Terrorismo argumental a la baja

Carlos Penedo

La misteriosa explosión de cinco artefactos este mes de marzo en Texas en una serie de ataques con paquetes bombaque provocaron dos muertos y cuatro heridos, acabó finalmente con el suicidio de su responsable cuando iba a ser detenido. Resultó ser un vecino de 23 años y las crónicas sólo nos han contado que el joven fue educado en casa por sus padres en su adolescencia y que entre 2010 y 2012 asistió a la Universidad en Austin pero no terminó sus estudios.

Con este suceso ha vuelto a surgir el debate en EEUU sobre cuándo y cómo aplicar el término terrorismo a un suceso violento, cuestión intermitente que también aparece en las matanzas en colegios, institutos o conciertos con armas de guerra. Sigue leyendo

La paranoia razonable

Fernando Flores

Hace unos días se filtró a la prensa que la agencia inteligencia alemana, el Bundesnachrichtendiest (BND), ha espiado ilegalmente a toda su población y enviado los datos a la National Security Agency (NSA) norteamericana. Se trata de un nuevo escándalo en relación con la vigilancia masiva que los Estados democráticos realizan sobre sus ciudadanos, un escándalo que se suma a muchos otros ya descubiertos (el de la NSA a los estadounidenses, el GCHQ a los británicos…) y a otros que sin duda aparecerán en el futuro.

Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que la protección de su seguridad frente a amenazas tan presentes como el terrorismo o el crímen organizado pasa por aceptar la intromisión del Estado en su privacidad, y ha interiorizado la máxima según la cual “si nada tienes que esconder, nada tienes que temer”. Sigue leyendo

Zapata y Def Con Dos, el Estado vs. la provocación disgustosa

Ana Valero 

La Audiencia Nacional ha ordenado por tercera vez que se juzgue al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por sus tuits de humor negro sobre las víctimas de ETA y del Holocausto judío. Órgano judicial, por cierto, en el que ha quedado visto para sentencia el juicio abierto contra el cantante de la banda de rap-metal Def Con Dos, por la publicación de ocho tuits de la misma temática.

El artículo en el que se han basado jurídicamente ambas causas es el 578 del Código Penal, en el que se tipifica el enaltecimiento del terrorismo a través de dos conductas diferenciadas. Por un lado, el elogio hacia los actos terroristas o sus autores; y, por otro, el desprecio u ofensa a sus víctimas, siempre que dichas conductas sean realizadas a través de cualquier medio de expresión o difusión pública. Sigue leyendo

Titiriteros y títeres

Fernando Flores

Se toman los hechos y se les hace pedazos. Los pedazos se separan para que no se mezclen. Se condimentan con especias para potenciar su sabor o anular su presencia, según conviene al paladar al que se dirigen. Hiérvase rápido, sin muchas contemplaciones. Cocinado el plato, no dejarlo reposar, servirlo muy caliente como realidad informativa en bandeja antiterrorista, crujiente y a punto de opinión. La receta, propia de fogones informativos de larga tradición, sin duda será del gusto de muchos, nula en matices pero sustanciosa y picante.

La lección negativa de periodismo que muchos de los medios que el sábado cocinaron, sirvieron o copiaron la noticia sobre el caso de los titiriteros, aparte de provocar vergüenza ajena, representa el estado de debilidad que sufre el derecho a la información en España. Si a ella sumamos las reacciones de la mayoría de los dirigentes políticos, temerosos en sus respuestas de que se les pueda atribuir simpatía o falta de firmeza frente a grupos terroristas como Al Qaeda o ETA, la desolación es el único estado de ánimo que cabe albergar sobre el futuro de nuestros derechos y libertades. Sigue leyendo

