Aborto: otro gran paso atrás

Joan Carles Carbonell Mateu

Tras varios meses de aparente debate en el seno del PP, el Gobierno acaba de aprobar un Anteproyecto de Reforma de la Despenalización –para pasar a la penalización- de la Interrupción Libre del Embarazo, con abandono del vigente sistema de plazo con información a la embarazada y el regreso a un sistema de indicaciones más rígido que el que estuvo vigente desde 1985 hasta 2010 y que no incluye la despenalización en caso de graves malformaciones en el feto, la mal llamada “indicación eugenésica”.

Actualmente rige en España la L.O. 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que introdujo un sistema de plazo con información, en cierta manera derivado de la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán (BVfG) de 1995, considerando ciertos votos particulares presentados en su día por tres de los nueve Magistrados: no es punible el aborto practicado durante las catorce primeras semanas de embarazo siempre que se cumplan determinados requisitos, el más importante de los cuales es que la mujer haya sido informada de sus opciones y hayan transcurrido 72 horas hasta que adopte su decisión. El sistema se combina con indicaciones transcurridas esas catorce semanas.

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La vuelta al sistema de indicaciones se realiza, según la declaración gubernamental, “para adaptar la legislación a la jurisprudencia constitucional”. Y, justamente eso, resulta sorprendente por demás. Porque la finalidad expresada constituye una auténtica falacia, toda vez que el Tribunal Constitucional español jamás se ha pronunciado sobre la vigente regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en su doctrina  en materia de aborto expresada fundamentalmente en la Sentencia 53/1985 de 15 de abril, no se contiene la menor referencia al sistema del plazo en general ni al del plazo con información previa obligatoria a la embarazada de manera específica. El Tribunal tan sólo obligó al legislador a que exigiera mayores garantías en la comprobación de la veracidad de los supuestos alegados. De ahí no puede inducirse, como ahora se pretende, que considerara agotadas las posibilidades constitucionales de no punición.

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¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga?

Belén Cardona

¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad? La pregunta no es nueva, desde la aprobación de nuestra Carta Magna y la inclusión del derecho a la huelga como derecho fundamental colectivo, en su art. 28.2, la cuestión se ha planteado con cierta frecuencia.

Hay que tener en cuenta que el régimen jurídico del derecho de huelga se contiene en una norma de carácter preconstitucional, el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, cuya texto fue sometido al control del Tribunal Constitucional en su emblemática sentencia 11/1981, de 8 de abril, que declaró derogadas buena parte de sus disposiciones, quedando vigentes los preceptos que actualmente constituyen la regulación del derecho del huelga en el ordenamiento laboral español.

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Sólo en 1993, bajo la penúltima legislatura de Felipe González, se estuvo a punto de aprobar una ley general de huelga, que finalmente no prosperó por el adelanto de las elecciones generales.

Ahora la pregunta vuelve a traerla a la actualidad, al calor de la huelga en los servicios de limpieza de Madrid, unas declaracionesdel presidente del Gobierno en las que informa sobre su decisión de encargar al Ministerio de Empleo que estudie una ley de servicios mínimos.

La regulación concreta de la huelga en servicios esenciales para la comunidad se encuentra en el art. 10 del Decreto Ley de 1977, que articula a favor de la autoridad gubernativa la facultad de imponer la realización de servicios mínimos a los trabajadores huelguistas, cuando la huelga afecte a servicios esenciales para la comunidad. La parquedad e indeterminación del precepto deja cuestiones en el aire, a las que la Jurisprudencia ha ido dando respuesta.

Indudablemente, la actual regulación del derecho de huelga adolece de defectos y carencias, no es la mejor de las regulaciones, pero podríamos decir que con el apoyo de la Jurisprudencia y doctrina de los tribunales se ha ido construyendo un edificio sólido y suficiente.

Pero partiendo de lo que parece ser la apertura de un nuevo escenario regulador en el que el ejecutivo tiene la intención de introducir lo que denomina una “ley de servicios mínimos”, es el momento de reflexionar sobre qué elementos sería interesante introducir en la misma y cuáles evitar.

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Comenzando por los factores negativos, el primero a evitar sería la adopción del prisma neoliberal, al que parecen haber sucumbido las instituciones europeas y según el cual las libertades económicas prevalecen sobre los derechos sociales fundamentales, como el derecho de huelga, y en la que éstos sólo son realizables en el espacio europeo condicionados y subordinados a los primeros. Es la lógica de la propuesta de Reglamento conocido como Monti II, que la Comisión Europea se vio obligada a retirar ante el rechazo sindical y social que condujo a diversos Parlamentos nacionales (entre los que no se hallaba España) a activar el procedimiento de “tarjeta amarilla”, que permite contestar iniciativas legislativas europeas, cuando se consideren lesivas del principio de subsidiariedad y por tanto de la soberanía nacional (n. 2 del Tratado de Lisboa).

Ni que se pretenda con la anunciada nueva regulación, introducir un aparato normativo restrictivo del ejercicio de derecho de huelga, que permita reprimir la oleada de protestas que la crisis y la destrucción de empleo y derechos laborales está provocando.

La óptica adecuada sería aquella de considerar el derecho de huelga como una forma de autotutela colectiva de los trabajadores que sirve para compensar la disparidad de fuerzas en el contrato de trabajo y que como tal mecanismo reequilibrador, merece consideración y reconocimiento de derecho fundamental, ponderando al tiempo la necesidad de atender y garantizar la prestación de los servicios esenciales a la comunidad, en nuestro diseño constitucional que no es otro que el del Estado social y democrático de Derecho, que proclama nuestra Constitución.

En referencia a qué elementos debería imprescindiblemente hacerse referencia en ese eventual diseño legal, una de las primeras cuestiones es la definición de servicio esencial.

No es cierto que existiera un vacío en este sentido, puesto que el Tribunal Constitucional ha ido construyendo en su jurisprudencia un concepto de servicio esencial a partir de la afectación a los usuarios de derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos, en la que se ha optado por ponderar las circunstancias concretas concurrentes (gravedad, duración, extensión territorial, ámbitos personales y funcionales afectados…), rechazando la consideración de antemano de una actividad productiva o servicio como esencial (SSTC 26/1981, 8/1992). Se trata de un concepto flexible, en el que partiendo de la obligada atención al interés de los ciudadanos de recibir los servicios considerados esenciales y admitiendo, por tanto, una constricción del ejercicio del derecho de huelga, dicha limitación debe ser entendida de manera restrictiva sin que, en ningún caso, dicho límite puede afectar el contenido esencial del derecho de huelga, dejándolo vacío de contenido por la vía de hacerlo  impracticable.

