Una narración pendiente

Noelia Pena

La historia no comienza cuando algo sucede sino en el momento en el que empieza a ponerse por escrito. Las muestras más antiguas de escritura que conservamos proceden de la zona de Mesopotamia (donde se encuentra actualmente Irak) y pertenecen al conocido como período Uruk IV (entre 3400 y 3100 a.C.). Proceden también del oeste de Irán, de la Mesopotamia septentrional y de Siria. Se trata de un sistema de escritura grabada sobre bolas de arcilla que se aplastaban tomando la forma de tablilla y se horneaban para evitar posibles modificaciones posteriores. Funcionaba con unidades silábicas a las que correspondía un signo cuneiforme, donde los circulares hacían de numerales. Estaba relacionada con cuestiones administrativas y de contabilidad, necesarias para la economía interna y las relaciones comerciales; su uso se prolongó durante unos tres mil años y sirvió para escribir en unas cincuenta lenguas distintas. Sigue leyendo

El legado y la Justicia. XXV aniversario del asesinato de los Jesuitas y sus empleadas en El Salvador

Almudena Bernabeu

Justicia era lo que los jesuitas perseguían, la justicia inherente a la igualdad, a la equidad, a la erradicación de la pobreza. Enseñanza cristiana fundamental abandonada y tergiversada para la mayoría de los salvadoreños durante siglos. Justicia en sus mentes no era posible sin verdad, la verdad de llamar a las cosas por su nombre cuando no se puede más y a pesar del miedo. La verdad de actuar de manera ecuánime y hacer espacio para todos, la verdad de ser justo aunque conlleve un gran peligro.

Tras su brutal asesinato el 16 de noviembre de 1989, el esfuerzo de obtener justicia en su nombre se ha convertido en uno de los legados más importantes de su muerte; una oportunidad de saberles en lo cierto, de recordarles, de abrazar la honestidad de sus vidas y vocaciones humanas. La realidad de su muerte y su martirio es tan profundo como la realidad de su obra y su vida — y seguramente tan didáctica para el pueblo salvadoreño y para el mundo.

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Ignacio Ellacuria, Ignacio Martin Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López fueron asesinados por soldados del ejercito salvadoreño el 16 de noviembre de 1989 siguiendo ordenes precisas del alto mando del ejército, en aquel momento además, el gobierno. El Estado salvadoreño, por medio de sus representantes, decidió y llevo a cabo el asesinato de los cinco sacerdotes, de su empleada, Elba y de su hija Celina. Este espantoso y políticamente torpe asesinato precipitó el fin de la guerra y la firma de los acuerdos de paz, irónicamente aquello que pretendían postergar los militares. Una paz negociada entre el grupo guerrillero FMLN y el ejercito supuso sentarse a una mesa sin vencedores ni vencidos, y una posible pérdida de las prebendas económicas y sociales que el ejército intentó asegurarse mediante la represión y violencia durante tantos años. Sigue leyendo

La libertad de expresión del fascista

Ana Valero

El pasado 10 de octubre el Congreso de los Diputados rechazó la Moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió que pretendía que se incorporase al Proyecto de reforma del Código Penal que se halla en tramitación un nuevo tipo penal, entre los llamados “delitos de odio”, que castigase, entre otras conductas, la utilización de las expresiones “nazi”, “nazista” o “nazismo” en lo referente a la adjetivación de ciudadanos, representantes democráticos, organizaciones políticas democráticas, entidades e instituciones. Dicha Moción incorporaba, además, las enmiendas de los Grupos Parlamentarios de PSOE, IU, UPyD y UPN e instaba al Gobierno a la tipificación de conductas que impliquen apología del franquismo, el fascismo, el totalitarismo o el nazismo. Concretamente, que se tipificase como delito “cualquier acción, propuesta, discurso, propaganda, gesto o símbolo propio o apologético del nazismo y del delito de negación o banalización del Holocausto o de cualquier genocidio”.

banderas fascistas

Esta Moción parlamentaria, destinada a poner nuevos frenos a las recientes actuaciones de grupos neofascistas que hacen ostentación de sus convicciones antidemocráticas, nos sitúa de lleno ante el hate speech o “discurso del odio”, una de las figuras más controvertidas en las legislaciones y en la jurisprudencia de los Altos Tribunales de Justicia occidentales. Acuñado por primera vez por el Tribunal Supremo Norteamericano, el término hate speech hace referencia a aquellas expresiones verbales dirigidas contra grupos humanos que han sido históricamente discriminados por motivos de género u opción sexual, raza, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que, además, constituyen minorías tradicionalmente excluidas socialmente. Por lo que la cuestión que subyace a su tratamiento jurídico tiene que ver con: por un lado, el valor que los sistemas democráticos otorgan a la libertad de expresión como baluarte de una opinión pública libre, fundamento del sistema democrático; y, por otro, con el alcance que en los Estados democráticos ha de tener el ius puniendi del Estado y si éste debe sancionar penalmente la difusión de ideas explícitamente contrarias a los valores de dignidad, libertad e igualdad humanas.

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