Últimas imágenes de la tortura

Jesús García Cívico

La concesión de amparo, estos días, por el Tribunal Constitucional a una joven por una investigación sobre torturas cerrada en falso; la justificación de Jefe de la Guardia Civil en Baleares de las continuas (normalizadas) agresiones a detenidos; el reciente informe del Ministerio Público de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires sobre malos tratos cometidos por sus fuerzas de seguridad durante los primeros meses de 2016 (2 al día); pero, sobre todo, las constantes denuncias de organismos como Amnistía Internacional sobre la extensión de la tortura en el mundo, permiten afirmar que esa auténtica aberración de nuestros sistemas, esa afrenta a la civilización que es la tortura, es una cuestión de triste actualidad.

Cuestión de triste actualidad, y, sin embargo, ninguna de esas tres noticias es estrictamente novedosa: nuestro país ha sido sancionado en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar eficazmente este crimen; a su vez, las torturas cometidas por ejército y policía en Argentina y otros países americanos son bien conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuestión aparte es el hecho de que los testimonios recogidos por la comisión coordinada por el escritor Ernesto Sábato en Nunca más, el informe sobre violaciones de derechos humanos de la dictadura argentina, constituye todavía hoy uno de los documentos más estremecedores sobre lo que Luigi Ferrajoli o Massimo La Torre han calificado en términos de «batalla contra la razón»); por último, y por lo que respecta a la situación global, el informe 2015-2016 de Amnistía Internacional calcula que son 122 los países en los que hoy se tortura. Más concretamente el informe de Human Rights Watch, «No more excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture» pone al descubierto, no sólo la brutalidad e ilegalidad del programa de la agencia norteamericana de inteligencia, sino la falta de interés de la justicia en pedir la más elemental rendición de cuentas.

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Mural en Bagdad

En general, para cualquier aproximación histórica o socio-jurídica a la tortura siguen siendo indispensables los trabajos de Tomás y Valiente, así como las obras de referencia de Mellor, Fiorelli, Langbein y Peters, entre otros. Es igualmente numerosa la atención académica a estas cuestiones al hilo de la red de torturas que siguió a la reacción de la primera administración del presidente de EEUU George Bush, a los atentados del 11 de septiembre, así que a lo que modestamente invitamos en Al revés y al derecho, es a considerar pertinente una mirada a la tortura a través de imágenes que podría complementar, en algún punto, la visión siempre inacabada de este hecho terrible. Un hecho, el de la tortura, al que toda persona, y en particular, todo jurista debería dedicar un tiempo de reflexión, aunque sólo sea porque derecho y tortura han sido cómplices demasiado tiempo, y la tentación (véanse a este respecto, las siniestras opiniones de juristas y políticos como Dershowitz, Baybee, González o Jon Yoo) de continuar con esa macabra relación, permite ver el futuro inmediato del derecho a no sufrir torturas (un derecho, recordémoslo, de carácter absoluto) con menos optimismo que el que tuvieron los ilustrados Jefferson y Voltaire, el primero diciendo aquello de que entre gente civilizada nunca más se quemarían libros, el segundo asegurando que jamás regresaría la tortura judicial.

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Enrique Martí, Getsemaní, 2008

¿Hay alguna novedad en torno a la tortura? Creo que sí y que tiene que ver con una suerte de normalización (de sofisticación de su institucionalización, por decirlo así) de la impunidad, paralela al abuso, tan cínico como peligroso, de los eufemismos del tipo «interrogatorio mejorado» o «presión física moderada». Es una novedad que afecta al ánimo con la que se oculta y lleva a cabo, a la retórica de la excepción y a la responsabilidad de los agentes. Todo ello es observable a través de imágenes. ¿Qué imágenes, pueden integrarse en la comprensión actual de esa lacra de la tortura (un «cáncer que crece» en expresión de Javier de Lucas, también en democracia)?

