Ejemplarizante

Fernando Flores

Me pregunto si, en un Estado de Derecho, la finalidad de un ataque a (de una intromisión en) las libertades públicas de los ciudadanos por parte de los poderes públicos puede ser “la búsqueda de la ejemplaridad”.

En relación con la reacción ofensiva y violenta de algunas personas en las redes sociales tras el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, desde el Ministerio del Interior se afirma:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis».

Imaginemos ahora que el Ministerio del Interior, a la vista de que el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas ha llegado a tener imputado a un 20% de sus miembros, ordena a la policía a investigar la vida privada de todos –todos– los diputados y diputadas de ese Grupo. Justificándolo así:

“Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que los parlamentos son una isla en la que robar, falsear documentos, traficar influencias, prevaricar, desviar fondos, enriquecerse a costa del erario público, sale gratis».

Ejemplarizante, ¿no?

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Al parecer, para el Gobierno del Partido Popular cualquier cosa es ejemplarizante menos aplicar la Constitución. Sin embargo, lo exigible en sociedades democráticas es que para justificar acciones como las que propone el Ministro del Interior contra los tuiteros se apliquen muy rigurosamente criterios como la previsión legal, el fin legítimo, y la proporcionalidad respecto de las libertades afectadas… Pero lo de la ejemplaridad es nuevo, y de paso inconstitucional.

La ejemplaridad no es un fin legítimo. El fin legítimo puede ser salvaguardar el derecho del injuriado, pero “dar ejemplo”, mostrar que hacer las cosas mal “no sale gratis”, no es un fin legítimo en Derecho. Por lo demás, la ejemplaridad no está prevista por la ley, y es obvio que su aplicación, además de arbitraria (¿es que puedo desear públicamente que muera un etarra, pero no que muera un político, o que pase a mejor vida Justin Bieber?) choca frontalmente con el principio de proporcionalidad que exige la intromisión del Estado en mi privacidad y en mi libertad de expresión.

Resulta obvio que este Gobierno defiende la represión selectiva. Ésta recae sobre las personas que ponen en cuestión sus políticas, y sobre los ámbitos en que ese cuestionamiento circula de forma más libre. Así, para el Gobierno son ejemplarizantes las cargas policiales contra los ciudadanos que se manifiestan, para dar ejemplo y que vean lo que les pasaría si emularan las acciones violentas de unos pocos. Y lo son las monitorizaciones masivas de nuestros correos electrónicos y comunicaciones, para que, encontrado el terrorista, sepamos que si nos aficionamos a enaltecerlo tenemos los días contados.

Cuando era pequeño, en el colegio tuve un profesor que al entrar en clase dejaba sobre la mesa una vara de madera de medio metro. Una vara reluciente con los bordes afilados. Con ella pegaba en los nudillos de las manos a quienes hablaban con los compañeros, aunque fuera para pedir el sacapuntas. Teníamos seis años y la clase era un cementerio. Ejemplarizante. Creo que el Ministro del Interior –el Gobierno del Partido Popular- considera a los ciudadanos, o niños o delincuentes; o niños delincuentes. En suma, enemigos en potencia. Desde esta perspectiva la represión no consiste solo en reaccionar contra una acción presuntamente ilegal o delictiva, sino atemorizar al conjunto de individuos para que la autocensura obre por sí sola. No cabe duda de que resulta mucho más fácil gobernar los cementerios.

Interior

En estos días se han escrito varios artículos que explican muy bien, y desde distintas perspectivas, el porqué la iniciativa ejemplarizante del Ministerio no tiene cobertura legal, vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y es un despropósito político. Por ejemplo, Jesús Maraña en infoLibre, Isabel Elbal en Contrapoder, o José Antonio Marina en El Mundo, argumentan muy razonablemente sobre la hipocresía del Gobierno, sobre los límites rigurosos que le impone el ordenamiento jurídico, así como sobre la conveniencia de no echar mano de la policía y el Código Penal cuando la respuesta a los excesos debe venir desde la educación y la presión social.

Sin embargo, ningún argumento, por ejemplar que sea, va a torcer la posición reaccionaria de un partido y un Gobierno que, en materia de derechos, tiene las cosas claras. Cada vez es más fuerte en mí la convicción de que la que debería ser ejemplarizante, nuestra Constitución (y “esta Constitución” no es sólo una norma, es un pacto político de la Comunidad que se cumple o no se cumple), ya no nos protege, ni siquiera mínimamente, contra los actos autoritarios y violadores de derechos de quienes nos gobiernan. Lo demás, viene por añadidura.