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Se trata de una cuestión de límites de un derecho fundamental “en la que, en la relación entre el derecho y su posible límite, el criterio de interpretación debe ser el de mayor amplitud posible del derecho y la restricción del límite a lo necesario” (SSTC 40/1995, 183/2006). La consideración de un servicio como esencial no puede comportar la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de prestarlo, sino “la necesidad de disponer las medidas precisas para su mantenimiento o, dicho de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal” (STC 191/2996; también, SSTC 26/1981, 53/1986, 27/1989, 43/1990).

Por otra parte, “la cláusula abierta de esencialidad” (MERINO SEGOVIA) que el Tribunal Constitucional construye ha permitido la generosa y paulatina introducción de diversos servicios en el amplio concepto de servicio esencial, también incorporado en la doctrina del Tribunal Supremo, así: el servicio de transporte ferroviario, el tráfico aéreo, transporte metropolitano urbano, residencia de ancianos, suministro de energía eléctrica, la estiba portuaria en el caso de un puerto de interés general, la alimentación básica, abastecimiento de agua, suministro de derivados del petróleo, administración de justicia, prisiones enseñanza, finanzas, hospitales, medios de comunicación, limpieza…

Choca esta tendencia propia de nuestro sistema, a la generosa consideración del concepto de esencialidad del servicio con los parámetros internacionales y tradicional doctrina de la OIT, que incorpora un concepto restrictivo al considerar que “al tratarse de una excepción del principio general del derecho de huelga, los servicios esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación total o parcial de ese principio deberían definirse de forma restrictiva; la Comisión estima, por lo tanto, que solo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población” (“Libertad sindical y negociación colectiva: el derecho de huelga”. Informe III, parte 4B, presentado a la 81 Conferencia de la OIT, 1994, apartado 159).

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Sería necesaria, por tanto, sí, una revisión del propio concepto de servicios esenciales y una definición más precisa del mismo. La amplitud con la que el Tribunal Constitucional ha interpretado la “vaporosa noción” de servicio esencial (BAYLOS GRAU) tiene un indudable potencial invasivo en el ejercicio del derecho fundamental de huelga del que sería necesario desprenderse.

En segundo lugar, siendo loable que el Gobierno haya manifestado su intención de buscar para esta futura norma el consenso con los agentes sociales, imprescindible en mi opinion, siempre que se quiera garantizar la pacífica aplicación de la misma, mayor importancia adquiere, si lo que se quiere es introducer un sistema moderno, democrático, eficiente y alejado de lógicas autoritaria, que se aproveche esta oportunidad para cuestionarse el modelo de decisión gubernativa articulado en el art. 10 del Decreto de 1977, que propicia, en ocasiones, el abuso de derecho en la fijación desproporcionada de servicios mínimos. Siguiendo al Profesor CABEZA PEREIRO, desde el respeto a la intervención y capacidad decisoria final de la autoridad gubernativa, sería el momento de dar carta de naturaleza a la participación de los sindicatos en la determinación de los servicios mínimos, lo que implicaría por otra parte atender a las reiteradas advertencies del Comité de Libertad Sindical al Reino de España, en dicho sentido.

Respondiendo a la pregunta que da título a este post, una nueva regulación del ejercicio de derecho de huelga en los servicios esenciales ¿resulta imprescindible y urgente? En mi opinion, no  ¿Podría ser positiva? Sí, siempre que la misma se realice sin urgencias, rehuyendo populismos, sin introducir en el debate la ficticia contraposición del interés de los usuarios al de los trabajadores huelguistas, buscando el consenso social y confiriendo el protagonismo necesario e imprescindible a los agentes sociales en la misma y desde la perspectiva de que lo que se pretenda sea introducir un sistema más eficiente, moderno y democrático de gestión en los procesos de huelga en servicios esenciales, escrupulosamente respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental a la huelga.

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Una oportunidad perdida

Manuel  Atienza

La lectura, hace unos días, de un artículo de Mario Vargas Llosa, “Los parias del Caribe”, me ha llevado a interesarme por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que está causando -y con razón- un considerable revuelo. La decisión del alto tribunal del pasado 23 de septiembre (168/13) niega la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes irregulares y ha merecido, por parte del gran escritor peruano, juicios de una extremada dureza. Así, califica la sentencia de “aberración jurídica”, “inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta”, de “paralogismo jurídico”, etc. Y de quienes la dictaron afirma que “a la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la hipocresía”; aunque señala también que “los dos jueces disidentes” del tribunal “salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria”.

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¿Tiene razón Vargas Llosa al descalificar de esa manera al tribunal y a la sentencia? Mi respuesta, después de haber leído con detalle la justificación de la decisión (de unas 150 páginas), es que sí; lo que prueba, por cierto, una vez más, que el sentido común, el sentido de la justicia y la técnica jurídica no pueden ir por caminos muy separados. O sea, que no hace falta ser un experto en Derecho para darse cuenta de que ciertas decisiones de los tribunales, simplemente, no pueden tener cabida en nuestros ordenamientos jurídicos porque, si la tuvieran, el Derecho de los Estados constitucionales no podría ser considerado como una institución, una práctica, racional encaminada a la obtención de decisiones razonablemente justas. Hay, ciertamente, algunas cuestiones de detalle, de precisión jurídica, que podrían aducirse en relación con ese artículo, pero ninguna de ellas reviste verdadera importancia. Yo diría que la principal corrección a introducir es que los miembros disidentes del tribunal no fueron “dos jueces”, como afirma Vargas Llosa, sino “dos juezas”, lo cual podría tener algún significado cuando se advierte que, de los trece magistrados firmantes de la sentencia, sólo tres eran mujeres. Por lo demás, el voto disidente de una de ellas, Katia Miguelina Jiménez Martínez, es un notable ejemplo de argumentación jurídica: un modelo de buena técnica jurídica al servicio de una causa justa. Lo que no puede decirse del voto mayoritario, por más que deba reconocerse en el mismo un buen oficio jurídico pero, ay, encaminado a justificar lo injustificable. Y pasemos ya de las (des)calificaciones al análisis.

