.

Ya en la introducción, el Informe señala que «especial mención merecen las amenazas híbridas, uno de cuyos componentes es la desinformación, que mediante la manipulación de la información a través de Internet y las redes sociales provoca la polarización y radicalización de la ciudadanía». Se define por tanto la desinformación no como una amenaza o un desafío, sino como un ingrediente de las amenazas híbridas.

«Se ha asentado la consolidación de la ‘zona gris’ en el tablero de juego estratégico. La nueva normalidad (sic) registra con cotidianidad operaciones de información, subversión, presión económica y financiera junto a acciones militares, para movilizar y llevar a posiciones de extremo a la opinión pública, y desestabilizar y desprestigiar a las instituciones que sustentan los regímenes políticos de las democracias liberales».

Se trata por tanto de un fenómeno a tener muy en cuenta, especialmente durante el año pasado:»Las amenazas híbridas y la desinformación han sido elementos de atención prioritaria en 2019 de forma general, como vector de preocupación para la ciudadanía; y con carácter concreto, en lo que se refiere a la protección de la integridad de los procesos electorales».

Durante el último año menciona el informe como momentos de especial precaución las elecciones generales de abril y noviembre; las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo; una cumbre del G7 en Biarritz en agosto; y algo indeterminado en octubre que parece tener relación con la sentencia del Supremo del proceso independentista en Cataluña, previendo algún tipo de consecuencia digital que no se produjo: «En las diversas convocatorias electorales de 2019 se han detectado actividades de manipulación informativa, que, sin embargo, no han constituido campañas sostenidas o masivas de desinformación».

En el apartado de conclusiones, el Informe de Seguridad Nacional sitúa la desinformación -en compañía de otros- a la cabeza de nuestras inquietudes: «Los factores de mayor preocupación son aquellos derivados del uso malintencionado del ciberespacio. El robo de datos o el acceso a información sensible, los ciberataques a las infraestructuras críticas o la desinformación son percibidos como riesgos de fuerte impacto y alta probabilidad de que afecten a la sociedad, las empresas y la Administración Pública».

La desinformación no centra ninguno de los 15 ámbitos de seguridad nacional desarrollados en el Informe, aunque aparece por muchas de sus 280 páginas.

¿Dónde sitúa el Departamento de Seguridad Nacional / el Gobierno la desinformación? Preferentemente en dos ámbitos: la contrainteligencia, es decir, servicios de inteligencia extranjeros, y en España campo de actuación del CNI; y la ciberseguridad, infraestructuras críticas, seguridad informática, redes de comunicación, campo amplísimo con un carácter tecnológico-industrial en cuanto a los canales físicos que lo soportan y se defienden.

En el planteamiento anterior difícilmente entrarían fenómenos bien concretos de desinformación procedente de por ejemplo la extrema derecha patria o aliada; o quienes la practican por motivos de rentabilidad económica, en ocasiones unidos.

En cuanto a la Contrainteligencia, se afirma que son de especial importancia «las acciones de desinformación desplegadas principalmente en las grandes plataformas de comunicación online, redes sociales y también en espacios digitales». Se apunta por tanto al escenario, no a quien lo coloca allí. «Esto es así por su potencial de desestabilización política, pues pretenden en general desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza y polarización social, que alientan respuestas radicales e ideologías extremistas».

Por tanto la polarización política que persiguen estas campañas de desinformación no han actuado en las diversas convocatorias electorales de 2019, que es su momento, siempre considerando que el auge de la extrema derecha en España no descansa en estos instrumentos, que utiliza profusamente, sino en otros no especificados.

Los responsables de la seguridad nacional que elaboran de forma mancomunada este informe no parecen muy interesados en actores nacionales. «Especialmente relevante -añade el Informe- es el caso de los denominados Servicios de Inteligencia Hostiles, en sus distintas vertientes, que habrían comenzado a incrementar su actividad en España con anterioridad a la crisis en Cataluña, en coherencia con un mayor dinamismo advertido en otros países occidentales (Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido), centrando sus acciones en campañas de desinformación que ponen el foco en cuestiones de política interna, especialmente desarrolladas en el ámbito cibernético». Por exclusión el redactor se refiere a Rusia.

Y ¿qué se ha hecho? «De especial relevancia ha sido la aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, el 15 de marzo de 2019, del ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’. No parece que ese documento sea uno difundido por aquellas fechas por el Centro Criptológico Nacional -adscrito al CNI- con algunos consejos útiles para enfrentarse a la desinformación, sino un documento de funcionamiento interno que no es público. Relacionado con el Procedimiento puede estar la creación de una célula de contacto que la Unión Europea ha aconsejado a los países para intercambiar alertas e información.