La terrorista que se bañaba en espuma

Joaquín Urías

Era muy tentador. La historia de una muchacha francesa de clase marginal y origen magrebí. Que tuvo una infancia desgraciada de desarraigo entre familias de acogida. Que después de una juventud de drogas y fiestas y hasta de haberse intentado enrolar en el ejército, acaba haciéndose fundamentalista musulmana; y que entonces se implica en los atentados de París, y se pone un cinturón de explosivos y cuando la policía va a detenerla se hace explotar. Para probar la evolución de la marginalidad al terrorismo tenemos las imágenes perfectas: fotos de su vida anterior. En algunas se la ve sonriente entre amigas, en otras saludando a la cámara con un sombrero de cowboy. En la más llamativa, que llegó a ser portada de algunos medios de comunicación, la futura terrorista está feliz y relajada, desnuda en una bañera de espuma.

Una historia interesante y bien presentada… si fuera verdad.

El mismo día en que los agentes antiterroristas entraron entre bombas en el apartamento de la yihadista salieron a la luz las fotos de la muchacha. Aparecieron prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo. Y dieron pie a incontables reportajes y artículos de opinión, sobre cómo se crea un terrorista suicida.

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Sin embargo, eran falsas.

Al poco de que las fotos llegaran a las redacciones de todos los periódicos y televisiones del mundo en Marruecos una muchacha –Nabila Bakkatha– presentó una demanda judicial para la protección de su honor y de su intimidad. La que parece en la foto de la bañera no es la terrorista, sino ella.

Nabila cuenta que todas esas fotos estaban en poder de una buena amiga con pocos escrúpulos con que acababa de pelearse. Al parecer la amiga, en parte por venganza y en parte por codicia, se las vendió a un periodista diciéndole que eran de la terrorista. Y coló. Aparecieron como exclusiva en el Daily Mail, justo en el momento de máxima expectación sobre los atentados de París. A partir de ahí se distribuyeron prácticamente en todos los medios de comunicación de occidente.

Nabila se queja de que desde que se publicaron esas fotos su vida se ha convertido en un infierno. Algunos le dan de lado porque realmente creen que es una yihadista; otros creen que esas fotos en la bañera son inmorales; incluso hay quien la acusa de demasiada intimidad con esa antigua amiga. El caso es que aunque Nabila gane la demanda que ha interpuesto, e incluso consiguiera una indemnización, todo eso no tiene arreglo. La insultan, ha perdido amigos y apenas puede salir a la calle. Sólo queda el honor perdido de Nabila, como en famoso libro de Heinrich Böll, sobre Katerina Blum.

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En efecto, las lesiones del honor y los daños a la reputación son difíciles de reparar. Nabila podrá demostrar que los medios no cumplieron adecuadamente con su obligación de contrastar la información. Pero lo previsible es que tarde años en poder hacerlo y que, además, sólo pueda hacerlo frente al primer periódico que publicó las fotos, no frente a los que las replicaron y se refirieron al Daily Mail como fuente de las mismas.

La única manera de mitigar el daño que le han provocado sería que masivamente rectificaran los medios de comunicación que se equivocaron y nos colaron en nuestras vidas la imagen de Nabila en la ducha, desde la televisión, internet y los periódicos. Tendrían que darle al reconocimiento de su error la misma repercusión y la misma importancia que dieron a la falsa noticia. Pero eso nunca sucederá. Los medios dudan antes de poner en riesgo su propia credibilidad, que es la base de su negocio (la inmensa mayoría de los medios de comunicación son esencialmente eso, empresas destinadas a ganar dinero). Así que sólo suelen rectificar cuando se ven obligados y lo hacen a escondidas, sin que se note. De hecho el Daily Mail se limitó a borrar en su edición digital las fotos de Nabila que ilustraban el artículo sobre la terrorista de Saint Denis. Poco más.

Todo ese daño le han causado a Nabila. A nosotros, a los ciudadanos que recibimos información y confiamos en que sea veraz también nos han causado daño.