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Mis cuatro verdades sobre la doctrina Parot

José Miguel Sánchez

21 de octubre de 2013. Dean Spielmann, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lee el fallo de una Sentencia de la Gran Sala. Se resuelve la solicitud de remisión realizada por el Gobierno español respecto de la Sentencia de la Sección Tercera de 10 de julio de 2012, recaída en el asunto del Río Prada c. España. La STEDH de 10 de julio de 2012 condenó a España por unanimidad de los siete Magistrados que entonces componían la Sección Tercera por vulneración de los derechos a la libertad (art. 5.1 CEDH) y al principio de legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) al aplicarse a la demandante la denominada doctrina Parot. La STEDH de 21 de octubre de 2013 confirma esa condena a España. La violación del derecho a la libertad (art. 5.1 CEDH) es apreciada por la unanimidad de los diecisiete Magistrados que conforma la Gran Sala. La violación del derecho a la legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) es apreciada por una mayoría de quince Magistrados contra dos.

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España se divide en dos. Los que no son capaces de atender a ningún tipo de argumento jurídico y los que no son capaces de entenderlos. Los primeros sólo ven la consecuencia del pronunciamiento. La puesta en libertad de la demandante y la caída en desgracia internacional de la doctrina Parot. Unos ansían que se aceleren las excarcelaciones. Da igual el porqué. Una nueva batalla ganada en Estrasburgo. Parece que desde un poco más lejos las cosas se ven y se ponderan de una manera diferente. Para otros, la sola idea de que la demandante saliera en libertad les resulta insoportable. Peor aún. Se temen la extensión de la doctrina de la Gran Sala y su aplicación sucesiva a todos aquellos que están en prisión por la doctrina Parot. Se cumplen sus peores augurios solo un día después. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 22 de octubre de 2013, acuerda la puesta en libertad con el apoyo del Ministerio Fiscal. Inés del Rio tiene un amplio historial criminal vinculado a su pertenencia a una banda terrorista. Fue condenada, entre otros muchos delitos, por diversos asesinatos. Entró en la cárcel el 6 de junio de 1987, con 29 años. Da igual que hubieran transcurrido más de 26 años y tenga ya 55 años de edad. Más repercusiones. Auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de octubre de 2013. Excarcelación con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2013. Nueva libertad. Ninguna de las personas de esta España estará interesada en este post. Espero que haya una segunda España. Una dispuesta a intentar entender que es todo este lío de la doctrina Parot. No estoy seguro de que exista. Me gustaría que existiera. No las tengo todas conmigo. A ella dirijo estas cuatro verdades sobre la doctrina Parot. No les engaño. No son las Verdades sobre esta doctrina. Son mis verdades.

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El burkini, una prenda «proporcionada» desde la perspectiva de los derechos humanos

Ana Valero

El Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo alemán acaba de dictar una sentencia con la que niega el derecho de las alumnas de religión musulmana a verse eximidas del deber de asistir a las clases mixtas de natación por motivos religiosos. La satisfacción de sus exigencias de conciencia habrá de limitarse, según el juez alemán, a poder asistir a las mismas ataviadas con el llamado “burkini”. El fallo se produce en respuesta a la pretendida exoneración de una alumna de 11 años de edad cuyos padres apelaron a una interpretación del Corán que impide que las mujeres mayores de 7 años muestren su cuerpo en presencia del sexo masculino.

Desde mi punto de vista, la instancia judicial alemana da una respuesta acertada, por proporcionada, a un conflicto de derechos fundamentales que tiene como telón de fondo la necesidad de conjugar el respeto a la identidad cultural y religiosa de los colectivos minoritarios en las sociedades europeas, con la protección del derecho a la educación integral y a la libre formación de la conciencia de los menores pertenecientes a dichos colectivos. Trataré de explicarme.

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Son múltiples las pretensiones de exención al cumplimiento de los deberes que impone la legislación del país de acogida que han llegado a las instancias administrativas o judiciales europeas en las últimas décadas, pero me centraré en las planteadas en el ámbito educativo. Ya en los años setenta, el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvieron que pronunciarse sobre la objeción de conciencia a la educación sexual planteada por determinados colectivos cristianos. Y más recientemente, múltiples son los supuestos de objeción que padres de religión musulmana presentan frente a la obligatoriedad de materias como la educación física, la asignatura de ciencias naturales o, incluso, la de música. A éstos cabe sumar el rechazo de ciertos padres con convicciones de raíz cristiana estadounidenses a que sus hijos adquieran conocimientos sobre la teoría evolucionista o el Darwinismo.

En todos estos supuestos de pretendida objeción por motivos religiosos las asignaturas cuestionadas formaban parte del currículo educativo obligatorio del sistema público de enseñanza, y en todos ellos, los demandantes consideraban que la integración de dicha materia en el currículo educativo de las escuelas públicas violaba su derecho de libertad religiosa y el derecho a que sus hijos recibiesen una formación que no contradiga las convicciones paternas. Y en todos ellos la respuesta judicial ha sido la misma: los derechos formativos de los padres deben ceder ante el derecho que corresponde a sus hijos de recibir una formación integral que contribuya al libre desarrollo de su personalidad. Pero vayamos paso a paso.

En relación con la educación sexual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Sentencias promulgadas en los Casos Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976 y Folgero c. Noruega, de 29 de junio de 2007- estableció una importante doctrina cuyos puntos esenciales pueden resultar enormemente útiles para el enjuiciamiento de los diferentes supuestos de objeción parcial al sistema homologado de enseñanza que todavía hoy se siguen planteando. Dicha doctrina puede resumirse así: el Estado, cuando en el ejercicio de sus competencias en materia educativa, diseña el currículo educativo oficial no está obligado a adecuarlo a las distintas opciones ideológicas o religiosas paternas “accomodation”, lo que haría de la enseñanza algo impracticable. Lo único que no puede hacer la Administración Pública es introducir en el Currículo Educativo materias claramente “adoctrinadoras” de los menores.

Pero ¿cuándo una materia o el tratamiento docente de la misma puede ser “adoctrinador”? A este respecto el Tribunal Europeo también es claro. Puede haber materias como la educación sexual cuyos contenidos sean sensibles para determinadas opciones ideológicas y/o religiosas de la sociedad, pero, si las mismas son tratadas en la escuela con la objetividad y la neutralidad suficiente como para que su aprendizaje incentive el espíritu crítico de los alumnos, el Estado puede introducirlas en el currículo educativo como obligatorias para satisfacer la “educación integral de los menores”.

