La mentira como método político y la grabación como desenmascaramiento

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

Se reunió el concejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia, señor Domínguez, la concejala de Medio Ambiente, señora Ramón Llin, y el gestor de la oficina municipal del Plan Cabanyal-Canyamelar, señor Mifsut, con la asociación Sí Volem, asociación de vecinos favorables (como el gobierno municipal) a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez sobre el barrio del Cabanyal. El encuentro tuvo lugar el día jueves 25 de abril, fue abierto al público y se celebró en el Ateneo Marítimo del Canyamelar.

La reunión fue recogida en video por Sergi Tarín, en principio con ciertas reticencias por parte de los organizadores, y después colgada en YouTube. Tras visionar con calma la grabación nos reafirmamos en la idea de que el contenido de estos actos públicos debe ser puesto a disposición de todos, como elemento fundamental del derecho a la información y a la participación política, y como pieza esencial del sistema democrático, pues permite a los ciudadanos conocer mejor a sus representantes políticos, y a éstos decir a sus electores que después no se quejen por desconocer a quienes votaron.

De lo hablado en este encuentro pueden decirse muchas cosas, porque hay intervenciones muy interesantes y reveladoras, tanto las realizadas desde la Mesa (por los representantes del gobierno municipal y las portavoces de Sí Volem), como las vertidas desde el público. Aquí señalaremos sólo algunas relativas a temas que consideramos especialmente importantes: la utilización impune de la mentira, el rechazo de la responsabilidad por el cargo público que se ocupa, y el daño social que todo ello provoca.

1.         La utilización de la mentira como método.

En la reunión se pidieron explicaciones a los miembros del gobierno municipal porque en campaña electoral el Partido Popular afirmó reiterada y vehementemente que si Rajoy llegaba a la presidencia del Gobierno el tema del Cabanyal (conflicto sobre el Plan que prevé derribar más de 400 inmuebles y 1600 viviendas de un barrio declarado Bien de Interés Cultural) se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Pero va para año y medio de la victoria popular, nada se ha movido sino a peor (la degradación del barrio, la suciedad en las calles, la negativa arbitraria a dar licencias de obras, la falta de inversión, la desatención social…), y la asociación Sí Volem, que apoyó abiertamente al Partido Popular en las elecciones, ve cómo su predicamento entre los vecinos ha caído en picado. En consecuencia, es más que comprensible que pidan públicamente argumentos y explicaciones al concejal señor Domínguez.

Aquí (minuto 15:45 de la grabación) entra en escena el concejal. Cómo se puede faltar a la verdad de ese modo, tratar (con éxito) de confundir a los vecinos, contradecirse en la misma frase, y no pestañear siquiera, es algo que forma parte de una rara habilidad al alcance de muy pocos. Pero no empecemos por la valoración, vayamos a las palabras. Dice el concejal:

“Hemos tenido nueve sentencias a favor … para sacar el Plan adelante”.

Esta es una de las piezas clave del argumentario de la alcaldesa Barberá y su gobierno en defensa de la legalidad del Plan del Cabanyal. El relato consiste en que el Ayuntamiento tendría todas esas sentencias a su favor y que los malos de Salvem el Cabanyal (y los grupos políticos de la oposición) obstaculizarían la ejecución del Plan, en perjuicio de todo el vecindario. Pero uno se pregunta: ¿cómo es posible que con todas esas sentencias a favor y una mayoría absoluta tantos años disfrutada por el PP, Rita Barberá no haya podido ejecutar ese Plan? En principio no se entiende. O sí. La respuesta es porque lo que dice es, sencillamente, mentira. Una mentira amparada en la complejidad de los distintos procedimientos judiciales.

El Ayuntamiento no ha podido ejecutar el Plan que destruye una parte del barrio porque ha sido declarado ilegal por dañar el patrimonio histórico. Las sentencias a que se refiere la alcaldesa y sus concejales son las relativas a las competencias de urbanismo, pero no a las de protección del patrimonio. Es como si a Domínguez le acusan de asesinato y para defender su inocencia saca la declaración de la renta. Ni cumplir con tus deberes tributarios demuestra que no disparases el arma homicida, ni ejercer tus competencias en urbanismo impide que lo hagas destruyendo el patrimonio histórico (que es lo que ocurre en el Cabanyal).