En primer lugar, habría que reconocer que la reproducción artística (mímesis) de la tortura no es en absoluto novedosa: en lo que toca a la ficción, el arte pronto obtuvo en la tortura un tema recurrente, básicamente a partir de recreaciones del martirio de Cristo, de los tormentos de santos y de la representación del infierno de acuerdo con la escatología católica. También hay tormento en pinturas de suplicios mitológicos y en la recreación de castigos feudales en China y Japón, la hay en las imágenes que invariablemente acompañan la historia occidental, ahora la Inquisición, ahora la quema de brujas, la cruzada, la guerra y sus crueldades, ahora la práctica judicial, ahora la esclavitud, la opresión colonial, los «descubrimientos», las «conquistas»: desmembramientos, flagelaciones, seres humanos desollados vivos, mutilaciones, cuerpos quemados entre alaridos, decapitaciones, amputaciones, violaciones, cuerpos hervidos en vida. En muchos de ellos el artista capta el dolor, pero sobre todo… la indiferencia, cuando no el regocijo del torturador y del espectador. La tortura es también un proceso y las cuatro etapas de la crueldad de William Hogarth (captación del «espíritu diabólico de la barbarie») son un ejemplo tan clásico como conocido.

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Hogarth, The reward of cruelty, 1751

Solo en el siglo XX la imagen de la tortura acompaña los trabajos (de muy distintas calidades e intenciones estéticas) del propio Picasso, de Lovis Corinth, de Max Ernst, Georg Grosz, Max Beckmann, Otto Dix, Aroldo Bonzagni, Bohumil Kubišta, Leon Golub, Nancy Spero, Pier-Paolo Pasolini

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Max Beckmann, Die Nacht, 1918

¿Hay pues algo sustancialmente distinto, una tendencia particular, en la representación de la tortura en el siglo XXI? En primer lugar, y por centrarnos sólo en las imágenes de la primera década, parece indispensable desentrañar los significados de las imágenes reales (fotografías, vídeos y otros documentos gráficos) de Guantánamo y Abu Ghraib en relación con hechos que las precedieron. Estas imágenes son importantes para comprender nuestro siglo, siglo de la imagen, pero lo son aún más, en un sentido político, porque el siglo XXI comenzó con una imagen en movimiento: el terrible derrumbe de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York a la que siguió, como recuerdan entre otros Habermas, un hecho peor, la violación de la legalidad internacional. La imagen de ese derrumbe tuvo desde el principio algo de irreal y de golpe emocional, pero también desempeñó una función ligada al imaginario del orden: la imagen, tantas veces repetida, dejaba en suspenso, congelaba, la conmoción y su contracara, el estado de alarma y excepción.

La generalización, el ánimo de venganza, la necesidad de reafirmación del poder, la desproporción entre los fines y los medios, eran todos ellos asuntos que se habían asumido desde el principio, es por ello que las imágenes que llegaron inmediatamente después del 11/S, las fotografías de un centro de detenciones en Irak, provocaran reacciones de naturaleza contradictoria.

El escándalo conocido como el de Abu Ghraib empezó en enero de 2003 cuando el soldado Joseph Darby destapó numerosas fotografías de abusos sobre detenidos en esa prisión iraquí por parte de agentes de los EEUU. Las imágenes eran ofensivas desde cualquier consideración ética como jurídica, pero, sobre todo eran… grotescas. ¿Qué hacía esa joven con el pulgar levantado ante una pirámide de hombres desnudos apilados de forma obscena con signos de haber sufrido violencia sexual y otros tipos de llamativas vejaciones? ¿A qué vienen todas las fotografías de esos chicos desorientados, desnudos llenos hasta las cejas de orín y desechos fecales, con la cabeza cubierta, incapaces ya no de ver de dónde vienen los golpes o los ladridos de los perros, sino de percatarse de las sonrisas orgullosas de sus sádicos maltratadores? ¿Y ese hombre en forma de árbol de Navidad, sus testículos rodeados de cables eléctricos?

Uno de los textos que mejor responde a estas cuestiones es el del periodista norteamericano Marc Danner. Los abusos expresados en humillaciones físicas, morales y psicológicas, la mayor parte en relación con el sexo, no se explican sin la confluencia de muchos factores. La respuesta de Danner, es que se trata básicamente de la forma torpe, pero gráfica de cumplir órdenes ambiguas «de arriba abajo» a través de materiales simbólicos y culturales.