La libertad de expresión de los jueces

Fernando Flores

Existe un dicho judicial según el cual ‘los jueces se expresan por medio de sus autos y sentencias’, un deseo que obedece, en principio, al noble objetivo de mantener a salvo la imparcialidad como base de su actuación, requisito imprescindible en el Estado de Derecho.

La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz creyó necesario aclararle públicamente -vía twitter- al diputado Iñaki Oyarzábal la decisión de no impedir la reunión de los expresos de ETA en Durango. Oyarzábal había tuiteado previamente que discrepaba y le resultaba incomprensible dicha decisión. El revuelo causado por la respuesta del juez fue considerable.

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¿Disponen los jueces de la libertad de expresión como el resto de los ciudadanos? ¿Debe la ley limitársela, o debe quedar al buen criterio de cada cual la decisión sobre la oportunidad de ejercerla?

Opinión desde luego tienen. No hay más que asomarse a las cuentas de Facebook y Twitter del juez Elpidio José Silva, donde vierte diariamente opiniones lapidarias sobre todo tipo de temas, incluyendo los que están bajo su jurisdicción. O recordar algunas entrevistas, como las del propio Silva, la reciente de Gómez Bermúdez, las de Grande Marlaska, las numerosas a Garzón o, también hace poco, la de Vázquez Taín, juez de casos tan mediáticos como el del Códice Calixtino o el de Asunta, quien, aprovechando las preguntas que le hacían en su calidad de novelista, dijo que el ministro Gallardón era un desastre. Por lo demás, no es difícil encontrar artículos de opinión de jueces en ejercicio, como el que, contra la guerra de Iraq, le valió al propio Garzón la apertura en 2003 de un expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial (en aquel caso sin mayores consecuencias). Por no hablar del prolífico Requero, numerario ejerciente, magistrado de lo contencioso de la Audiencia Nacional y azote de las políticas de Zapatero cuando fue vocal del CGPJ, cuyas opiniones ultraconservadoras sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la doctrina Parot son públicas y notorias.

¿Qué dice la Constitución y la ley al respecto? La Constitución impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127 CE), pero nada dice de su libertad de expresión. En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente establece como falta grave sujeta a responsabilidad disciplinaria:

“Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición” (art.418.3 LOPJ).

Es cierto que resulta habitual escuchar (y leer) que los jueces tienen prohibido opinar de aquellos asuntos que investigan o que tienen que juzgar. Sin embargo, no existe una prohibición normativa, expresa, que así lo disponga. En realidad es la propia prudencia, sentido común y autocontención de los jueces la que regula sus manifestaciones y sus silencios en relación con los temas sobre los que tienen que decidir. Sin duda, el juez Silva sería un ejemplo de laxitud en este sentido.

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En resumen, salvo lo dispuesto en el artículo transcrito, los jueces están sujetos a su propio criterio a la hora de realizar declaraciones, por lo que puede decirse que su libertad de opinión es prácticamente igual a la de cualquier otro ciudadano. Una opción razonable que, además, resulta coherente con el reconocimiento del derecho de los jueces a la libre asociación (art.401 LOPJ) pues, ¿de qué les serviría asociarse si no pueden expresar la posición de la organización a la que pertenecen?

Un tema sensiblemente distinto aparece con las opiniones expresadas en el propio texto de las resoluciones judiciales. Recuérdese la que se armó cuando Pedraz deslizó un comentario –“la convenida decadencia de la clase política”– en el auto (muy bien fundamentando jurídicamente) que archivaba la causa contra ocho imputados por promover la manifestación del 25-S (“Rodea el Congreso”). Esta veleidad le valió al magistrado obtener la opinión (semicontrastada en carne propia) del portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, quien lo calificó como “pijo ácrata”, aclarando de inmediato (vía twitter) que no se trataba de un insulto personal.