De modo que el concejal Domínguez airea unas sentencias a su favor (las relativas a su competencia exclusiva en materia urbanística) que ya nada tienen que ver con el conflicto, y además, y esto es fundamental, oculta las sentencias que sí tiene en contra. Estas sentencias, las que le condenan, declaran la ilegalidad del Plan por atentar contra el patrimonio histórico, son posteriores a las famosas “nueve sentencias” y, si nos empeñamos en insistir en la cantidad (aunque esto es irrelevante), resulta que son muchas más.

Domínguez, ya embalado, y a la vista que nadie va a poder probar en contra, afirma (minuto 16:27) que

“…a pesar de las sentencias (las teóricas nueve a su favor, que nada tienen que ver con lo que sigue) el Gobierno del PSOE sacó una Orden paralizando toda la situación … era una Orden que no había derecho a esa Orden … y los tribunales avalaron esa Orden”.

Vaya, así que no había derecho a esa Orden del Ministerio de Cultura (la que declara el Plan ilegal por suponer expolio) pero los tribunales la avalaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Si no había derecho cómo es que los tribunales la apoyaron? Es evidente que a estas alturas los vecinos ya están confundidos, y el concejal, al ver sus caras de desconcierto, afirma (minuto 17:00):

“…que no lo entiende nadie… yo el primero”.

Pero Domínguez sí lo entiende, desde luego que lo entiende. Domínguez sabe que la Orden del Ministerio de Cultura no solo es legal, sino que fue obligada. Sabe que esa Orden Ministerial es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio a emitirla. Sabe que esa Orden, que él ha impugnado, ha sido declarada legal por la Audiencia Nacional. Lo sabe todo y, sin embargo, actúa como si el varapalo legal que el Ayuntamiento lleva sufriendo varios años ya, no existiera.

Acto seguido, Domínguez, en la teatralización de su impotencia y victimismo llega a decir (minuto 17:30):

“Las nueve sentencias anteriores del Tribunal Supremo al final no han servido para nada… para ganar pleitos, para que al final un ministerio lo haya paralizado…”.

¿Del Supremo? De nuevo el concejal falta a la verdad. Ni el Ayuntamiento ha ganado nueve sentencias en el Supremo, ni un ministerio hubiera podido paralizar lo que el Supremo ordena. La verdad es que el Ayuntamiento ganó una sentencia (convertida en cuatro por ser cuatro los demandantes, pero sobre la misma pregunta), sobre el tema de la competencia urbanística, no sobre la destrucción del patrimonio histórico. Una sentencia que pasó a la historia. Después de esa sentencia favorable (ganada en el año 2006), el concejal y el resto del gobierno municipal han perdido varias veces en el Supremo y en la Audiencia Nacional, sentencias y autos que consideran competente al Ministerio de Cultura para intervenir en el Cabanyal, y que consideran ilegal el Plan por atentar contra el patrimonio histórico. Pero el concejal no nombra ni una de las resoluciones que declaran la ilegalidad de su Plan.

Llegados a este punto, la conclusión es simple: el Ayuntamiento no quiere cumplir la legalidad que le impide ejecutar su plan destructivo sobre el barrio, y prefiere engañar y confundir a los vecinos antes que buscar una salida consensuada y legal.

Sin embargo, algo está cambiando. El Ayuntamiento marea y confunde a los vecinos en las cuestiones técnicas, pero la grabación demuestra que muchos vecinos ya no se creen la buena fe del gobierno municipal. En este sentido, es más que reveladora la intervención (min.21:18) de un asistente que deja las cosas bastante claras:

“¡¡El PP nos ha engañado, nos ha engañado el PP, totalmente!! Porque un gobierno que está gobernando con mayoría absoluta no se preocupa de esto … esto es política barata todo, y nadie se complica la vida en nada”.