En relación con la ciberseguridad, el Informe señala que la vulnerabilidad del ciberespacio es el riesgo señalado con mayor grado de peligrosidad, por el nivel de impacto y posibilidad de que ocurra, se nos dice.

Entre las realizaciones, el Informe menciona «combatir la desinformación en línea y las noticias falsas a través de la Secretaría de Estado de Comunicación y del Departamento de Seguridad Nacional, ambos de la Presidencia del Gobierno». Esto último tiene más lógica, que ante un problema de información actúe la Secretaría de Estado de Comunicación, aunque tenga menos glamour que otros departamentos de la Administración General del Estado.

En diversos apartados del Informe de Seguridad Nacional se hace referencia a las actuaciones de la Unión Europea sobre desinformación, como marco y como desarrollo nacional de directrices procedentes de Bruselas, que está especialmente activa desde 2017 en estos temas y elaboró un Plan de Acción a finales de 2018 y en fechas recientes como el 10 de junio ha aprobado una Comunicación sobre el tema. No cabe aquí analizar el desarrollo de la UE en este campo, de enorme interés, sólo apuntar que la Unión ha dejado informes con contenido sobre el tema y ha focalizado mucho su actuación en las grandes plataformas digitales que soportan la información, la desinformación y el entretenimiento (enlace aquí a artículos del autor sobre desinformación y UE).


Una importante novedad del Informe de Seguridad Nacional de 2019 es que incopora por primera vez una encuesta de percepción en la que han participado un centenar de especialistas, una especie de análisis de riesgos a futuro (Horizonte 2022), con impacto y grado de probabilidad de las amenazas, donde el ciberespacio ocupa la primera posición.

Se refiere la prospectiva al «análisis de cinco factores de carácter predominantemente tecnológico y asociados a la vulnerabiliudad del ciberespacio: el acceso a la información y datos sensibles, los ciberataques, el uso ilegítimo del ciberespacio para llevar a cabo actividades ilícitas, como por ejemplo acciones de desinformación, propaganda o financiación del terrorismo, los ciberataques específicamente dirigidos contra las infraestructuras críticas, y las amenazas para la seguridad y la competitividad económica derivadas de las tecnologías disruptivas». Demasiados ingredientes en este párrafo para darle alojamiento en la misma casa (en un caso parecido, El Gran Combo de Puerto Rico cantaba ‘no hay cama pa’ tanta gente’).

Por resumir, el Informe de Seguridad Nacional 2019 sitúa la desinformación como una amenaza procedente de Estados / servicios de inteligencia extranjeros; y como uno de los fenómenos peligrosos del ecosistema digital, al mismo nivel digamos que virus informáticos que pudieran atacar o controlar una central nuclear, el abastecimiento de agua potable de una gran ciudad o el mando y control militar de un sistema de armas.

La interpretación anterior dejaría fuera del fenómeno la dimensión nacional de la desinformación (actores locales), no entra en la forma de reforzar la credibilidad de las instituciones (y de los medios de comunicación tradicionales) o la capacidad del ciudadano para interpretar la avalancha de contenidos digitales; se obvia también la dimensión empresarial que afecta hoy en forma de crisis existencial a muchos de los agentes productores de información.

La desinformación es algo que viene de fuera y es digital, se nos viene a decir, y además peligrosísima, capaz de alterar elecciones e incluso mentes, generalizaciones gigantescas y amenazas no contrastadas.

En muchas ocasiones las referencias a la desinformación en los documentos sobre seguridad nacional se asemejan a un recurso retórico, que cobra importancia por la compañía, por el cóctel que se dice que forma con otros ingredientes peligrosos.

La desinformación cumple con todos los requisitos para poder ser utilizada como una amenaza casi existencial, al calor del ecosistema digital en el que vivimos; omnipotente, se nos dice, omnipresente y 24 horas activa a través de nuestro móvil, y si es difusa es tanto más amenazante, pero cabe objetar que carecemos como ciudadanos de ejemplos concretos que nos permitan calibrar sus efectos; y además entendemos que los responsables públicos de la seguridad habrán puesto en marcha una respuesta proporcional a tan descomunal amenaza, de lo que tampoco tenemos pruebas. Sospechamos que nuestro Estado y Fuerzas Armadas están mejor dotados para la guerra antisubmarina en mitad del Atlántico que para las amenazas que encabezan los documentos estratégicos.