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Nancy Spero, Torture of Women

Sí, la idea central de Danner es que esas imágenes reflejan exactamente una voluntad. Traducen, con extraordinario éxito simbólico, una política sistemática: los soldados debían «aflojar» a los detenidos para posteriores interrogatorios. El medio más rápido era tratarles con tanto desprecio y dureza que temieran que cualquier cosa podía pasar allí, dicho de otra forma, se trataba de hacerles saber que no se les iba a respetar en ningún sentido. «Asegúrense de que pasen una mala noche». ¿Cómo hacerlo? Básicamente, invirtiendo el imaginario del trato debido. Los soldados norteamericanos conocían la teoría acerca las diferencias culturales y de las sensibilidades locales. A través de la inversión de ese mundo de valores e imágenes lograron un microcosmos de pesadilla.

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Grzegorz Klaman Fear and Trembling, 2007

Hay en esas imágenes regodeo, hay algo de orgullo de vengador. Lo expresaba bien García Amado (Torturas en el cine, 2005) cuando al hilo de otra tortura, la de la ficción, recuerda que O´Brien, personaje de 1984, es consciente de que no busca una confesión sino acabar con el sentimiento de sentirse hombre. La tortura es ineficaz como forma de esclarecer una verdad procesal pues en mayor o en menor medida, se aplica como venganza y no como recurso procesal, pues se sabe su nula fiabilidad. La tortura es un crimen y, además es una forma ineficaz de luchar contra el terrorismo. Sus efectos son perversos, en el peor de los casos, da siniestros argumentos a los terroristas.

Los soldados aprovecharon la orden para combinar dureza física y verbal con vejaciones sexuales, más o menos recurrentes de trasfondo cultural que llevaran a los detenidos a sufrir físicamente, pero sobre todo a padecer íntimamente un intenso sentimiento de vergüenza e inferioridad: violaciones anales con palos de escoba o tubos fluorescentes, masturbaciones forzosas, vejaciones con animales al ritmo de música rock; a la mayoría se le hacía degustar sus propias heces o se les orinaba encima. Que los detenidos iraquíes experimentaran un intenso sentimiento de vergüenza era algo buscado, de ahí, la predilección por las de mujeres entre las vejadoras, y de ahí las fotografías: la imagen perpetúa la humillación en el tiempo.

Nótese que algunos de esos detenidos fueron luego puestos en libertad porque como la mayoría de los que pasaron por esos centros, no habían cometido ningún delito.

En esta fotografía del canadiense Jonathan Hobin, una niña imita a la soldado Lynndie England.

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Jonathan Hobin, In the playroom, 2012

A pesar del escándalo de las imágenes casi nada cambió: Bush ganó un segundo mandato, la cuestión no ocupó el debate político y apenas se castigó a los culpables. ¿Y la gente?, ¿y la ciudadanía? ¿por qué no se produjo un clamor ciudadano en relación, por ejemplo, con los valores y los principios más elementales sobre los que, es necesario, recordarlo, se estaba produciendo toda esa ofensiva militar pero también política?

Escribió John Berger con ocasión de la publicación de Sobre la fotografía que todos los debates y análisis futuros sobre el papel de la fotografía en la mediática sociedad de la abundancia deberían partir de ese libro. De acuerdo con la autora, Susan Sontag, lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es la existencia de una conciencia políticamente relevante. Esto es, para la autora de Sobre la fotografía, «sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores». Sontag, se refería a las fotografías icónicas del siglo XX, el siglo breve según Hobsbawm: Auschwitz, Hiroshima, el Gulag. ¿Cómo afectarán, las nuestras, a una generación venidera? ¿Qué tipo de conciencia política desentrañará sus múltiples significados?

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De momento, el impacto de las imágenes de esa tortura sádica y grotesca es muy variado, va desde las esculturas que se golpean la cabeza contra el muro en la obra del escultor polaco Grzegor Klaman (Nowy Targ, 1959) o ya en nuestro país el desasosiego de Enrique Marty (Salamanca, 1969). En este último caso, y por citar solo una obra, «Getsemaní», representa con ironía ácida, tal como apuntaba recientemente la gestora cultural Maite Ibáñez, un episodio de la tortura cristiana desde una óptica actual con una imagen terrible que podemos identificar con cualquier prisionero de Siria o Guantánamo. El impacto de las imágenes de Abu Ghraib, generó pronto las conocidas series del artista colombiano, Botero o el arte callejero de Banksy, pero la disposición de los cuerpos humillados y torturados en una suerte de tableau vivant ha inspirado otras imágenes, Marta Sytniewski, el caricaturista brasileño Carlos Latuff, el estupendo artista valenciano Artur Heras.