2.      La falta de responsabilidad por el cargo que se ocupa y el daño social que se provoca

Una de las informaciones que nos da la grabación de la reunión con el equipo del Ayuntamiento es que los vecinos plantean cuestiones pertinentes, y que conocen las obligaciones que van aparejadas al ejercicio de lo público. El concejal trata de escapar de su responsabilidad amparándose en la judicialización del conflicto, pero los vecinos no quieren hablar de tribunales, sino de aspectos sociales que nada tienen que ver con los jueces (minuto 21:49):

“Hay una familia extranjera que no está empadronada, que está ensuciando nuestras calles. Los niños no están escolarizados, no trabaja nadie, no sabemos de qué viven, de dónde sacan el dinero… ¿Quién se preocupa de eso? Las mismas personas que no dan licencias (el gobierno municipal, arbitrariamente, se niega a darlas al barrio hasta que no se desbloquee su Plan) se tendrían que preocupar de eso…”.

Sin entrar (por ahora) en la valoración que hace de sus vecinos (empadronados o no, con empleo o no, responsables de la suciedad o no …), la vecina da en el clavo. Ella está apelando a obligaciones del Ayuntamiento que nada tienen que ver con los tribunales, está preguntando por la responsabilidad del concejal. Pero no recibe respuesta, tan solo un capote al político de una de las organizadoras (“yo no vengo aquí a defender al Ayuntamiento…”), preguntándose retóricamente a quién le interesa que esos extranjeros estén ahí, cuántos vecinos se benefician de los alquileres ilegales de las plantas bajas a estas personas. Aún así, otro vecino demuestra que no es tan fácil engañarles, pues señala que cómo no lo va a hacer los vecinos si el propio Ayuntamiento realiza esos alquileres ilegales… (minuto 22:50). Los miembros del gobierno municipal, responsables de la estrategia de deterioro material y social del barrio, guardan silencio.

Todo esto tendría una gravedad relativa si no fuera precisamente por dos cuestiones asociadas que sí son graves, y que se contienen en la última intervención transcrita. El creciente sentimiento de criminalización y odio racial hacia los gitanos y hacia los extranjeros (fundamentalmente rumanos) que se han venido instalando en el barrio, y el sufrimiento de muchos vecinos por el contexto de inseguridad y suciedad creado en él. Ambas circunstancias como elementos de la estrategia central del Ayuntamiento para conseguir su objetivo.

Dice la dirigente vecinal desde la Mesa (minuto 22:55):

“Cada vez tengo más visitantes de otros países, y cada vez la convivencia es más insoportable… entonces no solo es el Ayuntamiento el que se está lucrando, también se están lucrando muchos propietarios…”.

Sorprendentemente, quien debería exigir con más fuerza al Ayuntamiento acciones sociales y responsabilidad reconoce con naturalidad delante de los concejales (que no mueven una pestaña) que es la propia Administración la que ha alquilado y alquila ilegalmente casas de propiedad municipal a familias en situación de exclusión social (viviendas sin cédula de habitabilidad, luz, agua…). Sin embargo, ella centra su discurso en lo insoportable que es vivir con los extranjeros (antes ya ha hecho otros comentarios xenófobos). Naturalmente, este argumento encuentra eco en la desesperación de una vecina (minuto 24:55), que relata su contexto: «venta de droga, suciedad, malos tratos, rumanos, gitanos, viviendas sin las mínimas condiciones, los niños no van al colegio, orinan en la calle…» Se nota que no quiere ir contra los extranjeros, pero la realidad es que le hacen la vida imposible. Aún así apunta a los verdaderamente responsables, y acierta:

“¿Ahí no puede llegar sanidad y decir algo? a mi no me ayuda nadie del Ayuntamiento, aquí no se hace nada… no es un tema de partidos, ni PP ni PSOE, aquí ninguno nos ayudaNo se podrá hacer la prolongación, eso tardará más o menos, pero ayudarnos a las personas que están ahí, no lo hacen porque no les da la gana o no les conviene…”.

El aplauso general que recibe obliga al concejal Domínguez a cambiar de estrategia (o engaño o silencio) y a prometer que “toman nota y harán el seguimiento” (minuto 33:00). Pero ya es tarde, una asistente, escéptica, le dice:

“Por mucho que nos digan hágannos llegar, ustedes ya lo saben todo… lo único que estamos pidiendo es voluntad política”.

La gente sí sabe de lo que habla.

Conclusiones

La grabación de esta reunión, de este tipo de reuniones, es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho a la información y a la participación ciudadana, porque sirve para varias cosas:

– Para descubrir qué políticos (y dirigentes vecinales) renuncian a la sinceridad en su relación con los ciudadanos, y hacen uso premeditado de las verdades a medias, o de la mentira directa. El uso de la mentira muestra desprecio al ciudadano.