Existen sin duda estudios de interés en el ámbito militar sobre la amenaza híbrida, las operaciones de información y de influencia, la actuación rusa en Ucrania y china en sus aguas e islas de interés, damos por hecho que España-OTAN lo analiza y aplica en su política exterior.

Sin embargo quizá debería considerarse un objetivo de seguridad nacional empoderar al ciudadano para que sea capaz de discriminar la información fiable del bulo (alfabetización mediática); potenciar la comunicación estratégica («veraz y atractiva», fiable añadiríamos) de los organismos públicos; el espíritu crítico y el conocimiento/cultura sobre el ecosistema ciberinformativo en el que nos movemos. También en este campo de la desinformación, la seguridad parece moverse al margen del ciudadano al que protege.

Confusión es el principal objetivo de la desinformación y despejar la confusión debería ser el primer elemento para combatirla.

A cada actor, agente, ámbito, hay que pedirle de lo que es capaz. Los medios de comunicación no tienen la misión de transmitirnos la realidad, sino la excepcionalidad. El ámbito de la seguridad no parece llamado a explicarnos a qué nos enfrentamos en materia de desinformación, sino que alerta de los riesgos, presentados con otros de forma tan gris y ambigua como la amenaza donde la enmarca.

Seguiremos buscando.

La prima de riesgo social

Carlos Penedo

Ha cambiado el foco en la respuesta inicial a las dos últimas crisis, la Gran Recesión y la covid-19 

La prima de riesgo nos obsesionó en 2008 y la curva de infectados y fallecidos en 2020, dos actitudes diferentes por parte de responsables políticos y por derivación de ciudadanos.

Riesgo país y riesgo ciudadano: se podría decir que en el fondo son lo mismo, pero la experiencia ha demostrado que el enfoque condiciona el resultado y los destinatarios no coinciden.

En cuanto a la respuesta a la crisis 2008/2018, no existen pruebas de laboratorio que hayan confirmado que el saneamiento financiero a costa de un endeudamiento público ingente haya desbordado las cuentas de resultados empresariales para beneficiar al común de la gente.

Hace poco más de una década anduvieron dos presidentes del Gobierno español con una aplicación en el móvil que les indicaba en tiempo real el estado de ánimo de los mercados financieros; quizá hoy Pedro Sánchez tenga algo similar para la curva de fallecidos o ingresos hospitalarios.

Las diferencias entre las dos crisis se pueden detectar también en otras políticas públicas.
La seguridad tradicional ha delimitado el ámbito de actuación a las fronteras del Estado, del propio y de los vecinos. Es decir, la seguridad física organizada sigue siendo estatal, cuando las amenazas son globales. Por éste y otros motivos con la crisis provocada por la enfermedad covid-19 el secretario general de la OTAN anima a no dejar de aumentar los presupuestos de Defensa, algún nubarrón percibe en el horizonte. En el marco de esa Alianza España ha pedido ayuda y la ha recibido de Turquía y Chequia, hasta ahí la multinacionalidad de la respuesta, a la espera de lo que los Gobiernos nacionales decidan mancomunar bajo el paraguas de la UE.

Tres novedades se pueden destacar de esta crisis sanitaria que evolucionará a económica, social y por supuesto política.

La primera novedad es la apuntada: la primera preocupación de esta crisis es humana, a diferencia de la Gran Recesión, y por eso chirría y se entiende la movilización de quienes defienden sus intereses económicos con fuerza, actores con gran capacidad de presión, de interlocución y de presencia mediática.

Segunda novedad, desde el punto de vista de la seguridad: el enemigo no es humano. Tras una década de indefinición con el final de la guerra fría, el terrorismo ha copado los tres primeros lustros del siglo XXI como amenaza omnipotente y omnipresente, recurso ya agotado -no se sostiene ni por número de víctimas ni como justificación militar- que ha sido sustituido el último quinquenio por las ciberamenazas.

En ambos casos hay personas detrás, incluso Estados en algunos casos, la seguridad podía apuntar sus instrumentos hacia algo físico y hacia responsables humanos; no sucede hoy con los virus. En esta crisis tenemos muchos héroes y víctimas, pero nos falta un villano humano o estatal a la altura de las consecuencias.

En cuanto a lo cíber, reconozcamos que el virus real se presenta más peligroso que el virus de la desinformación, con evidentes exageraciones que parecen pretender que esta novedosa pandemia se parezca a la geopolítica de siempre.


Tercera novedad: las estrategias de seguridad nacional han incluido las pandemias y las crisis sanitarias, pero no como amenaza directa, sino como riesgo indeterminado en compañía de otros que no se sabe muy bien cómo calibrar («desafío» la denomina la española de 2017); se equivocaron, no es uno de los desafíos (una especia de cajón de sastre), sino amenaza directa. Lo relevante es que la respuesta a esta amenaza no puede descansar en los medios tradicionales.