Y hablando de ironías, también puede contemplarse en estos días la del juez Castro (caso Urdangarín) quien, además de achacar a la codicia del Duque de Palma y de la infanta Doña Cristina la vinculación de ciertas facturas a la empresa pantalla Aizoon, reprocha al fiscal la distinta vara de medir cuando exige más argumentos que justifiquen la imputación de la infanta Cristina, y lo hace (por auto) de esta forma:

«Cuando finalice la instrucción de esta Pieza Separada (caso Nóos) y se vuelva a la normalidad procesal quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona (a la infanta) a prestar declaración en calidad de imputada, trámite este que por millares se viene llevando a cabo cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente a nadie se escandalice, se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal«.

Nada que ver, en todo caso, con el juez Pardo de Andrade, quien decidió sentenciar en verso una demanda en la que una azafata de vuelo pedía ser indemnizada por una academia a la que había asistido para obtener un título. Más o menos de esta manera: “Tinieblas del corazón. La resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la Sra. Cabo Vizo al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá, contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo (…)” etc.

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Sea como fuere, la LOPJ tiene norma para todos estos casos, pues considera falta grave la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico” (art.418.6), y describe entre las faltas leves la “desconsideración hacia los ciudadanos…“ (art.419.2). Obviamente, como la aplicación de estas normas debe ser restrictiva (se trata de normas que limitan la libertad de los jueces), ninguno de los casos referidos ha merecido o merecerá sanción. Así que a la vista de todo ello puede reiterarse que la legislación se entromete muy poco en la limitación de la libertad de expresión de los jueces, lo que de una parte es coherente con un sistema de libertades riguroso y creíble, pero que, de otra, provoca de tanto en tanto las molestias de común aliadas al ejercicio de la opinión, más aún si ésta viene respaldada por la autoridad que se le presume a la judicatura.

Muy probablemente son estas molestias liberales las que una vez más han despertado de su ligero sueño de interventor al ministro de Justicia. En efecto, hace unos meses Gallardón filtraba un texto de reforma de la LOPJ en el que se prohíbe a los jueces y a las asociaciones judiciales que emitan opiniones en los medios de comunicación sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales, e incluso sobre los casos que ya estuvieran definitivamente sentenciados y resueltos. Es decir, según dicho artículo Hernando podría opinar sobre lo pijo que es Pedraz, pero éste no podría aclararle al afrentado Oyarzábal que, amén de otras circunstancias, resultaba formalmente imposible prohibir la reunión de Durango. Visto así, no es extraño que la contestación de las asociaciones judiciales fuera de rechazo frontal. Ese proyecto, además de ser una intromisión en la libertad de expresión de los jueces a todas luces inconstitucional (se entromete en su contenido esencial), revela cierta querencia por el desequilibrio de poderes.

En fin, los derechos fundamentales no deben limitarse más de lo imprescindible. En el caso de los jueces, es sólo la garantía de la imparcialidad (esencial para la efectividad de la tutela judicial reconocida por el art. 24 CE) la que debe oponerse a su libertad de expresión. Hay que partir de que ellos y ellas tienen ideología y opiniones, como cualquier otra persona. Conocerlas puede resultar incluso una garantía para el ciudadano pues, llegado el caso, éste podría fundamentar una recusación por considerar que el juez que ve su caso está contaminado de tal manera que no puede resolverlo de modo ecuánime.

La prudencia y la ecuanimidad son características que dan valor a la judicatura, y creo que puede afirmarse que los jueces españoles las poseen por abrumadora mayoría. Interferir legamente en su libertad por unos pocos (y discutibles en su improcedencia) casos aislados es al mismo tiempo un error monumental y una muestra de autoritarismo incompatible con un Estado democrático que protege los derechos de sus ciudadanos. En último término, y más allá de extravagancias puntuales, habría que preguntarse muy seriamente sobre el ejercicio de la libertad de expresión por los jueces cuando sus expresiones son actos reflejos contra las intromisiones reiteradas (y mafiosas) de otros poderes, públicos y privados, que tratan de excepcionar el principio sagrado de la igualdad ante la ley. El ejercicio de la libertad de expresión de los jueces como síntoma insoportable de que, para algunos, el Estado de Derecho no existe.

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¿Sin masas y sin “demos”?