“Educación integral” que debe ser entendida como la posibilidad que tiene el menor de acceder en el ámbito educativo al pluralismo de ideas, creencias y convicciones presentes en la sociedad, aunque sean distintas o contrarias a las de sus padres.

Si la escuela pública es el lugar idóneo para que convivan las ideas, creencias o convicciones en plena libertad y para que las mismas puedan ser contrastadas e incluso cuestionadas por los menores, es imprescindible que la misma sea neutral. Dicha neutralidad de la Administración educativa, entre otras, es la que pretende garantizar el principio de laicidad vigente en la mayor parte de las Constituciones occidentales de nuestro tiempo. En dicha línea, la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana establece el “principio de separación Iglesia y Estado” que se concreta en la prohibición de que en las escuelas públicas se enseñe religión.

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Pues bien, la Corte Suprema norteamericana debió pronunciarse sobre la demanda de diversos grupos cristianos que, durante años, y basándose en una interpretación literal de la Biblia, han tratado de expulsar del currículo educativo de la escuela pública la enseñanza de la teoría evolutiva o Darwinismo o han pretendido que la misma fuese expuesta a los alumnos como una teoría más e impartida en igualdad de condiciones a la teoría del creacionismo. En sus sentencias de los Casos Epperson v. Arkansas (1968) y Edwards v. Aguillard (1987), la Corte señaló que dichas pretensiones están basadas en una particular interpretación del Libro del Génesis por parte de un determinado grupo religioso y que, en consecuencia, tienen como finalidad última introducir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por la Primera Enmienda a la Constitución.

Dos décadas más tarde, en el Caso Edwards v. Aguillard (1987), la Corte Suprema tuvo que determinar si era acorde con la Primera Enmienda Constitucional una ley educativa del Estado de Lousiana que exigía a aquellas escuelas que enseñasen el Darwinismo en sus aulas, enseñar también la teoría creacionista. Y la respuesta fue contundente: la voluntad del legislador de Lousiana no era ampliar los conocimientos que sobre el origen del hombre podían adquirir los estudiantes en las escuelas del Estado, sino sujetar la enseñaza de todo lo relativo a este asunto a la visión de una confesión religiosa concreta, algo claramente inconstitucional.

A la Educación Sexual y al Darwinismo, debemos sumar desde el miércoles pasado una nueva materia: la natación. Siguiendo la misma línea de razonamiento que los Tribunales hasta ahora examinados, el Tribunal Administrativo Federal alemán ha entendido que la existencia de una prenda como el burkini permite “acomodar” las exigencias de vestimenta musulmana con el deber de las menores de dicha religión de asistir a las clases de una materia obligatoria. Y ello porque, según señala el propio Tribunal, es importante que las niñas musulmanas se vean confrontadas, siempre y cuando se sientan lo suficientemente cómodas, con alumnos que piensan de manera distinta en un clima de respeto y tolerancia.

Vemos cómo el Tribunal alemán prioriza el derecho de las menores a recibir una formación plural y, por ende, integral, que les permita tomar decisiones futuras, incluso de vestimenta, en plena libertad frente a las convicciones religiosas de sus propios padres, no sin buscar una solución equilibrada y “proporcionada” que respete todos los derechos fundamentales en conflicto: la utilización del burkini. Solución, por tanto, mucho más respetuosa con los derechos humanos que las prohibiciones absolutas que en materia de vestimenta musulmana –prohibición del uso del burka en los espacios públicos- han adoptado otros países europeos como Francia o Bélgica.

En el equilibrio y la proporción está el acierto y parece que el burkini, a pesar de dejar sólo al descubierto la cara, pies y manos de quien lo viste, es proporcionado.

La legitimidad en la lucha por los derechos (a propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH)

Javier de Lucas

Para Alicia Desahucio, con respeto y afecto y desde la distancia respecto a la PAH

Tengo el máximo respeto por quienes han padecido o padecen una situación que me parece tan injusta, inhumana e incluso cruel como es la legislación española aún vigente sobre desahucios. Respeto al que añado el agradecimiento por el valor, el coraje cívico que han demostrado a los ciudadanos que decidieron asociarse en PAH y mantener una firme voluntad de enfrentarse a esa estafa social.

Precisamente por eso, me parece obligado sumarme a algunas voces como la del blog teniente Kaffee, en su crítica a lo que provocativamente denuncia como una estrategia de  «postureo constitucional» por parte de la PAH y la Señora Colau.

Mi crítica se acrecienta ante la campaña lanzada por la propia PAH esta semana, el lunes 12 de agosto, con el propósito de que el Defensor del Pueblo presente el recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PlataformaQuizá deberíamos recordar que todo comienza cuando, con tanta contundencia como (a mi juicio) considerable imprecisión, los portavoces de la PAH (el para mí muy fiable letrado Sr Mayoral y la valiosa activista social Sra. Colau) anunciaron que la Plataforma había elaborado un “recurso de constitucionalidad” contra la ley que el PP impuso como reforma del  injusto marco legal de los desahucios, reforma que consideraban manifiestamente anticonstitucional. Pero cuando el PSOE anunció que se sumaba a esa iniciativa y que presentaría un recurso con la firma de 50 de sus parlamentarios, la PAH estalló ante lo que parecía considerar una usurpación de la legitimidad de la Plataforma. La respuesta del PSOE que en cierto modo plegó velas para no enfrentarse a la PAH puede verse  aquí.

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La PAH continuó su campaña manteniendo una, también a mi juicio, calculada ambigüedad sobre el hecho evidente de que no tiene capacidad jurídica para plantear un recurso de constitucionalidad y que, por tanto, debía recurrir a los partidos políticos o al Defensor del Pueblo para que así lo hiciera. Eso sí, aparentemente, con la condición de que no de debía modificar una coma de “su” recurso. El último paso, ante la evidencia de que el plazo para que el Defensor del Pueblo interpusiera recurso concluía esta semana, y que no cuentan con los 50 parlamentarios para hacerlo (pese al apoyo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo, apoyo recibido y aceptado a diferencia de lo que ocurrió con el PSOE), ha consistido en proponer la mencionada campaña de seudoescrache al Defensor, con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y a través de la plataforma oiga.me.