– Para comprobar cuándo, en vez de aclarar la complejidad de los conflictos sociales (lo que como cargos públicos es su obligación), se amparan en esa complejidad para no responder de los propios errores, inacciones y arbitrariedades, así como para conseguir sus objetivos, aunque estos sean ilegales.

– Para denunciar a los cargos públicos que crean, utilizan y alimentan el conflicto social (polarización vecinal, criminalización racial, xenofobia) en beneficio propio. Es muy revelador que ninguno de ellos matizase o mostrase desaprobación ante las expresiones xenófobas vertidas desde la propia Mesa, por las dirigentes vecinales, y desde el público.

– Para advertir que las mentiras no convencen sino a los entregados, que los ciudadanos sí saben hacer las preguntas acertadas, y que los vecinos exigen que sus políticos, sean del color partidista que sean, respondan (aunque los del gobierno municipal valenciano, por lo visto en el video, no piensan hacerlo por ahora).

– Para demostrar el drama social que provoca el uso perverso de la acción política.

– Para comprobar cómo no todo sucede como los medios de comunicación afines al poder nos cuentan en sus crónicas sectarias.

cabanyal

* Video de Sergi Tarín

* Sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de 
Cultura a emitir una Orden Ministerial sobre el Plan del Cabanyal

* Orden del Ministerio de Cultura que declara expolio el Plan del 
Ayuntamiento sobre el Cabanyal

El (es) tupido velo del paternalismo

Por Ana Valero

El Tribunal Supremo acaba de anular una Ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del burka en los espacios públicos. Así, con una sentencia, de catorce de febrero de 2013, anula el Acuerdo del Pleno del Consistorio de 8 de octubre de 2010, que, modificando la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, prohibía el acceso o permanencia en los espacios o locales destinados al uso o servicio público a las personas que porten velo integral. Impidiendo, además, acceder con dicha prenda al archivo municipal y obligando a los que lo portaran a identificarse ante el personal de transporte de viajeros bajo amenaza de multa de hasta 600 euros.

Soy mujer, progresista y constitucionalista, atributos, los tres, que bien podrían predisponer al lector, para desilusionarlo después, sobre la inclinación con la que abordaré en estas líneas una cuestión tan polémica como el uso del velo islámico integral en los espacios públicos. Sé que me adentro en un debate especialmente sensible en entornos feministas, pero trataré de salir indemne siendo fiel a mi propósito: hablar a favor de la igualdad y la libertad de la mujer musulmana desde una posición que rechaza de lleno el paternalismo de la cultura social dominante, aquélla que, cuando prescinde de que la dignidad reside en el respeto por la libre voluntad, corre el riesgo de limitar ilegítimamente el ejercicio de los derechos fundamentales básicos.

burka

Varios son los derechos y principios constitucionales implicados en la prohibición del velo integral y, como expondré, el Tribunal Supremo no pasa de puntillas sobre ellos. Sin embargo, es una cuestión de carácter competencial la que conduce al Supremo a anular la ordenanza municipal cuestionada, abriendo la puerta a una futura ley que pudiera prever tales límites. Pero vayamos por partes.

La primera cuestión a abordar es si ataviarse con el velo integral constituye una manifestación del derecho a la libertad de conciencia, en este caso religiosa, de quién lo hace. El Tribunal Supremo es claro y, haciéndose eco de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirma que ello es innegable, con independencia de que las auténticas fuentes de la religión islámica contemplen esta conducta o no como un verdadero deber. Y ello porque es indiscutible que existe una motivación de conciencia en la decisión de vestirse con el burka y no corresponde al Estado valorar su legitimidad.

Parece, pues, que si no existe duda de que el uso del velo integral responde a una motivación de conciencia, su prohibición no puede entenderse más que como una limitación del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa que debe, para ser constitucionalmente legítima, cumplir dos requisitos. El primero, perseguir la protección de otro u otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos y, el segundo, la proporcionalidad de tal limitación, esto es, a grandes rasgos, la necesidad e idoneidad de la misma.