El libro de Stephen F. Eisenman The Abu Ghraib Effect, da cuenta del fenómeno del impacto visual, los efectos de la imagen y el interesado en esta cuestión encontrará ahí, muchos referentes.

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Artur Heras, Deriva mediterrània, 2014-2016

La frivolidad y el sadismo grotesco en el que hemos hecho hincapié lo captaron perfectamente los británicos Jake y Dinos Chapman en su rectificación al Goya de Los desastres de la guerra o en Great Deeds against the Dead: imagen dantesca de un maniquí descoyuntado atado a un árbol.

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R. Crumb

En obras como la de abajo, un payaso de McDonalds participa en tumultuosas expresiones de guerras y tormentos.

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Dinos & Jake Chapman

Los desastres de la guerra es todavía una obra maestra, también en un sentido moral, pues Goya, el genio, tuvo el acierto de mostrar sin ambages el desengaño y la crudeza de la guerra, incluso cuando la abandera la razón. Por eso, lo peor de todo lo que rodea la tortura, pero también el imaginario de la guerra y el dolor, es que en ellos apenas ocurre, ni siquiera en las primeras décadas del siglo XXI, ninguna novedad.

Libertad de expresión e imparcialidad de los jueces: el caso De Prada

Fernando Flores

Se ha escrito mucho sobre la sorprendente capacidad del ministro del Interior, señor Fernández Díaz, para violentar la Constitución española, una capacidad que refuerza con la especial atención que dedica al Título Primero de la misma, el que reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Es por eso que atribuyo a una muestra de su perseverancia el que en las últimas semanas lo encontremos enredado en vicisitudes tan diversas como el escándalo de los espionajes a políticos independentistas, la puesta de nuestra seguridad en manos de la Virgen, o en la persecución de jueces que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Los dos primeros casos están recibiendo atención y reproche mediático, y no cabe duda de que, especialmente el primero, resultan muy graves. El último, sin embargo, no sólo ha pasado relativamente desapercibido a pesar de su importancia (aunque ha sido objeto de varios artículos relevantes), sino que su tratamiento está siendo confuso incluso por algunas organizaciones que, con razón, defienden el derecho de los jueces a opinar sobre temas tan sensibles como el de la tortura. Veamos. Sigue leyendo

Secretos y mentiras. El caso Víctor Jara

Almudena Bernabeu

Los regímenes dictatoriales no se establecen con vocación de agotarse. Esencial a esa irregular concentración de poder es la arrogancia para mantenerlo y una interesante capacidad de denegar que habrá un futuro, un después de tanto poder.

Como consecuencia de ello, es pertinente observar cómo los diferentes actores sociales propios de este tipo de regímenes (fuerzas armadas, servicios de inteligencia, iglesias, empresarios, medios de comunicación), ponen en marcha, tras el agotamiento real o aparente de esa dictadura, lo que a efectos de hacerme entender en este artículo llamaré (coloquialmente hablando, claro) secretos y mentiras. Nunca pensaron que tendrían que ocultarlo. A la brutal y soez aplicación de sus políticas de Estado (miedo, represión, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones), y con el ánimo –presumo– de perpetuarlas (ya no abiertamente, pues su poder se ha debilitado) se une la persistencia en negar lo que ocurrió, y ocultar las circunstancias de lo ocurrido. Es decir, como nunca pensaron que hubiera que ocultarlo o maquillarlo, hoy simplemente lo niegan. Pasados tantos años mienten o se niegan a hablar, boicoteando a diario la sociedad en que viven. A la deshumanización de la violencia que infligieron se une ahora la que acarrea la negación de lo hecho. Y me pregunto: ¿Dónde están los límites de la deshumanización? ¿No fue suficiente el dolor causado? ¿Hay que negarlo, sin ningún matiz? ¿A qué le tienen miedo? Sigue leyendo