A mi juicio, el verdadero punctum dolens de la estrategia de la PAH consiste en que estos últimos pasos en su  también a mi juicio legítima y justa causa de acabar con el fraude del mal parche frente al drama de los desahucios que fue la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP, parecen poner de relieve algo que excede incluso a ese su problema, su tragedia. Porque esta línea de acción toca el núcleo mismo del debate sobre la necesidad de renovación de la legitimidad democrática. Y, a mi entender, la toma de posición de la PAH, que es legítima, claro, pero sólo respetable si sus argumentos lo fueran, podría implicar el riesgo de una considerable confusión acerca de la legitimidad social y política para luchar por los derechos, una cierta visión “patrimonial” de esa lucha (calificativo que sugirió en un debate en Facebook mi colega Pepe Calvo) en la que el copyright de quién fue primero y más ferviente defensor fuera más importante que los derechos mismos. Y, sobre todo, en la que con el agua sucia del desprestigio ganado a pulso por cierta clase política que ha hecho de la corrupción su sello, tirásemos el fundamento mismo de la legitimidad en cuestión que, para mí, es el respeto a lo acordado libre y razonadamente como marco legal: el respeto al Estado de Derecho, el respeto a lo que acordamos que debe valer como ley y a la tarea de los tribunales en ese Estado de Derecho. Quiero decir que, a mi entender, toda ley se puede modificar y aún tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Pero sin arrogarse exclusividades o privilegios en esa tarea, en aras de supuestas superioridades morales o autenticidades políticas. Nadie puede pretender estar por encima de los demás en esa tarea, pública, de todos, que es la lucha por los derechos y por el Derecho, que es la tarea política básica de todos los ciudadanos y que da sentido al Derecho y al Estado de Derecho.

Y es que pareciera como si la tarea de garantizar la legitimidad democrática ahora hubiera cambiado de titular. No me refiero al soberano que es y no puede dejar de ser otro que el pueblo, todos los ciudadanos. Los representantes políticos son servidores de ese soberano. Hasta ahí podíamos llegar. No hablo de eso. Me refiero a una especie de pendant político, por otra parte explicable ante los excesos y  bloqueos impuestos por un perverso juego de mayoría alentado por leyes electorales y de financiación de partidos a todas luces necesitadas de profunda renovación, un juego perverso cuyo resultado más sucio es la corrupción. Proclamada por no pocos ese Delenda est la democracia representativa y sus instituciones, el garante y el instrumento de la democracia auténtica (ya estamos con los calificativos) serían los movimientos sociales, los únicos no sospechosos de manipulación de nobles causas en aras de intereses espúreos. El test de la legitimidad democrática consistiría, pues, en el papel de esos movimientos. Porque la otra cara de la moneda sería ésta: los clásicos agentes institucionales, en primer lugar los partidos políticos, pero incluso el propio Parlamento y otras instituciones constitucionales (el Defensor del Pueblo, los tribunales de justicia) estarían bajo sospecha. De forma que sólo admitiríamos que luchan por los derechos si lo hacen en apoyo o de consuno con tal o cual movimiento social. De paso, esa sospecha recae sobre la legalidad constitucional y sobre la actuación, insisto, de los tribunales de justicia que, debido a su rigidez e inadecuación a la realidad social, deberían ser orillados como procedimientos inservibles y que, más allá incluso de viejas apelaciones a un uso alternativo del Derecho, pasarían a un cuarto plano, mientras se nos propone (o se nos predica) que nos dispongamos al inminente advenimiento de una verdadera ruptura constituyente, quizá bajo la guía del sendero luminoso que nos señala el movimiento social de turno…

Lo reitero: no soy yo quien va a discutir el merecido reconocimiento con el que cuenta la PAH como movimiento social y político. Ni su aportación a la pedagogía democrática, tan abandonada por los clásicos agentes institucionales, por ejemplo, por partidos y sindicatos, pero también por buena parte de las instituciones, comenzando por la jefatura del Estado, el monarca y la casa real que le rodea. Y es que, por otra parte, ¿cómo vamos a creer o aprender de quienes con sus hechos contradicen lo que pretenden defender? Sí. La valía de la PAH, su contribución a una sociedad más decente, mejor, su reconocido trabajo ciudadano anclado genuinamente en la solidaridad y que ha denunciado eficaz y valerosamente una forma de hacer política que parece otra cara de los negocios y, sobre todo, que no deja de producir víctimas, es indiscutible. Son un activo social y político, en el sentido de la reivindicación de lo público y por eso me pareció muy merecido el premio con el que les distinguió el Parlamento europeo. Precisamente por ello, considero muy desafortunado que la PAH haya entrado aparentemente –es obvio que puedo equivocarme; ojalá sea así- en una dinámica que acaba creando otras víctimas y contribuye al descrédito de todo lo que no se pliegue a su estrategia. Con todos los respeto y matices necesarios, algo como lo que ha pasado con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Así me lo parece ese juego según el cual ilusionan a la opinión pública con la confusión de que van a plantear un recurso, recurso que saben que no pueden llevar a término por sí solos. El hecho de convocar la rueda de prensa de presentación del “recurso”, el 7 de agosto, a las puertas del Constitucional,  contribuye a la confusión. Porque, evidentemente, el tal “recurso” no se presentó. Necesitaban que otros lo presenten (el Defensor o 50 parlamentarios): claro que quizá es que en su estrategia no les conviene mancharse las manos con el apoyo del PSOE, aunque eso sea incoherente con el hecho de que la PAH haya estado pidiendo que la sociedad civil y sus agentes -y los partidos lo son- compartan su problema. Tampoco me parece muy coherente descalificar obsoletas formalidades legales, para a continuación acudir sin empacho a triquiñuelas jurídicas propias de leguleyos, con la coartada de fondo de que su fin es bueno y legítimo. Y en tercer lugar, me parece indigno bloquear la comunicación de cualquier ciudadano con el Defensor del pueblo, que es el resultado –¿daño colateral, quizá?- de su última medida de presión, que no puede dejar de perjudicar a los demás ciudadanos que quieren, que necesitan contactar con el Defensor…y que acaban siendo victimas de la PAH, lo que me parece el colmo de la paradoja cruel…

Si San Bernardo levantase la cabeza (sobre funerales de Estado)

Fernando Flores

Si San Bernardo levantase la cabeza estaría la mar de contento con España, pues comprobaría cómo la doctrina de las dos espadas que inventó allá por el siglo XI sigue vigente y en buena forma.