Veamos pues cuáles son esos otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos llamados a ser ponderados con la libertad ideológica y religiosa, para examinar, después, si merecen la consideración de “términos de ponderación”, pues es aquí, desde mi punto de vista, donde reside el principal punto de flaqueza de quienes defienden la prohibición del uso del velo integral en el espacio público.

Sin circunscribirme a la Sentencia del Tribunal Supremo que motiva estas líneas trataré de exponer, para rebatir después, los motivos aducidos, no sólo por el consistorio de Lleida, sino también por el legislador francés o belga, que han aprobado leyes que imponen una prohibición general al uso del burka, y que están motivando otras propuestas legislativas en diferentes países europeos.

En este marco, se aduce la incompatibilidad del uso del burka en la esfera pública con los pilares basilares del orden democrático-liberal occidental, entre los que se encuentran la dignidad de la mujer y la igualdad de género. El velo que cubre el rostro de la mujer es, para el legislador francés o para el ayuntamiento de Lleida, un instrumento de opresión sexista que niega la dignidad de la mujer y un símbolo del fundamentalismo islámico que manifiesta lejanía a los valores de la sociedad occidental y que denigra a la mujer musulmana. Otro de los motivos invocados carece de tales tintes moralistas y adquiere un carácter más represor, apelando a la seguridad y al orden público como principios que pueden verse amenazados por el uso del burka en el espacio público. Pero son, quizás, aquéllos sobre los que pivota la ordenanza municipal enjuiciada y otras adoptadas con posterioridad a su aprobación en 2010 en distintos municipios catalanes, los más llamativos, pues apelan a un genérico “derecho a no ser molestado“ o a la no perturbación de la tranquilidad de los vecinos que puede verse alterada por el ocultamiento del rostro de la mujer.

Por lo que se refiere al carácter sexista y opresor del velo integral, creo que cualquier análisis o reflexión al respecto debe partir de la siguiente idea: no es extraño que la sociedad de acogida plantee reticencias hacia lo desconocido y ofrezca resistencia frente a los estereotipos que sitúan a la mujer musulmana en una situación de subordinación dentro grupo étnico o religioso al que pertenecen o como sujetos que padecen la discriminación sexual frente al varón en el seno de su propia comunidad. Dichos estereotipos –que sin duda pueden conducir a la islamofobia, mujeres musulmanas víctimas, cuasi-esclavas de la religión– determinan que la situación en la que se encuentran estas mujeres en las sociedades occidentales sea doblemente preocupante en la medida en que el riesgo discriminatorio puede provenir, al menos, de dos instancias distintas: por un lado, del propio grupo social al que pertenecen y, por otro, de la sociedad de acogida, habida cuenta que la mayor parte de ellas son mujeres inmigrantes.

Cuando se plantea la prohibición del uso del velo islámico integral en los espacios públicos, desconcierta observar que los poderes públicos parecen ignorar las exigencias que derivan de la Constitución a la hora de plantearse la limitación de cualquier derecho fundamental. Así, resulta paradójico ver cómo se enarbola la bandera de la libertad e igualdad de la mujer para protegerla de los imperativos de una religión dominante, dejando de lado la voluntad libremente expresada de ésta. Pero es que, además, si el móvil no es otro que el de garantizar la libertad de la mujer en el espacio público, parece no ser del todo coherente adoptar medidas que pueden producir el efecto opuesto al pretendido, esto es, la desaparición de la mujer del espacio público y su aislamiento en el ámbito familiar o cultura del que presuntamente proviene su discriminación, imposibilitándole, con ello, contrastar lo allí inculcado y su visión de la vida con el pluralismo de opciones presente en una sociedad plural como la española.