Por supuesto que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades de extrema utilidad para hacer frente a una crisis sanitaria como la que vivimos: sólo hay que ver la actuación de la Unidad Militar de Emergencias; también la vigilancia de infraestructuras críticas; la sanidad militar probablemente esté infradotada, pero contamos con un gran hospital de la Defensa que aunque no tiene capacidad para albergar a dictadores amigos sí da servicio a un importante barrio de Madrid, y es muy útil como respaldo de emergencias, igual que la farmacia militar, que habrá que fortalecer de alguna forma.

Cosa distinta es el empleo de los militares en tareas de seguridad ciudadana, como se ha anunciado, muy discutible en un país con 250.000 agentes policiales (la mitad bastante bien formados) y hasta el momento afortunadamente no llevado a la práctica por imposición de la sensatez, más que por celos entre organismos públicos, esperemos.

Triple novedad de la crisis provocada por la enfermedad del coronavirus, entonces: las personas están en primera línea de preocupación; el adversario no es humano; y la amenaza a medio y largo no tiene respuesta militar-policial, sino que requiere un reforzamiento de los servicios públicos de sanidad y protección social.

Todo lo anterior apunta hacia un concepto que se ha ido abandonando y emerge con la fuerza de la lógica de forma intermitente y ahora mismo aparece en primer plano: la seguridad humana. Se trata de un marco amplio que incluye la seguridad física, pero también la personal, laboral, sanitaria, más allá del equilibrio en el número de carros de combate o la disuasión nuclear; se plantea garantizar unas condiciones aceptables de vida, que el ciudadano sienta que tiene cierto control sobre lo que sucede.

Abundan ejemplos de cómo la prioridad en crisis recientes ha sido la economía financiera, las aguas territoriales, la soberanía estatal delimitada, y luego al final se supone que las personas dentro de esa economía y esos límites geográficos; pero en la respuesta se encuentran también casos de recorte de libertades individuales en aras de una mayor seguridad, de desconexión entre ciudadano y seguridad.

La crisis del covid-19 ha dado la vuelta a la ecuación: no hay seguridad sin personas.

Hemos pasado del riesgo-país al bienestar del ciudadano en su sentido más amplio, que empieza por la salud y sigue por el trabajo.

Las circunstancias de este comienzo de 2020 obligarán en cualquier caso a replantearse estrategias sociales, de seguridad, defensa, empresariales, laborales; y sobre todo y antes de nada resolver una cuestión de fondo: ¿tiene capacidad hoy la suma de lo público para mantener controlada la prima de riesgo social?

Los vértigos de la defensa militar

Carlos Penedo

Desde la Guerra Civil y el posterior Estado militarizado vigilante de la población local, principal preocupación de cualquier dictadura, la secuencia por la que España ha ido mejorando sus competencias militares -siendo generoso, conformando una política de defensa- pasa por Estados Unidos, la OTAN, decisiones propias y ahora se plantea en el marco de la Unión Europea.

Los convenios de defensa con EEUU a partir de 1953, la integración en la OTAN en 1982 (y en su estructura militar en 1999), la transición militar que no se completa hasta finales de los ochenta, las leyes que organizan la Defensa nacional de comienzos del siglo XXI, el Tratado de Lisboa de la UE de 2007 y los avances en materia de defensa europea de los últimos años son todas decisiones políticas, nivel estratégico, con consecuencias sobre la organización, su personal, los medios y las actuaciones finales con medios militares.

Fueron decisiones políticas ceder soberanía y bases militares a cambio de la reincorporación de la dictadura a la comunidad internacional, y una consecuencia de aquello fue la llegada de material militar norteamericano excedente de la Segunda Guerra Mundial.

La participación en la Alianza Atlántica, referéndum mediante, fue una decisión política de enorme relevancia para modernizar las Fuerzas Armadas y calmar reacciones ultras, objetivo alcanzado en el primer supuesto.

Es pura política que la Unión Europea se plantee hoy una autonomía estratégica en materia de defensa y del mismo carácter la decisión de formar parte o no por cada país miembro de las iniciativas comunitarias.