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Le pregunté a algunos estudiantes de periodismo sobre qué podemos aprender de todo esto. Su primera conclusión fue, simplemente, que todas las muchachas magrebíes se parecen. Les expliqué que no es cierto; Nabila no se parece en nada a la supuesta terrorista. De hecho, si se comparan fríamente las fotos de ambas parece imposible que nadie las confunda. Pero, con la excusa de que son magrebíes nadie se había dado cuenta de que en los medios se estaban mezclando alegremente fotos de dos mujeres totalmente distintas.

En todo caso hay lecciones de más calado. La construcción global de la información, en sucesos de repercusión mundial, prescinde de cualquier requisito de verificación o investigación. Los medios, sin excepción, se limitan a replicar las informaciones que otros medios o las fuentes oficiales han puesto en circulación. No se comprueba, no se contrasta y ni siquiera se citan las fuentes.

En esas condiciones, los rumores se convierten en verdades. Es el terreno propicio para la manipulación de las opiniones públicas. El mejor escenario para quienes quieren mover las preferencias del público hacia una u otra posición. Rumores que al final legitiman bombardeos, guerras o medidas de excepción.

El caso de Nabila demuestra que con demasiada frecuencia en cuestiones como el terrorismo y la guerra las opiniones del público están basadas en falsas certezas difundidas alegremente por los medios y que los ciudadanos no ponemos en duda.

Y si no, basta con señalar que, además, según los forenses y fiscales franceses no hubo ninguna terrorista suicida en París. Al parecer la muchacha muerta en el piso de Saint Denis falleció por la explosión de una bomba ajena. Aún no está claro si fue una granada que arrojó la policía, o alguno de sus compañeros. Pero la chica se había limitado a ayudarlos a encontrar un escondite y ni era una fanática, ni se suicidó… Lástima que la idea de “la primera terrorista suicida de occidente” sea tan atractiva mediáticamente como la de su foto en una bañera de espuma.

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El prestigio de la seguridad

Fernando Flores

Repetimos sin pararnos mucho a pensar que libertad y seguridad no son contradictorias sino complementarias (la semana pasada asistí a unas jornadas sobre seguridad y derechos fundamentales donde esto se afirmó varias veces), pero yo no tengo muy claro este planteamiento. Mi padre y yo no somos, de entrada, contradictorios ni incompatibles; de hecho, nos queremos mucho. Pero pónganos en una habitación a hablar de política y verán.

También es común escuchar o leer la metáfora según la cual la libertad es un barco (quizás esto se deba a José Luis Perales) y la seguridad el agua por la que ese barco navega. Tampoco acepto de buen grado esta figura. Si la asumo pienso que, si acaso, la seguridad sería la calidad del agua, no el agua misma. Ésta es el contexto social, político, legal, económico, moral, en que la libertad se desenvuelve; de la calidad de ese contexto depende la facilidad con la que navegue por él. Sigue leyendo

Derecho de excepción y derechos humanos tras el fin de ETA

Fernando Flores

1. Las constituciones son pactos de convivencia que conjugan dos elementos: el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de las personas, y la división y ordenación del poder, para limitarlo e impedir abusos. De esos dos elementos, el fundamental son los derechos. Porque son el fin último de las constituciones –la garantía de la libertad de las personas–, y porque sin ellos no hay democracia.

Puede decirse que el poder admite ser ordenado de muchas maneras (el Estado puede ser centralizado, descentralizado, federal, autonómico, unitario; puede se presidencialista, regir el parlamentarismo, ser éste unicameral o bicameral; puede optar por el control constitucional de las normas difuso o concentrado…), pero los derechos fundamentales, no. Una intromisión excesiva en su contenido los desfigura y desaparecen.

Obviamente, esto no significa que los derechos fundamentales, los derechos humanos, no puedan ser limitados. Sí pueden serlo, y de hecho lo son. Por una parte las constituciones prevén unos límites que podríamos describir como “de sentido común” (fundamentalmente relacionados con los derechos de los demás y el orden público); por otra, las constituciones prevén unos límites a los derechos para casos excepcionales, para situaciones de excepción. En este sentido puede decirse que, con relación al terrorismo de ETA, en España, y en el País Vasco en concreto, venimos de un tiempo de excepción.