Tras la apelación al orden público y a la seguridad para justificar la prohibición del uso del burka en el espacio público reside un nuevo estereotipo social, el que vincula el Islam con el uso de la violencia y el terrorismo. Han transcurrido veinte años desde que en 1993 Huntington publicara en la revista Foreign Affairs su polémico y premonitorio artículo “Choque de Civilizaciones” y diversas han sido las acciones que podrían confirmar, al menos en parte, sus tesis. A partir de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre y los consiguientes ataques occidentales a Irak y Afganistán es indudable que en Europa se ha producido un repliegue identitario que tiende a situar, en palabras de Huntington, a la “civilización islámica” como rival de la occidental por su sistema de valores contrapuestos. Las disposiciones que prohíben con carácter general el uso del velo integral en el espacio público podrían ser un paso más en dicho intento de reafirmar los valores occidentales frente a toda amenaza. Así, no cabe olvidar la tentativa de incluir infructuosamente en el Preámbulo del no aprobado Tratado de Roma de 2004, por el que se establecía una Constitución para Europa, una mención expresa a las raíces cristianas de ésta; o la invocación del principio de laicidad republicano por parte del legislador francés para prohibir en 2004 a las niñas musulmanas acudir a la escuela pública ataviadas con el foulard islámico; así como los múltiples conflictos jurisdiccionales relativos a la presencia del crucifijo en instancias educativas o administrativas públicas.

En dicho contexto me pregunto ¿el hecho de que las mujeres que libremente lo decidan vistan con el velo integral incrementa los riesgos de que se produzcan atentados u otro tipo de actos lesivos de la seguridad ciudadana? Es importante disipar dicha incógnita ya que sólo si existe una relación directa de causa-efecto entre ambos hechos podría limitarse el ejercicio de dicha conducta de una manera constitucionalmente legítima. Y ello porque, como han señalado los Tribunales Supremo y Constitucional, para activar la cláusula de orden público no bastan las meras sospechas, sino que es preciso siempre una real alteración del orden (material), entendiendo por tal la que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que ponen en peligro la integridad de las personas o de los bienes”. Pero el orden público no puede ser nunca empleado como una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos que en su expresión máxima son ciertamente infinitos, porque en tal caso ella misma se convierte en el mayor peligro para el ejercicio del derecho de libertad. Y dicha real y directa alteración del orden público no se da en el caso que nos ocupa, pues, tal y como afirmó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2010, en el caso Arslan contra Turquía, “el simple hecho de encontrarse en la vía pública un grupo de personas vestidas de una forma concreta -en este caso era un turbante, un “salvar” y una túnica negra- no constituye una amenaza para el orden público -en su versión de seguridad pública- o una coacción sobre los demás”. Ante lo que cabe concluir que cualquier disposición que prohibiese con carácter general el uso del burka para proteger “preventivamente” el orden público y la seguridad, no superaría el test de proporcionalidad que debe regir toda limitación que se imponga al ejercicio de un derecho fundamental.

Por último, conviene que atendamos a las finalidades relacionadas con un pretendido derecho ciudadano a que todas las personas respeten un modelo preconfigurado de “actuaciones cívicas” en el espacio público. El consistorio de Lleida aduce la perturbación de la tranquilidad ciudadana que genera la ocultación del rostro y ante ello me pregunto ¿puede un genérico derecho a no ser molestado en el espacio público de acuerdo a los cánones occidentales de vida en comunidad anteponerse a un derecho constitucional como la libertad ideológica y religiosa de las mujeres adultas musulmanas que usan el velo integral para relacionarse con sus vecinos? ¿es necesario recordar a las autoridades municipales, como se recordó El Principito a sí mismo, que “lo esencial es invisible a los ojos”?

Creo que en este último caso no es preciso si quiera atender a las exigencias del principio de proporcionalidad para rechazar la medida limitadora, pues no existe ni tertium ponderable. No existe un derecho a no ser molestado que pueda ser ponderado con el derecho fundamental de libertad de conciencia, no procede si quiera comprobar la correcta nivelación la balanza para garantizar la fiabilidad de la ponderación.

Quiero concluir aplaudiendo la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que rechaza de plano concepciones pretendidamente benefactoras para la mujer, pero sin contar con ella, y me reafirmo en la idea de que la lucha por su igualdad no pasa por la adopción de normas que proscriben el derecho de aquéllas a exteriorizar sus convicciones sino, más bien, por favorecer su inserción, de la forma que les resulte más cómoda, en el espacio público. Concebir el espacio público municipal como un lugar idóneo para la puesta en práctica de los valores constitucionales de convivencia exige, como presupuesto obligatorio, el re«conocimiento» de la especificidad del «otro», aunque sea a través de una rejilla. 

Photo © Olivia Arthur/Magnum Photos
Jeddah. SAUDI ARABIA. 2009