En este ámbito de la seguridad se habla mucho de operaciones militares, de intervenciones más o menos pacíficas, de operaciones especiales de las que nada se dice porque son especiales, y poco se debate sobre la efectividad de tales intervenciones, si cumplen o no sus objetivos.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de lo que dicen los responsables políticos, de declaraciones en cumbres y pre-cumbres, se analizan los tuits de Donald Trump con la dedicación de un kremlinólogo hacia las fotografías de la jerarquía soviética, y no rascando mucho aparecen intereses industriales.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de presupuestos, de destinar el dos o el cuatro por ciento del PIB, de grandes y pequeños programas de armamento.

poco tiempo y esfuerzo se dedica a la estrategia de seguridad que debiera amparar declaraciones, presupuestos y actuaciones.

Lo anterior en cierta forma sobrevoló el reciente seminario celebrado a comienzos de junio en Toledo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcedo, bajo el título de «OTAN: el vértigo de la retirada americana».

En este tipo de seminarios se hace un esfuerzo colectivo e individual muy sano por captar la diferente percepción sobre seguridad de aliados como las repúblicas bálticas o Polonia, mientras que se ignora directamente, cuando no se desprecia, la percepción sobre seguridad de los españoles, manifestantes o no contra la invasión de Irak.

Otra peculiaridad es que en estos foros a un profesor universitario ruso lo convertimos inmediatamente en portavoz de Putin, mientras que una investigadora francesa se representa exclusivamente a sí misma y su capacidad de análisis.

Aparte de sensibilidades y generalizaciones, también se escucha mucho y bueno.

Por ejemplo, respuestas a la pregunta, parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodieron las relaciones OTAN-Rusia?  Muchos lo sitúan en la anexión de Crimea en 2014, otros lo remontan al bombardeo de Belgrado en 1999, alguno apunta a la extensión de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, y la lógica apunta hacia la instalación de un escudo antimisiles norteamericano cuyo componente naval descansa en la base española de Rota, el terrestre por Rumanía y Polonia.

Centra el debate de forma recurrente en la actualidad la disyuntiva de destinar esfuerzos humanos y presupuestarios de los países europeos con la UE o la OTAN. Quien dirigiera la Alianza y la política exterior y de seguridad de la Unión, Javier Solana, afirma tajante que la duda sobre la compatibilidad de ambas organizaciones procede más de la ideología que de la realidad; y se muestra partidario de gastar más en defensa, pero europeamente.

Se dice que la velocidad de los acontecimientos exige reaccionar sin la obligada en otro tiempo reflexión teórica previa. «La OTAN ha hecho teoría desde la práctica», defienden los más atlantistas; la OTAN impone doctrina actuando, opinan conocedores de la organización.

Tengo escuchado a Javier Solana en otros foros decir que las intervenciones militares -pensando en aquellas llamadas operaciones de paz que nadie llama hoy así- tienen la capacidad de detener el reloj del conflicto y dar tiempo a la política para encontrar una solución, la resolución del conflicto no es militar.

Por tanto, todo indica que miramos hoy el instrumento, los medios, el gasto y no su finalidad.

El centro de atención no debiera ser la presencia de un grupo táctico acorazado español en Letonia (con carros de combate Leopardo), la participación intensiva de la Armada en las operaciones navales de la OTAN -incluido el Mar Negro-, la presencia de una batería española de misiles Patriot en Turquía desde hace un lustro, la participación del Eurocuerpo en la República Centroafricana, de militares españoles en Malí, Sahel, Cabo Verde o Túnez.

Más que en su presencia el interés tendría que centrarse en porqué están allí, qué estrategia, legalidad y legitimidad ampara su presencia en esos escenarios, qué se pretende conseguir y cómo se va consiguiendo (cumplimiento de objetivos).

A España, a la Unión Europea y a la OTAN, a Estados Unidos, habrá que pedirles cuál es su estrategia de seguridad, el marco político que ampara sus decisiones en la materia y se entiende que sus adquisiciones de material militar para tener unas determinadas capacidades de actuación.

El llamado concepto estratégico de la OTAN data de 2010, momento anterior a las concentraciones del Maidán de Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia, cuando finalizaba la operación ISAF en Afganistán y la Alianza se planteaba su futuro y su área de actuación, todo interrumpido por una simulación de guerra fría que no resiste comparación con el modelo original, entre otros muchos motivos porque no existe alternativa ideológica ni contraparte militar: el presupuesto de defensa sólo de EEUU triplica al de China y es diez veces el de Rusia.

La última estrategia de seguridad de la UE fue aprobada en 2016, su texto sigue pareciendo casi revolucionario («La UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo»), y se mantiene la duda de si los 28 países miembro la firmarían hoy y la aplican en la práctica, en cualquier caso requerirá una actualización en el nuevo periodo que arranca con las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

La estrategia española de seguridad es de finales de 2017, Gobierno Rajoy, y la última Directiva de Defensa Nacional en la que cada Gobierno deja escritos sus objetivos data nada menos que de 2012, hace tres elecciones generales.