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2. En 1885 Pasteur vacunó por primera vez a un humano, un niño que había sido mordido por un perro rabioso. Pasteur le administró virus de la rabia atenuados, con lo que evitó el progreso de la enfermedad.

Las constituciones (y el cuerpo social que organizan) son, en cierto modo, como los seres vivos. Como otros organismos contienen una especia de “sistema inmunitario” de defensa que las protege de las anomalías, un sistema que reconoce elementos ajenos y dañinos al sistema y da unas respuestas para acabar con ellos. Estas respuestas suelen ser muy agresivas y se aplican bajo lo que se conoce como Derecho de excepción” (en la Constitución ese Derecho de excepción se encuentra expresamente en el art.55, aunque no solo; también existen limitaciones de excepción ad hoc, pero justificadas por los mismos argumentos).

Ahora bien, si la aplicación de medicinas no es recomendable para el cuerpo humano (y por eso se necesita prescripción médica), el Derecho de excepción tampoco es recomendable para el cuerpo constitucional. Porque lo hace sufrir, lo desvirtúa. Porque esos “medicamentos – respuestas de excepción” afectan fundamentalmente a los derechos humanos, elementos esenciales, básicos, del propio sistema constitucional.

Así que en principio, el Derecho de excepción sólo debe aplicarse por quien tiene competencia para ello, cuando haya cobertura constitucional para hacerlo, y cuando sea absolutamente necesario.

3. Durante años la violencia terrorista en el País Vasco ha explicado y justificado constitucionalmente la aplicación de un sistema de excepción que, como en el caso del niño de Pasteur, ha tratado de evitar el progreso de la enfermedad.

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Como es obvio, el tratamiento no solo ha sido (lo es todavía) durísimo, sino que además ha sido controvertido. Mientras que el equipo médico que te receta medicamentos no tiene intereses personales en tu salud y es un actor neutral y objetivo, el equipo político que impulsa las respuestas excepcionales para atajar la violencia en un territorio sí tiene intereses particulares (la política es compleja). Y aunque el propio sistema prevé obstáculos para que esos intereses políticos particulares no prevalezcan (el juego parlamentario, el control judicial, la revisión constitucional, los tribunales internacionales, las libertades de información y opinión, etc.), esos obstáculos no siempre han funcionado (funcionan) adecuadamente.

Los ejemplos de ese tratamiento de excepción, que afecta gravemente a los derechos fundamentales, son muchos:

– La Ley de partidos (6/2002), que en realidad es una Ley antiterrorista, y que afecta a los derechos de asociación, expresión y participación política.

– La legislación penal antiterrorista, que, por ejemplo, ha conducido a la ilegalización penal no solo de los directamente implicados en los actos terroristas, sino también del llamado entorno político o ideológico de ETA. Es decir, del colectivo político, ideológico y social que conocemos como Izquierda Abertzale. Ayer, sin ir más lejos, un juez de la Audiencia Nacional, calificaba de “desproporcionadas” las penas aplicadas a los miembros de ETA, y señalaba otros excesos de esta legislación.

– El régimen de incomunicación previsto en la LECrim, que afecta a la libertad personal, a los derechos del detenido (la reducción de garantías del incomunicado es muy considerable), y que se relaciona muy de cerca con el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes.

– La legislación y política penitenciaria, pues el alejamiento y dispersión de presos, la clasificación automática en primer grado, o la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios afecta a la intimidad familiar, al derecho a la salud, al derecho a la reinserción…

4. En octubre de 2011 se produce el alto el fuego definitivo de ETA. El Derecho de excepción que esas medidas suponen se encuentra ahora con un tiempo nuevo. Digamos que la patología da una señal inequívoca de que empieza a remitir, y se producen movimientos políticos que lo confirman. Este tiempo nuevo exige también un nuevo planteamiento desde la perspectiva constitucional, un cambio del tratamiento. Porque si el tratamiento es dañino para el cuerpo en todo caso, si persiste cuando la enfermedad ha remitido, puede ser mortal.