Naciones Unidas y las desapariciones forzadas en España

Javier Chinchón Álvarez

Con motivo del día internacional de las víctimas de desapariciones forzada, el pasado 30 de agosto nuestro Gobierno declaraba solemnemente que “[e]l compromiso de España en esta materia se manifiesta de manera aún más patente este año 2013, ya que en el mes de septiembre España recibirá la visita del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de Naciones Unidas (…) [y] asimismo, en el mes de noviembre el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas examinará el primer informe que España ha presentado sobre su grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

A fines del mes de septiembre, al hacerse públicas las primeras conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo tras finalizar su visita, escuché como un ex-alto dirigente del Partido que hoy nos gobierna sentenciaba sobre ellas, en tertulia al uso, que “las Naciones Unidas no se enteran de nada”. La razón fundamental que ofrecía como sustento de tal valoración podría resumirse en que frente a lo que el Grupo de Trabajo había constatado y señalado respecto a la situación de las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo, la realidad no era otra que los españoles ya habíamos decidido dejar atrás todo aquello hace muchos años; de tal suerte que ponerse ahora a hablar de esto era algo absurdo, sin sentido, impertinente.

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Unas semanas después, en la fase final del examen del Informe presentado por España al Comité contra la Desaparición Forzada, la representante española sostuvo que la Convención era un instrumento de futuro, cuyo sentido y razón de ser (básicos por no decir únicos) no estaban referidos a los actos cometidos en el pasado. Estas palabras condensaban una posición de orden técnico que nuestro país sostuvo con denuedo ante el Comité, jurídicamente legítima aunque desde luego más que discutible; sobre la que de cualquier modo no quiero incidir en este momento, ni es necesario volver a rebatir. No obstante, aunque a una distancia dialéctica ciertamente sideral, esta última consideración y lo que reprodujimos antes parecieran presentar cierta coincidencia de fondo; esto es, una suerte de convicción de que sea como fuere, lo relativo a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo es algo que sólo pertenece a un pasado más o menos remoto, pero sin duda superado.

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El Tribunal Constitucional como Caballo de Troya

Fernando Flores

Probablemente, uno de los indicios más claros del estado terminal en que se encuentra nuestra Constitución sea el Tribunal Constitucional.

Este blog no está dedicado a las instituciones ni a la política en sentido estricto, sino a los derechos humanos, y por eso he dudado sobre la pertinencia de escribir sobre él. Pero creo que no hay más remedio. Lo que le pasa a nuestro “guardián de la Normal Fundamental” tiene una repercusión directa sobre la protección de nuestros derechos fundamentales, y esa repercusión es, desde hace tiempo, demoledora.

Los tribunales constitucionales nacieron a principios del siglo XX como defensores de la Constitución, es decir, como guardianes de la norma más importante, la que más directamente procede del ejercicio de la soberanía popular. Por eso sus competencias son tan poderosas. Puede anular las leyes que aprueba el Parlamento, por inconstitucionales, y tiene la última palabra en los conflictos que puedan suponer vulneración de los derechos humanos, creando jurisprudencia y obligando a los ciudadanos y a los poderes públicos a respetarlos y comportarse del modo que él decide.

Por lo tanto es un órgano constitucional clave para el sistema democrático y el Estado de Derecho, y por eso está necesitado de la mayor autoridad, la cual, como se sabe, no es lo mismo que el poder. Precisamente es éste, el poder que ostenta, el origen de su degradación, pues los partidos más fuertes (aunque de forma indisimulada el Partido Popular) no han soportado la tentación de hacer de él un instrumento político en provecho propio. El resultado es que el máximo intérprete de la Constitución, el que debe defenderla de los ataques que recibe, se ha convertido en uno de sus mayores problemas. Es como si la guardia pretoriana se hubiera revuelto contra el emperador.

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Lo sucedido ayer (la incorporación al Tribunal del descreído juez ultraconservador Enrique López, que estuvo apunto, pero solo apunto, de ser rechazado por no idóneo al considerar seis magistrados, de doce, que de ninguna manera cumplía el requisito de ser un “jurista de reconocido prestigio”) solo es un paso más, ni siquiera el decisivo, en una escalada de despropósitos dirigidos a la destrucción “material” del Tribunal.