Ayer, una vez más, y en el contexto de una tragedia tan impactante y demoledora para la sociedad como la del accidente de tren que ha costado la vida a setenta y nueve personas, el Estado español mostró su incompetencia para cumplir adecuadamente el artículo 16 de la Constitución. Como en otras ocasiones (11M, incendio de Guadalajara, víctimas del metro en Valencia…) ni se respetó la aconfesionalidad del Estado, ni se respetó, lo que es especialmente grave, la libertad de conciencia y religiosa de los fallecidos (y familiares) que no profesaban la religión católica.

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A las siete de la tarde los representantes civiles del Estado (los Príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, junto a su esposa Elvira Fernández, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la duquesa de Lugo, Infanta Doña Elena, que presidieron la misa “oficial”; cuatro ministros, el Fiscal General del Estado, el secretario general del PSOE …) ocupaban sus asientos en la catedral de Santiago. Unos centímetros más arriba de ellos, en el altar, celebraba el Arzobispo Julián Barrio. Esa es la imagen de nuestro país, unas instituciones incapaces de estar a la altura que se requiere, incapaces de consolar a los ciudadanos en sus peores momentos sin un cura de por medio. Suena fuerte pero así es.

Dice el Tribunal Constitucional español, cuyo presidente ocupaba la primera fila de autoridades en el mencionado funeral, que la libertad religiosa “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual…” (STC 177/1996).

Es lo que se ha dado en llamar vertiente interna o negativa de la libertad religiosa. Junto a ella, y completándola, existiría la dimensión externa de la libertad religiosa, que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros, es decir, para mostrar públicamente las mismas.

Pero no nos alejemos de la vertiente interna. El Tribunal Constitucional dice que la libertad religiosa es esgrimible ante “actos de los poderes públicos que, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado, obliguen a una persona a participar en un acto de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales”. Me pregunto si los familiares posiblemente agnósticos o ateos (o judíos, musulmanes, protestantes, budistas…) de las víctimas del accidente tenían opción de abstenerse de asistir al funeral, o estaban “obligados” a presentarse en el mismo. ¿Acaso va a haber otro homenaje de Estado diferente? Además, la sola “opción” de asistir ¿no se entromete ya en la libertad de conciencia del familiar? ¿Dónde queda su “claustro íntimo de creencias vinculado a la propia personalidad y dignidad”, si el hecho de no asistir a la catedral viene a revelar su “posición intelectual ante el fenómeno religioso”?

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El funeral oficiado por un obispo en una catedral católica obliga a los familiares no católicos a renunciar al homenaje del Estado al que tienen derecho, o a asistir a él en el marco de una celebración religiosa que no comparten. Eso vulnera su libertad de conciencia y religiosa. Sucedería lo mismo para los no musulmanes si ese funeral oficial se celebrase por un imam en una mezquita, o para los no judíos si se oficiase por un rabino en una sinagoga.

Se dirá por algunos que no es el momento de hablar de este tema. Nunca lo es. Cuando se argumenta “en caliente”, como es el caso, porque se trata de ruido innecesario que falta el respeto al dolor de los familiares de las víctimas (siempre, claro, que nos refiramos a los familiares católicos y nos olvidemos del dolor del resto, que suman a éste la afrenta de un homenaje a través de un rito ajeno). Cuando se argumenta “en frío”, porque no es un problema que preocupe a la sociedad, porque busca el enfrentamiento y la crispación, porque trata de arrinconar a la Iglesia en lo privado y perseguir a los creyentes.

Sí es el momento, cualquier momento lo es. Al menos habrá de serlo mientras, anclados en el siglo XI, se continúe incumpliendo la exigencia constitucional de neutralidad del Estado (que “veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales”, STC 177/1996), y con ella la libertad de conciencia y religiosa de personas que ya tienen suficiente con la tragedia de perder a sus seres más queridos.

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El Tribunal Constitucional como Caballo de Troya

Fernando Flores

Probablemente, uno de los indicios más claros del estado terminal en que se encuentra nuestra Constitución sea el Tribunal Constitucional.

Este blog no está dedicado a las instituciones ni a la política en sentido estricto, sino a los derechos humanos, y por eso he dudado sobre la pertinencia de escribir sobre él. Pero creo que no hay más remedio. Lo que le pasa a nuestro “guardián de la Normal Fundamental” tiene una repercusión directa sobre la protección de nuestros derechos fundamentales, y esa repercusión es, desde hace tiempo, demoledora.

Los tribunales constitucionales nacieron a principios del siglo XX como defensores de la Constitución, es decir, como guardianes de la norma más importante, la que más directamente procede del ejercicio de la soberanía popular. Por eso sus competencias son tan poderosas. Puede anular las leyes que aprueba el Parlamento, por inconstitucionales, y tiene la última palabra en los conflictos que puedan suponer vulneración de los derechos humanos, creando jurisprudencia y obligando a los ciudadanos y a los poderes públicos a respetarlos y comportarse del modo que él decide.

Por lo tanto es un órgano constitucional clave para el sistema democrático y el Estado de Derecho, y por eso está necesitado de la mayor autoridad, la cual, como se sabe, no es lo mismo que el poder. Precisamente es éste, el poder que ostenta, el origen de su degradación, pues los partidos más fuertes (aunque de forma indisimulada el Partido Popular) no han soportado la tentación de hacer de él un instrumento político en provecho propio. El resultado es que el máximo intérprete de la Constitución, el que debe defenderla de los ataques que recibe, se ha convertido en uno de sus mayores problemas. Es como si la guardia pretoriana se hubiera revuelto contra el emperador.

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Lo sucedido ayer (la incorporación al Tribunal del descreído juez ultraconservador Enrique López, que estuvo apunto, pero solo apunto, de ser rechazado por no idóneo al considerar seis magistrados, de doce, que de ninguna manera cumplía el requisito de ser un “jurista de reconocido prestigio”) solo es un paso más, ni siquiera el decisivo, en una escalada de despropósitos dirigidos a la destrucción “material” del Tribunal.