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El contexto político y social del País Vasco ha cambiado y está cambiando, y eso exige, porque una interpretación correcta de la propia Constitución así lo reclama, guardar en el trastero el Derecho de excepción y proceder a la normalización jurídica y política de lo que todavía es tratado como excepcional.

5. En el ámbito de esta normalización se aprecian casos positivos y negativos, tanto en lo jurídico como en lo político. En lo jurídico ha sido positiva la legalización de Sortu en junio de 2012 por el Tribunal Constitucional, (la negación de su inscripción en el Registro de Partidos vulneró el derecho de asociación y el derecho de participación política), así como la ilegalización de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por vulneración de la libertad personal y el principio de retroactividad de las normas penales). Ha sido negativa la decisión del caso sobre posibles torturas a Aritz Petralanda (STC 12/2013, de 28 de enero de 2013) (ver sentencia y comentario en este post), en el que no se otorga el amparo. El Tribunal Constitucinal entiende que los jueces ordinarios cumplieron con su misión comprobando formalmente la única diligencia practicada (los informes de los médicos forenses), pero nada dicen sobre si la motivación de esos jueces había sido lo suficientemente sólida (algo que se requiere en el caso de posibles torturas).

En lo político, a nivel estatal la situación resulta preocupante, pues la normalización no parece encajar en los intereses del Partido Popular ni de sus posiciones calculadamente electoralistas: la persecución al juez español en el TEDH tras la sentencia que anulaba la doctrina Parot, el caso Gotzón Sánchez, o los recientes ataques a Podemos y al euro-diputado Pablo Iglesias son una muestra de ello.

6. En fin, hace años un jurista alemán llamado Konrad Hesse acuñó la idea de “voluntad de Constitución”. Según su planteamiento la Constitución no es sólo un trozo de papel (como decían Lasalle primero y Jellinek después), sino que ordena y transforma la sociedad y la vincula jurídicamente. Pero reconoce que también es cierto que la vigencia de la Constitución está condicionada por su realidad histórica, que no siempre es favorable.

Creo que así ha sucedido (y sucede) en el País Vasco. La realidad de la violencia ha impedido que la parte esencial de la Constitución –los derechos fundamentales– haya sido aplicada satisfactoriamente. Ahora la realidad ha cambiado, y con ella las posibilidades para los derechos humanos se amplían. Así, junto a la verdad, la memoria, y el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, debe avanzarse en la desactivación de la legislación provocada por la violencia. Ahora, en mi opinión, se trata de que, frente a los que usan el Derecho de excepción en provecho propio, los que tienen “voluntad de constitución” se empeñen con decisión en hacerla realidad, es decir, en recuperar la efectividad de los derechos humanos y, con ello, recuperar la convivencia en el País Vasco.

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¿Nos vigila el Gran Hermano? Queremos saberlo

Rosario Serra Cristóbal

La idea de un Gran Hermano que nos vigila ya no es una ficción de Orwell. Las revelaciones de Snowden y la información que poco a poco ha ido filtrando la prensa sobre espionaje masivo de millones de ciudadanos hace que muchos se sientan como si fueran protagonistas de la novela de aquel autor, 1984.

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Es cierto que desde tiempos inmemoriales los Estados han procurado recabar información, dentro del propio ámbito territorial y fuera de él, para analizarla y utilizarla en la defensa o protección de los intereses nacionales de cualquier naturaleza. Y esto se ha realizado bajo el manto del principio del secreto, exento a todo conocimiento público y con escaso o nulo control judicial. Ya en uno de los escritos más antiguos que existen sobre estrategia en momentos de confrontación –El arte de la guerra, de Sun Tzu, que data del siglo V a.C.-, se aleccionaba sobre lo esencial que es el espionaje para conocer la situación del contrincante y sacar ventaja de ello en el enfrentamiento, recordando al mismo tiempo que “no hay  asunto más secreto que el espionaje”.