Pepe Reig Cruañes

Decía El Roto que España está sirviendo de laboratorio y los españoles de “cobayas” de un “experimento a gran escala”. Hablando con toda propiedad puede decirse que estamos ante una alevosa expropiación de la población a manos de los gobiernos, con el objetivo confeso de devolver a los bancos (españoles y, sobre todo alemanes) el dinero que arriesgaron en operaciones de inversión que no pasarían la prueba de un contable de tercera. Ante este meridiano ejemplo de la vieja y denostada lucha de las clases por la titularidad del producto social, una pregunta recorre Europa … bueno, no la recorre pero debería hacerlo: ¿dónde diablos están las masas indignadas?

Sí, ya sé que no estamos en los años treinta, ni siquiera en los felices sesenta. Ahora las cosas son de otro modo y se pueden presentar una docena de explicaciones a esta ausencia de reacción. Las redes familiares de solidaridad, propias del mundo latino. La reserva de protección social que, aún a punto de agotarse, sirve de muro de contención. La doctrina del Shock, que nos explicó agudamente Naomi Klein, y que ha logrado paralizar a la gente de miedo. Aquello que Hanna Arendt llamaría la “desesperación organizada” que había servido de base a los regímenes totalitarios. El hecho contraintuitivo de que la gente se rebela cuando está mal, pero deja de hacerlo cuando está absolutamente mal. En fin, la generosidad cuasi infinita de las masas que prefieren siempre creer en la promesa de salvación colectiva con que las elites las adormecen día a día, antes que asumir el riesgo de tomar las riendas.

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Una combinación de todo ello, más la falta de arrojo de la izquierda política, puede estar inhibiendo la socialización de la indignación, es decir, la extensión incremental de la protesta e impidiendo que se desborde en acciones de masas que parecen las únicas capaces de inducir un cambio de rumbo en la elite del poder o propiciar aquello de que “el miedo cambie de bando”. La participación en las huelgas y manifestaciones ha ido subiendo y bajando desde la explosión del 15-M y también la sensación de hartazón de la gente, pero ¿dónde está aquella ola de indignación contra el gobierno que nos metía en la guerra de Irak allá por 2003? Aquellas protestas casi no había que convocarlas, millones de personas salían simultáneamente en manifestación en todas las ciudades, o hacían caceroladas y colgaban pancartas de sus balcones. Había un estado de efervescencia que el propio Tony Blair retrató certeramente al decirle a Aznar que el porcentaje de gente que apoyaba la aventura bélica era igual que el que creía que Elvis estaba vivo. ¿Dónde están aquellas mayorías ahora, cuando se ataca no ya la fibra ética del pacifismo popular, sino algo mucho más cercano al “interés” inmediato como es el empleo o el derecho a la salud y la educación?

La conversión de las masas en sujeto histórico es un “tema” del siglo XX, pero ha sufrido varias circunvoluciones desde que la archicitada Rebelión de las masas (Ortega, 1929), expresara el miedo a la extensión de la democracia fuera del ámbito político (liberal) para invadir el todo social. Tres décadas después de Ortega, Elías Canetti (Masa y Poder, 1960) se percataba de que la irrupción de los modernos medios de comunicación masivos había acabado con la capacidad de tumulto o asamblea física de las masas, que ya sólo se reunían virtualmente en torno a símbolos mediáticos, modas y personajes famosos. Estas masas que ya no se reúnen han perdido la “conciencia de su potencia política” (Sloterdijk, 2002). Si esto sucede en la era de la comunicación de masas ¿qué no ocurrirá en la de las redes sociales, cuando los símbolos y modos en torno a los que podrían reunirse las masas se han multiplicado al mismo ritmo que se fraccionaba hasta el infinito su antigua atracción universal?

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Hay un ejemplo en nuestra experiencia reciente como país que puede ilustrar esa relación entre los medios, los individuos y las masas. Durante las marchas convocadas por el Gobierno de Aznar en protesta contra los atentados de aquel nefasto 11 de marzo, que congregaron a millones de ciudadanos de forma simultánea en todas las ciudades, se produjo un fenómeno que puede haber pasado desapercibido para muchos: la llegada de noticias por medios extranjeros y nacionales que confirmaban la autoría islamista del atentado, produjo multitud de cambios cognitivos individuales “durante” el transcurso de esas manifestaciones, lo que unido a la visibilidad que adquirían las protestas aisladas de grupos reducidos contra la manipulación informativa del gobierno, acabó generando una difusa sensación de incomodidad e impaciencia que tendría su traducción en el castigo electoral de 48 horas después. El caso (Vid. Multitudes on line. Sampedro, 2005) ilustra bien la velocidad y la intensidad con que cambios en el nivel “micro” se traducen en tormentas “macro”, pero también es un ejemplo del cruce de las realidades físicas con las virtuales que constituye el nuevo espacio público.