Es verdad que el propio Tribunal tuvo ayer, en las manos de su Presidente Pascual Sala, la oportunidad de realizar un acto en defensa propia, y de hacerlo además por la vía institucional prevista, sin renuncias, dimisiones o inútiles declaraciones a la prensa. El Presidente pudo utilizar su voto de calidad para afirmar lo sabido por todo el mundo, que Enrique López no tiene altura profesional ni moral para formar parte del Tribunal Constitucional. Pero sobre todo pudo utilizarlo para dar un golpe de efecto a favor del Estado de Derecho y en contra del acto antisistema del Partido Popular, pues no es otra cosa la incorporación de este juez al alto tribunal. Sin embargo, no lo hizo. Sala votó a su favor y a su incorporación (¡quién supiera las “razones de Estado” que habrán de compensar las consecuencias de tal decisión!) y, quizás con ello, nos hizo ver hasta qué punto la situación del Tribunal (y de nuestro sistema) está perdida.

¿Y qué tiene que ver esto con la protección de los derechos fundamentales? Mucho, y en dos tiempos, el pasado y el que se nos viene encima.

Respecto del pasado, debería aclararse al público un “malentendido” alimentado en parte por los medios de comunicación. No es cierto que el Tribunal Constitucional haya sido unos años de mayoría progresista y a partir de esta semana lo sea de mayoría conservadora. Hemos tenido un Tribunal conservador que ahora pasa a ser reaccionario.

Algunas sentencias como la que reconoce la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012) han creado una sensación (periodística) de progresismo, pero son engañosas. La sentencia 198/2012 es en realidad un apaño (con alguno de los presuntos progresistas, para alcanzar una mayoría importante) que no dice que el artículo 32 de la Constitución reconoce el matrimonio entre homosexuales. Lo que declara la sentencia es que este tipo de matrimonio no es inconstitucional, y que es el legislador el que puede decidir si en él caben homosexuales o heterosexuales. Es decir, que el Tribunal no constitucionaliza el matrimonio homosexual, sino que lo deja en manos de la mayoría parlamentaria. Así las cosas, la legislación podría reformarse, retornar al año 2005 (¿alguien duda de la posibilidad viendo lo que sucede con la penalización del aborto?) donde solo cabía el matrimonio entre hombre y mujer, y ello no sería inconstitucional.

En otras ocasiones la ausencia de garantismo del Constitucional ha sido puesta en evidencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en el caso relativo a la doctrina Parot (sentencia de 10 de julio de 2012), o por los votos particulares de algunos magistrados (en minoría) verdaderamente comprometidos con la protección real de los derechos fundamentales. Así sucede, por ejemplo, en el recurso de amparo sobre torturas a miembros de SEGI (STC 12/2013, de 28 de enero de 2013 comentada en este blog), o en el que resuelve un recurso de inconstitucionalidad sobre el acceso por parte de la Dirección General de la Policía a los datos de los extranjeros inscritos en el padrón y sobre la regulación de las medidas de seguridad susceptibles de ser puestas en práctica en los centros de internamiento de extranjeros (STC 17/2013, de 31 de enero).

Especialmente dolorosa para la protección de los derechos resultó la resolución de inadmisión por la vía rápida de la cuestión de inconstitucionalidad por un juzgado de Sabadell que impugnaba el procedimiento de ejecución hipotecaria previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulnerar los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad. Un año y medio después el TJUE ha declarado ilegal ese procedimiento por contravenir la Directiva de los derechos de los consumidores, ya que les impide alegar eficazmente (vulnerando la tutela judicial) la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario.

¿Y en el tiempo futuro, el que se nos viene encima? Además de la ley del aborto (en manos de un numerario del Opus) y la reforma laboral (en manos de quien fue uno de sus redactores), este “nuevo” Tribunal tendrá que resolver sobre la constitucionalidad de unas reformas en materia de Justicia que se dirigen claramente a perseguir la protesta social y la libertad de expresión, cuando no directamente a desvirtuar el Estado de Derecho (ver aquí el excelente análisis de RIS). ¿Son magistrados como Enrique López, Francisco Hernando o Carlos Ollero los que van a defender la Constitución y los derechos ciudadanos del ataque antisistema del Partido Popular? De sobra sabemos que los mercenarios defienden solo a quien les paga.

Hoy he pasado junto a la sede del Tribunal Constitucional y he comprobado que allí queda el edificio cónico, y la rigurosa policía en la entrada. He imaginado a las amables bibliotecarias en su sala enmoquetada, a las funcionarias en el registro luminoso, a los asesores en sus despachos, y a los doce magistrados que casi nunca son magistradas, deliberando. Pero por mucho que miraba e imaginaba, ya no veía nada del Tribunal Constitucional que prevé nuestra Constitución, de su sentido y de su espíritu. De ese ya no queda nada.

Ciudadanía y salud mental. El internamiento involuntario: entre la psiquiatría y el derecho

Por Pepe Reig

FJGF es un ciudadano de un país democrático, pero fue internado el 2 de mayo de 2007 en un centro hospitalario contra su voluntad y permaneció allí hasta que, diecinueve días después, recibió el alta médica. Esta medida de “internamiento involuntario urgente por trastorno psiquiátrico”, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 763.1), fue ratificada por el juzgado de 1ª Instancia número 16 de Granada y después por la sección quinta de la Audiencia Provincial.

Pero FJGF era, después de todo, ciudadano de un país democrático y el Tribunal Constitucional le amparó en Sentencia dictada el 2 de julio de 2012, decretando que había sido “privado ilegalmente de su libertad”, toda vez que no se habían respetado los requisitos legales del internamiento involuntario, los plazos y los informes psiquiátricos, ni se le informó de sus derechos.

Este de los internamientos involuntarios es, a un tiempo, una pieza clave de la teoría de los derechos humanos y un nudo gordiano para la psiquiatría moderna. En el cruce de estos dos mundos podría encontrarse un índice fiable de la calidad de nuestra democracia. Y el examen no es del todo satisfactorio.

Internamientos Psiquiátricos Involuntarios

Dejando de lado las pesadillas más o menos cinematográficas sobre internamientos instados por familiares para despojar al paciente de sus bienes, o las crueldades soviéticas sobre manicomios para disidentes, no cabe duda de que estamos ante un delicado asunto, no por invisible menos real.

Los trastornos mentales son más frecuentes en Europa que el cáncer o las patologías cardiovasculares. Según el Ministerio de Sanidad, el 9% de la población padece trastornos mentales y el 15% los padecerá. De modo que puede presumirse que la regulación sobre el internamiento psiquiátrico, consentido o no, tendrá efectos sensibles sobre la vida de un número importante de ciudadanos.