Pero el espionaje de nuestros días se aleja de ese que tantas películas ha inspirado. Nos encontramos ante un nuevo escenario que trae causa de:

(a) un enemigo (digamos, el terrorismo internacional) que no es fácilmente determinable y actúa a escala global;

(b) un avance tecnológico del cual se benefician tanto los terroristas o bandas del crimen, como los servicios de inteligencia al brindarles nuevas herramientas para la captación de datos y comunicaciones;

(c) la existencia de grandes proveedores de servicios de Internet -que a su vez almacenan millones de datos de clientes (Google, Facebook, Skype, Microsoft, Apple, Compañías de telefonía,…)-; y

(d) el desarrollo de programas informáticos muy elaborados y potentes que son capaces, no simplemente de recabar multitud de datos, sino de tratarlos y extraer una información de calidad. Esa recopilación de información que realizan los servicios de inteligencia aparenta ser cada vez menos selectiva en cuanto sus destinatarios, puede ser muy incisiva (se tiene la capacidad técnica de filtrar millones de datos, interpretarlos con perspectiva y crear perfiles) y se realiza de un modo globalizado. Es un control de carácter estratégico, exploratorio, táctico, preventivo, general, prospectivo, -como prefiera denominarse-. En todo caso, es una vigilancia que incide sobre miles de ciudadanos sin que exista el más mínimo indicio en ellos que pudiera justificarla.

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Las escasas explicaciones de los poderes públicos aluden, entre otras razones, a la necesidad de prevenir riesgos, de recabar información para poder actuar frente a las amenazas a las que se enfrenta el mundo globalizado -en concreto frente al terrorismo internacional-, y de salvaguardar la seguridad nacional.

En este contexto, la ciudadanía no pude más que inquietarse. Las preguntas que se hace son muchas: ¿hasta qué punto  estoy siendo controlado? ¿puede hacer esto el Estado? Si lo hacen para prevenir futuros riesgos, ¿están justificadas en todas las ocasiones las medidas que los Gobiernos adoptan?, ¿son ciertos esos riesgos o están sobrevalorados? ¿cuándo están legitimados los Gobiernos para adoptar determinadas medidas que suponen cercenar mis libertades? ¿tengo derecho a saberlo?

La ciudadanía quiere saber. La (libre) información constituye un elemento nuclear en cualquier democracia. Ésta exige participación y para participar hay que estar informado. Los ciudadanos necesitan poder emplazar a los gobiernos a informar sobre cómo gestionaron los problemas sociales que surgieron, qué medidas se adoptaron y por qué lo hicieron. Queremos transparencia e información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde tener la capacidad de adoptar medidas de precaución ante los posibles riesgos para nuestros derechos o intereses -riesgos cuya existencia conocemos porque fluye la información-, hasta poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones del Estado al delito o a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Pero el derecho a ser informado sobre asuntos generales solo cubre el derecho a serlo de aquello que es de “interés público”, y aún así, no siempre. Porque, la Constitución no impone la publicidad absoluta de toda actuación de los poderes públicos. En la seguridad y defensa del Estado encontraremos la primera gran excepción: la exclusión de las materias referidas a la inteligencia (de esa información tratada con fines estratégicos) del derecho de acceso de los ciudadanos  y, por lo tanto, del debate público.

Aquí es donde se abren nuevos interrogantes:

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De entrada, nos planteamos: ¿está justificada y es proporcional la decisión de apartar del conocimiento público toda información sobre los controles masivos de datos y comunicaciones que puedan estar realizando los servicios de inteligencia? La vaguedad de la Ley (preconstitucional) de Secretos Oficiales ofrece al Gobierno márgenes tan poco precisos para decidir sobre la clasificación de una determinada información, que pone fácil la declaración del secreto, y se corre el peligro de convertir esta prerrogativa en una especie de carta blanca a su favor. La Ley le autoriza a retener aquella información cuyo conocimiento pueda provocar (desde su perspectiva) un peligro para la seguridad del Estado, permitiéndole actuar sin control alguno por parte del poder judicial o de la ciudadanía.