Se ha hablado mucho de cómo Facebook o Twitter cambian las relaciones personales al facilitar contactos evitando los inconvenientes del roce físico o facilitando una gestión diferente de las identidades sociales. Lo que no se ha tratado tanto es la forma en que esas redes sociales modifican la relación del individuo con el colectivo social y, en primer lugar, cómo esto altera la composición y la conducta de los individuos en situaciones de masa y de las propias masas congregadas. Las informaciones y opiniones críticas con la gestión de la crisis se difunden rápidamente y proliferan en el sistema viral de las redes sociales, pero con la misma frecuencia empiezan a surgir voces denunciando un posible fenómeno de sustitución, en virtud del cual la gente acaba desgañitándose en las redes, dando así por cumplido su deber de intervención en el espacio público, en vez de acudir a las convocatorias y acciones “reales” que son las únicas que tienen posibilidad de influir en el orden político.

¿Es entonces el sino de nuestras sociedades posmodernas la desaparición del tumulto y la reunión de masas? Las masas siempre se han considerado reactivas, salvo por una parte del marxismo que entendió que mediante adecuadas organizaciones de masas, éstas podían ser programadas para la acción. Una acción, por supuesto, pensada y dirigida por una minoría consciente.

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Algo muy diferente de esto es el “demos” de la democracia, o eso que damos en llamar “ciudadanía”, que solo puede ser creado mediante un complejo sistema de derechos y libertades: opinión, expresión, reunión, manifestación, participación, delegación, elección, etc. Un sistema de libertades que le permite conquistar algunas mínimas “igualdades”, vamos a llamarlo así, o derechos sociales de los que incluimos en el estado del bienestar. Es decir, esa otra clase de derechos que tienden a paliar algunas de las inseguridades intrínsecas de la vida humana, como una cierta protección ante la enfermedad, una cierta igualdad de oportunidades ante el ascenso social, alguna estabilidad laboral, el acceso a la cultura, seguridad jurídica, etc.. En tal escenario de libertades y de  potenciales “igualdades”, los procesos de formación de la voluntad popular se superponen y hasta sustituyen a la reactividad de las masas. Esos procesos deberían parecerse cada vez más al ideal “dialógico” habermasiano de la democracia deliberativa, con sus condiciones de comunicación, participación y negociación de intereses en busca del bien común.

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Pero ¿qué ocurre cuando a ese “demos” se le retiran, por decreto, derechos de los que es titular? ¿Qué ocurre cuando en lugar de ayudar a los ciudadanos particulares a saldar su deuda con los bancos, se opta por ayudar con dinero público a éstos manteniendo la deuda de los particulares y expulsándolos de sus viviendas cuando llega el caso? ¿qué ocurre cuando se hace una reforma laboral pensada para desequilibrar la capacidad negociadora a favor del capital? ¿o cuando se invierten deliberadamente los efectos igualadores del sistema de enseñanza, favoreciendo una nueva elitización? ¿Qué ocurre cuando se expulsa a casi un millón de ciudadanos del sistema de salud y se deteriora deliberadamente la atención sanitaria para favorecer la privatización y el negocio? ¿Qué pasa con el “demos” cuando se propone dificultar la protesta cívica volviendo a un esquema de orden público más propio del franquismo, que multa, prohíbe y castiga? ¿Qué ocurre cuando se empuja a las mujeres a abandonar los espacios conquistados trabajosamente durante décadas y se le vuelve a pedir sumisión y silencio? ¿O cuando se reorganiza el negocio de la cultura para que deje de ser un empeño común y se convierta en el adorno particular de unos cuantos? ¿Qué ocurre, en definitiva, cuando se expropian derechos mientras se empobrece al famoso “demos” de la democracia? ¿No debería entonces “pasar algo”?

¿Cuál es el umbral de derechos que una ciudadanía viva puede perder sin estallar en una insurrección cívica? Esa es la verdadera naturaleza del experimento de ingeniería social a que aludía sabiamente El Roto, y la respuesta, hoy por hoy, parece ser que podemos llegar muy, pero muy abajo sin que tiemble la tierra.

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