En la normativa española, los ingresos por trastorno mental pueden ser urgentes u ordinarios (dependiendo de la manifestación patológica que los provoca) y también voluntarios e involuntarios (dependiendo de si se producen o no con consentimiento del paciente).

Aunque la iniciativa pueda originarse fuera del dispositivo sanitario (por ej.: en la familia o la administración), el ingreso de urgencia debe ser indicado por el médico y requiere una autorización judicial a posteriori, que trata de salvar la relativa suspensión de garantías que conlleva el “no consentimiento” del paciente. Urgencia aquí sólo puede significar necesidad de inmediata intervención médica, ya que en nuestro ordenamiento no cabe la finalidad de “aislamiento preventivo”.

El internamiento urgente es el que ofrece más dudas jurídicas, pero es también el más frecuente. En Italia, por ejemplo, el ordinario, es decir, con informe médico ex ante, ni siquiera está previsto y en Alemania apenas se da.

En un proceso donde se ponen en juego derechos y responsabilidades tan sutiles, se hace imprescindible una claridad procedimental que los profesionales no siempre encuentran, por eso se han desarrollo protocolos de actuación reglados que intentan objetivar la toma de decisiones:

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* Cuadro 1 (pulsar para ampliar)

Lo que el protocolo no ha podido evitar es una vertiginosa caída en la “calidad” del ingreso, una vez que éste se hace inevitable. Los profesionales más conscientes denuncian allá donde pueden prácticas como el aislamiento familiar, la incomunicación, la videovigilancia, etc. del paciente, en claro abuso de ley.

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Nociones de Derecho constitucional para Rouco y Gallardón

Por Ana Valero

«Fuera de la Iglesia no hay ni salvación ni remisión de pecados», Unam Sanctam. Con esta bula promulgada el 18 de noviembre de 1302, el papa Bonifacio VIII afirmó la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal. El pasado 15 de abril, el presidente de la Conferencia Episcopal española reclamó al Gobierno que cambie la legislación sobre el aborto y sobre el matrimonio homosexual. Horas después, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón dijo que la reforma de la primera llegará muy pronto.

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La Iglesia católica en España se niega a aceptar un principio fundacional de todo sistema democrático, esto es, que el pueblo es el único soberano y que el Parlamento es su representante político. En consecuencia, sus leyes son la expresión de la voluntad popular, de la voluntad de la ciudadanía –aunque quizá esto sería discutible en los tiempos que corren, dado que el Partido Popular viene utilizando de manera torticera la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento para desoir el clamor ciudadano. Pero esta cuestión, quizá, sea objeto de un nuevo post.

Es evidente que la Iglesia rechaza dicho principio fundacional de la democracia al relegar al Parlamento al rol de “institución política” y otorgarse a sí misma el carácter de “autoridad moral”. La Iglesia española sigue a pies juntillas, en pleno siglo XXI, los dictados de la Unam Sanctam cuando sostiene que nadie más que el Parlamento puede legislar y que sus leyes deben cumplirse, pero sólo “si son justas” –palabras de Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal. Y yo me pregunto, ¿hay una apelación más directa que ésta a la “desobediencia civil”?

La Iglesia tampoco reconoce el papel que en nuestro sistema se asigna al Tribunal Constitucional, el de intérprete supremo de la Constitución, siendo quien tiene la última palabra para expulsar o no del ordenamiento jurídico aquellas leyes que vulneren el Texto fundacional, garantizando así su primacía y valor normativo. Pues bien, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una sentencia declarando que no hay contradición alguna entre la ley que permite el matrimonio homosexual y la Constitución, Rouco Varela afirmaba lo siguiente el pasado 15 de abril: “El legislador también después de la sentencia del Tribunal Constitucional es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños”.

Pues no, señor Rouco, no, el legislador no es libre para contradecir lo dicho por el Tribunal Constitucional, salvo que, como en el caso del aborto, hayan transcurrido 28 años desde que se pronunció sobre el asunto y proceda adaptar su doctrina a la nueva realidad social. Pero esto último parece que no sólo lo desconoce el presidente de la Conferencia Episcopal si no que, lo que es más grave, parece no querer entenderlo el propio Ministro de Justicia cuando se aferra a la Sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de la ley despenalizadora del aborto en determinados supuestos, del año 85, para sostener que ésta impide que en España rija una ley de plazos y proponer, incluso, la desaparición de los supuestos que despenalizan el aborto cuando exista riesgo para la madre o riesgo de malformación del feto.

El Ministro de Justicia parece desconocer que el Tribunal Constitucional desde hace años viene aplicando en la mayor parte de sus decisiones la “teoría evolutiva” para interpretar la Constitución, que consiste en interpretarla en relación con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Y parece indiscutible que, transcurridos 28 años, el Tribunal Constitucional puede y, desde mi punto de vista, debe, cambiar su doctrina sobre el derecho a la vida y reconocer la constitucionalidad de una ley de plazos que, dicho sea de paso, es la que tienen la mayor parte de los países europeos. O, ¿es que nuestra realidad social dista tanto de las de los países de nuestro entorno? Me atrevería a decir que precisamente en este asunto, no.

Cuando el señor Gallardón afirma que una ley de plazos como la vigente es inconstitucional para justificar su reforma, además de engañar a los ciudadanos, está haciendo caso omiso a un principio básico del Derecho Constitucional contemporáneo, el que vincula la vigencia y perdurabilidad de la Constitución a su interpretación conforme con la realidad social vigente en cada momento histórico.

En España, es el propio Gobierno, y la mayoría que lo sustenta en el Parlamento, quien, plegándose a la voluntad de la Iglesia católica en sus iniciativas legislativas, desconoce las exigencias del principio fundacional de la democracia, el de la soberanía popular, así como las del principio constitucional de laicidad, aquél que impide precisamente la confusión entre el poder político y el poder espiritual.

¿Sería mucho pedir que en alguno de sus encuentros los señores Rouco y Gallardón intercambiasen libros? Yo tengo un par de propuesta para ambos: “La Ciudad de Dios”, de San Agustín y la “Constitución española de 1978”, del pueblo soberano.

* Ilustración: San Agustín en su gabinete, Sandro Botticelli,1480, 
Iglesia de Ognissanti (Florencia)