Un ejercicio de interés sería contrastar en qué coinciden y difieren las estrategias de seguridad de EEUU, la OTAN, la UE y España; en el campo de los intereses comunes de seguridad, que debe ser mayoritario, sirve la situación actual; recordemos que en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad; en las áreas y objetivos no compartidos -por ejemplo, acuerdo nuclear con Irán- pues se requiere determinar estrategia y medios propios.

¿Debe la UE quedarse con misiones en defensa que no quiera afrontar la OTAN?

¿Necesita la UE la disuasión nuclear, un arma inútil por no utilizable?

El mundo es más complejo que la división entre aliados y enemigos que nos llega desde Estados Unidos, existen muchos otros estados intermedios, frecuentes en el mundo de la empresa, como la competición y la cooperación, defendió Sylvie Matelly, directora del think tank francés IRIS.

Una parte minoritaria de los reunidos en Toledo se mostraba partidario de que Europa refuerce sus capacidades militares y de mantener una relación de colaboración con la OTAN sin jerarquías, la parte más uniformada y más oficial se muestra acríticamente atlantista.

En cualquier caso, reconociendo el espectáculo de contemplar un tanque de 60 toneladas a 70 kilómetros por hora campo a través, las actuaciones sobre el terreno y el gasto militar no conforman una estrategia de seguridad.

Haciendo un símil con otras disciplinas, el medio ambiente está dejando de ser una opción en materia de desarrollo económico, no es admisible crecimiento a costa del entorno. En asuntos de seguridad quizá pueda ocurrir algo similar con otros elementos como derechos humanos en destino y transparencia, que es debate político y público, en origen, resultado de la voluntad de fijar por escrito que estas cosas no dependan de las personas y las circunstancias, sino del sistema así organizado.

Porque estos asuntos de la seguridad se organizan a nivel estratégico, lo demás llega en cascada, o así tendría que ser si ese tipo de documentos fueran más que un ejercicio elaborado para amparar actuaciones que se van organizando según los acontecimientos.

La ausencia de una estrategia propia es siempre aprovechada por la inercia, por intereses industriales o por la estrategia de terceros que sí la tienen.

 

Terrorismo argumental a la baja

Carlos Penedo

La misteriosa explosión de cinco artefactos este mes de marzo en Texas en una serie de ataques con paquetes bombaque provocaron dos muertos y cuatro heridos, acabó finalmente con el suicidio de su responsable cuando iba a ser detenido. Resultó ser un vecino de 23 años y las crónicas sólo nos han contado que el joven fue educado en casa por sus padres en su adolescencia y que entre 2010 y 2012 asistió a la Universidad en Austin pero no terminó sus estudios.

Con este suceso ha vuelto a surgir el debate en EEUU sobre cuándo y cómo aplicar el término terrorismo a un suceso violento, cuestión intermitente que también aparece en las matanzas en colegios, institutos o conciertos con armas de guerra. Sigue leyendo

Francia: el estado de excepción normalizado

Fernando Flores *

Mañana, 1 de noviembre, se levantará de forma definitiva el estado de urgencia en Francia, una situación decretada el 13 de noviembre de 2015 por el Consejo de Ministros tras los atentados terroristas de París que provocaron más de ciento treinta muertos. La urgencia, en principio de carácter temporal (la duración inicial prevista por la Ley es de doce días), fue prorrogada varias veces por ley del Parlamento galo, primero a propuesta del Presidente Hollande y, más tarde, en julio de 2017, por Macron, su sucesor en el Palacio del Elíseo.

La Ley de 20 de noviembre de 2015 (que prorrogó la urgencia por tres meses), introdujo, además, algunas modificaciones importantes a la Ley del estado de urgencia (1955), unas modificaciones que afectan directamente a los derechos y libertades fundamentales, sobre todo a los de “los sospechosos”, es decir, aquellas personas “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”. Imposición de residencia y limitación de la libertad de circulación, prohibición de mantener contactos con otros sospechosos, obligación de portar brazaletes electrónicos, disolución de asociaciones que“participen, faciliten o inciten” actos de gravedad contra el orden público, orden de registros en domicilios a cualquier hora (esto se declaró inconstitucional), bloqueo de páginas web que inciten a realizar actos terroristas o hagan apología de los mismos… Decisiones todas ellas de origen gubernamental (del ministerio del Interior) sin necesidad de permiso judicial.

