Botín, Atutxa y Borbón

Joan Carles Carbonell Mateu

1. El juicio oral por el llamado “caso Nóos” ha comenzado en Palma, como no podía ser de otra manera, con el planteamiento de diversas cuestiones previas que habrán de ser resueltas antes de proceder al enjuiciamiento de los hechos. Y, sin duda, la que está teniendo más repercusión pública es la de si debe ser juzgada la ciudadana Doña Cristina de Borbón y Grecia , dudosamente -pero éste es otro tema que merece ser tratado en otra ocasión y que no es relevante a los efectos que nos ocupan- Infanta de España.

Las tesis contrapuestas derivan de las llamadas doctrinas Botín y Atutxa, en referencia a posiciones (aparentemente) contradictorias del Tribunal Supremo mantenidas en las Sentencias 1045/2007 y 541/2008, respectivamente. En la primera –que, por cierto, tuvo nada menos que siete votos particulares de los catorce Magistrados que compusieron la Sala– se mantuvo una lectura literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la obligación de no proceder a la apertura del juicio oral cuando el Ministerio fiscal y la acusación particular hubieran pedido el sobreseimiento. La literalidad, que supuso una ruptura frontal con lo que hasta ese momento se había sostenido, comportaba la exclusión de la acción popular en el concepto de acusación. Sigue leyendo

De derechos y privilegios: a propósito del auto del juez Castro

Por Javier De Lucas

El auto emitido por el juez Castro el pasado 3 de abril, por el que se accede a la solicitud de la acusación particular en el caso Noos para llamar a declarar a doña  Cristina de Borbón en calidad de imputada y que acaba de ser impugnado por el representante del Ministerio fiscal, merece a mi juicio una entrada en este blog colectivo sobre derechos humanos.

Buena parte de los comentarios sobre el mismo se han centrado en su repercusión política, que resulta indiscutible. Pero el documento del juez Castro es ante todo un recurso jurídico que tiene como objetivo esclarecer una cuestión procesal muy concreta que, desde luego, guarda relación con la garantía de los derechos de la persona afectada, la hija menor del rey Juan Carlos. Aunque no es esa, tampoco, la cuestión relevante para este blog.

En efecto, no trataré aquí de elucidar los fundamentos técnico jurídicos de ese auto, contrapuestos a los del escrito del fiscal Horrach, una tarea que tendrá que resolver la Audiencia Provincial, para decidir si procede o no la imputación de la infanta (que no su inocencia o culpabilidad, pues ésta no se dirime ahora). A mi juicio, lo más interesante es que, precisamente por las características del caso, en la argumentación del juez Castro subyace una idea central para la comprensión de la lógica de los derechos humanos, de su estatuto y función. Me refiero a la importancia de la dimensión conflictual del Derecho y de los derechos, de la centralidad del esfuerzo por hacerlos justiciables venciendo todo obstáculo. Es una noción de la que encontramos muchas referencias en la cultura jurídica y política. Desde el fragmento de Heráclito en el que nos recuerda que un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas, al leit-motiv de Ihering, “la lucha por los derechos”, o el conocido argumento de Hannah Arendt sobre la necesidad de hacer valer el “derecho a tener derechos”, entendido como el primero de los derechos humanos. Es también la idea que hay detrás de algunas obras maestras de la literatura y del cine, desde el Shylock de Shakespeare al Michael Kohlhaas de von Kleist o a la bellísima película Qiu-Ju, la historia de una mujer china, de Zhang YiMou.

Porque por encima del tema concreto de la implicación o no de la hija del rey, hay algo que me parece menos coyuntural en los argumentos del juez Castro. Más allá también de una prosa que a veces parece querer dar razón a las consabidas denuncias sobre las limitaciones y aun el carácter abstruso y rudimentario del lenguaje de los juristas (expresiones como “utilitarista figuración”, para referirse a la razón de la presencia de la infanta y del “asesor de la Casa de S.M. el rey”, o “interrogando a quienes pudieran tener razón de ciencia al respecto”), hay un mensaje importante, que a mi juicio responde cabalmente a la tarea de un juez.

Desde el primero de los fundamentos de Derecho el juez trata de presentar su trabajo como un esfuerzo argumentativo presidido por dos ideas que se encuentran en tensión: de un lado, la necesidad de respetar los derechos y garantías procesales de la afectada y, de otro, la exigencia de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley, algo en lo que coincide con el núcleo de la argumentación del fiscal, pues éste le reprocha precisamente que ha discriminado a la infanta con su decisión, carente de suficiente fundamento al no incorporar nuevos indicios sobre los que justificaron el rechazo de tal imputación en el auto de marzo de 2012.

Lo que se dirime en el fondo es dejar claro que ante el Derecho no puede haber trato de favor, ni tampoco de prejuicio (en la versión del fiscal), máxime en un caso en el que lo sustancial es ésto, la existencia o no de ilícitos cometidos gracias a privilegios, a la negación de la igualdad. Privilegios que hacen posible un tráfico de influencias y que tienen un coste para los ciudadanos en la medida en que los beneficios se han obtenido mayoritariamente sobre fondos públicos.

Pues bien, en los fundamentos jurídicos del auto no hay, a mi juicio, ni obsesión por cubrirse de la crítica de la calle, ni tampoco la pretensión de utilizar a la infanta como chivo expiatorio. Se trata de hacer valer la igualdad. A través de las declaraciones de los testigos (desde ese pintoresco secretario que firma actas de asambleas a las que no ha asistido, a los socios despechados, pasando por un emisario real y  un asesor que acepta ser tesorero y quiere que conste su condición de cargo de la Casa Real) y de las sucesivas entregas de emails el juez ha llegado finalmente a la conclusión de que hay razones para pensar que se utilizó una posición de privilegio para obtener unos beneficios conforme a un diseño ad hoc. Y por eso explica a lo largo del fundamento 5º que hay indicios suficientes para que sea necesario que la infanta declare –y que lo haga como imputada, condición que le ofrece garantías de defensa- sobre su papel en esa utilización de posiciones privilegiadas (esa “utilitarista figuración” del cargo de la casa real y de la propia infanta de la que se habla en el fundamento tercero), las que indudablemente tienen hoy los miembros de la casa real en España.

Porque una cosa es que –mediante la Constitución y las leyes- los ciudadanos hayamos acordado otorgar un status de privilegio a quienes desempeñan una función muy relevante y otra que algunos de quienes gozan de ese status privilegiado no les parezca suficiente y quieran obtener más beneficios, prevaliéndose de esa posición privilegiada y a costa del erario público. Aún más sangrante si quienes contribuyen a ese erario público lo hacen ahora en condiciones particularmente gravosas, que incrementan la relación de desigualdad con esos privilegiados.

El auto del juez Castro  es también una forma de pedagogía de los derechos. No prejuzgo si finalmente su interpretación será la que se considere mejor fundamentada. Pero su esfuerzo justificativo es acorde con este argumento clave: la historia de los derechos humanos es la de la lucha por la igualdad en su reconocimiento. Y eso supone ante todo luchar contra la discriminación, contra los privilegios, para rescatar la igualdad para los más débiles. Para limitar el abuso de los poderosos.