Es verdad que el propio Tribunal tuvo ayer, en las manos de su Presidente Pascual Sala, la oportunidad de realizar un acto en defensa propia, y de hacerlo además por la vía institucional prevista, sin renuncias, dimisiones o inútiles declaraciones a la prensa. El Presidente pudo utilizar su voto de calidad para afirmar lo sabido por todo el mundo, que Enrique López no tiene altura profesional ni moral para formar parte del Tribunal Constitucional. Pero sobre todo pudo utilizarlo para dar un golpe de efecto a favor del Estado de Derecho y en contra del acto antisistema del Partido Popular, pues no es otra cosa la incorporación de este juez al alto tribunal. Sin embargo, no lo hizo. Sala votó a su favor y a su incorporación (¡quién supiera las “razones de Estado” que habrán de compensar las consecuencias de tal decisión!) y, quizás con ello, nos hizo ver hasta qué punto la situación del Tribunal (y de nuestro sistema) está perdida.

¿Y qué tiene que ver esto con la protección de los derechos fundamentales? Mucho, y en dos tiempos, el pasado y el que se nos viene encima.

Respecto del pasado, debería aclararse al público un “malentendido” alimentado en parte por los medios de comunicación. No es cierto que el Tribunal Constitucional haya sido unos años de mayoría progresista y a partir de esta semana lo sea de mayoría conservadora. Hemos tenido un Tribunal conservador que ahora pasa a ser reaccionario.

Algunas sentencias como la que reconoce la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012) han creado una sensación (periodística) de progresismo, pero son engañosas. La sentencia 198/2012 es en realidad un apaño (con alguno de los presuntos progresistas, para alcanzar una mayoría importante) que no dice que el artículo 32 de la Constitución reconoce el matrimonio entre homosexuales. Lo que declara la sentencia es que este tipo de matrimonio no es inconstitucional, y que es el legislador el que puede decidir si en él caben homosexuales o heterosexuales. Es decir, que el Tribunal no constitucionaliza el matrimonio homosexual, sino que lo deja en manos de la mayoría parlamentaria. Así las cosas, la legislación podría reformarse, retornar al año 2005 (¿alguien duda de la posibilidad viendo lo que sucede con la penalización del aborto?) donde solo cabía el matrimonio entre hombre y mujer, y ello no sería inconstitucional.

En otras ocasiones la ausencia de garantismo del Constitucional ha sido puesta en evidencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en el caso relativo a la doctrina Parot (sentencia de 10 de julio de 2012), o por los votos particulares de algunos magistrados (en minoría) verdaderamente comprometidos con la protección real de los derechos fundamentales. Así sucede, por ejemplo, en el recurso de amparo sobre torturas a miembros de SEGI (STC 12/2013, de 28 de enero de 2013 comentada en este blog), o en el que resuelve un recurso de inconstitucionalidad sobre el acceso por parte de la Dirección General de la Policía a los datos de los extranjeros inscritos en el padrón y sobre la regulación de las medidas de seguridad susceptibles de ser puestas en práctica en los centros de internamiento de extranjeros (STC 17/2013, de 31 de enero).

Especialmente dolorosa para la protección de los derechos resultó la resolución de inadmisión por la vía rápida de la cuestión de inconstitucionalidad por un juzgado de Sabadell que impugnaba el procedimiento de ejecución hipotecaria previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulnerar los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad. Un año y medio después el TJUE ha declarado ilegal ese procedimiento por contravenir la Directiva de los derechos de los consumidores, ya que les impide alegar eficazmente (vulnerando la tutela judicial) la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario.

¿Y en el tiempo futuro, el que se nos viene encima? Además de la ley del aborto (en manos de un numerario del Opus) y la reforma laboral (en manos de quien fue uno de sus redactores), este “nuevo” Tribunal tendrá que resolver sobre la constitucionalidad de unas reformas en materia de Justicia que se dirigen claramente a perseguir la protesta social y la libertad de expresión, cuando no directamente a desvirtuar el Estado de Derecho (ver aquí el excelente análisis de RIS). ¿Son magistrados como Enrique López, Francisco Hernando o Carlos Ollero los que van a defender la Constitución y los derechos ciudadanos del ataque antisistema del Partido Popular? De sobra sabemos que los mercenarios defienden solo a quien les paga.