Tras un año de vigencia, en noviembre del 2016, Jean-Marc Sauvé, vice-presidente del Consejo de Estado, avisó de que “el estado de urgencia es una situación de crisis que no puede ser extendida indefinidamente”. Por ello, el recién llegado Macron decidió prolongar sus efectos solo unos meses, los suficientes para dar tiempo a elaborar una ley que introdujera en el ordenamiento francés algunas medidas para reforzar la seguridad en materia anti-terrorista. Esta Ley –Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme– ha entrado en vigor el 3 de octubre.

En realidad, lo que ha hecho Francia ha sido normalizar el estado de excepción, pues ha incorporado al Derecho comúnlas severísimas limitaciones de los derechos fundamentales recogidas en la Ley de urgencia tras su reforma en noviembre de 2015. Y aún ha añadido otras, como la posibilidad de cerrar lugares de culto cuando las ideas impartidas en ellos puedan provocar violencia, odio o discriminación; o la de realizar “visitas” domiciliarias y retenciones en ellas (hasta cuatro horas) para prevenir actos de terrorismo. De este modo, la Asamblea Nacional prorroga de forma permanente la excepcionalidad de la urgencia o, dicho de otro modo, anula la temporalidad del estado de excepción. Y lo hace con el voto aplastante de una mayoría parlamentaria (415 votos contra 127) que, a la vista de la presión mediática más conservadora, no quiere ser tachada de débil frente al terrorismo.

Se trata de un momento político muy grave para los europeos, un momento que está recibiendo muy poca atención fuera de las fronteras francesas. Al parecer, nos interesa e impresiona el ascenso de los nuevos partidos fascistas en las elecciones que tienen lugar en los Estados miembros (recientemente Austria, antes en Francia, Holanda o el Reino Unido), pero asistimos con indiferencia a las victorias que limpian su camino hacia el poder. Porque esta Ley antiterrorista francesa, en la línea de las que veremos en otros países europeos (incluida España), da forma a un cada vez mejor definido Estado policial en el que los partidos autoritarios se sienten como en casa y en el que, llegados al poder, aplicarán con toda la fuerza los mecanismos que lo han configurado. Eso sí, de forma legal  pues, llegado ese día, los partidos democráticos habrán dejado el ordenamiento jurídico listo para arrasar con las libertades de todos, no solo de los sospechosos.

Lo que ahora entra en vigor en Francia es una ley de sospechososque facilita (y banaliza) los controles étnicos, que permite la restricción arbitraria de la libertad personal y de movimiento, que limita el derecho de acceso a la justicia, que amenaza el derecho de asociación y la libertad de reunión pacífica, así como las libertades religiosa y de expresión. Y el detalle. Lo que entra en vigor es una Ley dirigida en principio a un grupo aparentemente muy determinado de personas(recordemos: “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”; y pensemos: ¿realmente es esto algo “muy determinado”?) que puede aplicarse a toda una población. Una población amedrentada que, no sintiéndose sospechosa, aplaude la instalación de unos barrotes que en el futuro (y ya mismo en numerosos casos concretos) acabarán con su libertad.

Sabemos que el terrorismo busca, sobre todo, respuestas inadecuadas al reto que plantea. Sabemos que como combatiente no tiene fuerza para acabar con un sistema político pero que, sin embargo, puede inducir a un sistema a acabar consigo mismo. Sabemos que si permitimos al Estado –al poder– entrometerse y violar las libertades de unos pocos, esa intromisión irá ampliándose a cada vez grupos más amplios de ciudadanos, pues quien gobierna usa todos los medios a su alcance para acallar a los críticos, sobre todo si quien gobierna es un partido fascista. Es por eso que el verdadero peligro del terrorismo, más allá del dolor e inquietud que provoca en cada acto asesino, se sitúa en la respuesta que busca provocar en el Estado democrático de Derecho. Una respuesta que, si es emocional, irracional y cortoplacista, permitirá el abuso institucionalizado del poder y dinamitará los propios pilares del Estado constitucional.

La banalización del estado de emergencia es la brecha por la que se cuela el totalitarismo, afirmaba el otro día Edwy Plenelen este mismo medio. Nada más cierto. El Estado de Derecho debe proteger a sus ciudadanos de los peligros que le amenazan, pero no puede vender sus principios a cambio de una insegura seguridad. Es importante que, por difícil e incómodo que sea, reivindiquemos el equilibrio. Para ello, defendamos la libertad de los otros y protegeremos nuestra libertad.

