Una narración pendiente

Noelia Pena

La historia no comienza cuando algo sucede sino en el momento en el que empieza a ponerse por escrito. Las muestras más antiguas de escritura que conservamos proceden de la zona de Mesopotamia (donde se encuentra actualmente Irak) y pertenecen al conocido como período Uruk IV (entre 3400 y 3100 a.C.). Proceden también del oeste de Irán, de la Mesopotamia septentrional y de Siria. Se trata de un sistema de escritura grabada sobre bolas de arcilla que se aplastaban tomando la forma de tablilla y se horneaban para evitar posibles modificaciones posteriores. Funcionaba con unidades silábicas a las que correspondía un signo cuneiforme, donde los circulares hacían de numerales. Estaba relacionada con cuestiones administrativas y de contabilidad, necesarias para la economía interna y las relaciones comerciales; su uso se prolongó durante unos tres mil años y sirvió para escribir en unas cincuenta lenguas distintas. Sigue leyendo

Nociones de Derecho constitucional para Rouco y Gallardón

Por Ana Valero

«Fuera de la Iglesia no hay ni salvación ni remisión de pecados», Unam Sanctam. Con esta bula promulgada el 18 de noviembre de 1302, el papa Bonifacio VIII afirmó la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal. El pasado 15 de abril, el presidente de la Conferencia Episcopal española reclamó al Gobierno que cambie la legislación sobre el aborto y sobre el matrimonio homosexual. Horas después, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón dijo que la reforma de la primera llegará muy pronto.

sandro boticelli san agustin

La Iglesia católica en España se niega a aceptar un principio fundacional de todo sistema democrático, esto es, que el pueblo es el único soberano y que el Parlamento es su representante político. En consecuencia, sus leyes son la expresión de la voluntad popular, de la voluntad de la ciudadanía –aunque quizá esto sería discutible en los tiempos que corren, dado que el Partido Popular viene utilizando de manera torticera la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento para desoir el clamor ciudadano. Pero esta cuestión, quizá, sea objeto de un nuevo post.

Es evidente que la Iglesia rechaza dicho principio fundacional de la democracia al relegar al Parlamento al rol de “institución política” y otorgarse a sí misma el carácter de “autoridad moral”. La Iglesia española sigue a pies juntillas, en pleno siglo XXI, los dictados de la Unam Sanctam cuando sostiene que nadie más que el Parlamento puede legislar y que sus leyes deben cumplirse, pero sólo “si son justas” –palabras de Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal. Y yo me pregunto, ¿hay una apelación más directa que ésta a la “desobediencia civil”?

La Iglesia tampoco reconoce el papel que en nuestro sistema se asigna al Tribunal Constitucional, el de intérprete supremo de la Constitución, siendo quien tiene la última palabra para expulsar o no del ordenamiento jurídico aquellas leyes que vulneren el Texto fundacional, garantizando así su primacía y valor normativo. Pues bien, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una sentencia declarando que no hay contradición alguna entre la ley que permite el matrimonio homosexual y la Constitución, Rouco Varela afirmaba lo siguiente el pasado 15 de abril: “El legislador también después de la sentencia del Tribunal Constitucional es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños”.

Pues no, señor Rouco, no, el legislador no es libre para contradecir lo dicho por el Tribunal Constitucional, salvo que, como en el caso del aborto, hayan transcurrido 28 años desde que se pronunció sobre el asunto y proceda adaptar su doctrina a la nueva realidad social. Pero esto último parece que no sólo lo desconoce el presidente de la Conferencia Episcopal si no que, lo que es más grave, parece no querer entenderlo el propio Ministro de Justicia cuando se aferra a la Sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de la ley despenalizadora del aborto en determinados supuestos, del año 85, para sostener que ésta impide que en España rija una ley de plazos y proponer, incluso, la desaparición de los supuestos que despenalizan el aborto cuando exista riesgo para la madre o riesgo de malformación del feto.

El Ministro de Justicia parece desconocer que el Tribunal Constitucional desde hace años viene aplicando en la mayor parte de sus decisiones la “teoría evolutiva” para interpretar la Constitución, que consiste en interpretarla en relación con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Y parece indiscutible que, transcurridos 28 años, el Tribunal Constitucional puede y, desde mi punto de vista, debe, cambiar su doctrina sobre el derecho a la vida y reconocer la constitucionalidad de una ley de plazos que, dicho sea de paso, es la que tienen la mayor parte de los países europeos. O, ¿es que nuestra realidad social dista tanto de las de los países de nuestro entorno? Me atrevería a decir que precisamente en este asunto, no.

Cuando el señor Gallardón afirma que una ley de plazos como la vigente es inconstitucional para justificar su reforma, además de engañar a los ciudadanos, está haciendo caso omiso a un principio básico del Derecho Constitucional contemporáneo, el que vincula la vigencia y perdurabilidad de la Constitución a su interpretación conforme con la realidad social vigente en cada momento histórico.

En España, es el propio Gobierno, y la mayoría que lo sustenta en el Parlamento, quien, plegándose a la voluntad de la Iglesia católica en sus iniciativas legislativas, desconoce las exigencias del principio fundacional de la democracia, el de la soberanía popular, así como las del principio constitucional de laicidad, aquél que impide precisamente la confusión entre el poder político y el poder espiritual.

¿Sería mucho pedir que en alguno de sus encuentros los señores Rouco y Gallardón intercambiasen libros? Yo tengo un par de propuesta para ambos: “La Ciudad de Dios”, de San Agustín y la “Constitución española de 1978”, del pueblo soberano.

* Ilustración: San Agustín en su gabinete, Sandro Botticelli,1480, 
Iglesia de Ognissanti (Florencia)

 

 

Derecho a decidir: contexto y pretexto

Por Javier De Lucas

El debate sobre el “derecho a decidir del pueblo de Catalunya”, tal y como viene discutiéndose desde la Resolución 5/X del Parlament de Catalunya, adoptada el 23 de enero de 2013, parece cada vez más un campo minado. Y no sólo por la falta de claridad sobre las cuestiones realmente decisivas (el sujeto, el objetivo y el procedimiento de ejercicio del derecho a la autodeterminación), ni tampoco por la estrategia de vinculación entre derecho a decidir y derecho de autodeterminación, sino por lo que me permitiré denominar contexto y pretexto del debate. Sin perjuicio de entrar en otra ocasión en el planteamiento del derecho a decidir y del la autodeterminación (1), querría ahora ofrecer algunos argumentos que se situarían en lo que podríamos denominar “perspectiva sociológica de los derechos fundamentales” y que tocan sobre todo a la función que se les atribuye. Porque buena parte de los conflictos en torno a los derechos no reside en éstos en sí, sino en su utilización, esto es, en las razones por las que, para las que se alegan.

Si hablamos de funciones de los derechos y del Derecho mismo, como ha enseñado Ferrari, es preciso atender a las funciones manifiestas, pero también a lo que se denomina “funciones latentes” (2) de un proceso que se abre con la convocatoria de las elecciones de noviembre de 2012. Por eso, la primera pregunta es por qué ahora. Por qué plantear en este momento el derecho a decidir. Hay varias hipótesis. Algunos lo vinculan a un estallido de la conciencia nacional catalana que habría eclosionado en la diada de 2012. Otros lo explican en la clave de búsqueda de legitimación (en el sentido sociológico del término, es decir, de adhesión de hecho) para un Gobierno desgastado por su gestión de la crisis económica. Veamos esas propuestas de interpretación.

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