Incluso podríamos aceptar que no se puede saber todo, que hay un interés público que proteger -la propia seguridad-, que determinadas actuaciones de los servicios de inteligencia y sus métodos no pueden ser conocidos, porque se pondría en riesgo el éxito de sus misiones o podría suponer dejar en manos de terceros una información que puede dañar los intereses individuales o colectivos de un país. Aún así, cabe una información a posteriori. Cuando la información que recaban los servicios de inteligencia no necesita seguir manteniéndose como reservada, porque su conocimiento ya no puede poner en peligro la seguridad nacional, o, simplemente, cuando ese secreto es desvelado por quien no debía hacerlo, lo que antes estaba fuera del alcance del público pasa a ser de general conocimiento. Es cuando la sociedad recobra los elementos necesarios para seguir ejerciendo su derecho a participar: su derecho a exigir explicaciones, a entender el porqué de una actuación, de los medios utilizados y sus consecuencias, a fiscalizar si la acción estatal constituía la única alternativa, si fue proporcionada y si se respetaron las reglas del Derecho. En definitiva, a exigir una rendición de cuentas. Es cuando las instituciones reafirman su legitimidad o se deslegitiman.

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En el debate público está la cuestión de cómo se están gestionando los riesgos o amenazas en nuestros días, y si las técnicas y medidas de lucha contra esos riesgos son proporcionales a los mismos. ¿Tiene justificación que para la persecución de posibles terroristas se almacenen y procesen de forma masiva datos de millones de ciudadanos? ¿Tiene sentido que ello se haga sin que exista ningún indicio racional de que los espiados puedan tener la más mínima relación con actos terroristas? ¿El riesgo del terrorismo es tan fuerte que justifica ese tipo de intromisiones en la privacidad de los ciudadanos? Se trata de una cuestión que interesa a la ciudadanía. Esperamos que nuestros gobernantes adopten los medios para conseguir un equilibrio entre la garantía de la seguridad y, al tiempo, la salvaguarda de unos estándares básicos de respeto de nuestros derechos.

Porque hablamos de derechos fundamentales que están en juego: la libertad informativa, el derecho a la autodeterminación personal, el derecho a la privacidad, derecho al secreto de las comunicaciones… Puesto que nos encontramos ante el tratamiento de datos personales, debieran acompañarle todos aquellos principios que reglan y limitan este tipo de actividad. Aunque pudiéramos no tener derecho a saber a priori que esas labores de espionaje se producen, sí tenemos derecho, como mínimo, a que el tratamiento de los datos sea el adecuado y que las actividades de vigilancia se realice dentro del respeto a la legalidad vigente: que haya autorización judicial cuando así se requiera, que la recopilación de datos tenga una justificación o finalidad concreta, que se adopten las medidas de seguridad necesarias para que terceros no puedan acceder a los mismos, o que nuestros datos sean usados únicamente con el propósito para el que fueron recabados. ¿Tenemos garantía de que ellos es así? ¿Acaso esa masiva recopilación de datos no puede estar sirviendo al tiempo a otros intereses distintos al de la salvaguarda de la seguridad?

En definitiva, tenemos libertades que alegar y derechos que proteger. Para hacer frente a la amenaza del terrorismo, como a cualesquiera otras, habrá que barajar principios como los de prevención, precaución y anticipación, pero también los de proporcionalidad, justificación, respeto al Estado de Derecho y responsabilidad. No podemos olvidar que sin seguridad no nos sentimos libres, pero si se coartan nuestras libertades, de nada nos sirve sentirnos seguros.

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