* publicado el 18/10/2017 en infoLibre,
en el blog del Foro Milicia y Democracia

Orden

Noelia Pena

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Se dice que las sociedades modernas eran verticales. La perfección de su modelo de vigilancia se plasmó en el plano arquitectónico de las prisiones conocido como panóptico, una construcción ideada por Jeremy Bentham, en el siglo XVIII, en forma circular alrededor de una torre central. El panóptico permitía el control de un grupo numeroso de presos sin apenas esfuerzo. El centinela podía encargarse, sin necesidad de moverse, de la vigilancia de las celdas, que eran visibles en su totalidad desde la torre, sin puntos ciegos o de sombra. De ese modo los presos no sabían, no podían saber, cuándo estaban siendo observados. Esta imposibilidad de verificación afectaba a la naturaleza de la condena. La perfección del dispositivo de vigilancia, la eficacia de su transparencia, era tal que podría seguir funcionando aunque el vigilante no se encontrara en su puesto de guardia en la torre –algo que, eventualmente, podía suceder. Sigue leyendo

La paranoia razonable

Fernando Flores

Hace unos días se filtró a la prensa que la agencia inteligencia alemana, el Bundesnachrichtendiest (BND), ha espiado ilegalmente a toda su población y enviado los datos a la National Security Agency (NSA) norteamericana. Se trata de un nuevo escándalo en relación con la vigilancia masiva que los Estados democráticos realizan sobre sus ciudadanos, un escándalo que se suma a muchos otros ya descubiertos (el de la NSA a los estadounidenses, el GCHQ a los británicos…) y a otros que sin duda aparecerán en el futuro.

Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que la protección de su seguridad frente a amenazas tan presentes como el terrorismo o el crímen organizado pasa por aceptar la intromisión del Estado en su privacidad, y ha interiorizado la máxima según la cual “si nada tienes que esconder, nada tienes que temer”. Sigue leyendo

Un enfoque jurídico al asunto del burka y el burkini

Ana Valero

La polémica surgida este verano a raíz de la prohibición del uso del burkini en distintos municipios franceses, ha abierto un nuevo capítulo en la interpretación del principio de laicidad en Francia poco respetuosa con el sistema de derechos y libertades, principalmente de la comunidad musulmana.

La treintena de órdenes municipales que establecen dicha prohibición en las playas francesas, señalan expresamente que con ello se trata de dar respuesta a los ataques terroristas que viene sufriendo el Estado galo en los últimos meses, apelando a motivos de seguridad pública y de orden público.

En apoyo a las órdenes municipales, el Primer Ministro francés, Manuel Valls, afirmó en declaraciones a la prensa francesa que la prenda “es la traducción de un proyecto de contra-sociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer” y que, por tanto, “no es compatible con los valores franceses”. Sigue leyendo

La crisis de la igualdad

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Paco Solans

Perdidos en debates a veces estériles o irresolubles si no es desde una honestidad en el propio desarrollo del discurso que evite todo intento de manipulación –algo que se echa de menos de forma clamorosa– nos enfrentamos a falsas dicotomías. La que hoy está más en boga es la que enfrenta libertad y seguridad. En otro tiempo no muy lejano la “moda” era enfrentar libertad e igualdad. Ni que decir tiene que tanto los que presentaban la desigualdad como precio de la libertad como los contrarios, que argumentaban la necesidad de pagar con libertad un caro precio por la igualdad, mentían descaradamente. Ocurre que esas dialécticas se articulan en base a conceptos cuyo contenido no parece estar muy claro para nadie, como suele pasar con todos los símbolos y banderas, que es en lo que se convierte a estos conceptos. Y eso que como bandera, la libertad ha funcionado como ninguna otra en estos dos siglos y pico que, tras la Ilustración, han definido eso tan pomposo que los historiadores llaman la modernidad. Sigue leyendo

El prestigio de la seguridad

Fernando Flores

Repetimos sin pararnos mucho a pensar que libertad y seguridad no son contradictorias sino complementarias (la semana pasada asistí a unas jornadas sobre seguridad y derechos fundamentales donde esto se afirmó varias veces), pero yo no tengo muy claro este planteamiento. Mi padre y yo no somos, de entrada, contradictorios ni incompatibles; de hecho, nos queremos mucho. Pero pónganos en una habitación a hablar de política y verán.

También es común escuchar o leer la metáfora según la cual la libertad es un barco (quizás esto se deba a José Luis Perales) y la seguridad el agua por la que ese barco navega. Tampoco acepto de buen grado esta figura. Si la asumo pienso que, si acaso, la seguridad sería la calidad del agua, no el agua misma. Ésta es el contexto social, político, legal, económico, moral, en que la libertad se desenvuelve; de la calidad de ese contexto depende la facilidad con la que navegue por él. Sigue leyendo