Proteger los derechos a rastras

Por Fernando Flores

El jueves de esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si el procedimiento de ejecución hipotecaria español es legal de acuerdo con la normativa europea. Este hecho ha creado mucha expectación.

El procedimiento en entredicho se caracteriza procesalmente por su enorme rapidez. La persona que no ha pagado unas pocas mensualidades ve cómo, tras la demanda del banco acreedor, en semanas el juez señala fecha para la subasta de su vivienda, ésta pasa a manos del banco y, tras unos meses, resulta desahuciado. Y esto ocurre aunque haya sido un deudor cumplidor y de buena fe hasta que la crisis le ha arrebatado el empleo y las posibilidades de abonar su deuda; ocurre aunque la información que en su momento recibió de la entidad crediticia fuera insuficiente y engañosa; aunque la tasadora, vinculada al banco, barriera para casa; aunque la hipoteca contenga cláusulas abusivas; aunque la vivienda sea su único hogar; aunque tenga familia y haya menores en casa; aunque sea un extranjero cuyo permiso de residencia dependa de la tenencia de una vivienda habitual; aunque la subasta de su casa vaya a ser un timo en beneficio de su acreedor; aunque con la venta de su casa no vaya a satisfacer la deuda.

Obviamente estas circunstancias no concurren siempre, pero sí muchas veces. Y cuando así sucede, el deudor no puede defenderse. No puede porque la ley que regula ese procedimiento impide al deudor que aporte los hechos, argumentos, documentos y observaciones que puedan detener la subasta y el desahucio de su casa, ya que las alegaciones que puede hacer están estrictamente tasadas por una Ley (Ley de Enjuiciamiento Civil) que reduce de forma drástica el principio contradictorio. O pagas rápidamente, o pierdes la casa y te vas. Ese es el resumen.

No conozco a nadie que piense que se trata de un procedimiento justo. Como mucho se dice que es legal. En esta dirección, el propio Tribunal Constitucional, en una resolución de 2011 que no lo elevará al altar de los grandes protectores de los derechos fundamentales, por formalista, ajena a la realidad social y, me temo, respetuosa con el poder bancario y status quo económico, decidió que ese procedimiento no vulneraba ningún derecho constitucional. Y sin embargo, es un procedimiento legal que facilita las peores injusticias a favor de la parte fuerte, el banco.

Que, con la que está cayendo, haya tenido que ser un juez “de a pie”, y no los partidos políticos mayoritarios, el que haya puesto en duda ante el TJUE la legalidad y la justicia del procedimiento ejecutivo hipotecario (por ser contrario a la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores) da que pensar. La política sobre derechos humanos debe hacerla el Parlamento y el Gobierno, no los tribunales.

Este jueves el Tribunal Europeo resolverá la cuestión prejudicial del juez, y lo que él diga vinculará al Estado español. Pero ¿es necesario llegar a Luxemburgo para cambiar la norma? Ya existe un documento relevante, las Conclusiones de la Abogada General de ese Tribunal, que aprecia que la “regulación procesal (el procedimiento de ejecución hipotecaria) menoscaba la eficacia de la protección que pretende otorgar la Directiva 93/13” (párrafo 51). Y, también contrario a ese procedimiento, por vulnerador del derecho a un juicio justo, encontramos el Informe de los jueces españoles apoyado por más de 40 jueces decanos. Y el importante y demoledor Informe del Defensor del Pueblo de 2012. Y los informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada. Y el tenaz movimiento social que ha servido con su lucha el contexto que aprisiona y acorrala a los partidos políticos.

¿A qué esperan éstos, pues, para reformar la ley que regula ese procedimiento tramposo? ¿A una fecha? ¿A la decisión formal de un Tribunal? ¿A que la presión ciudadana sea mayor que la de los bancos? Ni los derechos ni la democracia se protegen eficazmente a rastras.

La perspectiva de los derechos humanos

Fernando Flores

El jueves pasado asistí en Valencia, en el Colegio Notarial, a un seminario titulado “Soluciones para los desahucios”. El encuentro estaba organizado por los notarios y por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València. En él intervino la Defensora del Pueblo, un alto funcionario de la Generalitat, un notario, el juez decano de Valencia, una abogada de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y yo mismo.

Al terminar la sesión, ya por los pasillos y entre las felicitaciones que los asistentes dedican con amabilidad a los conferenciantes, se abrió paso la de una mujer que me dijo:

“Su intervención, aunque muy provechosa y didáctica, poco nos sirve a los abogados como yo, que intentamos mediante escritos creativos, y casi rogando clemencia, nos paralicen las subastas y posteriores lanzamientos”.

Yo había hablado de las necesarias garantías de los derechos en el procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, en el juicio que lleva a las familias a perder su casa y a ser desahuciados. Y citaba con argumentos y cierta pasión las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habían de servir a los aplicadores del Derecho (legisladores, jueces, abogados y funcionarios de la Administración) para proteger a los ciudadanos de las graves injusticias que aquel procedimiento les produce.

Pero a la abogada esas garantías no le servían; no le se servían porque, sencillamente, no se aplican. Y es que el realismo jurídico mira con escepticismo a la teoría de los derechos, y por ello no le falta razón al que se pelea cada día con el muro de la formalidad, si escucha con sonrisa indulgente contar a un académico cómo deberían ser las cosas, pues su lucha cotidiana consiste en poder soportar cómo son las cosas.

De todo esto se deduce que el trabajo (uno de los trabajos) por hacer es ir al encuentro de la realidad, y cambiarla (no solo pero también) exigiendo sin descanso que la prioridad es que se cumplan los derechos reconocidos a las personas. Es decir, y por seguir con los desahucios, que primero está el derecho a la vivienda y la intimidad familiar, y después el derecho de obligaciones y contratos. Si hay conflicto entre unos y otros (como sucede), deben ponderarse las circunstancias y los intereses en cada caso, pero no puede dejarse el cumplimiento de los derechos humanos a la indulgencia de los jueces y la ejecución hipotecaria al estricto cumplimiento de la ley. Hay que exigir una perspectiva de derechos humanos a la hora de resolver los conflictos sociales, y reivindicar su peso (que es moral pero también jurídico) frente a otros intereses protegidos por el Derecho.

Últimamente escucho una frase repetida con la que, refiriéndose a los ciudadanos, políticos y tertulianos acompañan sus análisis y comentarios de la crisis que vivimos.

– “La gente lo está pasando mal”- se dice…

Y es verdad, las personas lo están pasando muy mal. Pero sobre todo, lo que pasa, es que a las personas se les está vulnerando sistemáticamente sus derechos constitucionales.