Hoy he pasado junto a la sede del Tribunal Constitucional y he comprobado que allí queda el edificio cónico, y la rigurosa policía en la entrada. He imaginado a las amables bibliotecarias en su sala enmoquetada, a las funcionarias en el registro luminoso, a los asesores en sus despachos, y a los doce magistrados que casi nunca son magistradas, deliberando. Pero por mucho que miraba e imaginaba, ya no veía nada del Tribunal Constitucional que prevé nuestra Constitución, de su sentido y de su espíritu. De ese ya no queda nada.

La investigación de torturas por los jueces

(A propósito de la STC 12/2013, de 28 de enero de 2013) 

Fernando Flores

La noche del 24 de noviembre de 2009 la Policía Nacional detuvo en Bilbao a Aritz Petralanda. Éste pasó la noche en la comisaría de Indautxu y al día siguiente fue trasladado a Madrid, donde permaneció incomunicado en dependencias de la Audiencia Nacional. El día 26 fue puesto a disposición judicial, y el Juez decretó su ingreso en prisión. Transcurridos tres meses de estos hechos Petralanda denunció haber sufrido torturas y malos tratos durante su detención por parte de la Policía (agresiones físicas de diferente intensidad, y maltrato de palabra agresivo y lesivo para su integridad moral). Sus argumentos no tuvieron eco en la jurisdicción ordinaria y, finalmente, recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que ahora lo ha desestimado.

La demanda de amparo se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24 CE), en relación con el derecho a no sufrir torturas ni tratos inhumanos o degradantes (art.15 CE). En resumen, Aritz Petralanda argumenta que la instrucción de su denuncia fue insuficiente e inefectiva, pues de las diligencias solicitadas al Juez no se llevaron a cabo las que considera más decisivas: no se le recibió declaración (al denunciante); no fue reconocido física y psicológicamente (ya que durante la detención, ante los forenses, se negó a ser reconocido); no se tomó declaración a los forenses (solo se tuvo en cuenta los informes escritos); no se tomó declaración a otras personas que participaron en la detención; y no se aportaron las grabaciones de cámara realizadas durante su incomunicación (la Policía negó su existencia).

La sentencia del Tribunal tiene interés tanto por el fallo como por el voto particular que la acompaña (voto particular que coincide con la opinión del fiscal), pues en ellos se presentan dos formas diferentes de entender el modo de abordar la protección contra la comisión de torturas. En mi opinión, vence la postura menos garantista del derecho a no sufrirlas.

A dejar claro desde el principio que el Constitucional, en su sentencia, no debe decidir sobre si Petralanda sufrió o no torturas, ni debe conocer las causas por las que fue detenido. Su competencia consiste en determinar si la investigación de los hechos fue lo suficientemente profunda y diligente, a la vista de la gravedad de lo denunciado. Es decir, si el archivo por parte de los Jueces ordinarios de la reclamación sobre las torturas estuvo basada en argumentos razonables.

La mayoría del Tribunal Constitucional considera que fue así. Fundamentalmente con base en dos argumentos:

Primero. Porque no se consiguió por parte del demandante demostrar que existían sospechas razonables de que la Policía cometió el delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes.

Segundo. Porque, en opinión del Tribunal, los jueces ordinarios realizaron todas las diligencias de indagación razonables y útiles para aclarar los hechos.

En cuanto a la inconsistencia de cualquier indicio que apoyara la veracidad de la denuncia, el Tribunal llega a esta conclusión a partir de los informes de los médicos forenses –cuatro, uno en Bilbao, tres en Madrid– fruto de los reconocimientos a los que fue sometido Petralanda. De la lectura de estos informes no se deducen indicios de que el detenido estaba siendo sometido a malos tratos físicos o psíquicos.

Además, argumenta el Tribunal, Aritz no alegó ni ante los médicos, ni ante su Abogado de oficio, ni ante el Juez, haber sido maltratado. Si a ello se añade el tiempo de tres meses transcurridos entre la detención y la denuncia de los hechos (dato que el Constitucional no considera decisivo pero sí relevante), se deduce que no existen sospechas razonables acerca de la posible comisión de los hechos denunciados.

Con esta premisa (no hay sospecha razonable de delito), el segundo argumento cae por su propio peso. Para el Tribunal, al no concurrir indicios no es necesario profundizar en la investigación; es decir, no es necesario que se realicen todas las propuestas solicitadas por el demandante y, en consecuencia, se deduce que los jueces ordinarios actuaron correctamente.

Sin embargo, frente a los argumentos de la mayoría existe un interesante voto particular (al que se une otro magistrado) que entiende que el amparo debería haber sido otorgado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) en relación con el derecho a no sufrir torturas (art.15 CE).

En primer lugar, el voto discrepante impugna el enfoque de la sentencia. La función del Tribunal, a su entender, es analizar la argumentación desarrollada por los órganos judiciales, pues lo relevante es comprobar si la motivación de esos jueces había sido lo suficientemente sólida (se requiere en caso de posibles abusos sobre derechos fundamentales) para justificar el archivo de la denuncia de torturas. Frente a ello, la sentencia se dedica a valorar la única diligencia practicada (los informes de los médicos forenses) y a darle credibilidad, algo propio de la jurisdicción ordinaria, no de la constitucional.

En segundo lugar, el magistrado discrepante desciende al caso concreto, algo exigido por la jurisprudencia del propio Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero de cuya falta adolece la sentencia. Y es que debe tenerse en cuenta que lo que precisamente se denuncia es la creación por parte de la Policía de un ambiente de intimidación e inseguridad para hacer más vulnerable al detenido incomunicado. Y es este tipo de situaciones (de muy difícil demostración) la que requiere una especial diligencia por parte de los jueces instructores. Diligencia que debe mostrarse tanto en el agotamiento de las actuaciones que puedan proporcionar información sobre lo sucedido, como en la argumentación que lleve a la decisión final, sea esta de archivo o no.

A partir de aquí, se deduce que los argumentos de los jueces ordinarios para archivar las actuaciones (que durante la detención no se quejara del maltrato a médicos ni a juez; que los informes forenses no revelen síntomas de amenazas e intimidación; que transcurrieran tres meses desde los hechos a la denuncia) no fueron suficientemente sólidos. En este sentido, debe entenderse que resuelta difícil que quien se encuentra bajo el control de la Policía, mediata o inmediatamente, se queje del trato recibido por ella. Además, llama la atención que Petralanda se negase a contestar a los dos primeros forenses (sus reconocimientos se hacen bajo directo control policial) y al juez acerca del trato policial recibido.

En coherencia con ello, el voto particular entiende que las diligencias judiciales fueron ineficaces, y que hubieran debido aumentarse, al menos en las solicitadas por el demandante (así, parece relevante la declaración de quien se considera víctima de la tortura, la de su Abogado de oficio y la de los dos forenses que lo reconocieron primero).

En definitiva, sin investigación suficiente ni argumentos sólidos, se considera que se vulneraron los derechos del demandante y que el amparo debió concederse.

            Comentario

Creo que los argumentos del voto particular son más consistentes que los de la sentencia y más cercanos a los principios constitucionales y de Derecho internacional, los cuales exigen una especial diligencia en la garantía y protección de los derechos humanos.

Debe tenerse en cuenta que el veto a la tortura y a los tratos inhumanos y degradantes es considerado por los tratados internacionales de derechos humanos como el único derecho fundamental absoluto, pues nada puede justificar la tortura ni limitar su prohibición. Esta posición debe ser mantenida con firmeza, sobre todo frente a las posturas (crecientes) que admiten la posibilidad de aplicar un “cierto grado de tortura” en casos de terrorismo.

De la sentencia se deduce la enorme importancia de atender a las circunstancias del caso concreto. Sin entrar a valorar si se produjeron o no acciones inconstitucionales por parte de la Policía, es patente que los hechos denunciados presentan, por su propia naturaleza (torturas psicológicas más que físicas, acciones de intimidación, amenazas…), una enorme dificultad de prueba. Pero esta dificultad no puede servir de argumento a los jueces para rechazar una investigación más profunda por falta de indicios o sospechas razonables, sino que, por el contrario, constituyen el pretexto para realizar todas las diligencias necesarias que les acerquen lo más posible a lo que realmente sucedió.

STC 12-2013 Caso Segi BOE-A-2013-2162